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Tema 4. El Poder Judicial. La justicia en la Constitución. El Consejo General del Poder Judicial. La Administración de Justicia. El Ministerio Fiscal.

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, especialidad Bibliotecas, sistema general de acceso libre · Índice oficial del BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2025 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos — BOE-A-2025-26894). El Anexo I de esta convocatoria remite, para el contenido íntegro del programa, al aprobado por la Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría (Ministerio de Cultura y Deporte) — BOE núm. 237, de 3 de octubre de 2022, páginas 135233 a 135250, Anexo II, Sección Bibliotecas (BOE-A-2022-16049) —, que es el texto reproducido en este fichero..

Este cuerpo tiene ámbito estatal (Administración General del Estado, Ministerio de Cultura y Deporte) y comparte proceso selectivo con las especialidades de Archivos y Arqueología: este fichero recoge SOLO la especialidad de Bibliotecas, turno de acceso libre (no cubre promoción interna, que tiene un programa reducido distinto). Se eligió el nivel AGE como referencia, entre los tres niveles administrativos que convocan personal de bibliotecas (AGE, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, tal y como advierte la propia descripción del cuerpo en el catálogo del sitio), por ser el que tiene una convocatoria única, estable y mejor documentada en el BOE — las bibliotecas autonómicas y municipales tienen sus propias convocatorias y programas, distintos entre territorios, que NO están cubiertos por este fichero y quedan pendientes de un desarrollo futuro específico por comunidad autónoma. Los 100 temas están transcritos de forma literal, verificados directamente contra el texto del BOE de la Resolución de 23 de septiembre de 2022 (BOE núm. 237, Anexo II).

Desarrolla el Título VI de la Constitución ("Del Poder Judicial", arts. 117-127), que consagra la exclusividad y unidad de la función jurisdiccional, el órgano de gobierno del Poder Judicial (el Consejo General del Poder Judicial), la organización territorial de la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal como institución con relevancia constitucional propia, aunque no integrada en el Poder Judicial.

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La justicia en la Constitución: principios del art. 117 CE

El art. 117.1 CE proclama que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. El art. 117.3 atribuye en exclusiva el ejercicio de la potestad jurisdiccional (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado) a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, consagrando el principio de unidad jurisdiccional como base de la organización y funcionamiento de los Tribunales (art. 117.5), con la salvedad de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio. El art. 125 reconoce la participación popular en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado y a través de los Tribunales consuetudinarios y tradicionales (como el Tribunal de las Aguas de Valencia).

El Consejo General del Poder Judicial

El art. 122 CE configura al CGPJ como el órgano de gobierno del Poder Judicial, regulado por su Ley Orgánica (LOPJ 6/1985), que determina su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros, así como sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y veinte vocales nombrados por el Rey por un periodo de cinco años: doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales y ocho entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. Todos ellos son elegidos por el Congreso y el Senado, diez por cada Cámara (seis Jueces o Magistrados y cuatro juristas), por mayoría de tres quintos de sus respectivos miembros.

La organización de la Administración de Justicia

La LOPJ estructura los órganos jurisdiccionales en una doble división: por el orden jurisdiccional (civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar) y por el ámbito territorial. En primera instancia actúan los Juzgados de Paz, de Primera Instancia e Instrucción, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Vigilancia Penitenciaria, de Menores y de Violencia sobre la Mujer. En el ámbito provincial se sitúan las Audiencias Provinciales; en el autonómico, los Tribunales Superiores de Justicia (que culminan la organización judicial en el territorio de cada Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo); y con jurisdicción en toda España, la Audiencia Nacional y, en la cúspide, el Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (art. 123 CE).

El Ministerio Fiscal

El art. 124 CE define al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, como la institución encargada de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como de velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. Ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. Su Estatuto Orgánico se regula por ley (Ley 50/1981). El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

La independencia judicial: inamovilidad y garantías del art. 117 CE

El art. 117.1 CE proclama la independencia de Jueces y Magistrados junto con su inamovilidad, su responsabilidad y su sometimiento exclusivo al imperio de la ley, configurando un estatuto reforzado frente a injerencias de los demás poderes del Estado. La inamovilidad judicial implica que los Jueces y Magistrados no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley, desarrolladas por la LOPJ, lo que constituye la garantía institucional básica de la independencia judicial. A esta garantía se suman la exclusividad jurisdiccional (art. 117.3: solo los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes pueden juzgar y hacer ejecutar lo juzgado) y la prohibición de Tribunales de excepción (art. 117.6 CE). El art. 127 CE completa el estatuto con el régimen de incompatibilidades de Jueces, Magistrados y Fiscales en activo: no pueden desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos mientras se hallen en activo.

La responsabilidad de Jueces y Magistrados y el error judicial (art. 121 CE)

Junto a la independencia, el art. 117.1 CE exige a Jueces y Magistrados responder de su actuación en tres planos: la responsabilidad penal, por los delitos cometidos en el ejercicio de la función jurisdiccional; la responsabilidad civil, por los daños y perjuicios causados con dolo, culpa o ignorancia inexcusable; y la responsabilidad disciplinaria, regulada en la LOPJ, que corresponde exigir al CGPJ a través de sus órganos de gobierno. Distinta de la responsabilidad personal del Juez es la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial o por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, que el art. 121 CE reconoce como derecho del perjudicado a una indemnización a cargo del Estado, en los términos que la ley establezca; la vía para reclamarla exige, en el caso del error judicial, una previa declaración judicial expresa de dicho error, salvo regímenes específicos previstos por la ley.

La carrera judicial y el Tribunal del Jurado

La carrera judicial, regulada por la LOPJ, se estructura en tres categorías: Juez, Magistrado y Magistrado del Tribunal Supremo. El ingreso se produce, con carácter general, mediante oposición libre seguida de un curso teórico-práctico selectivo en el Centro de Estudios Jurídicos y la Escuela Judicial, aunque la LOPJ prevé también el acceso a la categoría de Magistrado por concurso entre juristas de reconocida competencia con determinados años de ejercicio profesional. El Tribunal del Jurado, previsto en el art. 125 CE y desarrollado por la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado, materializa la participación popular en la Administración de Justicia: está compuesto por nueve jurados legos en Derecho, presididos por un Magistrado profesional que dirige el proceso y dicta la sentencia conforme al veredicto del Jurado, y su competencia se limita a determinados delitos tasados por la ley (entre otros, el homicidio o el allanamiento de morada), quedando excluidos los delitos técnicamente más complejos.

Publicidad, oralidad y motivación de las actuaciones judiciales (art. 120 CE)

El art. 120 CE establece tres principios procesales de rango constitucional. La publicidad de las actuaciones judiciales (art. 120.1), con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento, garantiza el control social de la Administración de Justicia y constituye, a la vez, una garantía para el justiciable; puede limitarse por razones de orden público, protección de menores o de la intimidad de las partes. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal (art. 120.2), lo que facilita la inmediación del juzgador con la prueba. Y las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública (art. 120.3), exigencia que conecta con el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, pues una resolución judicial inmotivada o con motivación arbitraria o manifiestamente irrazonable puede vulnerar este derecho fundamental.

La Policía Judicial (art. 126 CE)

El art. 126 CE dispone que la Policía Judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca. Esta dependencia funcional, desarrollada por la LOPJ y por la legislación procesal penal, no implica una dependencia orgánica: los miembros de las unidades de Policía Judicial, integrados principalmente por efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, siguen perteneciendo orgánicamente a sus respectivos cuerpos, pero actúan bajo la dirección de la autoridad judicial o fiscal cuando desempeñan funciones de investigación criminal. Esta dualidad entre dependencia orgánica y dependencia funcional es un rasgo característico del modelo español de Policía Judicial.

La gratuidad de la Justicia y el derecho a la asistencia jurídica gratuita (art. 119 CE)

El art. 119 CE dispone que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Este mandato se desarrolla mediante la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, que reconoce el derecho a la asistencia de abogado y procurador de oficio, a la exención del pago de tasas judiciales y de depósitos para recurrir, y a la asistencia pericial gratuita, entre otros beneficios, a las personas físicas que no superen determinados umbrales de renta referidos al salario mínimo interprofesional, así como, sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos, a ciertos colectivos legalmente determinados (víctimas de violencia de género, de terrorismo o de trata de seres humanos, entre otros). La gestión del reconocimiento del derecho corresponde a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, mientras que la prestación efectiva del servicio de asistencia letrada se organiza a través de los turnos de oficio de los Colegios de Abogados.

Los Letrados de la Administración de Justicia y los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia

La reforma de la oficina judicial llevada a cabo por la Ley Orgánica 19/2003 y, posteriormente, la Ley 13/2009, de implantación de la nueva oficina judicial, transformaron el antiguo Cuerpo de Secretarios Judiciales en el actual Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, que ejercen la función de impulso procesal, dan fe pública judicial y ostentan la dirección del personal integrado en las Unidades Procesales de Apoyo Directo y en los Servicios Comunes Procesales. Junto a ellos, prestan servicio en la Administración de Justicia los cuerpos generales (Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, Auxilio Judicial) y los cuerpos especiales (Médicos Forenses, Facultativos y Técnicos del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses, entre otros), cuyo régimen estatutario se recoge en el Libro VI de la LOPJ. Las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia asumen la gestión de los medios materiales y del personal no judicial de estos cuerpos en su territorio, mientras que el Ministerio de Justicia la retiene en las Comunidades sin transferencia.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Título VI CE (Poder Judicial): arts. 117 a 127.
  • Art. 117.1: la justicia emana del pueblo y se administra por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos al imperio de la ley.
  • Art. 117.3: la potestad jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado corresponde en exclusiva a los Juzgados y Tribunales.
  • Art. 117.5: principio de unidad jurisdiccional, base de la organización y funcionamiento de los Tribunales.
  • La jurisdicción militar se limita al ámbito estrictamente castrense y a los supuestos de estado de sitio.
  • Art. 125 CE: participación ciudadana mediante el Jurado y los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.
  • Art. 122 CE: el CGPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial, regulado por la LOPJ (LO 6/1985).
  • El CGPJ está formado por el Presidente del Tribunal Supremo (que lo preside) y 20 vocales.
  • De los 20 vocales: 12 son Jueces o Magistrados de todas las categorías judiciales, 8 son juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio.
  • Los 20 vocales del CGPJ los elige el Congreso y el Senado, 10 cada Cámara (6 Jueces/Magistrados y 4 juristas por Cámara), por mayoría de 3/5, y son nombrados por el Rey por 5 años.
  • Órganos jurisdiccionales en primera instancia: Juzgados de Paz, de Primera Instancia e Instrucción, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Vigilancia Penitenciaria, de Menores y de Violencia sobre la Mujer.
  • Las Audiencias Provinciales tienen ámbito provincial.
  • Los Tribunales Superiores de Justicia culminan la organización judicial en el territorio de cada Comunidad Autónoma.
  • La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo tienen jurisdicción en toda España.
  • Art. 123 CE: el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en materia de garantías constitucionales (competencia del TC).
  • Art. 124 CE: el Ministerio Fiscal promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público.
  • El Ministerio Fiscal actúa conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, con sujeción a legalidad e imparcialidad.
  • Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: Ley 50/1981.
  • El Fiscal General del Estado lo nombra el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ.
  • Art. 117.1 CE: Jueces y Magistrados son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley; la inamovilidad impide su separación, suspensión, traslado o jubilación salvo por las causas legales.
  • Art. 127 CE: Jueces, Magistrados y Fiscales en activo no pueden pertenecer a partidos políticos ni sindicatos, ni desempeñar otros cargos públicos.
  • Art. 121 CE: los daños causados por error judicial o por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia dan derecho a una indemnización a cargo del Estado.
  • El Tribunal del Jurado (art. 125 CE, LO 5/1995) está compuesto por 9 jurados legos, presididos por un Magistrado profesional, y conoce de delitos tasados por la ley.
  • Art. 126 CE: la Policía Judicial depende funcionalmente de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal en la investigación criminal, sin perder su dependencia orgánica de sus respectivos cuerpos.
  • Art. 119 CE: la justicia es gratuita cuando lo disponga la ley y, en todo caso, para quienes acrediten insuficiencia de recursos (desarrollado por la Ley 1/1996).
  • Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita reconocen el derecho; los turnos de oficio de los Colegios de Abogados prestan el servicio.
  • La Ley 13/2009 implantó la nueva oficina judicial y transformó a los Secretarios Judiciales en el actual Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
  • Los Letrados de la Administración de Justicia ejercen el impulso procesal y dan fe pública judicial.
  • El régimen estatutario de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia se recoge en el Libro VI de la LOPJ.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

El derecho a una indemnización a cargo del Estado por error judicial o funcionamiento anormal de la Administración de Justicia se reconoce en:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 4 de Bibliotecario?

Desarrolla el Título VI de la Constitución ("Del Poder Judicial", arts. 117-127), que consagra la exclusividad y unidad de la función jurisdiccional, el órgano de gobierno del Poder Judicial (el Consejo General del Poder Judicial), la organización territorial de la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal como institución con relevancia constitucional propia, aunque no integrada en el Poder Judicial.

¿Qué hay que memorizar del Tema 4 para el examen?

Título VI CE (Poder Judicial): arts. 117 a 127. Art. 117.1: la justicia emana del pueblo y se administra por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos al imperio de la ley. Art. 117.3: la potestad jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado corresponde en exclusiva a los Juzgados y Tribunales. Art. 117.5: principio de unidad jurisdiccional, base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La jurisdicción militar se limita al ámbito estrictamente castrense y a los supuestos de estado de sitio. Art. 125 CE: participación ciudadana mediante el Jurado y los Tribunales consuetudinarios y tradicionales. Art. 122 CE: el CGPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial, regulado por la LOPJ (LO 6/1985). El CGPJ está formado por el Presidente del Tribunal Supremo (que lo preside) y 20 vocales. De los 20 vocales: 12 son Jueces o Magistrados de todas las categorías judiciales, 8 son juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio. Los 20 vocales del CGPJ los elige el Congreso y el Senado, 10 cada Cámara (6 Jueces/Magistrados y 4 juristas por Cámara), por mayoría de 3/5, y son nombrados por el Rey por 5 años. Órganos jurisdiccionales en primera instancia: Juzgados de Paz, de Primera Instancia e Instrucción, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Vigilancia Penitenciaria, de Menores y de Violencia sobre la Mujer. Las Audiencias Provinciales tienen ámbito provincial. Los Tribunales Superiores de Justicia culminan la organización judicial en el territorio de cada Comunidad Autónoma. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo tienen jurisdicción en toda España. Art. 123 CE: el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en materia de garantías constitucionales (competencia del TC). Art. 124 CE: el Ministerio Fiscal promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público. El Ministerio Fiscal actúa conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, con sujeción a legalidad e imparcialidad. Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: Ley 50/1981. El Fiscal General del Estado lo nombra el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ. Art. 117.1 CE: Jueces y Magistrados son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley; la inamovilidad impide su separación, suspensión, traslado o jubilación salvo por las causas legales. Art. 127 CE: Jueces, Magistrados y Fiscales en activo no pueden pertenecer a partidos políticos ni sindicatos, ni desempeñar otros cargos públicos. Art. 121 CE: los daños causados por error judicial o por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia dan derecho a una indemnización a cargo del Estado. El Tribunal del Jurado (art. 125 CE, LO 5/1995) está compuesto por 9 jurados legos, presididos por un Magistrado profesional, y conoce de delitos tasados por la ley. Art. 126 CE: la Policía Judicial depende funcionalmente de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal en la investigación criminal, sin perder su dependencia orgánica de sus respectivos cuerpos. Art. 119 CE: la justicia es gratuita cuando lo disponga la ley y, en todo caso, para quienes acrediten insuficiencia de recursos (desarrollado por la Ley 1/1996). Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita reconocen el derecho; los turnos de oficio de los Colegios de Abogados prestan el servicio. La Ley 13/2009 implantó la nueva oficina judicial y transformó a los Secretarios Judiciales en el actual Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. Los Letrados de la Administración de Justicia ejercen el impulso procesal y dan fe pública judicial. El régimen estatutario de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia se recoge en el Libro VI de la LOPJ.

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Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978, Título VI (arts. 117-127)
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
  • Ley 50/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal

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