Ver esquema

Tema 6. La organización territorial del Estado en la Constitución Española. El Estado Autonómico: naturaleza jurídica y fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de las funciones y competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre · Índice oficial del BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía).

IMPORTANTE — no confundir con el temario ya existente de 'gestion-age' (src/data/temarios/gestion-age.json): aquel cubre el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del ESTADO (AGE, A2), convocatoria estatal publicada en el BOE. Este fichero cubre un cuerpo distinto: el Cuerpo de GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la JUNTA DE ANDALUCÍA (también grupo A2), especialidad Administración General (código A2.1100), turno de acceso libre — 99 plazas (90 turno general + 9 cupo discapacidad) más un 20% de plazas adicionales conforme a la disposición adicional 28ª de la Ley 5/2023. La misma resolución convoca también la especialidad Gestión Financiera (A2.1200, Anexo II.B, 69 temas propios) para 42 plazas, NO cubierta en este fichero. Se ha elegido Andalucía por ser la convocatoria autonómica más citable y verificable localizada (texto oficial íntegro disponible en PDF del BOJA) — de momento este temario NO cubre el resto de Comunidades Autónomas que convocan su propio 'Técnico/a de Gestión' con temario distinto; ampliar a otras CCAA queda pendiente como tarea futura. El programa consta de 69 temas repartidos en dos grupos (Grupo Primero: temas 1-27; Grupo Segundo: temas 28-69), agrupados a su vez en bloques temáticos con título propio tal y como los organiza el propio Anexo II.A.

Estudia el Título VIII de la Constitución, que diseña la organización territorial del Estado sobre tres niveles —municipios, provincias y Comunidades Autónomas— y desarrolla el modelo autonómico: sus dos vías históricas de acceso, la naturaleza y contenido de los Estatutos de Autonomía como norma institucional básica de cada Comunidad, y el sistema constitucional de reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

← Ver el índice completo del temario

La organización territorial del Estado (art. 137 CE)

El artículo 137 CE es el precepto de apertura del Título VIII: "El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses". Esta autonomía tiene distinta naturaleza según el nivel territorial: administrativa en el caso de municipios y provincias (gestión de sus propios intereses, sin capacidad legislativa), y política en el caso de las Comunidades Autónomas, que sí cuentan con potestad legislativa propia dentro del marco constitucional y estatutario. La autonomía no equivale a soberanía: el Estado conserva la posición de superioridad inherente a la unidad del ordenamiento.

Naturaleza jurídica y fundamento del Estado Autonómico

El modelo autonómico diseñado por la Constitución de 1978 no preestablece un mapa cerrado de Comunidades Autónomas ni un reparto competencial único y uniforme para todas ellas, sino un procedimiento abierto —conocido como "principio dispositivo"— por el que los territorios con derecho a la autonomía pueden acceder a su autogobierno. El artículo 2 CE, dentro del Título Preliminar, sienta la base de todo el sistema al reconocer y garantizar "el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran" dentro de la "indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles".

Vías de acceso a la autonomía

El Capítulo Tercero del Título VIII regula dos procedimientos principales. La vía ordinaria del artículo 143 CE permitía a las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, a los territorios insulares y a las provincias con entidad regional histórica acceder a su autogobierno mediante Estatutos con un techo competencial inicial más reducido. La vía agravada del artículo 151 CE, reservada inicialmente a los territorios que hubieran plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía durante la Segunda República (Cataluña, País Vasco y Galicia), exigía la ratificación por referéndum de la iniciativa autonómica y permitía acceder de inmediato al techo competencial máximo. Andalucía accedió a la autonomía por esta vía agravada del artículo 151 CE, pero sin poder acogerse a la disposición transitoria segunda —reservada a Cataluña, País Vasco y Galicia—, por lo que hubo de superar el trámite del referéndum de iniciativa autonómica del artículo 151.1 CE, celebrado el 28 de febrero de 1980.

Los Estatutos de Autonomía

El artículo 147.1 CE los define como "la norma institucional básica" de cada Comunidad Autónoma, que el Estado reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico. El artículo 147.2 CE fija su contenido mínimo: la denominación de la Comunidad, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias, y las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución. El artículo 147.3 CE exige que la reforma de los Estatutos se ajuste al procedimiento establecido en cada uno de ellos y requiera, en todo caso, la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica: los Estatutos combinan así una naturaleza formal de ley orgánica estatal con un procedimiento de elaboración y reforma pactado con la Comunidad Autónoma correspondiente.

Delimitación de funciones y competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas

El sistema competencial se articula sobre los artículos 148 y 149 CE. El artículo 148.1 CE enumera las materias sobre las que las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias (organización de sus instituciones de autogobierno, ordenación del territorio y urbanismo, obras públicas de interés para la Comunidad, agricultura, montes, gestión en materia de protección del medio ambiente, entre otras). El artículo 149.1 CE reserva al Estado competencia exclusiva sobre determinadas materias (nacionalidad e inmigración, relaciones internacionales, defensa y fuerzas armadas, Administración de Justicia, legislación mercantil, penal y laboral, Hacienda general, entre otras). El artículo 149.3 CE cierra el sistema con la cláusula de cierre: las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución pueden corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus Estatutos, la competencia sobre las materias no asumidas por los Estatutos corresponde al Estado, y el derecho estatal es, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

Los principios de solidaridad y de unidad de mercado

El artículo 138.1 CE obliga al Estado a garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular; el artículo 138.2 CE prohíbe que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas puedan implicar privilegios económicos o sociales. El artículo 139 CE completa este marco: todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, y ninguna autoridad puede adoptar medidas que obstaculicen directa o indirectamente la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. El Fondo de Compensación Interterritorial (art. 158.2 CE) es el instrumento previsto para corregir desequilibrios económicos interterritoriales.

Tipología de las competencias: exclusivas, compartidas y de ejecución

No todas las competencias que se reparten el Estado y las Comunidades Autónomas tienen la misma estructura. Hay competencias exclusivas, en las que un único nivel territorial concentra legislación y ejecución (por ejemplo, relaciones internacionales o defensa, exclusivas del Estado por el art. 149.1 CE). Hay competencias compartidas o de bases y desarrollo, en las que el Estado fija la legislación básica —el núcleo esencial y común de la regulación— y la Comunidad Autónoma aprueba la legislación de desarrollo dentro de ese marco (es el caso, por ejemplo, del régimen estatutario de los funcionarios públicos, art. 149.1.18ª CE). Y hay competencias de ejecución, en las que el Estado conserva la legislación pero la Comunidad Autónoma asume la aplicación administrativa de esa normativa estatal en su territorio. El Tribunal Constitucional ha elaborado una abundante doctrina sobre qué debe entenderse por "bases" en cada materia, entendidas generalmente como el común denominador normativo necesario para garantizar una regulación uniforme mínima en todo el territorio nacional, dejando a las Comunidades Autónomas un margen real de desarrollo normativo propio.

Los conflictos de competencia y su resolución

Cuando el Estado y una Comunidad Autónoma (o varias Comunidades Autónomas entre sí) discrepan sobre a quién corresponde el ejercicio de una competencia, el art. 161.1.c) CE atribuye su resolución al Tribunal Constitucional, a través de los conflictos positivos de competencia (cuando ambas partes reivindican para sí la competencia) o negativos (cuando ninguna se considera competente). Junto a esta vía, el art. 161.2 CE habilita al Gobierno para impugnar directamente ante el TC disposiciones y resoluciones autonómicas sin fuerza de ley, impugnación que produce la suspensión automática de la disposición recurrida, suspensión que el Tribunal debe ratificar o levantar en un plazo no superior a cinco meses. Para prevenir estos conflictos antes de que lleguen al TC, la reforma de la LOTC del año 2000 permite ampliar el plazo ordinario para recurrir (dos meses) hasta nueve meses cuando Estado y Comunidad Autónoma negocien previamente la discrepancia en el seno de una comisión bilateral de cooperación.

Leyes marco, leyes de transferencia o delegación y leyes de armonización (art. 150 CE)

El art. 150 CE prevé tres instrumentos excepcionales que alteran, en uno u otro sentido, el reparto ordinario de competencias. Las leyes marco (art. 150.1 CE) permiten al Estado atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en materias de competencia estatal, dentro de los principios, bases y directrices fijados por la propia ley estatal, reservándose las Cortes Generales un control sobre las normas autonómicas así dictadas. Las leyes orgánicas de transferencia o delegación (art. 150.2 CE) permiten al Estado transferir o delegar en las Comunidades Autónomas facultades de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de ello, previendo en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros y las formas de control que se reserve el Estado. Las leyes de armonización (art. 150.3 CE) habilitan a las Cortes Generales, cuando lo exija el interés general, para dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, incluso en materias de su exclusiva competencia, apreciando esa necesidad por mayoría absoluta de cada Cámara. El único intento relevante de ley de armonización, la LOAPA de 1982, fue declarado en gran parte inconstitucional por la STC 76/1983.

El bloque de constitucionalidad

Para resolver los conflictos y recursos de naturaleza competencial, el Tribunal Constitucional no se limita a comparar la norma impugnada con el texto literal de la Constitución, sino que emplea un parámetro más amplio conocido como "bloque de constitucionalidad". El art. 28.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) lo define, a estos efectos, como el conjunto integrado por la propia Constitución, los Estatutos de Autonomía y las demás leyes estatales que, sin ser orgánicas de desarrollo de derechos fundamentales, tienen por objeto delimitar las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas o regular y armonizar el ejercicio de las competencias de estas (como las leyes marco, de transferencia o de armonización del art. 150 CE). Este concepto es clave para entender por qué el TC, al enjuiciar si una ley autonómica invade competencias estatales, examina no solo la Constitución sino también el Estatuto de Autonomía correspondiente y, en su caso, las leyes estatales delimitadoras de competencias.

La garantía constitucional de la autonomía local

El Título VIII no agota su contenido en la organización autonómica: también constitucionaliza la autonomía de municipios y provincias, los otros dos niveles territoriales del art. 137 CE. El artículo 140 CE garantiza la autonomía de los municipios, que gozan de personalidad jurídica plena; su gobierno y administración corresponde a los Ayuntamientos, integrados por Alcaldes y Concejales, estos últimos elegidos por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley, con posibilidad de que los Reglamentos de las propias Corporaciones regulen la elección de Alcalde entre los Concejales. El artículo 141 CE configura la provincia como una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado, cuyo gobierno y administración autónoma se encomienda a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo, sin perjuicio de que en los archipiélagos las islas tengan además su propia administración (Cabildos o Consejos insulares). Frente a la autonomía política de las Comunidades Autónomas, la de las entidades locales es de naturaleza administrativa, pero la jurisprudencia constitucional (desde la STC 32/1981) la configura como una "garantía institucional": el legislador (estatal o autonómico) puede regular su alcance concreto, pero no puede vaciarla de un contenido mínimo o núcleo esencial reconocible como tal autonomía, so pena de incurrir en inconstitucionalidad. El desarrollo legal básico de este régimen corresponde a la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Art. 137 CE: el Estado se organiza en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, todas con autonomía para gestionar sus intereses.
  • La autonomía de municipios y provincias es administrativa; la de las Comunidades Autónomas, política (con potestad legislativa propia).
  • La autonomía no equivale a soberanía: el Estado conserva su posición de superioridad.
  • Art. 2 CE: reconoce el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones dentro de la unidad de la Nación española.
  • El modelo autonómico se rige por el "principio dispositivo": no hay un mapa autonómico cerrado de partida.
  • Vía ordinaria (art. 143 CE): provincias limítrofes, territorios insulares y provincias con entidad regional histórica; techo competencial inicial reducido.
  • Vía agravada (art. 151 CE): reservada a los territorios con Estatuto plebiscitado en la Segunda República; exige referéndum y da acceso inmediato al techo competencial máximo.
  • Andalucía accedió a la autonomía por la vía del art. 151 CE tras el referéndum del 28 de febrero de 1980.
  • Art. 147.1 CE: el Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de cada Comunidad.
  • Art. 147.2 CE: contenido mínimo del Estatuto: denominación, territorio, instituciones propias y competencias asumidas.
  • Art. 147.3 CE: la reforma del Estatuto exige aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica.
  • Art. 148.1 CE: lista de materias que pueden asumir las Comunidades Autónomas.
  • Art. 149.1 CE: lista de materias de competencia exclusiva del Estado.
  • Art. 149.3 CE: cláusula de cierre; el derecho estatal es supletorio del autonómico.
  • Art. 138.1 CE: el Estado garantiza el principio de solidaridad entre territorios, atendiendo al hecho insular.
  • Art. 138.2 CE: los Estatutos no pueden implicar privilegios económicos o sociales entre Comunidades.
  • Art. 139 CE: unidad de mercado; mismos derechos y obligaciones en todo el territorio, libre circulación de personas y bienes.
  • Art. 158.2 CE: el Fondo de Compensación Interterritorial corrige desequilibrios económicos entre territorios.
  • Competencias exclusivas (un solo nivel legisla y ejecuta), compartidas (bases estatales + desarrollo autonómico) y de ejecución (legislación estatal, ejecución autonómica).
  • El régimen estatutario de los funcionarios (art. 149.1.18ª CE) es un ejemplo clásico de competencia compartida de bases y desarrollo.
  • Los conflictos de competencia entre Estado y CCAA, o entre CCAA, los resuelve el Tribunal Constitucional (art. 161.1.c CE).
  • El Gobierno puede impugnar disposiciones autonómicas sin fuerza de ley ante el TC con efecto suspensivo automático de hasta 5 meses (art. 161.2 CE).
  • Art. 150.1 CE: leyes marco; art. 150.2 CE: leyes orgánicas de transferencia o delegación; art. 150.3 CE: leyes de armonización.
  • Las leyes de armonización (art. 150.3 CE) requieren que su necesidad se aprecie por mayoría absoluta de cada Cámara.
  • La LOAPA (1982), único intento relevante de ley de armonización, fue declarada en gran parte inconstitucional por la STC 76/1983.
  • El bloque de constitucionalidad (art. 28.1 LOTC) lo integran la CE, los Estatutos de Autonomía y las leyes estatales delimitadoras de competencias.
  • Art. 140 CE: garantiza la autonomía municipal; los Concejales se eligen por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.
  • Art. 141 CE: la provincia es entidad local con personalidad propia, gobernada por Diputaciones; en los archipiélagos existen además Cabildos o Consejos insulares.
  • La autonomía local es de naturaleza administrativa, pero la STC 32/1981 la configura como "garantía institucional" con un contenido mínimo indisponible para el legislador.
  • La Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), desarrolla legalmente el régimen local básico.
Ver el esquema con tus propios subrayados →

Ponte a prueba

12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.

Pregunta 1 de 120 aciertos

Las leyes de armonización (art. 150.3 CE) requieren que su necesidad se aprecie por:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 6 de Técnico de Gestión?

Estudia el Título VIII de la Constitución, que diseña la organización territorial del Estado sobre tres niveles —municipios, provincias y Comunidades Autónomas— y desarrolla el modelo autonómico: sus dos vías históricas de acceso, la naturaleza y contenido de los Estatutos de Autonomía como norma institucional básica de cada Comunidad, y el sistema constitucional de reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

¿Qué hay que memorizar del Tema 6 para el examen?

Art. 137 CE: el Estado se organiza en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, todas con autonomía para gestionar sus intereses. La autonomía de municipios y provincias es administrativa; la de las Comunidades Autónomas, política (con potestad legislativa propia). La autonomía no equivale a soberanía: el Estado conserva su posición de superioridad. Art. 2 CE: reconoce el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones dentro de la unidad de la Nación española. El modelo autonómico se rige por el "principio dispositivo": no hay un mapa autonómico cerrado de partida. Vía ordinaria (art. 143 CE): provincias limítrofes, territorios insulares y provincias con entidad regional histórica; techo competencial inicial reducido. Vía agravada (art. 151 CE): reservada a los territorios con Estatuto plebiscitado en la Segunda República; exige referéndum y da acceso inmediato al techo competencial máximo. Andalucía accedió a la autonomía por la vía del art. 151 CE tras el referéndum del 28 de febrero de 1980. Art. 147.1 CE: el Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de cada Comunidad. Art. 147.2 CE: contenido mínimo del Estatuto: denominación, territorio, instituciones propias y competencias asumidas. Art. 147.3 CE: la reforma del Estatuto exige aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica. Art. 148.1 CE: lista de materias que pueden asumir las Comunidades Autónomas. Art. 149.1 CE: lista de materias de competencia exclusiva del Estado. Art. 149.3 CE: cláusula de cierre; el derecho estatal es supletorio del autonómico. Art. 138.1 CE: el Estado garantiza el principio de solidaridad entre territorios, atendiendo al hecho insular. Art. 138.2 CE: los Estatutos no pueden implicar privilegios económicos o sociales entre Comunidades. Art. 139 CE: unidad de mercado; mismos derechos y obligaciones en todo el territorio, libre circulación de personas y bienes. Art. 158.2 CE: el Fondo de Compensación Interterritorial corrige desequilibrios económicos entre territorios. Competencias exclusivas (un solo nivel legisla y ejecuta), compartidas (bases estatales + desarrollo autonómico) y de ejecución (legislación estatal, ejecución autonómica). El régimen estatutario de los funcionarios (art. 149.1.18ª CE) es un ejemplo clásico de competencia compartida de bases y desarrollo. Los conflictos de competencia entre Estado y CCAA, o entre CCAA, los resuelve el Tribunal Constitucional (art. 161.1.c CE). El Gobierno puede impugnar disposiciones autonómicas sin fuerza de ley ante el TC con efecto suspensivo automático de hasta 5 meses (art. 161.2 CE). Art. 150.1 CE: leyes marco; art. 150.2 CE: leyes orgánicas de transferencia o delegación; art. 150.3 CE: leyes de armonización. Las leyes de armonización (art. 150.3 CE) requieren que su necesidad se aprecie por mayoría absoluta de cada Cámara. La LOAPA (1982), único intento relevante de ley de armonización, fue declarada en gran parte inconstitucional por la STC 76/1983. El bloque de constitucionalidad (art. 28.1 LOTC) lo integran la CE, los Estatutos de Autonomía y las leyes estatales delimitadoras de competencias. Art. 140 CE: garantiza la autonomía municipal; los Concejales se eligen por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. Art. 141 CE: la provincia es entidad local con personalidad propia, gobernada por Diputaciones; en los archipiélagos existen además Cabildos o Consejos insulares. La autonomía local es de naturaleza administrativa, pero la STC 32/1981 la configura como "garantía institucional" con un contenido mínimo indisponible para el legislador. La Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), desarrolla legalmente el régimen local básico.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOJA núm. 28, de 11 de febrero de 2025, páginas 1712/19 a 1712/25, Anexo II.A (Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía) (Convocatoria 2025, Cuerpo de Gestión Administrativa (especialidad Administración General, A2.1100), turno de acceso libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía

Mientras tanto, practica con tests gratis de Técnico de Gestión.

Empieza gratis ahora