Tema 1. La Constitución Española de 1978: características, elaboración, estructura y reforma. Principios Constitucionales y Valores Superiores. Los Derechos y Deberes fundamentales. Sus garantías constitucionales. La suspensión de los derechos y libertades.
Este cuerpo tiene ámbito estatal (Administración General del Estado, Ministerio de Cultura y Deporte) y comparte proceso selectivo con las especialidades de Archivos y Arqueología: este fichero recoge SOLO la especialidad de Bibliotecas, turno de acceso libre (no cubre promoción interna, que tiene un programa reducido distinto). Se eligió el nivel AGE como referencia, entre los tres niveles administrativos que convocan personal de bibliotecas (AGE, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, tal y como advierte la propia descripción del cuerpo en el catálogo del sitio), por ser el que tiene una convocatoria única, estable y mejor documentada en el BOE — las bibliotecas autonómicas y municipales tienen sus propias convocatorias y programas, distintos entre territorios, que NO están cubiertos por este fichero y quedan pendientes de un desarrollo futuro específico por comunidad autónoma. Los 100 temas están transcritos de forma literal, verificados directamente contra el texto del BOE de la Resolución de 23 de septiembre de 2022 (BOE núm. 237, Anexo II).
Tema de apertura del bloque de Legislación, común a las tres especialidades del cuerpo (Archivos, Bibliotecas, Arqueología). Desarrolla el marco constitucional básico: el proceso de elaboración y la estructura de la Constitución de 1978, sus principios rectores y el sistema de derechos y deberes fundamentales, con especial atención a las garantías que protegen esos derechos y al único supuesto en que pueden suspenderse.
Elaboración, estructura y reforma de la Constitución
La Constitución Española fue aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978, ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y sancionada por el Rey el 27 de diciembre de 1978, entrando en vigor el 29 de diciembre de 1978 con su publicación en el BOE. Consta de un Preámbulo, un Título Preliminar (arts. 1 a 9), diez títulos numerados (I a X, arts. 10 a 169), cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final. Prevé dos procedimientos de reforma: el ordinario del art. 167 (mayoría de 3/5 en cada Cámara) y el agravado del art. 168, exigido para la revisión total o de los elementos más protegidos (Título Preliminar, Sección 1ª del Capítulo II del Título I sobre derechos fundamentales, y Título II de la Corona), que requiere mayoría de 2/3, disolución de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras y referéndum obligatorio.
Principios constitucionales y valores superiores
El art. 1.1 CE proclama a España como un Estado social y democrático de Derecho, y enumera como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El art. 1.2 sitúa la soberanía nacional en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, y el art. 1.3 establece la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado. El art. 9.3 CE garantiza, entre otros, el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, la seguridad jurídica, la responsabilidad de los poderes públicos y la interdicción de la arbitrariedad.
Los derechos y deberes fundamentales (Título I)
El Título I ("De los derechos y deberes fundamentales", arts. 10-55) se abre con el art. 10, que sitúa la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden político y de la paz social. El Capítulo II distingue, dentro de los derechos y libertades, la Sección 1ª ("De los derechos fundamentales y de las libertades públicas", arts. 15-29, con protección reforzada) de la Sección 2ª ("De los derechos y deberes de los ciudadanos", arts. 30-38). El Capítulo III recoge los principios rectores de la política social y económica (arts. 39-52), orientadores de la actuación de los poderes públicos pero sin la misma exigibilidad directa.
Las garantías constitucionales de los derechos (art. 53 CE)
El art. 53 CE gradúa la protección según el tipo de derecho. El apartado 1 vincula a todos los poderes públicos a los derechos del Capítulo II y exige que su desarrollo se haga por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, siendo dicha regulación recurrible en amparo ante el Tribunal Constitucional en lo relativo a los derechos de la Sección 1ª. El apartado 2 habilita, para los derechos de los arts. 14 a 30 (Sección 1ª más el art. 14 de igualdad), un procedimiento judicial ordinario basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El apartado 3 limita la exigibilidad directa de los principios rectores del Capítulo III a lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
La suspensión de los derechos y libertades (art. 55 CE)
El art. 55.1 CE permite suspender, cuando se declaren el estado de excepción o de sitio y en los términos de la Ley Orgánica que los regula (LO 4/1981), los derechos del art. 17 (libertad y seguridad), art. 18.2 y 18.3 (inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones), art. 19 (libertad de circulación y residencia), art. 20.1.a, 20.1.d y 20.5 (aspectos concretos de la libertad de expresión y de información: difusión de pensamientos, comunicación y recepción de información, y secuestro de publicaciones), art. 21 (derecho de reunión) y arts. 28.2 y 37.2 (huelga y medidas de conflicto colectivo). El art. 55.2 prevé además, sin necesidad de declarar estado de excepción o de sitio, la suspensión individual de los derechos de los arts. 17.2 (plazo máximo de detención preventiva) y 18.2 y 18.3 (domicilio y comunicaciones) para personas concretas relacionadas con investigaciones sobre la actuación de bandas armadas o elementos terroristas, mediante ley orgánica y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario.
El art. 13 CE: los extranjeros y el derecho de asilo
El art. 13.1 CE reconoce a los extranjeros en España las libertades públicas que garantiza el Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley, lo que permite una regulación legal distinta de la de los españoles en ciertos derechos. El art. 13.2 limitaba originariamente el sufragio de los extranjeros a las elecciones municipales y solo en su vertiente activa, bajo criterios de reciprocidad; la reforma constitucional de 1992 añadió también el sufragio pasivo, para adecuar la Constitución al Tratado de Maastricht y al derecho de los ciudadanos de la Unión Europea a ser elegidos en esas elecciones. El art. 13.3 exige que la extradición solo se conceda en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad, y excluye de la extradición los delitos políticos, sin que se consideren como tales los actos de terrorismo. El art. 13.4 remite a la ley la determinación de los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España, desarrollado actualmente por la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
El recurso de amparo constitucional: objeto, legitimación y subsidiariedad
El recurso de amparo, previsto en los arts. 53.2 y 161.1.b) CE y desarrollado por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), protege frente a violaciones de los derechos reconocidos en el art. 14 (igualdad) y en la Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15 a 29), así como la objeción de conciencia del art. 30.2, cuando la lesión provenga de disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos. Tiene carácter subsidiario: solo puede interponerse una vez agotada la vía judicial previa procedente, es decir, el procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad al que se refiere el propio art. 53.2 CE ante los tribunales ordinarios. Están legitimados para interponerlo toda persona física o jurídica que invoque un interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
Los deberes constitucionales
Frente al predominio de los derechos, el Título I recoge también deberes constitucionales dispersos a lo largo de su articulado: el deber de defender a España (art. 30.1), que se concreta en la objeción de conciencia del art. 30.2 y en la configuración legal del servicio a las Fuerzas Armadas; el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica de cada uno, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad (art. 31.1); el deber de trabajar, correlativo al derecho al trabajo (art. 35.1); el deber de los padres de prestar asistencia a los hijos (art. 39.3); y el deber de conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España (art. 46 CE), de particular relevancia para el cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. A diferencia de los derechos del Capítulo II, estos deberes no cuentan, por lo general, con la garantía reforzada del recurso de amparo, sino que se hacen efectivos a través de la legislación que los desarrolla en cada caso.
Los principios rectores del Capítulo III y el acceso a la cultura (art. 44 CE)
El Capítulo III del Título I (arts. 39 a 52 CE) recoge los principios rectores de la política social y económica, que orientan la actuación de todos los poderes públicos sin generar, por sí solos, derechos subjetivos directamente invocables ante los tribunales: conforme al art. 53.3 CE, solo podrán alegarse ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Entre ellos figuran la protección de la familia (art. 39), la distribución de la renta y el pleno empleo (art. 40), el régimen público de Seguridad Social (art. 41), la protección de la salud (art. 43), el acceso a la cultura (art. 44), el derecho a un medio ambiente adecuado (art. 45), la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico (art. 46) y el derecho a una vivienda digna (art. 47). El art. 44.1 CE, que obliga a los poderes públicos a promover y tutelar el acceso de todos a la cultura, constituye el fundamento constitucional más directo de las políticas públicas de bibliotecas, archivos y museos.
Los estados de alarma, excepción y sitio (art. 116 CE y LO 4/1981)
El art. 116 CE remite a una Ley Orgánica (LO 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio) la regulación de estas tres figuras de emergencia constitucional, graduadas según la intensidad de la crisis que pretenden afrontar. El estado de alarma lo declara el Gobierno mediante Decreto, dando cuenta al Congreso de los Diputados, por un plazo máximo de quince días, prorrogable solo con autorización expresa del Congreso; no habilita la suspensión de derechos fundamentales, aunque sí permite limitar la circulación o la permanencia de personas y requisar bienes. El estado de excepción lo declara el Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados, y sí permite suspender los derechos enumerados en el art. 55.1 CE, en los términos y con el alcance que determine la propia autorización congresual. El estado de sitio lo declara el Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno, y es el más grave de los tres, pudiendo implicar la intervención de las Fuerzas Armadas; también habilita la suspensión de derechos del art. 55.1 CE. El art. 116.5 CE prohíbe, mientras esté declarado cualquiera de estos tres estados, la disolución del Congreso de los Diputados.
El Título Preliminar: símbolos, lenguas y organización territorial básica (arts. 1 a 9 CE)
Antes de los derechos fundamentales, el Título Preliminar fija el marco de todo el texto constitucional. El art. 2 CE reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española, proclamando a la vez la indisoluble unidad de esta, en una fórmula de equilibrio entre unidad y autonomía que vertebra el Título VIII. El art. 3 CE establece el castellano como lengua española oficial del Estado, que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar, sin perjuicio de que las demás lenguas españolas sean también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos; añade que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección, precepto de particular relevancia para las políticas bibliotecarias y de fomento de la lectura en las distintas lenguas del Estado. El art. 4 CE regula la bandera de España y admite que los Estatutos puedan reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas, para utilizar junto a la bandera de España en sus edificios públicos y actos oficiales. El art. 5 CE fija Madrid como capital del Estado. El art. 6 CE reconoce el papel de los partidos políticos como expresión del pluralismo e instrumento fundamental para la participación política. El art. 8 CE encomienda a las Fuerzas Armadas garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
La interpretación de los derechos fundamentales conforme a los tratados internacionales (art. 10.2 CE)
El art. 10.2 CE establece una regla hermenéutica de gran trascendencia práctica: las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, entre los que destaca el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que lo interpreta. El Tribunal Constitucional ha señalado que esta cláusula no convierte a los tratados en canon autónomo de constitucionalidad, pero sí obliga a modular el contenido y alcance de los derechos fundamentales a la luz de ese corpus internacional, lo que explica la influencia de la jurisprudencia de Estrasburgo sobre la doctrina constitucional española en materias como la libertad de expresión, el derecho a la intimidad o las garantías del proceso. Distinta de esta cláusula interpretativa es la previsión del art. 96.1 CE sobre la integración de los tratados internacionales válidamente celebrados en el ordenamiento interno una vez publicados oficialmente en España, y la del art. 93 CE sobre la cesión del ejercicio de competencias derivadas de la Constitución a organizaciones o instituciones internacionales, fundamento de la integración de España en la Unión Europea.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La Constitución de 1978 entró en vigor el 29 de diciembre de 1978, tras el referéndum del 6 de diciembre.
Estructura: Preámbulo + Título Preliminar (arts. 1-9) + Títulos I a X (arts. 10-169) + disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final.
Art. 1.1: España es un Estado social y democrático de Derecho.
Valores superiores del art. 1.1: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
Art. 1.2: la soberanía nacional reside en el pueblo español.
Art. 1.3: la forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria.
Art. 9.3 recoge, entre otros, legalidad, jerarquía normativa, irretroactividad sancionadora y seguridad jurídica.
Reforma ordinaria: art. 167, mayoría de 3/5 en cada Cámara.
Reforma agravada: art. 168, para Título Preliminar, Sección 1ª del Cap. II del Título I y Título II (Corona); exige disolución de Cortes, nueva ratificación por 2/3 y referéndum.
Título I "De los derechos y deberes fundamentales" abarca los arts. 10 a 55.
Art. 10: la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad son fundamento del orden político.
Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15-29): derechos fundamentales y libertades públicas, máxima protección.
Sección 2ª del Capítulo II (arts. 30-38): derechos y deberes de los ciudadanos.
Capítulo III (arts. 39-52): principios rectores de la política social y económica.
Art. 53.1: los derechos del Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y solo pueden regularse por ley que respete su contenido esencial.
Art. 53.2: los derechos de los arts. 14 a 30 tienen tutela judicial ordinaria preferente y sumaria, y recurso de amparo.
Art. 53.3: los principios del Capítulo III solo son alegables según lo dispongan las leyes que los desarrollen.
Art. 55.1: permite suspender ciertos derechos durante los estados de excepción o de sitio (LO 4/1981).
Derechos suspendibles del art. 55.1: art. 17 (libertad y seguridad), art. 18.2 y 18.3 (domicilio y comunicaciones), art. 19 (circulación), art. 20.1.a, 20.1.d y 20.5 (aspectos concretos de expresión/información), art. 21 (reunión) y arts. 28.2 y 37.2 (huelga y conflicto colectivo).
Art. 55.2: suspensión individual de los derechos de los arts. 17.2, 18.2 y 18.3 para personas vinculadas a investigaciones sobre bandas armadas o terrorismo, mediante ley orgánica y con intervención judicial y control parlamentario.
El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional protege los derechos de los arts. 14 a 29, más la objeción de conciencia del art. 30.
Art. 13.1 CE: los extranjeros gozan en España de las libertades del Título I en los términos de los tratados y la ley.
La reforma constitucional de 1992 añadió el sufragio pasivo al art. 13.2 CE (ya existía el activo) para el voto municipal de extranjeros, por el Tratado de Maastricht; es, junto con la de 2011 (art. 135, estabilidad presupuestaria), una de las dos únicas reformas de la Constitución realizadas hasta la fecha, ambas por el procedimiento ordinario del art. 167.
El recurso de amparo (arts. 53.2 y 161.1.b CE, LOTC) protege los derechos de los arts. 14 a 29 y la objeción de conciencia del art. 30.2, y tiene carácter subsidiario tras agotar la vía judicial previa.
Deberes constitucionales: defensa de España (art. 30.1), contribución tributaria según capacidad económica (art. 31.1) y conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico (art. 46 CE).
LO 4/1981: regula los estados de alarma (declara el Gobierno, máximo 15 días, no suspende derechos), excepción (autorización del Congreso, sí suspende derechos del art. 55.1) y sitio (lo declara el Congreso por mayoría absoluta, el más grave; mientras dure cualquiera de los tres no puede disolverse el Congreso).
Art. 2 CE: reconoce el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones, a la vez que proclama la indisoluble unidad de la Nación española.
Art. 3 CE: el castellano es la lengua oficial del Estado (deber de conocerla, derecho de usarla); las demás lenguas españolas son oficiales en sus Comunidades Autónomas conforme a sus Estatutos.
Art. 5 CE: Madrid es la capital del Estado.
Art. 8 CE: las Fuerzas Armadas garantizan la soberanía e independencia de España y defienden su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
Art. 10.2 CE: los derechos fundamentales se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por España, en particular el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Art. 96.1 CE: los tratados internacionales válidamente celebrados forman parte del ordenamiento interno una vez publicados oficialmente en España.
Art. 93 CE: fundamenta la cesión del ejercicio de competencias constitucionales a organizaciones internacionales (base de la integración de España en la UE).
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Pregunta 1 de 110 aciertos
Según el art. 1.1 CE, ¿cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico español?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 1 de Bibliotecario?
Tema de apertura del bloque de Legislación, común a las tres especialidades del cuerpo (Archivos, Bibliotecas, Arqueología). Desarrolla el marco constitucional básico: el proceso de elaboración y la estructura de la Constitución de 1978, sus principios rectores y el sistema de derechos y deberes fundamentales, con especial atención a las garantías que protegen esos derechos y al único supuesto en que pueden suspenderse.
¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?
La Constitución de 1978 entró en vigor el 29 de diciembre de 1978, tras el referéndum del 6 de diciembre. Estructura: Preámbulo + Título Preliminar (arts. 1-9) + Títulos I a X (arts. 10-169) + disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final. Art. 1.1: España es un Estado social y democrático de Derecho. Valores superiores del art. 1.1: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Art. 1.2: la soberanía nacional reside en el pueblo español. Art. 1.3: la forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria. Art. 9.3 recoge, entre otros, legalidad, jerarquía normativa, irretroactividad sancionadora y seguridad jurídica. Reforma ordinaria: art. 167, mayoría de 3/5 en cada Cámara. Reforma agravada: art. 168, para Título Preliminar, Sección 1ª del Cap. II del Título I y Título II (Corona); exige disolución de Cortes, nueva ratificación por 2/3 y referéndum. Título I "De los derechos y deberes fundamentales" abarca los arts. 10 a 55. Art. 10: la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad son fundamento del orden político. Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15-29): derechos fundamentales y libertades públicas, máxima protección. Sección 2ª del Capítulo II (arts. 30-38): derechos y deberes de los ciudadanos. Capítulo III (arts. 39-52): principios rectores de la política social y económica. Art. 53.1: los derechos del Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y solo pueden regularse por ley que respete su contenido esencial. Art. 53.2: los derechos de los arts. 14 a 30 tienen tutela judicial ordinaria preferente y sumaria, y recurso de amparo. Art. 53.3: los principios del Capítulo III solo son alegables según lo dispongan las leyes que los desarrollen. Art. 55.1: permite suspender ciertos derechos durante los estados de excepción o de sitio (LO 4/1981). Derechos suspendibles del art. 55.1: art. 17 (libertad y seguridad), art. 18.2 y 18.3 (domicilio y comunicaciones), art. 19 (circulación), art. 20.1.a, 20.1.d y 20.5 (aspectos concretos de expresión/información), art. 21 (reunión) y arts. 28.2 y 37.2 (huelga y conflicto colectivo). Art. 55.2: suspensión individual de los derechos de los arts. 17.2, 18.2 y 18.3 para personas vinculadas a investigaciones sobre bandas armadas o terrorismo, mediante ley orgánica y con intervención judicial y control parlamentario. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional protege los derechos de los arts. 14 a 29, más la objeción de conciencia del art. 30. Art. 13.1 CE: los extranjeros gozan en España de las libertades del Título I en los términos de los tratados y la ley. La reforma constitucional de 1992 añadió el sufragio pasivo al art. 13.2 CE (ya existía el activo) para el voto municipal de extranjeros, por el Tratado de Maastricht; es, junto con la de 2011 (art. 135, estabilidad presupuestaria), una de las dos únicas reformas de la Constitución realizadas hasta la fecha, ambas por el procedimiento ordinario del art. 167. El recurso de amparo (arts. 53.2 y 161.1.b CE, LOTC) protege los derechos de los arts. 14 a 29 y la objeción de conciencia del art. 30.2, y tiene carácter subsidiario tras agotar la vía judicial previa. Deberes constitucionales: defensa de España (art. 30.1), contribución tributaria según capacidad económica (art. 31.1) y conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico (art. 46 CE). LO 4/1981: regula los estados de alarma (declara el Gobierno, máximo 15 días, no suspende derechos), excepción (autorización del Congreso, sí suspende derechos del art. 55.1) y sitio (lo declara el Congreso por mayoría absoluta, el más grave; mientras dure cualquiera de los tres no puede disolverse el Congreso). Art. 2 CE: reconoce el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones, a la vez que proclama la indisoluble unidad de la Nación española. Art. 3 CE: el castellano es la lengua oficial del Estado (deber de conocerla, derecho de usarla); las demás lenguas españolas son oficiales en sus Comunidades Autónomas conforme a sus Estatutos. Art. 5 CE: Madrid es la capital del Estado. Art. 8 CE: las Fuerzas Armadas garantizan la soberanía e independencia de España y defienden su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Art. 10.2 CE: los derechos fundamentales se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por España, en particular el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Art. 96.1 CE: los tratados internacionales válidamente celebrados forman parte del ordenamiento interno una vez publicados oficialmente en España. Art. 93 CE: fundamenta la cesión del ejercicio de competencias constitucionales a organizaciones internacionales (base de la integración de España en la UE).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2025 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos — BOE-A-2025-26894). El Anexo I de esta convocatoria remite, para el contenido íntegro del programa, al aprobado por la Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría (Ministerio de Cultura y Deporte) — BOE núm. 237, de 3 de octubre de 2022, páginas 135233 a 135250, Anexo II, Sección Bibliotecas (BOE-A-2022-16049) —, que es el texto reproducido en este fichero. (Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, especialidad Bibliotecas, sistema general de acceso libre).
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