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Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. La reforma de la Constitución.

Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158).

Este temario corresponde íntegramente al Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social (código 1616, grupo C1), turno de acceso libre (1.056 plazas) y promoción interna (400 plazas), convocados conjuntamente en la misma resolución con el mismo programa de materias (Anexo I.A, temario general de 23 temas, y Anexo I.B, temario específico de Seguridad Social de 13 temas). No existen otras escalas o turnos de este cuerpo con temario distinto en esta convocatoria: el programa es idéntico para acceso libre y promoción interna, variando entre ambos turnos únicamente la estructura del ejercicio (primera parte de 70 preguntas sobre el programa general y específico, más un caso práctico de 15 preguntas sobre el Anexo I.B en turno libre; 50 preguntas sobre el Anexo I.B más un caso práctico de 12 preguntas en promoción interna).

La Constitución Española (CE) de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico y el primer tema de prácticamente todas las oposiciones de acceso a la Administración Pública, incluida la del Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social. Conocer su estructura, sus principios y su procedimiento de reforma es indispensable porque el resto del temario general -Cortes Generales, Gobierno, Poder Judicial, Administración- se articula sobre el marco que ella establece. Aprobada por las Cortes Constituyentes el 31 de octubre de 1978, ratificada en referéndum el 6 de diciembre y sancionada por el Rey el 27 de diciembre de 1978, entró en vigor el día de su publicación en el BOE, el 29 de diciembre de 1978. Configura a España como un Estado social y democrático de Derecho y una Monarquía parlamentaria. Desde su aprobación ha sido reformada en tres ocasiones, todas por el procedimiento ordinario del artículo 167 CE: 1992 (artículo 13.2), 2011 (artículo 135) y 2024 (artículo 49).

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Proceso constituyente y entrada en vigor

Tras las elecciones generales del 15 de junio de 1977, unas Cortes de carácter constituyente encargaron a una ponencia de siete diputados (los llamados «padres de la Constitución») la redacción del anteproyecto. El texto fue aprobado por el Pleno del Congreso y del Senado el 31 de octubre de 1978, sometido a referéndum el 6 de diciembre de 1978 (con una amplia mayoría de votos afirmativos), sancionado por el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre y publicado en el BOE el 29 de diciembre de 1978, fecha de su entrada en vigor. La Constitución se publicó también en las demás lenguas de España, según prevé su disposición final.

Estructura formal de la Constitución

La CE consta de un preámbulo, 169 artículos organizados en un título preliminar (arts. 1 a 9) y diez títulos numerados del I al X, además de cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. El Título I regula los derechos y deberes fundamentales (arts. 10 a 55); el II, la Corona (arts. 56 a 65); el III, las Cortes Generales (arts. 66 a 96); el IV, el Gobierno y la Administración (arts. 97 a 107); el V, las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (arts. 108 a 116); el VI, el Poder Judicial (arts. 117 a 127); el VII, Economía y Hacienda (arts. 128 a 136); el VIII, la organización territorial del Estado (arts. 137 a 158); el IX, el Tribunal Constitucional (arts. 159 a 165); y el X, la reforma constitucional (arts. 166 a 169).

Estructura interna del Título I

El Título I (De los derechos y deberes fundamentales, arts. 10 a 55) se divide en cinco capítulos: Capítulo I, De los españoles y los extranjeros (arts. 11 a 13); Capítulo II, Derechos y libertades (arts. 14 a 38), con la Sección 1ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas (arts. 15 a 29) y la Sección 2ª De los derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 30 a 38); Capítulo III, De los principios rectores de la política social y económica (arts. 39 a 52); Capítulo IV, De las garantías de las libertades y derechos fundamentales (arts. 53 y 54); y Capítulo V, De la suspensión de los derechos y libertades (art. 55). El artículo 10 abre el Título como fundamento del orden político y de la paz social.

Contenido de las disposiciones finales de la Constitución

Las disposiciones adicionales amparan y respetan los derechos históricos de los territorios forales (D.A. 1ª) y se ocupan, entre otras cuestiones, de la mayoría de edad en el Derecho foral (D.A. 2ª) y del régimen económico y fiscal de Canarias (D.A. 3ª). Las transitorias regulan, entre otros aspectos, el régimen de los territorios que durante la República hubieran plebiscitado estatutos de autonomía (D.T. 2ª) y la incorporación de Navarra al País Vasco (D.T. 4ª). La disposición derogatoria deroga la Ley para la Reforma Política de 1977 y las Leyes Fundamentales del régimen anterior, y la disposición final fija la entrada en vigor el mismo día de la publicación del texto oficial en el BOE.

Valores superiores del ordenamiento (art. 1 CE)

El artículo 1.1 CE proclama que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El artículo 1.2 sitúa la soberanía nacional en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, y el 1.3 declara que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. Los valores superiores son criterios de interpretación de todo el ordenamiento y se distinguen de los principios del artículo 9.3.

Principios del artículo 9.3 CE

El artículo 9.3 CE garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad de los poderes públicos y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. El artículo 9.1 sujeta a ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y el 9.2 encomienda a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos en la vida política, económica, cultural y social. Son los llamados principios de igualdad material y de participación.

Unidad de España y derecho a la autonomía (art. 2 CE)

El artículo 2 CE se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas, síntesis conocida como el «Estado de las Autonomías».

Lenguas oficiales, bandera y capital (arts. 3 a 5 CE)

El artículo 3 CE declara el castellano lengua española oficial del Estado, que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar; las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos (art. 3.2), y la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas es un patrimonio cultural objeto de especial respeto y protección (art. 3.3). El artículo 4 regula la bandera de España (rojo, amarillo y rojo, la amarilla de doble anchura) y admite las banderas y enseñas de las Comunidades Autónomas, que se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y actos oficiales. El artículo 5 fija Madrid como capital del Estado.

Partidos políticos, sindicatos y Fuerzas Armadas (arts. 6 a 8 CE)

El artículo 6 CE configura los partidos políticos como expresión del pluralismo político, concurrentes a la formación y manifestación de la voluntad popular e instrumento fundamental para la participación política; su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos. El artículo 7 reconoce a los sindicatos de trabajadores y a las asociaciones empresariales contribuir a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. El artículo 8 encomienda a las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Otros preceptos del Título Preliminar: seguridad jurídica y poderes públicos

El título preliminar articula los elementos definitorios del Estado: forma política (art. 1), unidad y autonomía (art. 2), lengua (art. 3), símbolos (arts. 4 y 5), partidos, sindicatos y asociaciones empresariales (arts. 6 y 7), Fuerzas Armadas (art. 8) y sujeción de los poderes públicos al ordenamiento y garantías del Estado de Derecho (art. 9). Este bloque goza de la máxima protección frente a su modificación, pues su reforma exige el procedimiento agravado del artículo 168 CE.

Iniciativa de la reforma constitucional (art. 166 CE)

La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87 CE: corresponde al Gobierno, al Congreso de los Diputados y al Senado, y las Asambleas de las Comunidades Autónomas pueden solicitar al Gobierno la adopción de un proyecto o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de reforma. No cabe la iniciativa legislativa popular en la reforma constitucional. El artículo 169 CE prohíbe iniciar la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116 (alarma, excepción y sitio).

Procedimiento de reforma ordinario (art. 167 CE)

La reforma constitucional que no afecte a las materias reservadas al procedimiento agravado se tramita conforme al artículo 167 CE: los proyectos de reforma deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hay acuerdo, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. De no lograrse la aprobación por este cauce, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma. Una vez aprobada, la reforma será sometida a referéndum cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. El referéndum es, por tanto, facultativo.

Procedimiento de reforma agravado (art. 168 CE)

El procedimiento agravado del artículo 168 CE se exige cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al título preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (derechos fundamentales y libertades públicas) o al Título II (la Corona). Requiere la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara y la disolución inmediata de las Cortes; las Cámaras elegidas deben ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que ha de ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras, y sometido en todo caso a referéndum para su ratificación. El referéndum es, por tanto, preceptivo.

Cuadro comparativo de los procedimientos de reforma

Procedimiento del art. 167: afecta a cualquier materia no protegida por el art. 168; mayoría de 3/5 de cada Cámara (con vía subsidiaria de Comisión paritaria y mayoría de 2/3 del Congreso previa mayoría absoluta del Senado); no hay disolución de las Cortes; referéndum solo si lo pide 1/10 de los miembros de cualquiera de las Cámaras en 15 días. Procedimiento del art. 168: afecta a revisión total, título preliminar, Sección 1ª del Capítulo II del Título I y Título II; mayoría de 2/3 de cada Cámara para aprobar el principio, disolución inmediata de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras y aprobación del texto por 2/3 de ambas; referéndum obligatorio. Obsérvese que los artículos 14 y 30.2 CE (que no pertenecen a la Sección 1ª) y la Sección 2ª se reforman por el procedimiento ordinario.

Reformas efectivamente realizadas de la Constitución

La CE de 1978 ha sido reformada tres veces, siempre por el procedimiento del artículo 167. La primera, en 1992, modificó el artículo 13.2 para añadir el sufragio pasivo (derecho a ser elegido) de los ciudadanos de la Unión Europea en las elecciones municipales, para adaptar el texto al Tratado de Maastricht, tras la Declaración del Tribunal Constitucional 1/1992. La segunda, en 2011, modificó el artículo 135 para introducir el principio de estabilidad presupuestaria y el límite de déficit estructural. La tercera, en febrero de 2024, modificó el artículo 49 para sustituir el término «disminuidos» por «personas con discapacidad» y reforzar su protección. En ninguna de ellas se celebró referéndum, y el procedimiento agravado del artículo 168 nunca se ha utilizado.

Límites materiales y temporales a la reforma

La Constitución no contempla cláusulas de intangibilidad absoluta -no hay materias jurídicamente irreformables- pero sí distingue procedimientos según la trascendencia de la materia. La única limitación temporal es la circunstancial del artículo 169 CE: no puede iniciarse la reforma en tiempo de guerra o de vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio. Esta ausencia de cláusulas de eternidad suele describirse como un modelo de democracia no militante abierto al cambio por cauces democráticos.

El Rey y la sanción de las leyes de reforma

Aprobada la reforma constitucional por las Cortes Generales y, en su caso, ratificada en referéndum, corresponde al Rey sancionarla y promulgarla (art. 62.a CE), con la obligación de sancionar en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes (art. 91 CE). El acto se refrenda por el Presidente del Gobierno. Aplicada esta regla, la reforma entra en vigor tras su publicación en el BOE.

La CE como norma jurídica directamente aplicable

A diferencia de las constituciones históricas de carácter más programático, la CE de 1978 es una norma jurídica de aplicación directa, vinculante para todos los poderes públicos y ciudadanos (art. 9.1 CE), cuyo respeto se garantiza mediante el control de constitucionalidad atribuido al Tribunal Constitucional, que puede declarar la nulidad de normas con rango de ley contrarias a ella. La disposición derogatoria 3ª CE deroga cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la Constitución. Los jueces ordinarios están obligados a interpretar todo el ordenamiento conforme a ella (art. 5.1 LOPJ).

El preámbulo de la Constitución

El preámbulo, situado antes del articulado, expresa la voluntad de la Nación española de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo, consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones, promover el progreso de la cultura y la economía, establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. Carece de valor normativo directo pero constituye un criterio interpretativo relevante de todo el texto.

El Estado social: contenido y proyección práctica

La cláusula del Estado social (art. 1.1 CE), junto con el mandato de igualdad material del artículo 9.2, se proyecta en el Capítulo III del Título I, dedicado a los principios rectores de la política social y económica, entre ellos el mandato de mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo (art. 41 CE), la protección de la salud (art. 43) y la suficiencia económica durante la tercera edad mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas (art. 50). Estos preceptos enlazan directamente este tema con la materia específica de esta oposición.

El Estado de Derecho y el sometimiento de la Administración a la ley

La cláusula del Estado de Derecho implica el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, la división de poderes, la legalidad de la actuación administrativa (art. 103.1 CE: la Administración sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho) y el control judicial de dicha actuación (art. 106.1 CE), principios que sustentan todo el Derecho Administrativo desarrollado en temas posteriores.

El Estado democrático: pluralismo y participación

La cláusula de Estado democrático se traduce en el sufragio universal, libre, igual, directo y secreto para la elección de las Cortes Generales y de las corporaciones locales, el reconocimiento del pluralismo político como valor superior, y el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal (art. 23 CE). Se complementan con los instrumentos de democracia directa: referéndum (arts. 92, 167 y 168), iniciativa legislativa popular (art. 87.3) y derecho de petición (art. 29).

La Constitución y el bloque de constitucionalidad

Junto a la Constitución, integran el llamado «bloque de constitucionalidad» -parámetro de control de constitucionalidad de otras normas, art. 28 LOTC- los Estatutos de Autonomía y determinadas leyes orgánicas de delimitación de competencias, en la medida en que completan el reparto competencial diseñado por la propia Constitución entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Interpretación de la Constitución y jurisprudencia constitucional

El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución (art. 1 de su Ley Orgánica 2/1979), función que ejerce con carácter vinculante para todos los poderes públicos. Sus sentencias, especialmente las recaídas en recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, fijan el sentido definitivo de los preceptos constitucionales y son objeto habitual de referencia en el resto de temas del bloque general. Los jueces y tribunales interpretan y aplican las leyes y reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional (art. 5.1 LOPJ).

Rigidez constitucional frente a las leyes ordinarias

La Constitución española es una norma rígida: su modificación exige procedimientos agravados (mayorías cualificadas, disolución de Cortes en el caso del art. 168, referéndum) muy superiores a los requeridos para aprobar o modificar una ley ordinaria u orgánica, lo que garantiza su estabilidad frente a mayorías parlamentarias coyunturales y reafirma su posición jerárquicamente superior a cualquier otra norma del ordenamiento. Para una ley ordinaria basta con mayoría simple; para una orgánica, mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto (art. 81.2 CE).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Fechas a memorizar: aprobación por las Cortes 31-10-1978; referéndum 6-12-1978; sanción 27-12-1978; publicación en el BOE y entrada en vigor 29-12-1978.
  • La CE tiene 169 artículos, un título preliminar (arts. 1 a 9) y diez títulos (I a X), 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final.
  • Valores superiores (art. 1.1): libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. No confundir con los principios del art. 9.3, ni con los derechos fundamentales.
  • Forma política del Estado: Monarquía parlamentaria (art. 1.3). La soberanía nacional reside en el pueblo español (art. 1.2).
  • Reforma ordinaria (art. 167): 3/5 de cada Cámara; referéndum facultativo si lo pide 1/10 de los miembros de cualquiera de las Cámaras en 15 días. Reforma agravada (art. 168): 2/3 de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación, nueva aprobación por 2/3 y referéndum obligatorio.
  • El art. 168 protege: revisión total, título preliminar, Sección 1ª del Capítulo II del Título I (arts. 15 a 29) y Título II (la Corona). El art. 14 y la Sección 2ª NO están protegidos por el art. 168.
  • La Constitución se ha reformado tres veces (1992, art. 13.2; 2011, art. 135; 2024, art. 49), siempre por el art. 167 y sin referéndum. Error típico: afirmar que solo se ha reformado dos veces.
  • El art. 169 prohíbe iniciar la reforma en tiempo de guerra o de vigencia de los estados de alarma, excepción o sitio.
  • La iniciativa de reforma es del Gobierno, Congreso, Senado y Asambleas de las Comunidades Autónomas (art. 166 en relación con el art. 87.1 y 2); no cabe iniciativa popular.
  • El preámbulo no tiene valor normativo, pero sí interpretativo. La Constitución es norma jurídica directamente aplicable (art. 9.1).
  • Principios del art. 9.3: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
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¿En qué fecha entró en vigor la Constitución Española de 1978?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 1 de Administrativo Seguridad Social?

La Constitución Española (CE) de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico y el primer tema de prácticamente todas las oposiciones de acceso a la Administración Pública, incluida la del Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social. Conocer su estructura, sus principios y su procedimiento de reforma es indispensable porque el resto del temario general -Cortes Generales, Gobierno, Poder Judicial, Administración- se articula sobre el marco que ella establece. Aprobada por las Cortes Constituyentes el 31 de octubre de 1978, ratificada en referéndum el 6 de diciembre y sancionada por el Rey el 27 de diciembre de 1978, entró en vigor el día de su publicación en el BOE, el 29 de diciembre de 1978. Configura a España como un Estado social y democrático de Derecho y una Monarquía parlamentaria. Desde su aprobación ha sido reformada en tres ocasiones, todas por el procedimiento ordinario del artículo 167 CE: 1992 (artículo 13.2), 2011 (artículo 135) y 2024 (artículo 49).

¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?

Fechas a memorizar: aprobación por las Cortes 31-10-1978; referéndum 6-12-1978; sanción 27-12-1978; publicación en el BOE y entrada en vigor 29-12-1978. La CE tiene 169 artículos, un título preliminar (arts. 1 a 9) y diez títulos (I a X), 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final. Valores superiores (art. 1.1): libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. No confundir con los principios del art. 9.3, ni con los derechos fundamentales. Forma política del Estado: Monarquía parlamentaria (art. 1.3). La soberanía nacional reside en el pueblo español (art. 1.2). Reforma ordinaria (art. 167): 3/5 de cada Cámara; referéndum facultativo si lo pide 1/10 de los miembros de cualquiera de las Cámaras en 15 días. Reforma agravada (art. 168): 2/3 de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación, nueva aprobación por 2/3 y referéndum obligatorio. El art. 168 protege: revisión total, título preliminar, Sección 1ª del Capítulo II del Título I (arts. 15 a 29) y Título II (la Corona). El art. 14 y la Sección 2ª NO están protegidos por el art. 168. La Constitución se ha reformado tres veces (1992, art. 13.2; 2011, art. 135; 2024, art. 49), siempre por el art. 167 y sin referéndum. Error típico: afirmar que solo se ha reformado dos veces. El art. 169 prohíbe iniciar la reforma en tiempo de guerra o de vigencia de los estados de alarma, excepción o sitio. La iniciativa de reforma es del Gobierno, Congreso, Senado y Asambleas de las Comunidades Autónomas (art. 166 en relación con el art. 87.1 y 2); no cabe iniciativa popular. El preámbulo no tiene valor normativo, pero sí interpretativo. La Constitución es norma jurídica directamente aplicable (art. 9.1). Principios del art. 9.3: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158) (Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229), en particular el Título preliminar, el Título I y los Títulos IX y X (arts. 166 a 169).
  • Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 5.1).
  • Reforma del artículo 135 CE (2011) y reforma del artículo 49 CE (2024), publicadas en el BOE.

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