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Tema 17. La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. El Patrimonio Documental y Bibliográfico. Los Archivos, Bibliotecas y Museos. La declaración de Bienes de Interés Cultural. La protección de los bienes muebles e inmuebles. Las medidas de fomento.

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, especialidad Bibliotecas, sistema general de acceso libre · Índice oficial del BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2025 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos — BOE-A-2025-26894). El Anexo I de esta convocatoria remite, para el contenido íntegro del programa, al aprobado por la Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría (Ministerio de Cultura y Deporte) — BOE núm. 237, de 3 de octubre de 2022, páginas 135233 a 135250, Anexo II, Sección Bibliotecas (BOE-A-2022-16049) —, que es el texto reproducido en este fichero..

Este cuerpo tiene ámbito estatal (Administración General del Estado, Ministerio de Cultura y Deporte) y comparte proceso selectivo con las especialidades de Archivos y Arqueología: este fichero recoge SOLO la especialidad de Bibliotecas, turno de acceso libre (no cubre promoción interna, que tiene un programa reducido distinto). Se eligió el nivel AGE como referencia, entre los tres niveles administrativos que convocan personal de bibliotecas (AGE, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, tal y como advierte la propia descripción del cuerpo en el catálogo del sitio), por ser el que tiene una convocatoria única, estable y mejor documentada en el BOE — las bibliotecas autonómicas y municipales tienen sus propias convocatorias y programas, distintos entre territorios, que NO están cubiertos por este fichero y quedan pendientes de un desarrollo futuro específico por comunidad autónoma. Los 100 temas están transcritos de forma literal, verificados directamente contra el texto del BOE de la Resolución de 23 de septiembre de 2022 (BOE núm. 237, Anexo II).

Desarrolla la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (LPHE), norma marco que integra en un único cuerpo legal la protección de los bienes muebles e inmuebles, el patrimonio arqueológico y etnográfico, y el patrimonio documental y bibliográfico junto con las instituciones que lo custodian: archivos, bibliotecas y museos. El tema recorre el procedimiento de declaración de Bienes de Interés Cultural (BIC), máxima categoría de protección que contempla la ley, las categorías de bienes inmuebles protegidos y el régimen general de protección de los bienes muebles e inmuebles (exportación, derechos de tanteo y retracto, deber de conservación), desarrolla con detalle el régimen específico del patrimonio documental y bibliográfico y de los archivos, bibliotecas y museos, y cierra con las medidas de fomento con que la ley compensa las cargas que impone a los propietarios de bienes protegidos.

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Objeto, principios y órganos de la Ley 16/1985

El art. 1 LPHE fija como objeto de la ley la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español, integrado por los bienes muebles e inmuebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, así como por el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas y los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico. El art. 2 atribuye a la Administración del Estado, entre otras, la competencia para la defensa del patrimonio contra la exportación ilícita y la expoliación, y para la protección de los museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal. El art. 3 crea el Consejo del Patrimonio Histórico Español, como órgano de cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en la materia. El art. 4 define la expoliación como toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción los valores de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, incumpliendo la normativa protectora.

La declaración de Bienes de Interés Cultural (arts. 9-13 LPHE)

Los Bienes de Interés Cultural (BIC) constituyen la categoría de máxima protección de la ley (art. 9). Su declaración se realiza mediante Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Cultura, previa tramitación de un expediente administrativo que exige el informe favorable de alguna de las instituciones consultivas señaladas por la propia ley, y debe resolverse en el plazo máximo de veinte meses desde su incoación, transcurrido el cual esta caduca. El art. 10 permite que cualquier persona solicite la incoación del expediente, correspondiendo al organismo competente decidir sobre su procedencia. El art. 11 regula los efectos de la incoación: determina la aplicación provisional a los bienes afectados del mismo régimen de protección que a los ya declarados, y obliga a describir con claridad el bien y, tratándose de inmuebles, a delimitar el entorno afectado por la declaración. Los arts. 12 y 13 regulan la inscripción de los BIC en el Registro General correspondiente y las obligaciones de sus titulares, que deben permitir su inspección por parte de la Administración competente, su estudio por parte de investigadores y su visita pública en las condiciones de gratuidad y accesibilidad que reglamentariamente se determinen.

Categorías de bienes inmuebles declarados BIC (arts. 14-15 LPHE)

El Título II LPHE regula los bienes inmuebles y, en su art. 15, clasifica los BIC inmuebles en cinco categorías: Monumento, definido como la realización arquitectónica u obra de ingeniería, de relevante interés histórico, arqueológico, artístico, científico o técnico, con inclusión de sus bienes muebles y accesorios; Jardín Histórico, espacio delimitado, producto de la ordenación por el hombre de elementos naturales; Conjunto Histórico, agrupación de bienes inmuebles que forma una unidad de asentamiento; Sitio Histórico, lugar o paraje vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza y a obras del hombre con valor histórico; y Zona Arqueológica, lugar en el que existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica. El art. 20 exige, para los Conjuntos, Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas, la redacción de un Plan Especial de Protección del área afectada, y el art. 16 prevé la suspensión de las licencias municipales de parcelación, edificación o demolición en el ámbito afectado por la incoación de un expediente sobre estas categorías.

La protección de bienes muebles e inmuebles (Títulos III y IV LPHE)

El Título III regula los bienes muebles a través del Inventario General de Bienes Muebles (art. 26), que exige a sus titulares comunicar cualquier transmisión y garantiza su localización, y de la posibilidad de declararlos BIC (art. 27), en especial cuando forman parte esencial de la historia de un inmueble ya declarado. El art. 28 declara imprescriptibles determinados bienes de titularidad pública y eclesiástica y limita su enajenación. El régimen de exportación somete la salida de bienes del Patrimonio Histórico Español a autorización administrativa previa, con prohibición general para los BIC salvo los supuestos tasados de intercambio o exposición temporal, y establece una tasa de exportación graduada según el valor del bien (art. 30). El Título IV desarrolla el deber general de conservación de los propietarios y poseedores de estos bienes (art. 35), previendo la posibilidad de que la Administración ordene su ejecución subsidiaria a costa del obligado, y habilita la expropiación forzosa en caso de incumplimiento del deber de conservación, de peligro de destrucción o de menoscabo del bien, o para hacer cesar un uso incompatible con sus valores (art. 36). El art. 38 reconoce a la Administración competente derechos de tanteo y retracto sobre los bienes declarados BIC o inventariados que se pretendan enajenar: dos meses para ejercer el tanteo desde la notificación de la enajenación proyectada, y seis meses de retracto si esta no se notificó.

El Patrimonio Documental y Bibliográfico (Título VII, Capítulo I, arts. 48-57 LPHE)

El art. 49 define documento como toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogida en cualquier tipo de soporte material, incluidos los soportes informáticos, e integra el patrimonio documental español los documentos generados por organismos y entidades de carácter público, los documentos con más de cuarenta años de antigüedad generados por entidades y asociaciones de carácter político, sindical o religioso, y los documentos con más de cien años de antigüedad generados por particulares. El art. 50 define el patrimonio bibliográfico como el integrado por las bibliotecas y colecciones bibliográficas de titularidad pública, junto con las obras literarias, históricas, científicas o artísticas de carácter unitario o seriado, en cualquier soporte, de las que no conste la existencia de al menos tres ejemplares en las bibliotecas y colecciones de titularidad pública, o cuyo número se desconozca. El art. 51 crea el Censo de bienes integrantes del Patrimonio Documental y el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico. El art. 57 regula el régimen de consulta: acceso libre, salvo las restricciones derivadas de la legislación sobre secretos oficiales y materias clasificadas, de la seguridad y defensa del Estado, o de la protección de la intimidad, el honor y la propia imagen de las personas, en cuyo caso los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de otra índole que puedan afectar a estos derechos no podrán consultarse sin consentimiento de los afectados o hasta que hayan transcurrido veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida.

Los Archivos, Bibliotecas y Museos (Título VII, Capítulo II, arts. 58-66 LPHE)

El art. 59 LPHE define los Archivos como los conjuntos orgánicos de documentos reunidos por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en el ejercicio de sus actividades, al servicio de su utilización para la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa; las Bibliotecas como las instituciones culturales donde se reúnen, conservan, seleccionan, inventarían, catalogan, clasifican y difunden conjuntos o colecciones de libros, manuscritos y otros materiales bibliográficos, manuscritos o reproducidos por cualquier medio, para la educación, la investigación, la cultura y la información; y los Museos como las instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben, para fines de estudio, educación y contemplación, conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico. El art. 58 crea la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, encargada de calificar los documentos de la Administración del Estado. El art. 60 somete los inmuebles destinados a Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal al régimen de protección previsto para los BIC. El art. 62 garantiza el acceso de todos los ciudadanos a estas instituciones de titularidad estatal, y el art. 66 prevé la existencia de los Sistemas Españoles de Archivos, de Bibliotecas y de Museos, como instrumentos de coordinación de estas instituciones cualquiera que sea su titularidad.

Las medidas de fomento (Título VIII, arts. 67 y siguientes LPHE)

El art. 68 impone la obligación de destinar al menos el 1 por 100 del presupuesto de las obras públicas financiadas total o parcialmente por el Estado a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la creatividad artística, con excepciones para obras de presupuesto reducido o vinculadas a la seguridad del Estado; es la medida conocida habitualmente como "1 por 100 cultural". El art. 69 reconoce exenciones fiscales a favor de los propietarios de BIC como compensación de las cargas que la declaración les impone, incluida la exención en determinados tributos locales de los inmuebles situados en Conjuntos Históricos. El art. 70 establece una deducción del 20 por 100 en la cuota del impuesto sobre la renta por las inversiones realizadas en la adquisición, conservación, reparación, restauración, difusión o exposición de bienes declarados de interés cultural, con el límite del 30 por 100 de la base imponible. El art. 67 prevé además la preferencia en el acceso al crédito oficial para las actuaciones de conservación de los bienes declarados BIC.

El régimen sancionador de la LPHE y la protección penal del patrimonio histórico

El Título IX LPHE tipifica como infracciones administrativas las acciones y omisiones que contravengan sus disposiciones, estableciendo un cuadro de sanciones pecuniarias cuya cuantía se gradúa en función de la gravedad del daño causado al patrimonio y del valor de los bienes afectados, sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar y de la obligación de reparar el daño causado. En el ámbito penal, el Código Penal dedica un capítulo específico, dentro de los delitos relativos a la ordenación del territorio, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, a sancionar a quienes derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental, así como a quienes causen daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, pudiendo imponerse, además de las penas privativas de libertad y de multa, la obligación de reconstruir o reparar el daño causado.

El Patrimonio Cultural Inmaterial: la Ley 10/2015, un régimen distinto al de la LPHE

La Ley 16/1985 no regula de forma específica el patrimonio cultural inmaterial (tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, conocimientos tradicionales y técnicas artesanales), que España protege mediante una norma propia y posterior: la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada para dar cumplimiento a los compromisos asumidos con la ratificación de la Convención UNESCO de 2003. Esta ley crea una figura de protección específica, distinta de los Bienes de Interés Cultural de la LPHE, y establece el procedimiento, los efectos y el régimen de colaboración entre Administraciones para la salvaguardia de estas manifestaciones culturales, completando así el marco normativo español de protección del patrimonio cultural, articulado en dos leyes estatales complementarias: la LPHE, para el patrimonio material y documental-bibliográfico, y la Ley 10/2015, para el patrimonio inmaterial.

El patrimonio arqueológico y el patrimonio etnográfico en la LPHE

Además de los bienes muebles e inmuebles de régimen general y del patrimonio documental y bibliográfico ya examinados, la LPHE dedica títulos específicos al patrimonio arqueológico y al patrimonio etnográfico, con un régimen de protección reforzado por su especial vulnerabilidad. El patrimonio arqueológico comprende los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos, y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental; la ley presume de interés arqueológico determinados hallazgos y, de forma especialmente relevante para la práctica profesional, impone a quien descubra un objeto de esta naturaleza de forma casual la obligación de comunicarlo a la Administración competente, o en su defecto al Ayuntamiento, en el plazo de cuarenta y ocho horas, con el deber añadido de ponerlo a su disposición si se trata de un bien mueble. El patrimonio etnográfico, por su parte, está integrado por los conocimientos y las actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, técnicos, sociales y rituales, así como por los bienes muebles e inmuebles de carácter mueble o inmueble que son valiosos testimonios de esa misma cultura (molinos, hornos tradicionales, utillaje agrícola e industrial preindustrial, arquitectura popular), correspondiendo a la Administración competente la realización de los inventarios necesarios para su identificación y conocimiento.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Art. 1 LPHE: objeto — protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español.
  • Art. 3 LPHE: crea el Consejo del Patrimonio Histórico Español, órgano de cooperación AGE-CCAA.
  • Art. 4 LPHE: define la expoliación como acción u omisión que ponga en peligro los valores de bienes del Patrimonio Histórico.
  • Los Bienes de Interés Cultural (BIC) son la máxima categoría de protección de la ley (art. 9 LPHE).
  • La declaración de BIC se realiza por Real Decreto, previo expediente con informe favorable de institución consultiva; plazo máximo de veinte meses.
  • Art. 10 LPHE: cualquier persona puede solicitar la incoación del expediente de declaración de BIC.
  • Art. 11 LPHE: la incoación aplica provisionalmente el régimen de protección del BIC y obliga a delimitar el entorno en inmuebles.
  • Art. 15 LPHE: cinco categorías de BIC inmuebles — Monumento, Jardín Histórico, Conjunto Histórico, Sitio Histórico y Zona Arqueológica.
  • Art. 20 LPHE: Plan Especial de Protección obligatorio para Conjuntos Históricos, Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas.
  • Art. 26 LPHE: Inventario General de Bienes Muebles, con obligación de comunicar sus transmisiones.
  • Art. 36 LPHE: la Administración puede expropiar por incumplimiento del deber de conservación, peligro de destrucción o uso incompatible con los valores del bien.
  • Art. 38 LPHE: derechos de tanteo (dos meses) y retracto (seis meses si no hubo notificación) a favor de la Administración.
  • Art. 49 LPHE: documento — cualquier expresión en lenguaje natural o convencional, gráfica, sonora o en imagen, en cualquier soporte.
  • Patrimonio documental (art. 49 LPHE): documentos públicos; más de 40 años en entidades político-sindicales-religiosas; más de 100 años en particulares.
  • Art. 50 LPHE: patrimonio bibliográfico — bibliotecas públicas y obras de las que no conste la existencia de al menos tres ejemplares en servicios públicos.
  • Art. 57 LPHE: consulta libre de documentos, con restricción de 25 años tras la muerte del afectado para datos personales sensibles.
  • Art. 59 LPHE: define Archivos, Bibliotecas y Museos como instituciones de conservación, investigación y difusión de sus respectivos fondos.
  • Art. 60 LPHE: los inmuebles de Archivos, Bibliotecas y Museos estatales quedan sometidos al régimen de los BIC.
  • Art. 66 LPHE: Sistemas Españoles de Archivos, de Bibliotecas y de Museos, como cauces de coordinación entre instituciones.
  • Art. 68 LPHE: el "1 por 100 cultural" en las obras públicas financiadas por el Estado.
  • Art. 70 LPHE: deducción del 20 por 100 en el IRPF por inversiones en bienes de interés cultural, con el límite del 30 por 100 de la base imponible.
  • Título IX LPHE: infracciones administrativas con sanciones pecuniarias graduadas según la gravedad del daño, sin perjuicio de responsabilidad civil o penal.
  • El Código Penal tipifica delitos contra el patrimonio histórico (daños a bienes de valor histórico-artístico, yacimientos arqueológicos, derribo de edificios protegidos).
  • La LPHE no regula el patrimonio cultural inmaterial, protegido por la Ley 10/2015, de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (desarrollo de la Convención UNESCO de 2003).
  • El marco español de protección del patrimonio cultural se articula en dos leyes estatales complementarias: LPHE (material y documental-bibliográfico) y Ley 10/2015 (inmaterial).
  • El patrimonio arqueológico abarca bienes muebles e inmuebles estudiables con metodología arqueológica, extraídos o no, en superficie, subsuelo o medio subacuático.
  • Quien descubra casualmente un objeto de carácter arqueológico debe comunicarlo a la Administración competente (o al Ayuntamiento) en el plazo de cuarenta y ocho horas.
  • El patrimonio etnográfico comprende los conocimientos, actividades y bienes materiales que expresan la cultura tradicional del pueblo español.
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¿Mediante qué instrumento jurídico se declara un Bien de Interés Cultural (BIC)?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 17 de Bibliotecario?

Desarrolla la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (LPHE), norma marco que integra en un único cuerpo legal la protección de los bienes muebles e inmuebles, el patrimonio arqueológico y etnográfico, y el patrimonio documental y bibliográfico junto con las instituciones que lo custodian: archivos, bibliotecas y museos. El tema recorre el procedimiento de declaración de Bienes de Interés Cultural (BIC), máxima categoría de protección que contempla la ley, las categorías de bienes inmuebles protegidos y el régimen general de protección de los bienes muebles e inmuebles (exportación, derechos de tanteo y retracto, deber de conservación), desarrolla con detalle el régimen específico del patrimonio documental y bibliográfico y de los archivos, bibliotecas y museos, y cierra con las medidas de fomento con que la ley compensa las cargas que impone a los propietarios de bienes protegidos.

¿Qué hay que memorizar del Tema 17 para el examen?

Art. 1 LPHE: objeto — protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español. Art. 3 LPHE: crea el Consejo del Patrimonio Histórico Español, órgano de cooperación AGE-CCAA. Art. 4 LPHE: define la expoliación como acción u omisión que ponga en peligro los valores de bienes del Patrimonio Histórico. Los Bienes de Interés Cultural (BIC) son la máxima categoría de protección de la ley (art. 9 LPHE). La declaración de BIC se realiza por Real Decreto, previo expediente con informe favorable de institución consultiva; plazo máximo de veinte meses. Art. 10 LPHE: cualquier persona puede solicitar la incoación del expediente de declaración de BIC. Art. 11 LPHE: la incoación aplica provisionalmente el régimen de protección del BIC y obliga a delimitar el entorno en inmuebles. Art. 15 LPHE: cinco categorías de BIC inmuebles — Monumento, Jardín Histórico, Conjunto Histórico, Sitio Histórico y Zona Arqueológica. Art. 20 LPHE: Plan Especial de Protección obligatorio para Conjuntos Históricos, Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas. Art. 26 LPHE: Inventario General de Bienes Muebles, con obligación de comunicar sus transmisiones. Art. 36 LPHE: la Administración puede expropiar por incumplimiento del deber de conservación, peligro de destrucción o uso incompatible con los valores del bien. Art. 38 LPHE: derechos de tanteo (dos meses) y retracto (seis meses si no hubo notificación) a favor de la Administración. Art. 49 LPHE: documento — cualquier expresión en lenguaje natural o convencional, gráfica, sonora o en imagen, en cualquier soporte. Patrimonio documental (art. 49 LPHE): documentos públicos; más de 40 años en entidades político-sindicales-religiosas; más de 100 años en particulares. Art. 50 LPHE: patrimonio bibliográfico — bibliotecas públicas y obras de las que no conste la existencia de al menos tres ejemplares en servicios públicos. Art. 57 LPHE: consulta libre de documentos, con restricción de 25 años tras la muerte del afectado para datos personales sensibles. Art. 59 LPHE: define Archivos, Bibliotecas y Museos como instituciones de conservación, investigación y difusión de sus respectivos fondos. Art. 60 LPHE: los inmuebles de Archivos, Bibliotecas y Museos estatales quedan sometidos al régimen de los BIC. Art. 66 LPHE: Sistemas Españoles de Archivos, de Bibliotecas y de Museos, como cauces de coordinación entre instituciones. Art. 68 LPHE: el "1 por 100 cultural" en las obras públicas financiadas por el Estado. Art. 70 LPHE: deducción del 20 por 100 en el IRPF por inversiones en bienes de interés cultural, con el límite del 30 por 100 de la base imponible. Título IX LPHE: infracciones administrativas con sanciones pecuniarias graduadas según la gravedad del daño, sin perjuicio de responsabilidad civil o penal. El Código Penal tipifica delitos contra el patrimonio histórico (daños a bienes de valor histórico-artístico, yacimientos arqueológicos, derribo de edificios protegidos). La LPHE no regula el patrimonio cultural inmaterial, protegido por la Ley 10/2015, de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (desarrollo de la Convención UNESCO de 2003). El marco español de protección del patrimonio cultural se articula en dos leyes estatales complementarias: LPHE (material y documental-bibliográfico) y Ley 10/2015 (inmaterial). El patrimonio arqueológico abarca bienes muebles e inmuebles estudiables con metodología arqueológica, extraídos o no, en superficie, subsuelo o medio subacuático. Quien descubra casualmente un objeto de carácter arqueológico debe comunicarlo a la Administración competente (o al Ayuntamiento) en el plazo de cuarenta y ocho horas. El patrimonio etnográfico comprende los conocimientos, actividades y bienes materiales que expresan la cultura tradicional del pueblo español.

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Fuentes de este desarrollo

  • Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, arts. 1-4, 9-15, 26, 27, 36, 38, 39-47 (patrimonio arqueológico y etnográfico), 48-51, 57-62, 66, 68 y 70
  • Código Penal, delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente
  • Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial

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