Este temario corresponde íntegramente al Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social (código 1616, grupo C1), turno de acceso libre (1.056 plazas) y promoción interna (400 plazas), convocados conjuntamente en la misma resolución con el mismo programa de materias (Anexo I.A, temario general de 23 temas, y Anexo I.B, temario específico de Seguridad Social de 13 temas). No existen otras escalas o turnos de este cuerpo con temario distinto en esta convocatoria: el programa es idéntico para acceso libre y promoción interna, variando entre ambos turnos únicamente la estructura del ejercicio (primera parte de 70 preguntas sobre el programa general y específico, más un caso práctico de 15 preguntas sobre el Anexo I.B en turno libre; 50 preguntas sobre el Anexo I.B más un caso práctico de 12 preguntas en promoción interna).
El Título VI de la Constitución (arts. 117 a 127) regula el Poder Judicial bajo el principio de que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. El Consejo General del Poder Judicial es su órgano de gobierno. Su desarrollo se encuentra en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ).
El tema exige conocer la organización jerárquica de los órganos jurisdiccionales (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales, Juzgados y, tras la Ley Orgánica 1/2025, los tribunales de instancia), las funciones de gobierno del CGPJ, el Ministerio Fiscal y el principio de unidad jurisdiccional.
Principios constitucionales de la potestad jurisdiccional
El artículo 117.1 CE proclama que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. El artículo 117.3 atribuye el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las anteriores y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho (art. 117.4). Es obligatorio cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida (art. 118).
Principio de unidad jurisdiccional
El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales (art. 117.5 CE). La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. Se prohíben los Tribunales de excepción (art. 117.6). La excepción tradicional reconocida por el artículo 125 CE son los tribunales consuetudinarios y tradicionales (como el Tribunal de las Aguas de Valencia), que no integran la organización judicial ordinaria. Este principio garantiza que todos los ciudadanos sean juzgados por los mismos órganos según reglas procesales predeterminadas.
Independencia judicial y garantías de los jueces
Los jueces y magistrados no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley (art. 117.2 CE). Su independencia se protege también mediante el sistema de incompatibilidades del artículo 127 CE: los jueces, magistrados y fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos, y la ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional. La responsabilidad de los jueces puede ser civil, penal y disciplinaria. Son tres las categorías de la carrera judicial: Juez, Magistrado y Magistrado del Tribunal Supremo, que forman un Cuerpo único (art. 122.1 CE).
Reserva de ley orgánica en materia de Poder Judicial (art. 122.1 CE)
La Ley Orgánica del Poder Judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia. La LOPJ vigente es la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, modificada en numerosas ocasiones.
Órdenes jurisdiccionales
El ordenamiento español se organiza en cuatro órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso-administrativo y social, cada uno con sus propios órganos especializados en primera instancia y en apelación, sin perjuicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense. Al orden social corresponde, conforme a la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, conocer de los litigios en materia de Seguridad Social, con excepciones como la gestión recaudatoria, que corresponde al contencioso-administrativo.
El Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (art. 123.1 CE). Su Presidente es nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley (art. 123.2 CE). La Ley Orgánica 6/1985 lo organiza en cinco Salas: Primera (civil), Segunda (penal), Tercera (contencioso-administrativo), Cuarta (social) y Quinta (militar), además de una Sala especial. Su Sala de lo Penal enjuicia a los aforados (por ejemplo, Diputados y Senadores).
La Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional, con sede en Madrid y jurisdicción en toda España, es un órgano jurisdiccional colegiado con Salas de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social, y Juzgados Centrales. Conoce, entre otras competencias, de determinados delitos que enumera la LOPJ (art. 65), de los recursos contencioso-administrativos contra actos de ministros y secretarios de Estado, y en el orden social, de determinados procesos de conflicto colectivo e impugnación de convenios colectivos de ámbito superior al de un Tribunal Superior de Justicia.
Los Tribunales Superiores de Justicia
El Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo (art. 152.1 CE). Hay uno por cada Comunidad Autónoma y se organiza en Salas de lo Civil y Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social. Conoce de los recursos contencioso-administrativos contra actos de la Administración autonómica y, en materia social, de los recursos de suplicación contra sentencias de los Juzgados de lo Social.
Audiencias Provinciales y Juzgados
Las Audiencias Provinciales, una por provincia, conocen fundamentalmente del enjuiciamiento de los delitos graves y de los recursos de apelación en materia civil y penal en su respectivo territorio. En la base de la organización judicial se sitúan los órganos unipersonales: Juzgados de Primera Instancia, de Instrucción, de lo Penal, de lo Mercantil, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Violencia sobre la Mujer, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria y de Paz (estos últimos en los municipios que carecen de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, con jueces legos nombrados por un periodo de cuatro años).
Los tribunales de instancia (Ley Orgánica 1/2025)
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha reformado la LOPJ para sustituir progresivamente los juzgados unipersonales por tribunales de instancia, que agrupan los órganos de cada partido judicial en secciones especializadas (por ejemplo civil, instrucción, penal, mercantil, violencia sobre la mujer, entre otras). También introduce, entre otras medidas, los medios adecuados de solución de controversias (MASC) como requisito previo a la vía judicial en el orden civil. La implantación se realiza por fases, por lo que debe consultarse el calendario vigente.
El Consejo General del Poder Judicial: naturaleza
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano de gobierno del Poder Judicial, previsto en el artículo 122 CE y desarrollado por la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya función es garantizar la independencia de jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado en el ejercicio de la función jurisdiccional. No ejerce potestad jurisdiccional.
Composición del CGPJ (art. 122.3 CE)
El CGPJ está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. El procedimiento de elección de los doce vocales de procedencia judicial ha sido objeto de reiteradas reformas legales, por lo que debe contrastarse con el texto vigente de la LOPJ.
Organización interna del CGPJ
El CGPJ actúa en Pleno y mediante la Comisión Permanente, la Comisión Disciplinaria, la Comisión de Calificación y otras Comisiones previstas en la LOPJ, como la de Estudios e Informes y la de Igualdad. El Pleno es el órgano superior. Su Presidente representa al Poder Judicial y al propio Consejo. La LOPJ prevé además que cuando el Consejo está en funciones su capacidad para efectuar nombramientos está limitada.
Competencias del CGPJ (art. 122.2 CE)
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario (art. 122.2 CE). Además, informa los anteproyectos de leyes que afecten a la constitución, organización, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, elabora su presupuesto y propone dos magistrados del Tribunal Constitucional. Estas funciones no incluyen la interpretación jurisdiccional de las leyes, reservada en exclusiva a los propios jueces y tribunales.
El Ministerio Fiscal (art. 124 CE)
El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social (art. 124.1). Ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad (art. 124.2). Su régimen se regula en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981, de 30 de diciembre), que lo define como órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial.
El Fiscal General del Estado
El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial (art. 124.4 CE). Debe ser nombrado entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. Su mandato es de cuatro años (Ley 24/2007) y cesa cuando cesa el Gobierno que lo propuso. Dirige la actuación del Ministerio Fiscal conforme al principio de dependencia jerárquica.
La Policía Judicial (art. 126 CE)
La Policía Judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca. Esta dependencia funcional es compatible con su dependencia orgánica de los cuerpos de seguridad.
Gratuidad de la justicia, jurado y acción popular
El artículo 119 CE dispone que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. El artículo 125 CE reconoce que los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales. El Tribunal del Jurado se regula en la Ley Orgánica 5/1995 y se compone de nueve jurados y un Magistrado-Presidente.
El principio de publicidad de las actuaciones judiciales
El artículo 120 CE establece que las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento (art. 120.1); el procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal (art. 120.2); y las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública (art. 120.3).
Responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial
El artículo 121 CE reconoce que los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley. Es un régimen de responsabilidad objetiva ajeno a la culpa personal del juzgador. La reclamación por error judicial requiere previa declaración del error por el órgano competente.
Personal al servicio de la Administración de Justicia
Además de jueces y magistrados, integran la Administración de Justicia los Letrados de la Administración de Justicia (antes Secretarios Judiciales), que ejercen la fe pública judicial y dirigen la oficina judicial, y los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial, además de Médicos Forenses y otros cuerpos técnicos. La gestión de los medios materiales y personales corresponde al ministerio competente en materia de Justicia y, por transferencia, a las Comunidades Autónomas con competencias asumidas.
El orden social y la Seguridad Social
Los litigios sobre prestaciones de Seguridad Social se tramitan ante el orden jurisdiccional social, en primera instancia ante el Juzgado de lo Social, con recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia y casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Con carácter general, antes de acudir a la vía judicial, debe agotarse la vía administrativa previa en los términos de la ley reguladora de la jurisdicción social. Esta conexión explica la presencia de este tema en el programa de la oposición.
El acceso a la carrera judicial
El acceso a la carrera judicial se produce fundamentalmente mediante oposición libre entre licenciados o graduados en Derecho, seguida de un curso teórico y práctico de selección en la Escuela Judicial, sistema que garantiza los principios de mérito y capacidad del artículo 103.3 CE. Existen turnos especiales para juristas de reconocida competencia en las categorías superiores.
Autogobierno judicial frente a la Administración de Justicia
Conviene distinguir el gobierno del Poder Judicial (atribuido al CGPJ y referido al estatuto de jueces y magistrados) de la Administración de Justicia en el sentido de medios materiales y personales no jurisdiccionales, cuya gestión corresponde en gran parte al ministerio competente en materia de Justicia y, por transferencia, a las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en la materia.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Título VI: arts. 117 a 127. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey (art. 117.1).
Los jueces son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
Unidad jurisdiccional (art. 117.5): única excepción, la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense; se prohíben los Tribunales de excepción (117.6).
CGPJ: Presidente del Tribunal Supremo más 20 vocales nombrados por el Rey por 5 años: 12 jueces y magistrados, 4 propuestos por el Congreso y 4 por el Senado (3/5) entre juristas con más de 15 años de ejercicio.
Tribunal Supremo: cinco Salas (civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar). Órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo garantías constitucionales.
Los Tribunales Superiores de Justicia culminan la organización judicial en cada Comunidad Autónoma (art. 152.1).
Fiscal General del Estado: nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ; mandato de cuatro años.
Policía Judicial: depende de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito (art. 126).
Art. 125: acción popular, jurado y tribunales consuetudinarios y tradicionales.
Art. 121: error judicial y funcionamiento anormal de la Administración de Justicia dan derecho a indemnización a cargo del Estado.
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero: tribunales de instancia y MASC; implantación progresiva.
El Ministerio Fiscal actúa con unidad de actuación y dependencia jerárquica, sujeto a legalidad e imparcialidad (art. 124.2).
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Cuántas Salas tiene el Tribunal Supremo?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 6 de Administrativo Seguridad Social?
El Título VI de la Constitución (arts. 117 a 127) regula el Poder Judicial bajo el principio de que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. El Consejo General del Poder Judicial es su órgano de gobierno. Su desarrollo se encuentra en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ).
El tema exige conocer la organización jerárquica de los órganos jurisdiccionales (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales, Juzgados y, tras la Ley Orgánica 1/2025, los tribunales de instancia), las funciones de gobierno del CGPJ, el Ministerio Fiscal y el principio de unidad jurisdiccional.
¿Qué hay que memorizar del Tema 6 para el examen?
Título VI: arts. 117 a 127. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey (art. 117.1). Los jueces son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Unidad jurisdiccional (art. 117.5): única excepción, la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense; se prohíben los Tribunales de excepción (117.6). CGPJ: Presidente del Tribunal Supremo más 20 vocales nombrados por el Rey por 5 años: 12 jueces y magistrados, 4 propuestos por el Congreso y 4 por el Senado (3/5) entre juristas con más de 15 años de ejercicio. Tribunal Supremo: cinco Salas (civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar). Órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo garantías constitucionales. Los Tribunales Superiores de Justicia culminan la organización judicial en cada Comunidad Autónoma (art. 152.1). Fiscal General del Estado: nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ; mandato de cuatro años. Policía Judicial: depende de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito (art. 126). Art. 125: acción popular, jurado y tribunales consuetudinarios y tradicionales. Art. 121: error judicial y funcionamiento anormal de la Administración de Justicia dan derecho a indemnización a cargo del Estado. Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero: tribunales de instancia y MASC; implantación progresiva. El Ministerio Fiscal actúa con unidad de actuación y dependencia jerárquica, sujeto a legalidad e imparcialidad (art. 124.2).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158) (Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229), Título VI (arts. 117 a 127) y art. 152.1.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, modificada por la Ley 24/2007.
Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
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