Tema 14. Los presupuestos de las Administraciones Públicas en España. Los Presupuestos Generales del Estado y el ciclo presupuestario. Principales capítulos presupuestarios. La ejecución presupuestaria. Modificaciones presupuestarias. El control del gasto público en España: Fases y órganos competentes. La Intervención General de la Administración del Estado.
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Desarrolla el régimen presupuestario de las Administraciones Públicas españolas a partir de la Ley 47/2003, General Presupuestaria (LGP): el marco constitucional y los principios que rigen los Presupuestos Generales del Estado, la estructura y clasificación del presupuesto por capítulos, las fases del ciclo presupuestario desde su elaboración hasta su liquidación, el régimen de ejecución y de modificaciones presupuestarias, y cierra con el sistema de control del gasto público, distinguiendo el control interno que ejerce la Intervención General de la Administración del Estado del control externo que corresponde al Tribunal de Cuentas y a las Cortes Generales.
El art. 134 CE atribuye al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. Los Presupuestos tienen carácter anual (art. 134.2 CE) e incluyen la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal; si la Ley de Presupuestos no se aprueba antes del primer día del ejercicio, se consideran automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos (art. 134.4 CE). El art. 134.7 CE dispone que la Ley de Presupuestos no puede crear tributos, aunque sí modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva lo prevea. A estos principios constitucionales se suman los principios presupuestarios clásicos que recoge la Ley 47/2003, General Presupuestaria (LGP): unidad, universalidad, especialidad (cualitativa, cuantitativa y temporal de los créditos) y estabilidad presupuestaria, este último reforzado por la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Estructura y clasificación de los Presupuestos Generales del Estado
La LGP articula los créditos del presupuesto de gastos mediante un sistema de clasificaciones que se aplican de forma simultánea: la clasificación orgánica, que ordena los créditos según el órgano o entidad gestora del gasto (Ministerios, organismos autónomos, entidades del sector público estatal); la clasificación por programas, que agrupa los créditos según los objetivos que se persiguen con el gasto; y la clasificación económica, que ordena los créditos según su naturaleza económica en capítulos, artículos y conceptos. El presupuesto de ingresos se estructura, de forma paralela, en una clasificación orgánica y otra económica.
Los capítulos presupuestarios
La clasificación económica agrupa los créditos de gasto en nueve capítulos: capítulo 1, gastos de personal; capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios; capítulo 3, gastos financieros; capítulo 4, transferencias corrientes; capítulo 5, fondo de contingencia y otros imprevistos; capítulo 6, inversiones reales; capítulo 7, transferencias de capital; capítulo 8, activos financieros; y capítulo 9, pasivos financieros. Los capítulos 1 a 5 integran las operaciones corrientes, los capítulos 6 y 7 las operaciones de capital, y los capítulos 8 y 9 las operaciones financieras. Los ingresos se clasifican de forma equivalente en capítulos que van desde los impuestos directos e indirectos hasta los pasivos financieros, pasando por tasas y otros ingresos, transferencias corrientes, ingresos patrimoniales, enajenación de inversiones reales, transferencias de capital y activos financieros.
El ciclo presupuestario: elaboración y aprobación
El ciclo presupuestario se inicia con la elaboración: el Ministerio de Hacienda fija los criterios de elaboración y el techo de gasto no financiero del Estado, dentro del marco de los escenarios presupuestarios plurianuales, y a partir de ellos los distintos centros gestores formulan sus anteproyectos de presupuesto, que se integran en el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado aprobado por el Consejo de Ministros. El art. 134.3 CE obliga al Gobierno a presentar el proyecto ante el Congreso de los Diputados al menos tres meses antes de la expiración de los presupuestos del año anterior. Las Cortes Generales tramitan el proyecto como ley ordinaria, con las especialidades del procedimiento presupuestario (limitación de las enmiendas que impliquen aumento de créditos o disminución de ingresos a las que cuenten con la conformidad del Gobierno, ex art. 134.6 CE), y su aprobación culmina con la publicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Ejecución presupuestaria
La ejecución del presupuesto de gastos se desarrolla a través de una secuencia de fases contables sucesivas: la autorización del gasto (fase A), acto por el que el órgano competente reserva parte de un crédito para un gasto determinado; la disposición o compromiso (fase D), acto que vincula la realización de un gasto concreto tras el cumplimiento de los trámites exigidos; el reconocimiento de la obligación (fase O), que declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública derivado de un gasto aprobado y comprometido; y la ordenación y realización del pago (fase P), que extingue la obligación. En la práctica administrativa es habitual acumular varias de estas fases en un solo acto, por ejemplo la autorización-disposición, o el reconocimiento de la obligación con la propuesta de pago.
Modificaciones presupuestarias
El principio de especialidad cuantitativa impide, como regla general, gastar por encima del crédito presupuestado, pero la propia LGP prevé en su Capítulo IV mecanismos para adaptar el presupuesto aprobado a necesidades sobrevenidas durante el ejercicio: los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, para atender obligaciones cuando no exista crédito o el existente sea insuficiente y no ampliable, y cuya cuantía no pueda demorarse al ejercicio siguiente, que requieren la aprobación de una ley cuando afectan a créditos del Estado; las ampliaciones de crédito, referidas a conceptos expresamente habilitados como ampliables por la propia Ley de Presupuestos; las transferencias de crédito, que trasladan dotación entre distintas aplicaciones presupuestarias con las limitaciones legalmente previstas; y las generaciones e incorporaciones de crédito, que permiten respectivamente aumentar el presupuesto con determinados ingresos no previstos inicialmente o trasladar a un ejercicio posterior créditos no comprometidos del anterior.
El control del gasto público: control interno y externo
El Título VI LGP (arts. 140 a 175) regula el control interno de la actividad económico-financiera del sector público estatal, atribuido a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), órgano dependiente del Ministerio de Hacienda que ejerce sus funciones con plena autonomía respecto de los órganos y entidades controlados. La IGAE despliega su control interno a través de tres modalidades: la función interventora, que fiscaliza con carácter previo los actos que dan lugar al reconocimiento de derechos u obligaciones de contenido económico; el control financiero permanente, que verifica de forma continuada el funcionamiento de los órganos y entidades del sector público estatal; y la auditoría pública, que comprueba a posteriori, mediante técnicas de revisión, la actividad económico-financiera. A este control interno se añade el control externo, ejercido por el Tribunal de Cuentas (art. 136 CE) como supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, y el control parlamentario que las Cortes Generales despliegan tanto en la aprobación de la Ley de Presupuestos como en el examen de la Cuenta General del Estado.
La Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)
La LOEPSF desarrolla en España el principio de estabilidad presupuestaria del art. 135 CE, y articula su cumplimiento por todas las Administraciones Públicas a través de tres reglas fiscales complementarias: el objetivo de estabilidad presupuestaria, entendido como la situación de equilibrio o superávit estructural, salvo en las circunstancias excepcionales que la propia norma contempla (recesión económica grave, catástrofes naturales u otras emergencias extraordinarias); el objetivo de deuda pública, que limita el volumen de deuda de las Administraciones Públicas en relación con el PIB conforme a la referencia que marca la normativa europea; y la regla de gasto, que limita el crecimiento del gasto computable de cada Administración a la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española. Desde 2024, la Unión Europea aplica un marco de gobernanza económica reformado que sustituye los antiguos objetivos anuales de déficit por planes fiscal-estructurales nacionales a medio plazo, cuyo seguimiento en España se traslada al Plan Presupuestario a Medio Plazo y a los informes periódicos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)
La Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, crea la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), organismo público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, adscrito orgánicamente al Ministerio de Hacienda pero dotado de independencia funcional respecto de las Administraciones Públicas cuya actuación fiscaliza, con la finalidad de garantizar el cumplimiento efectivo del principio de estabilidad presupuestaria. La AIReF emite informes y opiniones sobre, entre otros extremos, los proyectos y liquidaciones de los presupuestos de las distintas Administraciones Públicas, el cumplimiento de la regla de gasto, las previsiones macroeconómicas empleadas en la elaboración de los presupuestos y la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, pudiendo formular advertencias de riesgo de incumplimiento y recomendaciones de medidas correctoras que las Administraciones afectadas deben, al menos, motivar si no siguen.
El Tribunal de Cuentas: función fiscalizadora y función de enjuiciamiento contable
El art. 136 CE configura al Tribunal de Cuentas como supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del resto del sector público, dependiente directamente de las Cortes Generales, a las que remite un informe anual en el que comunica, cuando proceda, las infracciones o responsabilidades en que hubieran podido incurrir los gestores públicos. Su régimen se desarrolla en la Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas, y en la Ley 7/1988, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. El Tribunal ejerce dos funciones de naturaleza distinta: la función fiscalizadora, externa, de carácter técnico y dependiente de las Cortes Generales, que se concreta en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado y de las cuentas de la práctica totalidad de entidades del sector público; y la función de enjuiciamiento contable, de naturaleza jurisdiccional aunque no integrada en el Poder Judicial ordinario, cuyo objeto es exigir las responsabilidades contables en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.
Los presupuestos de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales
Junto al presupuesto estatal, el tema exige conocer el régimen presupuestario de los otros dos niveles territoriales. Las Comunidades Autónomas aprueban cada año su propia ley de presupuestos, tramitada por su respectivo Parlamento autonómico siguiendo una lógica paralela a la del Estado (elaboración por el Consejo de Gobierno, aprobación por la Asamblea legislativa, posibilidad de prórroga si no se aprueba a tiempo), y quedan sujetas a los mismos principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto que impone la LOEPSF a todas las Administraciones Públicas, bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda y de la AIReF. En el ámbito local, el Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), regula el presupuesto de las Entidades Locales: su carácter anual, su estructura por capítulos equivalente a la estatal, el procedimiento de aprobación por el Pleno antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse (con prórroga del presupuesto anterior si no se aprueba a tiempo), y la obligación de que recoja crédito suficiente para atender el pago de intereses y capital de las deudas de la entidad. Los presupuestos locales se liquidan y rinden ante el Pleno y, en último término, ante el Tribunal de Cuentas (o el órgano de control externo autonómico equivalente), cerrando así un esquema de control homogéneo para los tres niveles territoriales de la Hacienda Pública española.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 134 CE: elaboración por el Gobierno, aprobación por las Cortes Generales; carácter anual de los PGE.
Art. 134.4 CE: prórroga automática del presupuesto anterior si la Ley de Presupuestos no se aprueba a tiempo.
Art. 134.7 CE: la Ley de Presupuestos no puede crear tributos, solo modificarlos si una ley sustantiva lo prevé.
Ley 47/2003, General Presupuestaria (LGP): norma básica del régimen presupuestario estatal.
Principios presupuestarios: unidad, universalidad, especialidad y estabilidad presupuestaria (LO 2/2012).
Clasificaciones simultáneas del presupuesto de gastos: orgánica, por programas y económica.
Capítulos de gasto 1 a 5: operaciones corrientes (personal, bienes y servicios, financieros, transferencias corrientes, fondo de contingencia).
Capítulos de gasto 6 y 7: operaciones de capital (inversiones reales, transferencias de capital).
Capítulos de gasto 8 y 9: operaciones financieras (activos financieros, pasivos financieros).
Art. 134.3 CE: el Gobierno debe presentar el proyecto al Congreso al menos tres meses antes de expirar los presupuestos vigentes.
Fases de ejecución del gasto: autorización (A), disposición (D), obligación (O) y pago (P).
Modificaciones presupuestarias (Capítulo IV LGP): créditos extraordinarios, suplementos de crédito, ampliaciones, transferencias, generaciones e incorporaciones.
Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito requieren aprobación por ley cuando afectan a créditos del Estado.
Título VI LGP (arts. 140-175): control de la actividad económico-financiera del sector público estatal.
Control interno (IGAE): función interventora, control financiero permanente y auditoría pública.
Control externo: Tribunal de Cuentas (art. 136 CE), supremo órgano fiscalizador de las cuentas del Estado.
Control parlamentario: aprobación de la Ley de Presupuestos y examen de la Cuenta General del Estado por las Cortes Generales.
LOEPSF (LO 2/2012): desarrolla el art. 135 CE mediante tres reglas fiscales — objetivo de estabilidad presupuestaria, objetivo de deuda pública y regla de gasto.
La regla de gasto limita el crecimiento del gasto computable de cada Administración a la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo.
Desde 2024, la UE sustituye los objetivos anuales de déficit por planes fiscal-estructurales nacionales a medio plazo.
AIReF (LO 6/2013): organismo independiente adscrito al Ministerio de Hacienda que vigila el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria por todas las Administraciones.
La AIReF puede emitir advertencias de riesgo de incumplimiento y recomendaciones de medidas correctoras.
Art. 136 CE: el Tribunal de Cuentas es supremo órgano fiscalizador de las cuentas del Estado, dependiente de las Cortes Generales.
El Tribunal de Cuentas ejerce función fiscalizadora (externa, técnica) y función de enjuiciamiento contable (jurisdiccional, de responsabilidad contable).
Ley Orgánica 2/1982 y Ley 7/1988 regulan la organización y el funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Las CCAA aprueban su propia ley anual de presupuestos (Consejo de Gobierno → Parlamento autonómico) y quedan sujetas a la LOEPSF igual que el Estado.
RDLeg 2/2004 (TRLRHL): regula el presupuesto de las Entidades Locales, aprobado por el Pleno antes del 31 de diciembre del año anterior, con prórroga si no se aprueba a tiempo.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Cuáles son, conforme a la LOEPSF, las tres reglas fiscales que rigen a todas las Administraciones Públicas españolas?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 14 de Bibliotecario?
Desarrolla el régimen presupuestario de las Administraciones Públicas españolas a partir de la Ley 47/2003, General Presupuestaria (LGP): el marco constitucional y los principios que rigen los Presupuestos Generales del Estado, la estructura y clasificación del presupuesto por capítulos, las fases del ciclo presupuestario desde su elaboración hasta su liquidación, el régimen de ejecución y de modificaciones presupuestarias, y cierra con el sistema de control del gasto público, distinguiendo el control interno que ejerce la Intervención General de la Administración del Estado del control externo que corresponde al Tribunal de Cuentas y a las Cortes Generales.
¿Qué hay que memorizar del Tema 14 para el examen?
Art. 134 CE: elaboración por el Gobierno, aprobación por las Cortes Generales; carácter anual de los PGE. Art. 134.4 CE: prórroga automática del presupuesto anterior si la Ley de Presupuestos no se aprueba a tiempo. Art. 134.7 CE: la Ley de Presupuestos no puede crear tributos, solo modificarlos si una ley sustantiva lo prevé. Ley 47/2003, General Presupuestaria (LGP): norma básica del régimen presupuestario estatal. Principios presupuestarios: unidad, universalidad, especialidad y estabilidad presupuestaria (LO 2/2012). Clasificaciones simultáneas del presupuesto de gastos: orgánica, por programas y económica. Capítulos de gasto 1 a 5: operaciones corrientes (personal, bienes y servicios, financieros, transferencias corrientes, fondo de contingencia). Capítulos de gasto 6 y 7: operaciones de capital (inversiones reales, transferencias de capital). Capítulos de gasto 8 y 9: operaciones financieras (activos financieros, pasivos financieros). Art. 134.3 CE: el Gobierno debe presentar el proyecto al Congreso al menos tres meses antes de expirar los presupuestos vigentes. Fases de ejecución del gasto: autorización (A), disposición (D), obligación (O) y pago (P). Modificaciones presupuestarias (Capítulo IV LGP): créditos extraordinarios, suplementos de crédito, ampliaciones, transferencias, generaciones e incorporaciones. Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito requieren aprobación por ley cuando afectan a créditos del Estado. Título VI LGP (arts. 140-175): control de la actividad económico-financiera del sector público estatal. Control interno (IGAE): función interventora, control financiero permanente y auditoría pública. Control externo: Tribunal de Cuentas (art. 136 CE), supremo órgano fiscalizador de las cuentas del Estado. Control parlamentario: aprobación de la Ley de Presupuestos y examen de la Cuenta General del Estado por las Cortes Generales. LOEPSF (LO 2/2012): desarrolla el art. 135 CE mediante tres reglas fiscales — objetivo de estabilidad presupuestaria, objetivo de deuda pública y regla de gasto. La regla de gasto limita el crecimiento del gasto computable de cada Administración a la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo. Desde 2024, la UE sustituye los objetivos anuales de déficit por planes fiscal-estructurales nacionales a medio plazo. AIReF (LO 6/2013): organismo independiente adscrito al Ministerio de Hacienda que vigila el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria por todas las Administraciones. La AIReF puede emitir advertencias de riesgo de incumplimiento y recomendaciones de medidas correctoras. Art. 136 CE: el Tribunal de Cuentas es supremo órgano fiscalizador de las cuentas del Estado, dependiente de las Cortes Generales. El Tribunal de Cuentas ejerce función fiscalizadora (externa, técnica) y función de enjuiciamiento contable (jurisdiccional, de responsabilidad contable). Ley Orgánica 2/1982 y Ley 7/1988 regulan la organización y el funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Las CCAA aprueban su propia ley anual de presupuestos (Consejo de Gobierno → Parlamento autonómico) y quedan sujetas a la LOEPSF igual que el Estado. RDLeg 2/2004 (TRLRHL): regula el presupuesto de las Entidades Locales, aprobado por el Pleno antes del 31 de diciembre del año anterior, con prórroga si no se aprueba a tiempo.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2025 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos — BOE-A-2025-26894). El Anexo I de esta convocatoria remite, para el contenido íntegro del programa, al aprobado por la Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría (Ministerio de Cultura y Deporte) — BOE núm. 237, de 3 de octubre de 2022, páginas 135233 a 135250, Anexo II, Sección Bibliotecas (BOE-A-2022-16049) —, que es el texto reproducido en este fichero. (Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, especialidad Bibliotecas, sistema general de acceso libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978, art. 134
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en particular Capítulo IV (modificaciones presupuestarias) y Título VI (arts. 140-175, control)
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas
Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
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