Tema 29. El Derecho Administrativo: concepto y contenido. Sometimiento de la Administración Publica al Derecho privado. Diferencias entre el Derecho Administrativo anglosajón y el continental.
IMPORTANTE — no confundir con el temario ya existente de 'gestion-age' (src/data/temarios/gestion-age.json): aquel cubre el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del ESTADO (AGE, A2), convocatoria estatal publicada en el BOE. Este fichero cubre un cuerpo distinto: el Cuerpo de GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la JUNTA DE ANDALUCÍA (también grupo A2), especialidad Administración General (código A2.1100), turno de acceso libre — 99 plazas (90 turno general + 9 cupo discapacidad) más un 20% de plazas adicionales conforme a la disposición adicional 28ª de la Ley 5/2023. La misma resolución convoca también la especialidad Gestión Financiera (A2.1200, Anexo II.B, 69 temas propios) para 42 plazas, NO cubierta en este fichero. Se ha elegido Andalucía por ser la convocatoria autonómica más citable y verificable localizada (texto oficial íntegro disponible en PDF del BOJA) — de momento este temario NO cubre el resto de Comunidades Autónomas que convocan su propio 'Técnico/a de Gestión' con temario distinto; ampliar a otras CCAA queda pendiente como tarea futura. El programa consta de 69 temas repartidos en dos grupos (Grupo Primero: temas 1-27; Grupo Segundo: temas 28-69), agrupados a su vez en bloques temáticos con título propio tal y como los organiza el propio Anexo II.A.
El tema aborda el Derecho Administrativo como disciplina jurídica autónoma dentro del Derecho Público, delimitando su concepto y las materias que integran su contenido típico. A continuación se estudia un fenómeno propio de la Administración moderna: la posibilidad de que esta actúe, en determinados ámbitos, sometida al Derecho privado en lugar de al régimen jurídico-administrativo, y los límites de esa opción. El tema se cierra con una perspectiva comparada que contrapone el modelo continental de Derecho Administrativo, en el que se inserta el ordenamiento español, con la tradición anglosajona del common law y el judicial review.
El Derecho Administrativo puede definirse como la rama del Derecho Público que tiene por objeto la organización, el funcionamiento y el control de las Administraciones Públicas, así como las relaciones jurídicas que estas entablan tanto con los ciudadanos como con las demás Administraciones en el ejercicio de sus potestades. Se trata de un Derecho estatutario, en el sentido de que no regula a la Administración como un sujeto más entre otros, sino que constituye el estatuto jurídico propio y específico de un sujeto singular —la Administración Pública— que actúa investida de poderes exorbitantes respecto de los que corresponden a los particulares, pero también sometida a controles y garantías de los que estos carecen. Es, además, un Derecho de formación relativamente reciente y en constante evolución, estrechamente vinculado al desarrollo del Estado social y a la ampliación progresiva de las funciones que este asume.
Contenido del Derecho Administrativo
El contenido típico del Derecho Administrativo se articula tradicionalmente en torno a varios grandes bloques de materias. En primer lugar, el Derecho Administrativo organizativo, que estudia la estructura, los órganos y las relaciones interadministrativas de las distintas Administraciones Públicas. En segundo lugar, el régimen de la actividad administrativa, que comprende el procedimiento administrativo común, el acto administrativo y sus formas típicas de intervención —la actividad de limitación o policía, la actividad de fomento y la actividad de prestación o servicio público—. En tercer lugar, el régimen de los medios de la Administración: la función pública, los bienes públicos, la contratación administrativa y la actividad financiera. Por último, el sistema de garantías, integrado por la responsabilidad patrimonial de la Administración y el control de su actuación a través de la jurisdicción contencioso-administrativa.
El sometimiento de la Administración al Derecho privado: fundamento
Aunque la Administración Pública ostenta una única personalidad jurídica, el ordenamiento le permite en determinados ámbitos actuar sujeta al Derecho privado en lugar de hacerlo conforme al Derecho Administrativo, fenómeno que la doctrina conoce como actividad privada o de gestión privada de la Administración. Este sometimiento no supone en ningún caso que la Administración quede al margen del Derecho ni de sus controles: los principios generales de actuación de las Administraciones Públicas, entre ellos el servicio objetivo a los intereses generales, la eficacia y el sometimiento pleno a la ley que exige el artículo 103.1 CE, rigen igualmente cuando la Administración actúa en régimen de Derecho privado, y sus decisiones previas de índole administrativa —la llamada preparación del negocio jurídico-privado— siguen sometidas al Derecho Administrativo y, por tanto, al control de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Ámbitos y manifestaciones del sometimiento al Derecho privado
El sometimiento de la Administración al Derecho privado se manifiesta principalmente en tres ámbitos. Por un lado, en la gestión de su patrimonio privado o patrimonial (a diferencia del dominio público, sujeto en todo caso a un régimen jurídico-administrativo especial), cuya disposición y explotación puede regirse por normas de Derecho civil o mercantil. Por otro lado, en el llamado sector público institucional de naturaleza empresarial —entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles de capital público—, que la Ley 40/2015 configura precisamente para permitir a la Administración operar en el tráfico económico con mayor flexibilidad y sujeción, en lo sustantivo, al Derecho privado. Y, finalmente, en el régimen del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, sometido al Derecho del Trabajo en lo no previsto específicamente por la normativa de función pública, a diferencia del personal funcionario, sujeto a un vínculo estatutario de naturaleza administrativa.
Límites al sometimiento al Derecho privado: la denominada «huida del Derecho Administrativo»
La doctrina ha acuñado la expresión «huida del Derecho Administrativo» para describir la tendencia, observada sobre todo desde finales del siglo XX, a crear entidades de naturaleza formalmente privada, o a someter al Derecho privado ámbitos crecientes de la actividad administrativa, con el fin de sustraerse a los controles y garantías más exigentes del Derecho Administrativo —en materia de contratación, de función pública o de control presupuestario—. Frente a este fenómeno, el ordenamiento reacciona reafirmando que la naturaleza jurídico-privada de una entidad o de una relación no puede utilizarse para eludir los principios constitucionales de objetividad, publicidad, igualdad, mérito y capacidad, ni el control último de los tribunales, de manera que buena parte de la actividad de preparación y adjudicación de estas entidades sigue sujeta, en aspectos esenciales, a normas y controles de Derecho público.
El sistema anglosajón: common law y judicial review
El modelo anglosajón, propio de Inglaterra y de los países de su órbita jurídica, se caracteriza históricamente por la ausencia de un cuerpo normativo específico y de una jurisdicción separada para juzgar a la Administración: bajo el principio del rule of law, tanto los particulares como los poderes públicos se someten, en principio, a los mismos tribunales ordinarios y al mismo Derecho común (common law), sin el reconocimiento tradicional de prerrogativas exorbitantes a favor de la Administración que sí caracteriza al modelo continental. El control de la actuación administrativa se articula históricamente a través de la institución del judicial review, ejercida por los tribunales ordinarios, y solo progresivamente se ha ido desarrollando un cuerpo de Derecho Administrativo material como disciplina diferenciada, sin llegar a configurar una jurisdicción especializada equiparable a la contencioso-administrativa continental.
El sistema continental
El modelo continental, en el que se inserta el ordenamiento español, tiene su origen en la Francia posrevolucionaria, donde la desconfianza hacia los tribunales ordinarios —vinculados al Antiguo Régimen— llevó a atribuir el control de la Administración a órganos específicos dentro de la propia esfera del Poder Ejecutivo, con el Conseil d'État como institución de referencia. De este origen deriva la nota más característica del modelo continental: la existencia de un Derecho especial y distinto del común (el Derecho Administrativo propiamente dicho), que reconoce a la Administración prerrogativas exorbitantes —como la autotutela declarativa y ejecutiva de sus propios actos— a cambio de un sistema de garantías y controles igualmente reforzado, entre ellos una jurisdicción especializada. En España, este control corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, que enjuicia las pretensiones deducidas en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho Administrativo.
Diferencias adicionales entre los modelos anglosajón y continental: la aproximación de ambos sistemas
Aunque el modelo anglosajón clásico carecía de una jurisdicción administrativa especializada, su evolución reciente ha ido aproximando ambos sistemas. En el Reino Unido, el judicial review se ha ido sofisticando a través de doctrinas jurisprudenciales equivalentes a los límites continentales de la discrecionalidad —como la irrazonabilidad o unreasonableness (la llamada doctrina Wednesbury) y la proporcionalidad, esta última reforzada históricamente por la incorporación del Derecho de la Unión Europea y del Convenio Europeo de Derechos Humanos—, mientras que la creación de tribunales administrativos especializados (tribunals) ha generado una instancia de revisión diferenciada de los tribunales ordinarios generalistas. En sentido inverso, los sistemas continentales han incorporado progresivamente técnicas de control más flexibles y cercanas al razonamiento casuístico anglosajón, de modo que la contraposición entre ambos modelos, aunque sigue siendo válida en sus rasgos estructurales, resulta hoy menos tajante que en su formulación clásica decimonónica.
El sometimiento al Derecho privado y el control del gasto público
La opción por el Derecho privado en la actividad de la Administración no es, en ningún caso, una decisión libre de consecuencias presupuestarias: la Ley 47/2003, General Presupuestaria, y la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, someten a todas las entidades del sector público —con independencia de su naturaleza jurídico-privada o jurídico-pública— a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y eficiencia en la asignación de los recursos públicos, de manera que la elección de una forma de gestión privada no permite eludir el control del gasto público ni el régimen de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Derecho Administrativo: rama del Derecho Público que regula la organización, el funcionamiento y el control de las Administraciones Públicas.
Es un Derecho estatutario: constituye el régimen jurídico propio de un sujeto singular, la Administración, con poderes exorbitantes y controles reforzados.
Contenido típico: organización administrativa, actividad (policía, fomento, servicio público), medios (función pública, bienes, contratación) y garantías (responsabilidad, control judicial).
La Administración tiene personalidad jurídica única, pero puede someter parte de su actividad al Derecho privado (actividad de gestión privada).
El sometimiento al Derecho privado no excluye el sometimiento a los principios del art. 103.1 CE ni a los controles administrativos previos.
Ámbitos típicos de Derecho privado: patrimonio privado (no el dominio público), entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles estatales, personal laboral.
El personal funcionario mantiene siempre un vínculo estatutario de Derecho Administrativo; el personal laboral se rige por el Derecho del Trabajo.
«Huida del Derecho Administrativo»: uso de formas privadas para eludir controles y garantías propios del Derecho público.
Frente a la huida del Derecho Administrativo, se mantienen los principios de objetividad, publicidad, igualdad, mérito y capacidad y el control judicial último.
Modelo anglosajón: rule of law, ausencia histórica de un Derecho y una jurisdicción separados para la Administración; control mediante judicial review por tribunales ordinarios.
Modelo continental: origen en el Conseil d'État francés; Derecho especial distinto del común, con prerrogativas administrativas y controles reforzados.
Autotutela declarativa y ejecutiva: prerrogativa característica del modelo continental que permite a la Administración crear y ejecutar por sí misma sus actos.
En España, el control de la Administración sujeta al Derecho Administrativo corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
El judicial review anglosajón se ha sofisticado con doctrinas como la unreasonableness (Wednesbury) y la proporcionalidad, aproximándose al modelo continental.
Reino Unido: tribunals especializados como instancia diferenciada de los tribunales ordinarios generalistas.
El sometimiento al Derecho privado no exime del control de estabilidad presupuestaria (LO 2/2012) ni de la fiscalización del Tribunal de Cuentas.
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
El Derecho Administrativo se caracteriza como un Derecho "estatutario" porque:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 29 de Técnico de Gestión?
El tema aborda el Derecho Administrativo como disciplina jurídica autónoma dentro del Derecho Público, delimitando su concepto y las materias que integran su contenido típico. A continuación se estudia un fenómeno propio de la Administración moderna: la posibilidad de que esta actúe, en determinados ámbitos, sometida al Derecho privado en lugar de al régimen jurídico-administrativo, y los límites de esa opción. El tema se cierra con una perspectiva comparada que contrapone el modelo continental de Derecho Administrativo, en el que se inserta el ordenamiento español, con la tradición anglosajona del common law y el judicial review.
¿Qué hay que memorizar del Tema 29 para el examen?
Derecho Administrativo: rama del Derecho Público que regula la organización, el funcionamiento y el control de las Administraciones Públicas. Es un Derecho estatutario: constituye el régimen jurídico propio de un sujeto singular, la Administración, con poderes exorbitantes y controles reforzados. Contenido típico: organización administrativa, actividad (policía, fomento, servicio público), medios (función pública, bienes, contratación) y garantías (responsabilidad, control judicial). La Administración tiene personalidad jurídica única, pero puede someter parte de su actividad al Derecho privado (actividad de gestión privada). El sometimiento al Derecho privado no excluye el sometimiento a los principios del art. 103.1 CE ni a los controles administrativos previos. Ámbitos típicos de Derecho privado: patrimonio privado (no el dominio público), entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles estatales, personal laboral. El personal funcionario mantiene siempre un vínculo estatutario de Derecho Administrativo; el personal laboral se rige por el Derecho del Trabajo. «Huida del Derecho Administrativo»: uso de formas privadas para eludir controles y garantías propios del Derecho público. Frente a la huida del Derecho Administrativo, se mantienen los principios de objetividad, publicidad, igualdad, mérito y capacidad y el control judicial último. Modelo anglosajón: rule of law, ausencia histórica de un Derecho y una jurisdicción separados para la Administración; control mediante judicial review por tribunales ordinarios. Modelo continental: origen en el Conseil d'État francés; Derecho especial distinto del común, con prerrogativas administrativas y controles reforzados. Autotutela declarativa y ejecutiva: prerrogativa característica del modelo continental que permite a la Administración crear y ejecutar por sí misma sus actos. En España, el control de la Administración sujeta al Derecho Administrativo corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo. El judicial review anglosajón se ha sofisticado con doctrinas como la unreasonableness (Wednesbury) y la proporcionalidad, aproximándose al modelo continental. Reino Unido: tribunals especializados como instancia diferenciada de los tribunales ordinarios generalistas. El sometimiento al Derecho privado no exime del control de estabilidad presupuestaria (LO 2/2012) ni de la fiscalización del Tribunal de Cuentas.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía) (Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre).
Fuentes de este desarrollo
Artículo 103.1 de la Constitución Española de 1978
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (sector público institucional)
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria
Mientras tanto, practica con tests gratis de Técnico de Gestión.