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Tema 25. La protección de datos. Régimen jurídico. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y Reglamento (UE) 2016/679. Aplicaciones en bibliotecas. El Delegado de Protección de Datos en las Administraciones públicas. La Agencia Española de Protección de Datos.

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, especialidad Bibliotecas, sistema general de acceso libre · Índice oficial del BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2025 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos — BOE-A-2025-26894). El Anexo I de esta convocatoria remite, para el contenido íntegro del programa, al aprobado por la Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría (Ministerio de Cultura y Deporte) — BOE núm. 237, de 3 de octubre de 2022, páginas 135233 a 135250, Anexo II, Sección Bibliotecas (BOE-A-2022-16049) —, que es el texto reproducido en este fichero..

Este cuerpo tiene ámbito estatal (Administración General del Estado, Ministerio de Cultura y Deporte) y comparte proceso selectivo con las especialidades de Archivos y Arqueología: este fichero recoge SOLO la especialidad de Bibliotecas, turno de acceso libre (no cubre promoción interna, que tiene un programa reducido distinto). Se eligió el nivel AGE como referencia, entre los tres niveles administrativos que convocan personal de bibliotecas (AGE, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, tal y como advierte la propia descripción del cuerpo en el catálogo del sitio), por ser el que tiene una convocatoria única, estable y mejor documentada en el BOE — las bibliotecas autonómicas y municipales tienen sus propias convocatorias y programas, distintos entre territorios, que NO están cubiertos por este fichero y quedan pendientes de un desarrollo futuro específico por comunidad autónoma. Los 100 temas están transcritos de forma literal, verificados directamente contra el texto del BOE de la Resolución de 23 de septiembre de 2022 (BOE núm. 237, Anexo II).

Desarrolla el régimen jurídico de la protección de datos personales aplicable en España, articulado en torno a dos normas complementarias: el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), de aplicación directa en todos los Estados miembros, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que lo adapta al ordenamiento español y añade un catálogo de derechos digitales. Se repasan también las obligaciones documentales del responsable del tratamiento (registro de actividades, evaluación de impacto), el régimen de las brechas de seguridad y el sancionador, y dos piezas institucionales de garantía -el Delegado de Protección de Datos y la Agencia Española de Protección de Datos-, cerrando con las implicaciones prácticas de esta normativa en la gestión de datos de las personas usuarias de las bibliotecas.

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El Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD): naturaleza y principios

El RGPD es un reglamento de la Unión Europea y, como tal, de alcance general, obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en España sin necesidad de norma interna de transposición, si bien remite a los Estados miembros la regulación de determinados aspectos, tarea que en España cumple la LOPDGDD. Su artículo 5 recoge los principios relativos al tratamiento de datos personales: licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización de datos; exactitud; limitación del plazo de conservación; e integridad y confidencialidad, a los que se añade el principio de responsabilidad proactiva (accountability), por el que el responsable debe poder demostrar el cumplimiento de todos los anteriores. El art. 6 establece las bases que legitiman el tratamiento, entre ellas el consentimiento de la persona interesada y el cumplimiento de una obligación legal o de una misión realizada en interés público o en ejercicio de poderes públicos, esta última la base habitual para el tratamiento de datos por bibliotecas de titularidad pública.

La Ley Orgánica 3/2018: objeto y estructura

La LOPDGDD tiene por objeto adaptar el ordenamiento jurídico español al RGPD y completar sus disposiciones, así como garantizar los derechos digitales de la ciudadanía al amparo del art. 18.4 de la Constitución. Se estructura en un Título Preliminar y varios títulos que desarrollan, entre otras materias, los principios de protección de datos, los derechos de las personas, disposiciones aplicables a tratamientos concretos, el régimen del responsable y encargado del tratamiento -que incluye la figura del delegado de protección de datos-, las transferencias internacionales de datos, las autoridades de protección de datos, el régimen sancionador y, en su parte final, un catálogo de derechos digitales (entre otros, a la neutralidad de la red, al olvido en búsquedas de internet y en redes sociales, a la educación digital o a la desconexión digital en el ámbito laboral).

Los derechos de las personas

La LOPDGDD desarrolla los derechos que el RGPD reconoce a las personas interesadas: acceso, rectificación, supresión (o derecho al olvido), oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos, precisando su ejercicio y las condiciones en que el responsable del tratamiento debe atenderlos. En las bibliotecas, estos derechos se proyectan sobre los datos identificativos y de actividad de las personas usuarias -altas de carné, historial de préstamos, reservas- que deben poder ser consultados, rectificados o suprimidos por la persona interesada conforme a este régimen, sin perjuicio de los plazos de conservación justificados por la gestión del propio servicio bibliotecario.

El Delegado de Protección de Datos

La figura del delegado de protección de datos, prevista en el RGPD y desarrollada en los arts. 34 a 37 de la LOPDGDD, es obligatoria, conforme al art. 37.1 del Reglamento y al art. 34 LOPDGDD, para las Administraciones Públicas y los organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de ellas. El delegado debe ser designado por sus cualidades profesionales y, en particular, por sus conocimientos especializados en la normativa de protección de datos, y desempeña sus funciones con independencia, sin recibir instrucciones sobre su ejercicio y sin poder ser removido o sancionado por desempeñarlas, salvo dolo o negligencia grave. Entre sus funciones se encuentran informar y asesorar al responsable o encargado del tratamiento y al personal que trata datos, supervisar el cumplimiento de la normativa, cooperar con la autoridad de control y actuar como punto de contacto de esta última. Su designación debe comunicarse a la autoridad de protección de datos competente, que mantiene un registro público de delegados.

La Agencia Española de Protección de Datos

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es la autoridad de control independiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de relacionarse con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia, conforme a su naturaleza de autoridad administrativa independiente sujeta a la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Le corresponde velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos y controlar su aplicación, tramitar las reclamaciones de las personas afectadas, ejercer la potestad de investigación y la potestad sancionadora, promover la sensibilización pública y difundir buenas prácticas entre responsables y encargados del tratamiento.

Aplicaciones prácticas en el ámbito bibliotecario

La actividad bibliotecaria implica un tratamiento continuado de datos personales de sus usuarios: datos identificativos al formalizar el carné, registro de préstamos y reservas y, en su caso, datos derivados del uso de equipos informáticos o de acceso a internet en sala. Este tratamiento debe apoyarse en una base de legitimación adecuada -habitualmente el cumplimiento de una misión de interés público, cuando la biblioteca es de titularidad pública-, respetar el principio de minimización evitando recabar datos innecesarios para la prestación del servicio, fijar plazos de conservación proporcionados a la finalidad perseguida y garantizar la seguridad de la información frente a accesos no autorizados, particularmente en los sistemas de gestión integrada de bibliotecas y en los servicios de préstamo digital.

El registro de actividades de tratamiento y la evaluación de impacto

El art. 30 del RGPD obliga a todo responsable y encargado del tratamiento a mantener un registro de las actividades de tratamiento realizadas bajo su responsabilidad, con un contenido mínimo que incluye los fines del tratamiento, las categorías de interesados y de datos, los destinatarios, en su caso las transferencias internacionales previstas y los plazos de conservación, documento esencial para acreditar el principio de responsabilidad proactiva. Cuando un tipo de tratamiento, en particular el que utiliza nuevas tecnologías, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas, el art. 35 RGPD exige realizar con carácter previo una evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD), que describa el tratamiento, valore su necesidad y proporcionalidad, identifique los riesgos para los interesados y determine las medidas previstas para afrontarlos; el delegado de protección de datos, cuando exista, debe ser consultado al realizarla.

Brechas de seguridad: notificación a la autoridad de control y comunicación a los afectados

El RGPD impone al responsable del tratamiento, en caso de violación de la seguridad de los datos personales, notificarla a la autoridad de control competente sin dilación indebida, en un plazo que, de ser posible, no debe superar las 72 horas desde que tuvo constancia de ella (art. 33 RGPD), salvo que sea improbable que dicha violación constituya un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas. Cuando la violación entrañe además un alto riesgo para esos derechos y libertades, el art. 34 RGPD exige comunicarla también a las personas interesadas, sin dilación indebida, en lenguaje claro y sencillo, salvo que se hayan adoptado medidas que neutralicen el riesgo o la comunicación exija un esfuerzo desproporcionado, en cuyo caso cabe optar por una comunicación pública equivalente.

Régimen sancionador

La LOPDGDD tipifica, en su título IX, las infracciones en materia de protección de datos, distinguiéndolas en muy graves, graves y leves según los criterios y ejemplos que detalla, y remite a los criterios de graduación de las sanciones fijados en el art. 83 del RGPD (naturaleza, gravedad y duración de la infracción, carácter intencionado o negligente, medidas adoptadas para paliar los daños, grado de cooperación con la autoridad de control, entre otros). Cuando la infractora es una Administración Pública, el art. 77 LOPDGDD excluye la imposición de multa y prevé en su lugar que la Agencia Española de Protección de Datos dicte una resolución declarando la infracción, con las medidas correctoras oportunas, sin perjuicio de la posible exigencia de responsabilidad disciplinaria al personal responsable.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Marco dual: Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD, aplicación directa) + Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD).
  • Art. 5 RGPD: principios de licitud, lealtad y transparencia, limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, limitación del plazo de conservación e integridad y confidencialidad.
  • Principio de responsabilidad proactiva (accountability).
  • Art. 6 RGPD: bases de legitimación del tratamiento (consentimiento, obligación legal, interés público, entre otras).
  • La LOPDGDD adapta el RGPD al ordenamiento español y añade un catálogo de derechos digitales.
  • Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación, supresión/olvido, oposición, limitación y portabilidad.
  • Delegado de Protección de Datos: arts. 34 a 37 de la LOPDGDD.
  • El DPD es obligatorio en las Administraciones Públicas y en los organismos de derecho público dependientes de ellas.
  • El DPD actúa con independencia y no puede ser removido por el ejercicio de sus funciones salvo dolo o negligencia grave.
  • Funciones del DPD: informar, asesorar, supervisar el cumplimiento y cooperar con la autoridad de control.
  • La designación del DPD se comunica a la autoridad de protección de datos competente.
  • AEPD: autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica propia.
  • La AEPD se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia.
  • Funciones de la AEPD: control, tramitación de reclamaciones, potestad sancionadora y sensibilización.
  • En bibliotecas, la base de legitimación habitual es el interés público, con minimización de datos y plazos de conservación proporcionados.
  • Los datos de préstamos y consulta requieren especial cuidado por su vinculación con la libertad de información y de pensamiento.
  • Art. 30 RGPD: registro de actividades de tratamiento, obligatorio para responsables y encargados, acredita la responsabilidad proactiva.
  • Art. 35 RGPD: evaluación de impacto (EIPD), obligatoria cuando el tratamiento entraña alto riesgo para los derechos de las personas; el DPD debe ser consultado.
  • Art. 33 RGPD: notificación de brechas de seguridad a la autoridad de control, en principio en un plazo no superior a 72 horas.
  • Art. 34 RGPD: comunicación de la brecha a los afectados cuando entraña alto riesgo para sus derechos.
  • LOPDGDD, título IX: tipifica infracciones muy graves, graves y leves; criterios de graduación del art. 83 RGPD.
  • Art. 77 LOPDGDD: a las Administraciones Públicas no se les impone multa, sino resolución declarativa de la infracción con medidas correctoras.
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¿Cuál de los siguientes NO es uno de los principios relativos al tratamiento de datos personales recogidos en el art. 5 del RGPD?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 25 de Bibliotecario?

Desarrolla el régimen jurídico de la protección de datos personales aplicable en España, articulado en torno a dos normas complementarias: el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), de aplicación directa en todos los Estados miembros, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que lo adapta al ordenamiento español y añade un catálogo de derechos digitales. Se repasan también las obligaciones documentales del responsable del tratamiento (registro de actividades, evaluación de impacto), el régimen de las brechas de seguridad y el sancionador, y dos piezas institucionales de garantía -el Delegado de Protección de Datos y la Agencia Española de Protección de Datos-, cerrando con las implicaciones prácticas de esta normativa en la gestión de datos de las personas usuarias de las bibliotecas.

¿Qué hay que memorizar del Tema 25 para el examen?

Marco dual: Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD, aplicación directa) + Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD). Art. 5 RGPD: principios de licitud, lealtad y transparencia, limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, limitación del plazo de conservación e integridad y confidencialidad. Principio de responsabilidad proactiva (accountability). Art. 6 RGPD: bases de legitimación del tratamiento (consentimiento, obligación legal, interés público, entre otras). La LOPDGDD adapta el RGPD al ordenamiento español y añade un catálogo de derechos digitales. Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación, supresión/olvido, oposición, limitación y portabilidad. Delegado de Protección de Datos: arts. 34 a 37 de la LOPDGDD. El DPD es obligatorio en las Administraciones Públicas y en los organismos de derecho público dependientes de ellas. El DPD actúa con independencia y no puede ser removido por el ejercicio de sus funciones salvo dolo o negligencia grave. Funciones del DPD: informar, asesorar, supervisar el cumplimiento y cooperar con la autoridad de control. La designación del DPD se comunica a la autoridad de protección de datos competente. AEPD: autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica propia. La AEPD se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. Funciones de la AEPD: control, tramitación de reclamaciones, potestad sancionadora y sensibilización. En bibliotecas, la base de legitimación habitual es el interés público, con minimización de datos y plazos de conservación proporcionados. Los datos de préstamos y consulta requieren especial cuidado por su vinculación con la libertad de información y de pensamiento. Art. 30 RGPD: registro de actividades de tratamiento, obligatorio para responsables y encargados, acredita la responsabilidad proactiva. Art. 35 RGPD: evaluación de impacto (EIPD), obligatoria cuando el tratamiento entraña alto riesgo para los derechos de las personas; el DPD debe ser consultado. Art. 33 RGPD: notificación de brechas de seguridad a la autoridad de control, en principio en un plazo no superior a 72 horas. Art. 34 RGPD: comunicación de la brecha a los afectados cuando entraña alto riesgo para sus derechos. LOPDGDD, título IX: tipifica infracciones muy graves, graves y leves; criterios de graduación del art. 83 RGPD. Art. 77 LOPDGDD: a las Administraciones Públicas no se les impone multa, sino resolución declarativa de la infracción con medidas correctoras.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2025 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos — BOE-A-2025-26894). El Anexo I de esta convocatoria remite, para el contenido íntegro del programa, al aprobado por la Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría (Ministerio de Cultura y Deporte) — BOE núm. 237, de 3 de octubre de 2022, páginas 135233 a 135250, Anexo II, Sección Bibliotecas (BOE-A-2022-16049) —, que es el texto reproducido en este fichero. (Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, especialidad Bibliotecas, sistema general de acceso libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Reglamento (UE) 2016/679, arts. 5 y 6
  • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, arts. 34 a 37 (delegado de protección de datos) y régimen de la Agencia Española de Protección de Datos

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