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Tema 11. La Administración Pública y el Derecho. Fuentes del ordenamiento jurídico. El principio de jerarquía normativa. La Constitución Española. La Ley: concepto y clases. Las disposiciones del ejecutivo con fuerza de ley: Real Decreto-ley y Real Decreto Legislativo. El reglamento: concepto y clases. La potestad reglamentaria.

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, especialidad Bibliotecas, sistema general de acceso libre · Índice oficial del BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2025 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos — BOE-A-2025-26894). El Anexo I de esta convocatoria remite, para el contenido íntegro del programa, al aprobado por la Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría (Ministerio de Cultura y Deporte) — BOE núm. 237, de 3 de octubre de 2022, páginas 135233 a 135250, Anexo II, Sección Bibliotecas (BOE-A-2022-16049) —, que es el texto reproducido en este fichero..

Este cuerpo tiene ámbito estatal (Administración General del Estado, Ministerio de Cultura y Deporte) y comparte proceso selectivo con las especialidades de Archivos y Arqueología: este fichero recoge SOLO la especialidad de Bibliotecas, turno de acceso libre (no cubre promoción interna, que tiene un programa reducido distinto). Se eligió el nivel AGE como referencia, entre los tres niveles administrativos que convocan personal de bibliotecas (AGE, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, tal y como advierte la propia descripción del cuerpo en el catálogo del sitio), por ser el que tiene una convocatoria única, estable y mejor documentada en el BOE — las bibliotecas autonómicas y municipales tienen sus propias convocatorias y programas, distintos entre territorios, que NO están cubiertos por este fichero y quedan pendientes de un desarrollo futuro específico por comunidad autónoma. Los 100 temas están transcritos de forma literal, verificados directamente contra el texto del BOE de la Resolución de 23 de septiembre de 2022 (BOE núm. 237, Anexo II).

Desarrolla el sometimiento pleno de la Administración Pública a la Ley y al Derecho, el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico español y el principio de jerarquía normativa que las ordena, con especial atención a la Constitución como norma suprema, a la Ley y sus clases, a las disposiciones del Gobierno con fuerza de ley (Real Decreto-ley y Real Decreto Legislativo) y, por último, al reglamento y a la potestad reglamentaria que lo sustenta.

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La Administración Pública y el principio de legalidad

El art. 103.1 CE somete a la Administración Pública en su actuación a la Ley y al Derecho, consagrando el principio de legalidad como fundamento de toda la actividad administrativa: la Administración no solo debe respetar las normas (vinculación negativa), sino que necesita un título jurídico habilitante previo para actuar (vinculación positiva). El art. 9.1 CE extiende ese sometimiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico a todos los ciudadanos y poderes públicos, y el art. 9.3 CE, en particular, garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Las fuentes del ordenamiento jurídico y el principio de jerarquía normativa

El art. 1.1 del Código Civil enumera como fuentes del ordenamiento jurídico español la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho, careciendo de valor las que contradigan otra de rango superior. El principio de jerarquía normativa, proclamado en el art. 9.3 CE, ordena las distintas fuentes escritas según su rango: la Constitución ocupa la cúspide del ordenamiento; le siguen las leyes orgánicas y ordinarias, con idéntico rango formal aunque diferenciadas por su ámbito reservado y por la mayoría exigida para su aprobación; las disposiciones del Gobierno con fuerza de ley (Real Decreto-ley y Real Decreto Legislativo), equiparadas a la ley; y, en el escalón inferior, los reglamentos, subordinados en todo caso a la Ley. Una norma de rango inferior no puede válidamente contradecir a otra de rango superior, so pena de nulidad.

La Constitución Española como norma suprema

La Constitución de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, dotada de fuerza vinculante directa e inmediata para todos los poderes públicos y ciudadanos (art. 9.1 CE), y de rigidez frente al legislador ordinario, al exigir para su reforma los procedimientos agravados de los arts. 167 y 168 CE. Su supremacía se garantiza institucionalmente a través del control de constitucionalidad de las leyes y demás normas con fuerza de ley atribuido al Tribunal Constitucional (recurso y cuestión de inconstitucionalidad), lo que la distingue de las leyes ordinarias, cuya conformidad a Derecho puede ser enjuiciada por dicho control, pero no viceversa.

La Ley: concepto y clases

La Ley es la norma jurídica escrita emanada del poder legislativo (las Cortes Generales o, en su ámbito, las Asambleas Legislativas autonómicas) con arreglo al procedimiento constitucionalmente establecido. La Constitución distingue la ley orgánica (art. 81 CE), reservada a materias tasadas —desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, aprobación de Estatutos de Autonomía, régimen electoral general y demás previstas en la Constitución— y cuya aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto, de la ley ordinaria, aprobada por mayoría simple para el resto de materias no reservadas a ley orgánica. A ellas se añaden otras categorías especiales previstas constitucionalmente, como las leyes de las Comunidades Autónomas dentro de su ámbito competencial.

El Real Decreto-ley (art. 86 CE)

El art. 86 CE habilita al Gobierno, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, para dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes. No podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. Todo Decreto-ley queda sometido a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación, debiendo pronunciarse expresamente sobre su convalidación o derogación; durante ese plazo, las Cortes pueden además tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

El Real Decreto Legislativo: la delegación legislativa (arts. 82-85 CE)

Los arts. 82 a 85 CE regulan la delegación legislativa, por la que las Cortes Generales delegan en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias no reservadas a ley orgánica. La delegación puede adoptar dos formas: la ley de bases, cuando su objeto sea la formación de textos articulados, y la ley ordinaria, cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo (texto refundido), pudiendo en este caso circunscribirse a la mera formulación de un texto único o incluir la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales objeto de refundición. La delegación ha de otorgarse de forma expresa para materia concreta y con fijación de un plazo para su ejercicio, se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente y no puede entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado, ni subdelegarse a autoridades distintas del propio Gobierno.

El reglamento: concepto, clases y potestad reglamentaria (art. 97 CE)

El reglamento es toda norma escrita dictada por la Administración en virtud de su potestad reglamentaria, subordinada en todo caso a la Constitución y a la Ley. El art. 97 CE atribuye al Gobierno el ejercicio de la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Los reglamentos se clasifican, por razón del órgano que los dicta, en Reales Decretos del Consejo de Ministros, Órdenes Ministeriales y disposiciones de autoridades y órganos inferiores; y por su relación con la Ley, en reglamentos ejecutivos, que desarrollan y complementan una ley previa, y reglamentos independientes o extra legem, dictados en materias no reservadas a la ley, sin norma legal previa que desarrollen, dentro del ámbito de organización interna o de las competencias propias de la Administración. En ningún caso el reglamento puede regular materias reservadas a la ley ni infringir normas con dicho rango, so pena de nulidad de pleno derecho.

La costumbre, los principios generales del Derecho y la jurisprudencia

Junto a la ley en sentido amplio —Constitución, leyes, normas con fuerza de ley y reglamentos—, el art. 1 del Código Civil completa el sistema de fuentes con otras dos fuentes de aplicación subsidiaria y con la jurisprudencia como elemento complementario. La costumbre (art. 1.3 CC) solo rige en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y resulte probada, y tiene hoy un papel residual en el Derecho Administrativo, presidido por el principio de legalidad. Los principios generales del Derecho (art. 1.4 CC) se aplican en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico (por ejemplo, los principios de buena fe, de proporcionalidad o de confianza legítima, hoy además positivizados en buena medida en la propia LPAC y la LRJSP). Por último, el art. 1.6 CC dispone que la jurisprudencia complementa el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establece el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho; no es, por tanto, fuente autónoma del Derecho en sentido estricto, pero orienta de forma decisiva la interpretación de las normas por la Administración y los tribunales.

El reglamento aplicado al ámbito bibliotecario: el Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado

La potestad reglamentaria del art. 97 CE se proyecta sobre el ámbito bibliotecario a través de reglamentos ejecutivos que desarrollan la legislación cultural. El Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas, aprobado por Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo, constituye un ejemplo característico de reglamento ejecutivo: regula la organización, el funcionamiento y los servicios mínimos de las bibliotecas públicas del Estado y su integración en el Sistema Español de Bibliotecas, dentro del marco de la legislación de patrimonio histórico y, posteriormente, de la Ley 10/2007. Como todo reglamento ejecutivo, está subordinado a la ley que desarrolla y no puede excepcionar ni contradecir sus previsiones; los centros bibliotecarios dependientes de las Comunidades Autónomas se rigen, por su parte, por la normativa reglamentaria autonómica propia dictada en ejercicio de sus competencias de gestión, siempre dentro del marco básico estatal.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Art. 103.1 CE: la Administración actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho (principio de legalidad).
  • Art. 9.3 CE garantiza, entre otros, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas y la seguridad jurídica.
  • Art. 1.1 Código Civil: fuentes del ordenamiento español — ley, costumbre y principios generales del Derecho.
  • El principio de jerarquía normativa impide que una norma de rango inferior contradiga a otra de rango superior.
  • Orden jerárquico: Constitución > leyes orgánicas y ordinarias / normas con fuerza de ley > reglamentos.
  • La Constitución es rígida: su reforma exige los procedimientos agravados de los arts. 167 y 168 CE.
  • El control de constitucionalidad de leyes corresponde al Tribunal Constitucional (recurso y cuestión de inconstitucionalidad).
  • Art. 81 CE: ley orgánica para materias tasadas (derechos fundamentales, Estatutos de Autonomía, régimen electoral general), aprobación por mayoría absoluta del Congreso.
  • La ley ordinaria se aprueba por mayoría simple para materias no reservadas a ley orgánica.
  • Art. 86 CE: el Real Decreto-ley exige extraordinaria y urgente necesidad y tiene límites materiales (instituciones básicas del Estado, derechos del Título I, régimen de CCAA, Derecho electoral general).
  • El Real Decreto-ley debe someterse a debate y votación de convalidación o derogación del Congreso en los 30 días siguientes a su promulgación.
  • Arts. 82-85 CE: la delegación legislativa da lugar al Real Decreto Legislativo, dictado por el Gobierno.
  • Ley de bases: delegación para formar un texto articulado. Ley ordinaria de delegación: para refundir textos legales en un texto refundido.
  • La delegación legislativa debe ser expresa, para materia concreta y con plazo fijado; no cabe subdelegación ni delegación implícita o indefinida.
  • Art. 97 CE: la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno, de acuerdo con la Constitución y las leyes.
  • Clases de reglamentos por el órgano: Reales Decretos del Consejo de Ministros, Órdenes Ministeriales, disposiciones de órganos inferiores.
  • Clases de reglamentos por su relación con la ley: ejecutivos (desarrollan una ley) e independientes (sin ley previa, en materia no reservada).
  • Un reglamento nunca puede regular materia reservada a ley ni contradecir una norma de rango legal.
  • Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo: Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas (reglamento ejecutivo).
  • Los reglamentos ejecutivos están subordinados a la ley que desarrollan; las CCAA pueden dictar su propia normativa reglamentaria bibliotecaria dentro del marco básico estatal.
  • Art. 1.3 CC: la costumbre solo rige en defecto de ley aplicable, siempre que esté probada y no sea contraria a la moral o al orden público.
  • Art. 1.4 CC: los principios generales del Derecho se aplican en defecto de ley y costumbre, y tienen carácter informador del ordenamiento.
  • Art. 1.6 CC: la jurisprudencia complementa el ordenamiento jurídico con la doctrina reiterada del Tribunal Supremo; no es fuente autónoma en sentido estricto.
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Pregunta 1 de 110 aciertos

Según el art. 1.6 del Código Civil, ¿qué función cumple la jurisprudencia en el sistema de fuentes español?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 11 de Bibliotecario?

Desarrolla el sometimiento pleno de la Administración Pública a la Ley y al Derecho, el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico español y el principio de jerarquía normativa que las ordena, con especial atención a la Constitución como norma suprema, a la Ley y sus clases, a las disposiciones del Gobierno con fuerza de ley (Real Decreto-ley y Real Decreto Legislativo) y, por último, al reglamento y a la potestad reglamentaria que lo sustenta.

¿Qué hay que memorizar del Tema 11 para el examen?

Art. 103.1 CE: la Administración actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho (principio de legalidad). Art. 9.3 CE garantiza, entre otros, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas y la seguridad jurídica. Art. 1.1 Código Civil: fuentes del ordenamiento español — ley, costumbre y principios generales del Derecho. El principio de jerarquía normativa impide que una norma de rango inferior contradiga a otra de rango superior. Orden jerárquico: Constitución > leyes orgánicas y ordinarias / normas con fuerza de ley > reglamentos. La Constitución es rígida: su reforma exige los procedimientos agravados de los arts. 167 y 168 CE. El control de constitucionalidad de leyes corresponde al Tribunal Constitucional (recurso y cuestión de inconstitucionalidad). Art. 81 CE: ley orgánica para materias tasadas (derechos fundamentales, Estatutos de Autonomía, régimen electoral general), aprobación por mayoría absoluta del Congreso. La ley ordinaria se aprueba por mayoría simple para materias no reservadas a ley orgánica. Art. 86 CE: el Real Decreto-ley exige extraordinaria y urgente necesidad y tiene límites materiales (instituciones básicas del Estado, derechos del Título I, régimen de CCAA, Derecho electoral general). El Real Decreto-ley debe someterse a debate y votación de convalidación o derogación del Congreso en los 30 días siguientes a su promulgación. Arts. 82-85 CE: la delegación legislativa da lugar al Real Decreto Legislativo, dictado por el Gobierno. Ley de bases: delegación para formar un texto articulado. Ley ordinaria de delegación: para refundir textos legales en un texto refundido. La delegación legislativa debe ser expresa, para materia concreta y con plazo fijado; no cabe subdelegación ni delegación implícita o indefinida. Art. 97 CE: la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Clases de reglamentos por el órgano: Reales Decretos del Consejo de Ministros, Órdenes Ministeriales, disposiciones de órganos inferiores. Clases de reglamentos por su relación con la ley: ejecutivos (desarrollan una ley) e independientes (sin ley previa, en materia no reservada). Un reglamento nunca puede regular materia reservada a ley ni contradecir una norma de rango legal. Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo: Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas (reglamento ejecutivo). Los reglamentos ejecutivos están subordinados a la ley que desarrollan; las CCAA pueden dictar su propia normativa reglamentaria bibliotecaria dentro del marco básico estatal. Art. 1.3 CC: la costumbre solo rige en defecto de ley aplicable, siempre que esté probada y no sea contraria a la moral o al orden público. Art. 1.4 CC: los principios generales del Derecho se aplican en defecto de ley y costumbre, y tienen carácter informador del ordenamiento. Art. 1.6 CC: la jurisprudencia complementa el ordenamiento jurídico con la doctrina reiterada del Tribunal Supremo; no es fuente autónoma en sentido estricto.

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2025 (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos — BOE-A-2025-26894). El Anexo I de esta convocatoria remite, para el contenido íntegro del programa, al aprobado por la Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría (Ministerio de Cultura y Deporte) — BOE núm. 237, de 3 de octubre de 2022, páginas 135233 a 135250, Anexo II, Sección Bibliotecas (BOE-A-2022-16049) —, que es el texto reproducido en este fichero. (Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, especialidad Bibliotecas, sistema general de acceso libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978, arts. 9.1, 9.3, 81, 82 a 86, 97 y 103.1
  • Código Civil, arts. 1.1, 1.3, 1.4 y 1.6
  • Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas

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