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Tema 13. El acto administrativo. Eficacia y validez del acto administrativo. Nulidad de pleno derecho: causas y efectos. Anulabilidad: causa y efectos. La conversión, conservación y convalidación de los actos administrativos.

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, especialidad Bibliotecas, sistema general de acceso libre · Índice oficial del BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2025 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos — BOE-A-2025-26894). El Anexo I de esta convocatoria remite, para el contenido íntegro del programa, al aprobado por la Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría (Ministerio de Cultura y Deporte) — BOE núm. 237, de 3 de octubre de 2022, páginas 135233 a 135250, Anexo II, Sección Bibliotecas (BOE-A-2022-16049) —, que es el texto reproducido en este fichero..

Este cuerpo tiene ámbito estatal (Administración General del Estado, Ministerio de Cultura y Deporte) y comparte proceso selectivo con las especialidades de Archivos y Arqueología: este fichero recoge SOLO la especialidad de Bibliotecas, turno de acceso libre (no cubre promoción interna, que tiene un programa reducido distinto). Se eligió el nivel AGE como referencia, entre los tres niveles administrativos que convocan personal de bibliotecas (AGE, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, tal y como advierte la propia descripción del cuerpo en el catálogo del sitio), por ser el que tiene una convocatoria única, estable y mejor documentada en el BOE — las bibliotecas autonómicas y municipales tienen sus propias convocatorias y programas, distintos entre territorios, que NO están cubiertos por este fichero y quedan pendientes de un desarrollo futuro específico por comunidad autónoma. Los 100 temas están transcritos de forma literal, verificados directamente contra el texto del BOE de la Resolución de 23 de septiembre de 2022 (BOE núm. 237, Anexo II).

Desarrolla la regulación del acto administrativo en el Título III de la Ley 39/2015: su concepto y requisitos, el régimen de eficacia (efectos, notificación y publicación) y las dos categorías de invalidez que contempla la ley, nulidad de pleno derecho y anulabilidad, cerrando con las técnicas de conversión, conservación y convalidación que permiten limitar los efectos de un vicio sobre el resto de la actuación administrativa.

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Concepto y requisitos del acto administrativo (arts. 34-36 LPAC)

El acto administrativo es toda declaración de voluntad, juicio, deseo o conocimiento realizada por la Administración en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria, dirigida a producir efectos jurídicos en un caso concreto. El Capítulo I del Título III LPAC (arts. 34-36) fija sus requisitos: el art. 34 exige que los actos se produzcan por el órgano competente ajustándose al procedimiento establecido y su contenido se ajuste a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico; el art. 35 impone el deber de motivación para determinados actos, en especial los que limitan derechos subjetivos o intereses legítimos, los que resuelven procedimientos de revisión de oficio, recursos administrativos o procedimientos de arbitraje, y los que se separan del criterio seguido en actuaciones precedentes; el art. 36 dispone que los actos se producirán por escrito, salvo que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia.

Eficacia de los actos administrativos (arts. 37-46 LPAC)

El Capítulo II del Título III (arts. 37-46) regula la eficacia de los actos. El art. 38 consagra la ejecutividad: los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo son inmediatamente ejecutivos, salvo que una disposición establezca lo contrario o se requiera aprobación o autorización superior. El art. 39 fija como regla general que los actos producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa, admitiendo excepcionalmente la eficacia retroactiva en los supuestos del art. 39.3 (actos que se dicten en sustitución de otros anulados y produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y esta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas). Los arts. 40 a 46 regulan las condiciones y formas de notificación (en papel y por medios electrónicos), la notificación infructuosa y la publicación, requisitos cuyo cumplimiento correcto condiciona la eficacia del acto frente al interesado.

Nulidad de pleno derecho: causas (art. 47 LPAC)

El art. 47.1 LPAC enumera de forma tasada los actos nulos de pleno derecho: los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional; los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio; los que tengan un contenido imposible; los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta; los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados; los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición; y cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley. El art. 47.2 añade que también son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Efectos de la nulidad de pleno derecho

El vicio de nulidad de pleno derecho supone la máxima gravedad de la invalidez: el acto se considera radicalmente inválido desde su origen, no produce efecto jurídico alguno, la acción para su declaración es imprescriptible y puede ser apreciada de oficio por la propia Administración a través del cauce de la revisión de oficio (art. 106 LPAC), sin sujeción al límite temporal que sí rige para la declaración de lesividad de los actos anulables. No obstante, el art. 110 LPAC limita la facultad de revisión cuando, por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

Anulabilidad: causa y efectos (art. 48 LPAC)

El art. 48.1 LPAC establece la regla general: son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder, siempre que no encajen en alguna de las causas tasadas de nulidad de pleno derecho. El art. 48.2 matiza que el defecto de forma solo determina la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados; y el art. 48.3 dispone que la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido solo implica la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Frente a la nulidad de pleno derecho, la anulabilidad admite subsanación mediante convalidación, y la acción para instarla está sujeta a plazos de prescripción o caducidad, a diferencia de la imprescriptibilidad propia de la nulidad.

Conversión, conservación y convalidación (arts. 49-52 LPAC)

El Capítulo III del Título III cierra con tres técnicas orientadas al principio de conservación del acto administrativo. El art. 49 limita la extensión de la nulidad o anulabilidad de un acto: la nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos actos del procedimiento que sean independientes del primero, y la nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. El art. 50 regula la conversión de actos viciados: los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto, producirán los efectos de este último. El art. 51 establece la conservación de actos y trámites: el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido hubiera permanecido igual de no haberse cometido la infracción. El art. 52, finalmente, regula la convalidación: la Administración podrá convalidar los actos anulables subsanando los vicios de que adolezcan, surtiendo efecto el acto de convalidación desde su fecha, salvo lo dispuesto para la retroactividad en el art. 39.3.

La revisión de oficio de los actos nulos (art. 106 LPAC)

El art. 106 LPAC habilita a las Administraciones Públicas a declarar de oficio, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de un interesado, la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, siempre que incurran en alguna de las causas tasadas del art. 47.1 LPAC. El procedimiento exige con carácter preceptivo el dictamen favorable del Consejo de Estado o del órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, cuando este exista, de modo que la Administración no puede declarar la nulidad por sí sola sin ese control consultivo previo. La ley permite igualmente inadmitir a trámite, de forma motivada, las solicitudes de los interesados que no se funden en alguna causa de nulidad del art. 47.1, que carezcan manifiestamente de fundamento o que reiteren otras sustancialmente iguales ya desestimadas en cuanto al fondo. Cuando el procedimiento se inicia de oficio, el transcurso de seis meses desde su inicio sin dictarse y notificarse resolución produce la caducidad del procedimiento; si se inició a solicitud de un interesado, el silencio transcurrido ese plazo se entiende desestimatorio. Este cauce de revisión de oficio es el instrumento específico para hacer valer, fuera de los plazos ordinarios de recurso, la máxima gravedad que la ley atribuye a la nulidad de pleno derecho.

La declaración de lesividad de los actos anulables y la rectificación de errores materiales (arts. 107 y 109.2 LPAC)

Frente a los actos nulos, que pueden revisarse directamente por la propia Administración, los actos anulables que sean favorables al interesado no pueden ser simplemente revocados: el art. 107 LPAC exige que la Administración los declare previamente lesivos para el interés público, como paso necesario para poder impugnarlos después ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, a diferencia de la nulidad, que la propia Administración puede declarar sin necesidad de acudir después a los tribunales. La declaración de lesividad exige dar audiencia previa a los interesados, no puede adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto, y el procedimiento para declararla caduca si transcurren seis meses desde su inicio sin que se haya declarado la lesividad; tratándose de actos de las Entidades Locales, la competencia para declarar la lesividad corresponde al Pleno. Distinta de ambas figuras es la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos del art. 109.2 LPAC, que la Administración puede realizar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, sin sujeción a plazo alguno, precisamente porque no afecta a la validez del acto sino solo a su expresión material: corregir un error de este tipo no equivale a revisar ni a anular el acto, sino únicamente a subsanar su redacción.

La ejecución forzosa de los actos administrativos (arts. 97-100 LPAC)

Como complemento práctico de la eficacia y la validez estudiadas en este tema, la LPAC regula en los arts. 97 a 100 la ejecución forzosa de los actos administrativos, es decir, los medios de que dispone la Administración para hacer cumplir coactivamente un acto válido y eficaz cuando el obligado no lo cumple voluntariamente. El art. 97 habilita a las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes, a proceder a dicha ejecución forzosa, salvo que se suspenda la ejecución del acto conforme a la ley o que la Constitución o las leyes exijan la intervención de los Tribunales. El art. 99 exige un previo apercibimiento al obligado antes de iniciar la ejecución forzosa propiamente dicha. El art. 100 enumera, con el límite de la proporcionalidad y de la elección del medio menos restrictivo para la libertad individual, los medios de ejecución forzosa: el apremio sobre el patrimonio, para el cobro de deudas de derecho público; la ejecución subsidiaria, cuando se trate de actos que, por no ser personalísimos, puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado, por cuenta de este y a su cargo; la multa coercitiva, reiterable en los plazos que fijen las leyes que la autoricen, independiente y compatible con las sanciones que puedan imponerse por la misma conducta; y la compulsión sobre las personas, que solo puede emplearse cuando una ley expresamente la autorice y siempre respetando la dignidad de la persona y los derechos reconocidos en la Constitución.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El acto administrativo se regula en el Título III LPAC, arts. 34 a 52, dividido en tres capítulos (requisitos, eficacia, nulidad y anulabilidad).
  • Art. 34 LPAC: el acto debe dictarlo el órgano competente, con el procedimiento establecido y contenido ajustado al ordenamiento.
  • Art. 35 LPAC: deber de motivación, en especial para actos limitativos de derechos y los que se apartan del criterio precedente.
  • Art. 38 LPAC: ejecutividad — los actos administrativos son, en principio, inmediatamente ejecutivos.
  • Art. 39 LPAC: regla general de eficacia desde la fecha en que se dictan, con retroactividad excepcional favorable en el art. 39.3.
  • Nulidad de pleno derecho: art. 47 LPAC, causas tasadas (lesión de derechos fundamentales, incompetencia manifiesta, contenido imposible, infracción penal, procedimiento omitido, adquisición de derechos sin requisitos esenciales, u otra prevista por ley).
  • Art. 47.2 LPAC: también son nulas de pleno derecho las disposiciones que vulneren normas de rango superior, regulen materia reservada a ley o establezcan retroactividad sancionadora desfavorable.
  • La nulidad de pleno derecho es la invalidez más grave: acción imprescriptible, apreciable de oficio vía revisión de oficio (art. 106 LPAC).
  • El art. 110 LPAC limita la revisión de oficio cuando resulte contraria a la equidad, la buena fe, el derecho de particulares o las leyes por el tiempo transcurrido.
  • Anulabilidad: art. 48 LPAC — cualquier infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder, que no sea causa de nulidad.
  • Art. 48.2 LPAC: el defecto de forma solo anula si faltan requisitos indispensables para el fin del acto o causa indefensión.
  • Art. 48.3 LPAC: la extemporaneidad solo anula si lo impone la naturaleza del término o plazo.
  • A diferencia de la nulidad, la anulabilidad admite convalidación y su acción está sujeta a plazos de prescripción/caducidad.
  • Art. 49 LPAC: la nulidad o anulabilidad de un acto no se extiende a los actos sucesivos independientes de él.
  • Art. 50 LPAC: conversión — un acto viciado que reúna los elementos de otro distinto produce los efectos de ese otro acto.
  • Art. 51 LPAC: conservación — se mantienen los actos y trámites cuyo contenido hubiera sido igual sin la infracción.
  • Art. 52 LPAC: convalidación — la Administración subsana los vicios de un acto anulable; efectos desde la fecha de la convalidación, sin retroactividad salvo el art. 39.3.
  • Art. 106 LPAC: revisión de oficio de actos nulos — iniciativa de oficio o a instancia, con dictamen favorable preceptivo del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente.
  • Si el procedimiento de revisión de oficio se inició de oficio, caduca a los seis meses sin resolución; si se inició a instancia, cabe entender la solicitud desestimada por silencio.
  • Art. 107 LPAC: los actos anulables favorables al interesado no pueden revocarse directamente — exigen declaración previa de lesividad para su ulterior impugnación en vía contencioso-administrativa.
  • La declaración de lesividad no puede adoptarse transcurridos cuatro años desde el acto, y el procedimiento para declararla caduca a los seis meses desde su inicio.
  • En las Entidades Locales, la declaración de lesividad corresponde al Pleno.
  • Art. 109.2 LPAC: la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos no está sujeta a plazo y no equivale a revisar ni anular el acto.
  • Arts. 97-100 LPAC: ejecución forzosa de los actos administrativos, con previo apercibimiento (art. 99) y elección del medio menos restrictivo para la libertad individual.
  • Art. 100 LPAC: medios de ejecución forzosa — apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas (esta última solo si una ley lo autoriza expresamente).
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Pregunta 1 de 100 aciertos

Un acto nulo o anulable contiene, sin embargo, los elementos constitutivos de otro distinto. ¿Qué técnica regula este supuesto en la LPAC?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 13 de Bibliotecario?

Desarrolla la regulación del acto administrativo en el Título III de la Ley 39/2015: su concepto y requisitos, el régimen de eficacia (efectos, notificación y publicación) y las dos categorías de invalidez que contempla la ley, nulidad de pleno derecho y anulabilidad, cerrando con las técnicas de conversión, conservación y convalidación que permiten limitar los efectos de un vicio sobre el resto de la actuación administrativa.

¿Qué hay que memorizar del Tema 13 para el examen?

El acto administrativo se regula en el Título III LPAC, arts. 34 a 52, dividido en tres capítulos (requisitos, eficacia, nulidad y anulabilidad). Art. 34 LPAC: el acto debe dictarlo el órgano competente, con el procedimiento establecido y contenido ajustado al ordenamiento. Art. 35 LPAC: deber de motivación, en especial para actos limitativos de derechos y los que se apartan del criterio precedente. Art. 38 LPAC: ejecutividad — los actos administrativos son, en principio, inmediatamente ejecutivos. Art. 39 LPAC: regla general de eficacia desde la fecha en que se dictan, con retroactividad excepcional favorable en el art. 39.3. Nulidad de pleno derecho: art. 47 LPAC, causas tasadas (lesión de derechos fundamentales, incompetencia manifiesta, contenido imposible, infracción penal, procedimiento omitido, adquisición de derechos sin requisitos esenciales, u otra prevista por ley). Art. 47.2 LPAC: también son nulas de pleno derecho las disposiciones que vulneren normas de rango superior, regulen materia reservada a ley o establezcan retroactividad sancionadora desfavorable. La nulidad de pleno derecho es la invalidez más grave: acción imprescriptible, apreciable de oficio vía revisión de oficio (art. 106 LPAC). El art. 110 LPAC limita la revisión de oficio cuando resulte contraria a la equidad, la buena fe, el derecho de particulares o las leyes por el tiempo transcurrido. Anulabilidad: art. 48 LPAC — cualquier infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder, que no sea causa de nulidad. Art. 48.2 LPAC: el defecto de forma solo anula si faltan requisitos indispensables para el fin del acto o causa indefensión. Art. 48.3 LPAC: la extemporaneidad solo anula si lo impone la naturaleza del término o plazo. A diferencia de la nulidad, la anulabilidad admite convalidación y su acción está sujeta a plazos de prescripción/caducidad. Art. 49 LPAC: la nulidad o anulabilidad de un acto no se extiende a los actos sucesivos independientes de él. Art. 50 LPAC: conversión — un acto viciado que reúna los elementos de otro distinto produce los efectos de ese otro acto. Art. 51 LPAC: conservación — se mantienen los actos y trámites cuyo contenido hubiera sido igual sin la infracción. Art. 52 LPAC: convalidación — la Administración subsana los vicios de un acto anulable; efectos desde la fecha de la convalidación, sin retroactividad salvo el art. 39.3. Art. 106 LPAC: revisión de oficio de actos nulos — iniciativa de oficio o a instancia, con dictamen favorable preceptivo del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente. Si el procedimiento de revisión de oficio se inició de oficio, caduca a los seis meses sin resolución; si se inició a instancia, cabe entender la solicitud desestimada por silencio. Art. 107 LPAC: los actos anulables favorables al interesado no pueden revocarse directamente — exigen declaración previa de lesividad para su ulterior impugnación en vía contencioso-administrativa. La declaración de lesividad no puede adoptarse transcurridos cuatro años desde el acto, y el procedimiento para declararla caduca a los seis meses desde su inicio. En las Entidades Locales, la declaración de lesividad corresponde al Pleno. Art. 109.2 LPAC: la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos no está sujeta a plazo y no equivale a revisar ni anular el acto. Arts. 97-100 LPAC: ejecución forzosa de los actos administrativos, con previo apercibimiento (art. 99) y elección del medio menos restrictivo para la libertad individual. Art. 100 LPAC: medios de ejecución forzosa — apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas (esta última solo si una ley lo autoriza expresamente).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2025 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos — BOE-A-2025-26894). El Anexo I de esta convocatoria remite, para el contenido íntegro del programa, al aprobado por la Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría (Ministerio de Cultura y Deporte) — BOE núm. 237, de 3 de octubre de 2022, páginas 135233 a 135250, Anexo II, Sección Bibliotecas (BOE-A-2022-16049) —, que es el texto reproducido en este fichero. (Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, especialidad Bibliotecas, sistema general de acceso libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 34 a 52, 97 a 100, 106, 107 y 109.2

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