Tema 15. La Ley de Contratos del Sector Público. Concepto y tipos contractuales. Elementos de los contratos. Preparación de contratos. Procedimientos de adjudicación. Efectos, cumplimiento y extinción.
Este cuerpo tiene ámbito estatal (Administración General del Estado, Ministerio de Cultura y Deporte) y comparte proceso selectivo con las especialidades de Archivos y Arqueología: este fichero recoge SOLO la especialidad de Bibliotecas, turno de acceso libre (no cubre promoción interna, que tiene un programa reducido distinto). Se eligió el nivel AGE como referencia, entre los tres niveles administrativos que convocan personal de bibliotecas (AGE, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, tal y como advierte la propia descripción del cuerpo en el catálogo del sitio), por ser el que tiene una convocatoria única, estable y mejor documentada en el BOE — las bibliotecas autonómicas y municipales tienen sus propias convocatorias y programas, distintos entre territorios, que NO están cubiertos por este fichero y quedan pendientes de un desarrollo futuro específico por comunidad autónoma. Los 100 temas están transcritos de forma literal, verificados directamente contra el texto del BOE de la Resolución de 23 de septiembre de 2022 (BOE núm. 237, Anexo II).
Desarrolla la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que traspone al ordenamiento español las Directivas comunitarias 2014/23/UE y 2014/24/UE sobre contratación pública: el concepto de contrato del sector público y los distintos tipos contractuales que regula, los elementos que configuran todo contrato, la fase de preparación del expediente de contratación, los procedimientos a través de los cuales la Administración selecciona a su contratista, y el régimen de efectos, cumplimiento y extinción de los contratos ya adjudicados.
La LCSP tiene por objeto regular la contratación del sector público para garantizar que se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, y una eficiente utilización de los fondos públicos. La ley distingue, dentro de los contratos que celebran las Administraciones Públicas, los contratos típicos u organizativos: de obras, cuyo objeto es la realización de una obra o la ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el anexo correspondiente; de concesión de obras, en el que la contraprestación consiste en el derecho a explotar la obra o en dicho derecho acompañado de un precio; de concesión de servicios, en el que la contraprestación consiste igualmente en el derecho a explotar los servicios objeto del contrato; de suministro, para la compra, arrendamiento o adquisición de productos o bienes muebles; y de servicios, cuyo objeto son prestaciones de hacer distintas de las de obras y de suministro. A ellos se suman los contratos administrativos especiales y los contratos mixtos, que combinan prestaciones de distinto tipo y cuyo régimen jurídico se determina atendiendo a la prestación que resulte característica o de mayor valor económico.
Elementos de los contratos
Todo contrato del sector público exige la concurrencia de un órgano de contratación, que ostenta las facultades para celebrarlo en nombre de la Administración; un contratista, que debe acreditar capacidad de obrar, solvencia económica, financiera y técnica o profesional (o la clasificación exigible en determinados contratos), y no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar tasadas por la ley; un objeto, que ha de ser determinado, lícito y posible; un precio cierto, adecuado al mercado, que se corresponda con el valor estimado del contrato calculado conforme a las reglas legales; y una causa, entendida como la finalidad de interés público que justifica la contratación. Los contratos del sector público se perfeccionan, con carácter general, con su formalización, deben celebrarse por escrito y, en los contratos de las Administraciones Públicas, es preceptiva la constitución de garantías (provisional, en los casos en que se exija, y definitiva) que responden del correcto cumplimiento de las obligaciones del contratista.
Preparación de los contratos
La preparación del contrato se instrumenta mediante el expediente de contratación, que debe justificar la necesidad e idoneidad del contrato para satisfacer los fines de interés público, y en el que se incorporan, entre otros documentos, el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), que regula el régimen jurídico y económico del contrato (garantías, solvencia, criterios de adjudicación, plazo de ejecución, causas de resolución), y el pliego de prescripciones técnicas (PPT), que define las características técnicas de la prestación. El expediente debe determinar también el valor estimado del contrato y el presupuesto base de licitación, con el correspondiente certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente cuando se trate de Administraciones Públicas. La aprobación del expediente por el órgano de contratación da paso a la apertura del procedimiento de adjudicación.
Procedimientos de adjudicación
La LCSP ordena los procedimientos de adjudicación en función del grado de concurrencia y negociación que admiten. El procedimiento abierto, en su modalidad ordinaria y en la simplificada para contratos de menor cuantía, permite presentar proposición a cualquier empresario interesado. El procedimiento restringido limita la presentación de ofertas a los candidatos que, tras una fase de solicitud de participación, sean seleccionados por el órgano de contratación en atención a su solvencia. El procedimiento negociado, con o sin publicidad según el supuesto, permite adjudicar el contrato tras negociar los términos con uno o varios candidatos, y solo procede en los casos tasados que la ley enumera. El diálogo competitivo se reserva para contratos particularmente complejos en los que la Administración no está en condiciones de definir de antemano los medios técnicos o la fórmula jurídica y financiera del contrato, y se desarrolla mediante un diálogo con los candidatos seleccionados. La asociación para la innovación permite establecer una relación de colaboración a medio o largo plazo para el desarrollo de productos, servicios u obras innovadores no existentes en el mercado. A ellos se suma el contrato menor, procedimiento simplificado sin publicidad reservado a contratos de escasa cuantía.
Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos
Perfeccionado y formalizado el contrato, este produce efectos entre las partes desde ese momento, y su ejecución debe ajustarse estrictamente a lo previsto en los pliegos y en el propio contrato. La Administración conserva determinadas prerrogativas propias del contrato administrativo, entre ellas la de modificarlo por razones de interés público, si bien la LCSP limita esta facultad a los supuestos previstos en los pliegos o a las modificaciones no previstas que no alteren las condiciones esenciales de la licitación y no superen los porcentajes legalmente tasados. El contrato puede extinguirse por cumplimiento, mediante la recepción de la prestación y, transcurrido el plazo de garantía sin objeciones, la devolución de las garantías constituidas; o por resolución, ante el acaecimiento de alguna de las causas generales (mutuo acuerdo, incumplimiento culpable, imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos pactados, demora en el cumplimiento de los plazos, muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, o extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista) o de las causas especiales previstas para cada tipo contractual.
El recurso especial en materia de contratación pública (arts. 44-60 LCSP)
Junto a los recursos administrativos ordinarios, la LCSP configura un recurso especial en materia de contratación, de carácter potestativo y sustitutivo de aquellos, que se interpone ante un órgano independiente de resolución (en la Administración General del Estado, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales) en el plazo de quince días hábiles. Cabe interponerlo contra los anuncios de licitación, los pliegos y documentos contractuales, los actos de trámite que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión, y el propio acuerdo de adjudicación, entre otros actos tasados por la ley. Su interposición produce, en determinados supuestos (en particular frente al acuerdo de adjudicación), la suspensión automática del procedimiento de contratación hasta que se resuelva. El recurso solo procede frente a determinados contratos (los sujetos a regulación armonizada y otros tasados por su cuantía o naturaleza), de modo que los contratos de menor entidad quedan sujetos únicamente a los recursos administrativos ordinarios de la LPAC. Contra la resolución del recurso especial solo cabe recurso contencioso-administrativo.
El ámbito subjetivo de la LCSP: sector público, Administraciones Públicas y poderes adjudicadores
La LCSP delimita su ámbito subjetivo distinguiendo tres círculos concéntricos de entidades. El más amplio es el sector público, que comprende la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las universidades públicas, las sociedades mercantiles con participación pública mayoritaria, las fundaciones del sector público y los consorcios, entre otras entidades. Dentro de él, la ley distingue las Administraciones Públicas en sentido estricto, cuyos contratos tienen, cuando recaen sobre determinado objeto, la consideración de contratos administrativos sujetos íntegramente a la LCSP; y el resto de entes del sector público que no tienen la consideración de Administración Pública, que celebran contratos privados sujetos a la LCSP solo en cuanto a su preparación y adjudicación, rigiéndose sus efectos y extinción por el derecho privado. Un tercer concepto, el de poder adjudicador, de origen comunitario, determina qué entidades deben aplicar las reglas armonizadas de publicidad y concurrencia (contratos sujetos a regulación armonizada o SARA) al superar determinados umbrales económicos fijados por la normativa europea.
Los órganos de asistencia y consulta en materia de contratación
Para auxiliar al órgano de contratación, la LCSP prevé la constitución de una Mesa de contratación en los procedimientos abiertos, restringidos y negociados con publicidad de las Administraciones Públicas: órgano colegiado de asistencia técnica al que corresponde la valoración de las ofertas y la propuesta de adjudicación, integrado por un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente (entre ellos un funcionario con funciones de asesoramiento jurídico y otro que ejerza el control económico-presupuestario) y un Secretario. Junto a ella, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado es el órgano consultivo específico en la materia en el ámbito de la Administración General del Estado, con funciones de informe, de coordinación de la política de contratación pública y de resolución de dudas sobre la interpretación de la LCSP, existiendo órganos equivalentes en el ámbito autonómico.
Criterios de adjudicación: la mejor relación calidad-precio y las cláusulas sociales y medioambientales
Una de las novedades más relevantes de la LCSP frente a la legislación anterior es el abandono del criterio único del precio como regla general de adjudicación. El art. 145 LCSP impone que la adjudicación se realice utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, pudiendo incluir aspectos cualitativos, medioambientales, sociales o innovadores vinculados al objeto del contrato, de modo que el precio más bajo solo puede emplearse como criterio único en los supuestos tasados por la ley y previa justificación en el expediente. En esta misma línea, el art. 1 LCSP incorpora entre los fines de la contratación pública la incorporación de forma transversal y preceptiva de criterios sociales y medioambientales, siempre que guarden relación con el objeto del contrato, lo que se traduce en la práctica en la posibilidad de exigir condiciones especiales de ejecución de tipo social (inserción laboral de colectivos vulnerables, igualdad de género, condiciones laborales dignas) o ambiental (reducción de emisiones, economía circular) como cláusulas de obligado cumplimiento para el contratista, cuyo incumplimiento puede constituir causa de resolución del contrato o de imposición de penalidades.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP): traspone las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE.
Principios de la contratación pública: libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia, no discriminación e igualdad de trato, eficiencia en el uso de fondos públicos.
Tipos contractuales típicos: obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios.
La concesión de obras y la concesión de servicios se caracterizan porque la contraprestación consiste en el derecho a explotar la obra o el servicio.
Los contratos mixtos combinan prestaciones de distinto tipo; su régimen se determina por la prestación característica o de mayor valor.
Elementos del contrato: órgano de contratación, contratista (capacidad, solvencia, ausencia de prohibiciones de contratar), objeto, precio cierto y causa de interés público.
Los contratos del sector público deben celebrarse por escrito y se perfeccionan, con carácter general, con su formalización.
Garantías: provisional (cuando se exija) y definitiva, para asegurar el cumplimiento del contratista.
El expediente de contratación debe justificar la necesidad e idoneidad del contrato y determinar su valor estimado y presupuesto base de licitación.
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP): régimen jurídico y económico del contrato.
Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT): características técnicas de la prestación.
Procedimientos de adjudicación: abierto (ordinario y simplificado), restringido, negociado (con o sin publicidad), diálogo competitivo, asociación para la innovación y contrato menor.
El procedimiento negociado solo procede en los supuestos tasados legalmente.
El diálogo competitivo se reserva a contratos particularmente complejos.
La Administración conserva la prerrogativa de modificar el contrato por interés público, dentro de los límites legales.
Causas de extinción: cumplimiento (recepción y devolución de garantías) y resolución (mutuo acuerdo, incumplimiento culpable, demora, muerte o incapacidad del contratista, entre otras).
Recurso especial en materia de contratación (arts. 44-60 LCSP): potestativo, ante órgano independiente (Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en la AGE), plazo de 15 días hábiles.
El recurso especial solo procede frente a determinados contratos (SARA y otros tasados); produce suspensión automática en el caso del acuerdo de adjudicación.
Contra la resolución del recurso especial solo cabe recurso contencioso-administrativo.
Los contratos de las Administraciones Públicas son contratos administrativos; los de otros entes del sector público son contratos privados con preparación y adjudicación sujetas a la LCSP.
Poder adjudicador: concepto de origen comunitario que determina la aplicación del régimen de contratos sujetos a regulación armonizada (SARA).
Mesa de contratación: órgano colegiado de asistencia técnica, obligatoria en procedimientos abiertos, restringidos y negociados con publicidad.
Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado: órgano consultivo de la AGE en materia de contratación pública.
Art. 145 LCSP: la adjudicación se basa, con carácter general, en una pluralidad de criterios según la mejor relación calidad-precio, no solo en el precio.
La LCSP permite incorporar cláusulas sociales y medioambientales vinculadas al objeto del contrato, como condiciones especiales de ejecución de obligado cumplimiento.
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
Conforme al art. 145 LCSP, ¿cómo debe realizarse, con carácter general, la adjudicación de los contratos del sector público?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 15 de Bibliotecario?
Desarrolla la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que traspone al ordenamiento español las Directivas comunitarias 2014/23/UE y 2014/24/UE sobre contratación pública: el concepto de contrato del sector público y los distintos tipos contractuales que regula, los elementos que configuran todo contrato, la fase de preparación del expediente de contratación, los procedimientos a través de los cuales la Administración selecciona a su contratista, y el régimen de efectos, cumplimiento y extinción de los contratos ya adjudicados.
¿Qué hay que memorizar del Tema 15 para el examen?
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP): traspone las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE. Principios de la contratación pública: libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia, no discriminación e igualdad de trato, eficiencia en el uso de fondos públicos. Tipos contractuales típicos: obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios. La concesión de obras y la concesión de servicios se caracterizan porque la contraprestación consiste en el derecho a explotar la obra o el servicio. Los contratos mixtos combinan prestaciones de distinto tipo; su régimen se determina por la prestación característica o de mayor valor. Elementos del contrato: órgano de contratación, contratista (capacidad, solvencia, ausencia de prohibiciones de contratar), objeto, precio cierto y causa de interés público. Los contratos del sector público deben celebrarse por escrito y se perfeccionan, con carácter general, con su formalización. Garantías: provisional (cuando se exija) y definitiva, para asegurar el cumplimiento del contratista. El expediente de contratación debe justificar la necesidad e idoneidad del contrato y determinar su valor estimado y presupuesto base de licitación. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP): régimen jurídico y económico del contrato. Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT): características técnicas de la prestación. Procedimientos de adjudicación: abierto (ordinario y simplificado), restringido, negociado (con o sin publicidad), diálogo competitivo, asociación para la innovación y contrato menor. El procedimiento negociado solo procede en los supuestos tasados legalmente. El diálogo competitivo se reserva a contratos particularmente complejos. La Administración conserva la prerrogativa de modificar el contrato por interés público, dentro de los límites legales. Causas de extinción: cumplimiento (recepción y devolución de garantías) y resolución (mutuo acuerdo, incumplimiento culpable, demora, muerte o incapacidad del contratista, entre otras). Recurso especial en materia de contratación (arts. 44-60 LCSP): potestativo, ante órgano independiente (Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en la AGE), plazo de 15 días hábiles. El recurso especial solo procede frente a determinados contratos (SARA y otros tasados); produce suspensión automática en el caso del acuerdo de adjudicación. Contra la resolución del recurso especial solo cabe recurso contencioso-administrativo. Sector público (LCSP): círculo más amplio — AGE, CCAA, Entidades Locales, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles públicas, fundaciones públicas, consorcios. Los contratos de las Administraciones Públicas son contratos administrativos; los de otros entes del sector público son contratos privados con preparación y adjudicación sujetas a la LCSP. Poder adjudicador: concepto de origen comunitario que determina la aplicación del régimen de contratos sujetos a regulación armonizada (SARA). Mesa de contratación: órgano colegiado de asistencia técnica, obligatoria en procedimientos abiertos, restringidos y negociados con publicidad. Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado: órgano consultivo de la AGE en materia de contratación pública. Art. 145 LCSP: la adjudicación se basa, con carácter general, en una pluralidad de criterios según la mejor relación calidad-precio, no solo en el precio. La LCSP permite incorporar cláusulas sociales y medioambientales vinculadas al objeto del contrato, como condiciones especiales de ejecución de obligado cumplimiento.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2025 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos — BOE-A-2025-26894). El Anexo I de esta convocatoria remite, para el contenido íntegro del programa, al aprobado por la Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría (Ministerio de Cultura y Deporte) — BOE núm. 237, de 3 de octubre de 2022, páginas 135233 a 135250, Anexo II, Sección Bibliotecas (BOE-A-2022-16049) —, que es el texto reproducido en este fichero. (Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, especialidad Bibliotecas, sistema general de acceso libre).
Fuentes de este desarrollo
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en particular arts. 1-3 (ámbito subjetivo), 44-60 (recurso especial) y 145-147 (criterios de adjudicación)
Mientras tanto, practica con tests gratis de Bibliotecario.