Este cuerpo tiene ámbito estatal (Administración General del Estado, Ministerio de Cultura y Deporte) y comparte proceso selectivo con las especialidades de Archivos y Arqueología: este fichero recoge SOLO la especialidad de Bibliotecas, turno de acceso libre (no cubre promoción interna, que tiene un programa reducido distinto). Se eligió el nivel AGE como referencia, entre los tres niveles administrativos que convocan personal de bibliotecas (AGE, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, tal y como advierte la propia descripción del cuerpo en el catálogo del sitio), por ser el que tiene una convocatoria única, estable y mejor documentada en el BOE — las bibliotecas autonómicas y municipales tienen sus propias convocatorias y programas, distintos entre territorios, que NO están cubiertos por este fichero y quedan pendientes de un desarrollo futuro específico por comunidad autónoma. Los 100 temas están transcritos de forma literal, verificados directamente contra el texto del BOE de la Resolución de 23 de septiembre de 2022 (BOE núm. 237, Anexo II).
Completa el tema anterior situando la protección del Patrimonio Histórico español en el marco de los principales convenios y tratados internacionales suscritos, en su mayoría, bajo los auspicios de la UNESCO: desde la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado hasta la lucha contra el tráfico ilícito, la declaración del Patrimonio Mundial y las convenciones más recientes sobre patrimonio subacuático, inmaterial y diversidad de las expresiones culturales, cerrando con los instrumentos propios de la Unión Europea sobre circulación y retorno de bienes culturales.
El marco general de la protección internacional del patrimonio cultural
El patrimonio cultural trasciende con frecuencia las fronteras nacionales, ya sea por el riesgo que corre en los conflictos armados, por el movimiento internacional lícito e ilícito de bienes culturales, o por el valor universal que se reconoce a determinados bienes. Por ello, el derecho internacional ha desarrollado, principalmente bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), un conjunto de convenciones que complementan y sirven de referencia a la legislación interna de cada Estado, entre ellas la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español. España es Estado parte de la práctica totalidad de estas convenciones, e incorpora sus obligaciones al ordenamiento interno mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado tras la correspondiente ratificación, adquiriendo así valor de derecho interno conforme al art. 96.1 de la Constitución.
La Convención de La Haya de 1954 y sus Protocolos: protección en caso de conflicto armado
Adoptada en La Haya el 14 de mayo de 1954, en el marco de la UNESCO, tras la destrucción de patrimonio cultural sufrida durante la Segunda Guerra Mundial, es el primer tratado internacional de vocación universal dedicado exclusivamente a la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Obliga a los Estados parte a respetar los bienes culturales situados tanto en su propio territorio como en el de las demás partes contratantes, absteniéndose de utilizarlos, o de utilizar su entorno inmediato, con fines que puedan exponerlos a destrucción o deterioro en caso de conflicto armado, y crea el emblema distintivo del "Escudo Azul" para identificar los bienes protegidos. Fue completada por un Primer Protocolo, adoptado el mismo año 1954, relativo a la protección de los bienes culturales muebles frente a la exportación desde territorios ocupados y a su restitución al término de las hostilidades, y por un Segundo Protocolo, adoptado también en La Haya en 1999, que refuerza el régimen general de protección e incorpora la categoría de "protección reforzada" para los bienes culturales de la mayor importancia para la humanidad. España es parte de la Convención y de sus dos Protocolos.
La Convención de la UNESCO de 1970 sobre tráfico ilícito de bienes culturales y el Convenio de UNIDROIT de 1995
La Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales fue adoptada en París el 14 de noviembre de 1970. Obliga a los Estados parte a establecer certificados de exportación, inventarios y medidas de control del comercio de antigüedades, a prever sanciones frente al tráfico ilícito y a cooperar en la recuperación y restitución de los bienes culturales robados o exportados ilícitamente. Al tratarse de un instrumento de derecho público, con eficacia limitada frente a la posición de los adquirentes de buena fe en el comercio internacional, fue complementada por el Convenio de UNIDROIT sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente, adoptado en Roma en 1995, que armoniza en derecho privado la restitución de los bienes robados y el retorno de los exportados ilícitamente, regula la compensación al poseedor de buena fe que deba restituir el bien, y establece plazos para el ejercicio de las acciones de restitución y retorno.
La Convención de la UNESCO de 1972 sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural
Adoptada en París el 16 de noviembre de 1972, es el instrumento internacional de mayor proyección pública en la protección del patrimonio. Crea la Lista del Patrimonio Mundial, en la que se inscriben los bienes culturales y naturales de "valor universal excepcional"; el Comité del Patrimonio Mundial, órgano intergubernamental encargado de la gestión de la Lista y de la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro; y el Fondo del Patrimonio Mundial, destinado a apoyar la conservación de los bienes inscritos, en particular en los países con menos recursos. España es Estado parte de la Convención desde los años setenta y cuenta con un número elevado de bienes inscritos, entre culturales, naturales y mixtos, situándose entre los países con mayor representación en la Lista.
Las convenciones UNESCO más recientes: 2001, 2003 y 2005
El catálogo de convenciones UNESCO se ha ampliado en las últimas décadas con tres instrumentos de nueva generación, de los que España también es parte. La Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, adoptada en París en 2001, establece como principio general que la preservación in situ de los bienes culturales sumergidos debe considerarse la primera opción antes de autorizar cualquier intervención sobre pecios y yacimientos, y prohíbe su explotación comercial. La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, adoptada en París en 2003, extiende la protección internacional a las tradiciones y expresiones orales, las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales y actos festivos, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, y las técnicas artesanales tradicionales, creando la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia, y el Fondo para el Patrimonio Cultural Inmaterial. La Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, adoptada en París en 2005, reconoce el derecho soberano de los Estados a mantener, adoptar y aplicar políticas de protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales en su territorio, en particular frente a los efectos de la globalización sobre las industrias culturales.
El marco de la Unión Europea: circulación y retorno de bienes culturales
La Unión Europea ha desarrollado un régimen propio, complementario del internacional, para conciliar la libre circulación de mercancías en el mercado interior con la protección de los bienes culturales de los Estados miembros. El Reglamento (CE) nº 116/2009 del Consejo, relativo a la exportación de bienes culturales, establece un régimen común de autorización para la salida de determinados bienes culturales fuera del territorio aduanero de la Unión, y ha sido complementado por el Reglamento (UE) 2019/880, sobre la introducción y la importación de bienes culturales, que refuerza los controles frente al tráfico ilícito procedente de terceros países. En el plano de las relaciones entre Estados miembros, la Directiva 2014/60/UE, que recasta la anterior Directiva 93/7/CEE, regula la restitución de los bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro, estableciendo un cauce de cooperación administrativa entre las autoridades nacionales y un procedimiento judicial de retorno ante los tribunales del Estado miembro requerido.
Incorporación al ordenamiento español
Conforme al art. 96.1 de la Constitución, los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno, por lo que las convenciones descritas se integran directamente en el sistema de fuentes español desde su publicación en el BOE, sin necesidad de una norma interna adicional de transposición, a diferencia de las directivas de la Unión Europea, que sí la exigen. Estos instrumentos internacionales conviven con la legislación interna en la materia, en particular con la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, y con las leyes de las Comunidades Autónomas sobre patrimonio cultural, a las que sirven de marco de referencia y, en aspectos como el régimen de exportación de bienes culturales o la cooperación frente al tráfico ilícito, de complemento de aplicación directa.
La Ley 10/2015 como transposición española de la Convención UNESCO de 2003
La Convención UNESCO de 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, de la que España es parte, obliga a los Estados a adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio inmaterial presente en su territorio, incluida su identificación mediante inventarios. España dio cumplimiento a esta obligación mediante una norma interna propia y separada de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español: la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que articula el procedimiento de declaración, el régimen de colaboración entre Administraciones y la elaboración de inventarios. Constituye, dentro de este temario, el ejemplo más claro de cómo un instrumento internacional ratificado por España genera una norma interna de desarrollo específica, distinta de la legislación general de patrimonio histórico.
La cooperación policial internacional contra el tráfico ilícito de bienes culturales
Junto a los instrumentos convencionales, la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales se apoya en mecanismos de cooperación operativa. La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) mantiene una base de datos de obras de arte robadas, accesible a los cuerpos policiales de los países miembros, que facilita la identificación y recuperación de bienes culturales sustraídos en el tráfico internacional. En España, la Guardia Civil cuenta con unidades especializadas en la investigación de delitos contra el patrimonio histórico, que colaboran con organismos internacionales como INTERPOL y con el Consejo Internacional de Museos (ICOM), institución no gubernamental que elabora y difunde las denominadas Listas Rojas de bienes culturales en peligro por país o región, concebidas como herramienta de alerta para el mercado del arte, las aduanas y los cuerpos policiales.
Los órganos de gobernanza creados por los tratados: el Comité para la Protección de los Bienes Culturales y el Comité del Patrimonio Mundial
Varios de los instrumentos internacionales examinados en este tema no se limitan a fijar obligaciones sustantivas, sino que crean sus propios órganos intergubernamentales de seguimiento y gestión, reforzando su eficacia práctica. El Segundo Protocolo de La Haya de 1999 crea el Comité para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, órgano intergubernamental integrado por representantes de los Estados parte, encargado de conceder la "protección reforzada" a los bienes culturales de mayor importancia para la humanidad, de supervisar la aplicación del Protocolo y de administrar el Fondo para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado. De forma paralela, la Convención de 1972 confía al Comité del Patrimonio Mundial, ya mencionado, la decisión sobre la inclusión de los bienes propuestos por los Estados en la Lista del Patrimonio Mundial y en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, así como la asignación de la ayuda internacional con cargo al Fondo del Patrimonio Mundial. Esta arquitectura institucional, común a buena parte de las convenciones UNESCO más recientes (también la de 2003 sobre patrimonio inmaterial prevé un Comité Intergubernamental propio), permite una supervisión continuada de los compromisos asumidos por los Estados parte, más allá de la mera ratificación inicial del tratado.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 96.1 CE: los tratados internacionales publicados en el BOE forman parte del ordenamiento interno español.
Convención de La Haya (14 de mayo de 1954): protección de bienes culturales en caso de conflicto armado; crea el emblema del Escudo Azul.
Primer Protocolo de La Haya (1954): exportación y restitución de bienes culturales muebles desde territorios ocupados.
Segundo Protocolo de La Haya (1999): crea la categoría de "protección reforzada" para bienes de mayor importancia para la humanidad.
Convención UNESCO de 1970 (París): certificados de exportación, inventarios y cooperación internacional contra el tráfico ilícito de bienes culturales.
Convenio de UNIDROIT (Roma, 1995): complementa en derecho privado la Convención de 1970 — restitución de bienes robados y retorno de bienes exportados ilícitamente.
Convención UNESCO de 1972 (París, Patrimonio Mundial): crea la Lista del Patrimonio Mundial, el Comité del Patrimonio Mundial y el Fondo del Patrimonio Mundial.
España es Estado parte de la Convención de 1972 y cuenta con un número elevado de bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial.
Convención UNESCO de 2001 (Patrimonio Cultural Subacuático): preservación in situ como primera opción; prohíbe la explotación comercial.
Convención UNESCO de 2003 (Patrimonio Cultural Inmaterial): crea la Lista Representativa y la Lista de salvaguardia urgente.
Convención UNESCO de 2005 (Diversidad de las Expresiones Culturales): reconoce el derecho soberano de los Estados a proteger la diversidad cultural.
Reglamento (CE) 116/2009: régimen común de autorización de exportación de bienes culturales fuera de la UE.
Reglamento (UE) 2019/880: controles a la introducción e importación de bienes culturales procedentes de terceros países.
Directiva 2014/60/UE (recasta la Directiva 93/7/CEE): restitución de bienes culturales entre Estados miembros de la UE.
Estas convenciones internacionales sirven de marco de referencia a la Ley 16/1985 y a las leyes autonómicas de patrimonio cultural.
España transpuso la Convención UNESCO de 2003 mediante la Ley 10/2015, de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, separada de la LPHE.
INTERPOL mantiene una base de datos de obras de arte robadas para apoyar la cooperación policial internacional.
En España, la Guardia Civil cuenta con unidades especializadas en delitos contra el patrimonio histórico.
ICOM elabora las Listas Rojas de bienes culturales en peligro, como herramienta de alerta para el mercado del arte y las aduanas.
El Segundo Protocolo de La Haya (1999) crea el Comité para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, que concede la "protección reforzada" y administra el Fondo correspondiente.
El Comité del Patrimonio Mundial decide la inclusión de bienes en la Lista del Patrimonio Mundial y en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, y asigna la ayuda del Fondo del Patrimonio Mundial.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Mediante qué ley interna cumplió España sus obligaciones derivadas de la Convención UNESCO de 2003 sobre patrimonio cultural inmaterial?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 18 de Bibliotecario?
Completa el tema anterior situando la protección del Patrimonio Histórico español en el marco de los principales convenios y tratados internacionales suscritos, en su mayoría, bajo los auspicios de la UNESCO: desde la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado hasta la lucha contra el tráfico ilícito, la declaración del Patrimonio Mundial y las convenciones más recientes sobre patrimonio subacuático, inmaterial y diversidad de las expresiones culturales, cerrando con los instrumentos propios de la Unión Europea sobre circulación y retorno de bienes culturales.
¿Qué hay que memorizar del Tema 18 para el examen?
Art. 96.1 CE: los tratados internacionales publicados en el BOE forman parte del ordenamiento interno español. Convención de La Haya (14 de mayo de 1954): protección de bienes culturales en caso de conflicto armado; crea el emblema del Escudo Azul. Primer Protocolo de La Haya (1954): exportación y restitución de bienes culturales muebles desde territorios ocupados. Segundo Protocolo de La Haya (1999): crea la categoría de "protección reforzada" para bienes de mayor importancia para la humanidad. Convención UNESCO de 1970 (París): certificados de exportación, inventarios y cooperación internacional contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Convenio de UNIDROIT (Roma, 1995): complementa en derecho privado la Convención de 1970 — restitución de bienes robados y retorno de bienes exportados ilícitamente. Convención UNESCO de 1972 (París, Patrimonio Mundial): crea la Lista del Patrimonio Mundial, el Comité del Patrimonio Mundial y el Fondo del Patrimonio Mundial. España es Estado parte de la Convención de 1972 y cuenta con un número elevado de bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. Convención UNESCO de 2001 (Patrimonio Cultural Subacuático): preservación in situ como primera opción; prohíbe la explotación comercial. Convención UNESCO de 2003 (Patrimonio Cultural Inmaterial): crea la Lista Representativa y la Lista de salvaguardia urgente. Convención UNESCO de 2005 (Diversidad de las Expresiones Culturales): reconoce el derecho soberano de los Estados a proteger la diversidad cultural. Reglamento (CE) 116/2009: régimen común de autorización de exportación de bienes culturales fuera de la UE. Reglamento (UE) 2019/880: controles a la introducción e importación de bienes culturales procedentes de terceros países. Directiva 2014/60/UE (recasta la Directiva 93/7/CEE): restitución de bienes culturales entre Estados miembros de la UE. Estas convenciones internacionales sirven de marco de referencia a la Ley 16/1985 y a las leyes autonómicas de patrimonio cultural. España transpuso la Convención UNESCO de 2003 mediante la Ley 10/2015, de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, separada de la LPHE. INTERPOL mantiene una base de datos de obras de arte robadas para apoyar la cooperación policial internacional. En España, la Guardia Civil cuenta con unidades especializadas en delitos contra el patrimonio histórico. ICOM elabora las Listas Rojas de bienes culturales en peligro, como herramienta de alerta para el mercado del arte y las aduanas. El Segundo Protocolo de La Haya (1999) crea el Comité para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, que concede la "protección reforzada" y administra el Fondo correspondiente. El Comité del Patrimonio Mundial decide la inclusión de bienes en la Lista del Patrimonio Mundial y en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, y asigna la ayuda del Fondo del Patrimonio Mundial.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2025 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos — BOE-A-2025-26894). El Anexo I de esta convocatoria remite, para el contenido íntegro del programa, al aprobado por la Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría (Ministerio de Cultura y Deporte) — BOE núm. 237, de 3 de octubre de 2022, páginas 135233 a 135250, Anexo II, Sección Bibliotecas (BOE-A-2022-16049) —, que es el texto reproducido en este fichero. (Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, especialidad Bibliotecas, sistema general de acceso libre).
Fuentes de este desarrollo
Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y sus Protocolos (1954 y 1999)
Convención de la UNESCO de 1970 sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales
Convenio de UNIDROIT sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente (Roma, 1995)
Convención de la UNESCO de 1972 sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural
Convención de la UNESCO de 2001 sobre la protección del patrimonio cultural subacuático
Convención de la UNESCO de 2003 para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial
Convención de la UNESCO de 2005 sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales
Reglamento (CE) nº 116/2009 y Reglamento (UE) 2019/880; Directiva 2014/60/UE
Constitución Española de 1978, art. 96.1
Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (transposición de la Convención UNESCO de 2003)
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