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Tema 9. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. La delimitación de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía. La Administración local: El municipio. La provincia.

Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158).

Este temario corresponde íntegramente al Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social (código 1616, grupo C1), turno de acceso libre (1.056 plazas) y promoción interna (400 plazas), convocados conjuntamente en la misma resolución con el mismo programa de materias (Anexo I.A, temario general de 23 temas, y Anexo I.B, temario específico de Seguridad Social de 13 temas). No existen otras escalas o turnos de este cuerpo con temario distinto en esta convocatoria: el programa es idéntico para acceso libre y promoción interna, variando entre ambos turnos únicamente la estructura del ejercicio (primera parte de 70 preguntas sobre el programa general y específico, más un caso práctico de 15 preguntas sobre el Anexo I.B en turno libre; 50 preguntas sobre el Anexo I.B más un caso práctico de 12 preguntas en promoción interna).

El Título VIII de la Constitución (arts. 137 a 158) organiza territorialmente el Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, todas las cuales gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses (art. 137 CE). España se configura así como un «Estado autonómico», modelo intermedio entre el Estado unitario clásico y el Estado federal, con 17 Comunidades Autónomas y 2 ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). Su estudio exige distinguir el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (arts. 148 y 149 CE), conocer el papel de los Estatutos de Autonomía y los principios básicos de la Administración local (Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local). En materia de Seguridad Social, la clave es el artículo 149.1.17.ª CE: legislación básica y régimen económico, competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.

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Organización territorial básica del Estado (art. 137 CE)

El artículo 137 CE dispone que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, autonomía que es cualitativamente distinta según el nivel territorial: la de las Comunidades Autónomas es política (potestad legislativa y de gobierno), mientras que la de municipios y provincias es administrativa. La Constitución no cierra el mapa autonómico: se deja el principio dispositivo, es decir, la iniciativa de acceso a la autonomía corresponde a las provincias o territorios.

Principios constitucionales: unidad, autonomía y solidaridad

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas (art. 2 CE). El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y las diferencias entre los Estatutos no pueden implicar privilegios económicos o sociales (art. 138 CE). Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio y nadie puede obstaculizar la libre circulación de personas y bienes (art. 139 CE).

Vías de acceso a la autonomía

La Constitución previó varias vías: la vía ordinaria del artículo 143 CE (iniciativa de las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, de los territorios insulares y de las provincias con entidad regional histórica) y la vía agravada del artículo 151 CE (referéndum de ratificación de la iniciativa en cada provincia, seguida por Andalucía). Cataluña, el País Vasco y Galicia accedieron por la vía de la Disposición Transitoria Segunda, por haber plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto en el pasado. Navarra accedió por la Disposición Adicional Primera (amparo y respeto de los derechos históricos de los territorios forales) y la Ley Orgánica 13/1982, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral. Valencia y Canarias se constituyeron mediante leyes orgánicas de transferencia del artículo 150.2 CE (leyes orgánicas 12/1982 y 11/1982). Ceuta y Melilla accedieron al régimen de ciudades autónomas (art. 144.b CE) mediante sus Estatutos de 1995 (LO 1/1995 y LO 2/1995).

Contenido de los Estatutos de Autonomía

El Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma, y el Estado la reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico (art. 147.1 CE). Debe contener la denominación de la Comunidad, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de sus instituciones autónomas propias y las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución, así como las bases para el traslado de los servicios correspondientes (art. 147.2). Los Estatutos se aprueban por las Cortes Generales mediante ley orgánica (art. 81 CE).

Naturaleza jurídica del Estatuto de Autonomía y reforma

Los Estatutos de Autonomía son leyes orgánicas estatales con una posición singular en el ordenamiento: forman parte, junto con la Constitución, del llamado «bloque de constitucionalidad» (art. 28.1 LOTC) y se utilizan como parámetro para enjuiciar la validez de otras normas. Su reforma se sujeta al procedimiento establecido en el propio Estatuto y, en todo caso, exige la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica (art. 147.3 CE); en muchos Estatutos (los del artículo 151 y los posteriores) se exige además referéndum de ratificación del cuerpo electoral de la Comunidad. Tras la reforma de 2006, la STC 31/2010 resolvió el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña (LO 6/2006), precisando el alcance de la reserva constitucional de las bases estatales.

Instituciones autonómicas y organización institucional

La organización institucional de las Comunidades Autónomas que accedieron por el artículo 151 se basa en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas; y un Presidente, elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey, a quien corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la Comunidad y la ordinaria del Estado en ella (art. 152.1 CE). Un Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en el ámbito de la Comunidad. Todas las Comunidades han adoptado en la práctica este mismo esquema institucional.

Competencias exclusivas del Estado (art. 149.1 CE)

El artículo 149.1 CE reserva al Estado competencia exclusiva sobre treinta y dos materias, entre ellas: la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles (1.ª), nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y asilo (2.ª), relaciones internacionales (3.ª), defensa y Fuerzas Armadas (4.ª), Administración de Justicia (5.ª), legislación mercantil, penal y penitenciaria y procesal (6.ª), legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por las Comunidades Autónomas (7.ª), legislación civil (8.ª), bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (13.ª), Hacienda general y Deuda del Estado (14.ª), bases y coordinación general de la sanidad (16.ª), legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social (17.ª), bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas (18.ª) y seguridad pública (29.ª).

El artículo 149.1.17.ª CE: reparto competencial en Seguridad Social

El artículo 149.1.17.ª CE atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre «legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas». De ello se deducen tres planos: 1) la legislación básica y el régimen económico (financiación, cotizaciones, caja única, presupuesto) son estatales; 2) las Comunidades pueden asumir en sus Estatutos la ejecución de los servicios de la Seguridad Social, pero no la gestión del régimen económico, que debe mantenerse unitario (principio de caja única); 3) la asistencia sanitaria y los servicios sociales gestionados por las Comunidades se financian con arreglo al sistema general. La gestión de las prestaciones económicas (afiliación, cotización y prestaciones contributivas) se realiza de forma unitaria en todo el territorio por el Estado a través del INSS y la TGSS; la asistencia sanitaria está transferida a las Comunidades Autónomas. El Tribunal Constitucional ha reiterado que la unidad del sistema y la caja única son límites a la asunción de competencias autonómicas (por ejemplo, STC 124/1989).

Competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas (art. 148 CE)

El artículo 148.1 CE enumera las materias sobre las que las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en sus Estatutos, entre ellas la organización de sus instituciones de autogobierno, la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, obras públicas de interés de la Comunidad, ferrocarriles y carreteras, agricultura y ganadería, montes, pesca, artesanía, asistencia social, sanidad e higiene, museos, bibliotecas y conservatorios de interés para la Comunidad, el fomento del desarrollo económico, y la promoción y ordenación del turismo. El artículo 148.2 permite ampliar las competencias, transcurridos cinco años y mediante la reforma de los Estatutos, dentro del marco del artículo 149.

Cláusulas residual, de prevalencia y de supletoriedad (art. 149.3 CE)

Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución pueden corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus Estatutos (cláusula residual); la competencia sobre las materias no asumidas por los Estatutos corresponderá al Estado. Las normas estatales prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de estas (cláusula de prevalencia). El Derecho estatal será, en todo caso, supletorio del Derecho de las Comunidades Autónomas (cláusula de supletoriedad).

Instrumentos de armonización y de transferencia (art. 150 CE)

El artículo 150 CE prevé: a) leyes marco, por las que las Cortes Generales pueden atribuir a las Comunidades la facultad de dictar normas legislativas en el marco de los principios fijados por una ley estatal (150.1); b) leyes orgánicas de transferencia o delegación, que permiten transferir o delegar en las Comunidades facultades correspondientes a materia de titularidad estatal susceptibles de transferencia (150.2); y c) leyes de armonización, que dicta el Estado para establecer los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades cuando lo exija el interés general, apreciado por mayoría absoluta de cada Cámara (150.3).

Control y relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas

El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejerce, según el artículo 153 CE, por el Tribunal Constitucional (disposiciones normativas con fuerza de ley), por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado (ejercicio de funciones delegadas), por la jurisdicción contencioso-administrativa (autonomía administrativa) y por el Tribunal de Cuentas (control económico y presupuestario). El Gobierno puede impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones sin fuerza de ley y las resoluciones de las Comunidades Autónomas, lo que produce la suspensión de la disposición, que el Tribunal debe ratificar o levantar en un plazo no superior a cinco meses (art. 161.2 CE). Si una Comunidad no cumple las obligaciones constitucionales o atenta gravemente contra el interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad y con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, puede adoptar las medidas necesarias para obligar a su cumplimiento (art. 155 CE).

Cooperación entre Comunidades Autónomas y financiación autonómica

En ningún caso se admite la federación de Comunidades Autónomas (art. 145.1 CE). Los convenios entre Comunidades para la gestión y prestación de servicios propios deben comunicarse a las Cortes Generales, y los demás acuerdos de cooperación requieren su autorización (art. 145.2). La financiación de las Comunidades se rige por el principio de autonomía financiera y coordinación con la Hacienda estatal (art. 156 CE) y se desarrolla en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). El País Vasco y Navarra poseen un régimen foral propio de financiación (Concierto y Convenio Económico), amparado en la Disposición Adicional Primera CE.

Autonomía local: la garantía institucional (arts. 137 y 140 CE)

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios, que gozan de personalidad jurídica plena (art. 140 CE). Esta autonomía se configura como una garantía institucional (STC 32/1981) que impide al legislador vaciar de contenido la capacidad de autogobierno de las entidades locales en la gestión de sus intereses propios. La Carta Europea de Autonomía Local, ratificada por España, completa esta garantía. La autonomía local es de carácter administrativo y no político: no dispone de potestad legislativa.

El municipio: elementos y órganos de gobierno

El municipio, regulado en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), es la entidad local básica de la organización territorial del Estado y cauce inmediato de participación ciudadana. Tiene como elementos el territorio, la población y la organización. El gobierno y la administración municipal corresponden al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales. Los Concejales son elegidos por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; el Alcalde es elegido por los Concejales o por los vecinos (art. 140 CE). En la práctica, el Alcalde es elegido por mayoría absoluta de los Concejales y, si ninguno la obtiene, queda proclamado el cabeza de la lista más votada (art. 196 LOREG). Los municipios de población reducida pueden funcionar en régimen de concejo abierto.

Órganos municipales: Pleno, Alcalde y Junta de Gobierno Local

Los órganos municipales necesarios son el Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y, en los municipios de más de 5.000 habitantes y en los de menos cuando así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, la Junta de Gobierno Local (art. 20 LRBRL). El Pleno, integrado por todos los Concejales y presidido por el Alcalde, es el órgano de máxima representación política. El Alcalde preside la Corporación, dirige el gobierno y la administración municipal, representa al Ayuntamiento y convoca y preside las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local. Los municipios de gran población (Título X LRBRL) tienen un régimen organizativo específico: más de 250.000 habitantes, capitales de provincia con más de 175.000, capitales autonómicas o sedes de instituciones autonómicas, y otros con más de 75.000 en determinadas circunstancias.

Competencias municipales

Los municipios ejercen competencias propias, delegadas y distintas de las propias ni delegadas (art. 7 LRBRL). Entre las propias, el artículo 25.2 LRBRL enumera urbanismo, medio ambiente urbano, abastecimiento de agua potable, alumbrado público, cementerios, transporte colectivo urbano de viajeros, ordenación del tráfico, protección de la salubridad pública, protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, entre otras. El artículo 26 LRBRL fija servicios mínimos por tramos de población: todos los municipios (alumbrado, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento, alcantarillado, acceso a núcleos de población, pavimentación y control de alimentos y bebidas), los de más de 5.000 habitantes (parque público, biblioteca, tratamiento de residuos), los de más de 20.000 (protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios, instalaciones deportivas) y los de más de 50.000 (transporte colectivo urbano y protección del medio ambiente).

La provincia: naturaleza y órganos de gobierno

La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado; cualquier alteración de los límites provinciales ha de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica (art. 141.1 CE). Su gobierno y administración autónoma corresponden a las Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo (art. 141.2). Los diputados provinciales son elegidos indirectamente por los concejales, y la Diputación se organiza en Presidente, Vicepresidentes, Junta de Gobierno y Pleno (art. 32 LRBRL). Existen 50 provincias en España.

Fines y competencias de la provincia

Son fines propios y específicos de la provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales en el marco de la política económica y social y, en particular, asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal, y participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado (art. 31.2 LRBRL). Entre sus competencias propias (art. 36 LRBRL) están la coordinación de los servicios municipales, la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social.

Islas: Cabildos y Consejos Insulares

En los archipiélagos balear y canario, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos (art. 141.4 CE). Los Cabildos son los órganos de gobierno insular en Canarias y los Consejos Insulares en Baleares; ejercen competencias asimilables en su ámbito a las de las Diputaciones Provinciales, además de las que les atribuyan los Estatutos y la legislación autonómica.

Suficiencia financiera de las Haciendas locales (art. 142 CE)

Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas, y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. Esta suficiencia financiera garantiza la efectividad de la autonomía local. La regulación de las Haciendas locales se contiene en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Otras entidades locales

Además del municipio, la provincia y la isla en los archipiélagos (entidades locales territoriales), gozan de la condición de entidades locales las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios (instituidas por las Comunidades Autónomas), las áreas metropolitanas y las mancomunidades de municipios (art. 3 LRBRL). Las entidades de ámbito territorial inferior al municipio (pedanías, parroquias rurales, etc.) se regulan por la legislación autonómica y conservan su condición de entidad local menor.

Relación de las entidades locales con la Seguridad Social

Aunque la gestión de la Seguridad Social es competencia estatal, los servicios sociales municipales colaboran habitualmente con el sistema en la detección de situaciones de necesidad y en la tramitación de prestaciones asistenciales como el Ingreso Mínimo Vital (Ley 19/2021, de 20 de diciembre), cuya gestión corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Dicha colaboración se articula mediante convenios o acuerdos de colaboración entre entidades locales y la Seguridad Social, enlazando este tema con el bloque específico de la oposición.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Art. 137 CE: el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y Comunidades Autónomas; todas gozan de autonomía, pero solo la de las Comunidades es política.
  • El Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de la Comunidad y se aprueba por ley orgánica (arts. 147 y 81 CE); forma parte del bloque de constitucionalidad.
  • Art. 149.1.17.ª CE: legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social = Estado; ejecución de los servicios = pueden asumirla las Comunidades Autónomas. No transferible la caja única.
  • Cláusula residual (149.3): las materias no atribuidas al Estado pueden asumirlas las Comunidades; las no asumidas corresponden al Estado. Prevalencia y supletoriedad del Derecho estatal.
  • Art. 150 CE: leyes marco (150.1), leyes orgánicas de transferencia o delegación (150.2) y leyes de armonización (150.3, mayoría absoluta de cada Cámara).
  • Art. 155 CE: coerción estatal, con requerimiento previo al Presidente de la Comunidad y aprobación por mayoría absoluta del Senado.
  • No existe federación de Comunidades Autónomas (art. 145.1 CE).
  • Cataluña, País Vasco y Galicia accedieron por la Disposición Transitoria Segunda; Andalucía por el art. 151; Navarra por la Disposición Adicional Primera.
  • La Asamblea Legislativa autonómica es elegida por sufragio universal con sistema proporcional; el Presidente es elegido por la Asamblea y nombrado por el Rey (art. 152.1 CE).
  • Municipio: elementos = territorio, población y organización. Concejales por sufragio universal; Alcalde elegido por los Concejales o por los vecinos.
  • Junta de Gobierno Local: obligatoria en municipios de más de 5.000 habitantes (art. 20 LRBRL).
  • Servicios mínimos por población (art. 26 LRBRL): 5.000, 20.000 y 50.000 habitantes.
  • Provincia: agrupación de municipios y división territorial para las actividades del Estado; sus límites solo se alteran por ley orgánica (art. 141.1 CE).
  • Islas: Cabildos (Canarias) y Consejos (Baleares), art. 141.4 CE.
  • Error típico: afirmar que las Comunidades Autónomas gestionan las cotizaciones y las prestaciones económicas contributivas; las gestiona el Estado (TGSS e INSS) por el principio de caja única.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

Según el artículo 149.1.17.ª de la Constitución, es competencia exclusiva del Estado:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 9 de Administrativo Seguridad Social?

El Título VIII de la Constitución (arts. 137 a 158) organiza territorialmente el Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, todas las cuales gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses (art. 137 CE). España se configura así como un «Estado autonómico», modelo intermedio entre el Estado unitario clásico y el Estado federal, con 17 Comunidades Autónomas y 2 ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). Su estudio exige distinguir el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (arts. 148 y 149 CE), conocer el papel de los Estatutos de Autonomía y los principios básicos de la Administración local (Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local). En materia de Seguridad Social, la clave es el artículo 149.1.17.ª CE: legislación básica y régimen económico, competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.

¿Qué hay que memorizar del Tema 9 para el examen?

Art. 137 CE: el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y Comunidades Autónomas; todas gozan de autonomía, pero solo la de las Comunidades es política. El Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de la Comunidad y se aprueba por ley orgánica (arts. 147 y 81 CE); forma parte del bloque de constitucionalidad. Art. 149.1.17.ª CE: legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social = Estado; ejecución de los servicios = pueden asumirla las Comunidades Autónomas. No transferible la caja única. Cláusula residual (149.3): las materias no atribuidas al Estado pueden asumirlas las Comunidades; las no asumidas corresponden al Estado. Prevalencia y supletoriedad del Derecho estatal. Art. 150 CE: leyes marco (150.1), leyes orgánicas de transferencia o delegación (150.2) y leyes de armonización (150.3, mayoría absoluta de cada Cámara). Art. 155 CE: coerción estatal, con requerimiento previo al Presidente de la Comunidad y aprobación por mayoría absoluta del Senado. No existe federación de Comunidades Autónomas (art. 145.1 CE). Cataluña, País Vasco y Galicia accedieron por la Disposición Transitoria Segunda; Andalucía por el art. 151; Navarra por la Disposición Adicional Primera. La Asamblea Legislativa autonómica es elegida por sufragio universal con sistema proporcional; el Presidente es elegido por la Asamblea y nombrado por el Rey (art. 152.1 CE). Municipio: elementos = territorio, población y organización. Concejales por sufragio universal; Alcalde elegido por los Concejales o por los vecinos. Junta de Gobierno Local: obligatoria en municipios de más de 5.000 habitantes (art. 20 LRBRL). Servicios mínimos por población (art. 26 LRBRL): 5.000, 20.000 y 50.000 habitantes. Provincia: agrupación de municipios y división territorial para las actividades del Estado; sus límites solo se alteran por ley orgánica (art. 141.1 CE). Islas: Cabildos (Canarias) y Consejos (Baleares), art. 141.4 CE. Error típico: afirmar que las Comunidades Autónomas gestionan las cotizaciones y las prestaciones económicas contributivas; las gestiona el Estado (TGSS e INSS) por el principio de caja única.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158) (Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978, Título VIII, arts. 137 a 158, y arts. 2, 81, 149.1.17.ª y Disposiciones Transitoria Segunda y Adicional Primera.
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
  • Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (arts. 179 y 196).
  • Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
  • Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (art. 28).
  • Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.
  • Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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