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Tema 2. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.

Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158).

Este temario corresponde íntegramente al Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social (código 1616, grupo C1), turno de acceso libre (1.056 plazas) y promoción interna (400 plazas), convocados conjuntamente en la misma resolución con el mismo programa de materias (Anexo I.A, temario general de 23 temas, y Anexo I.B, temario específico de Seguridad Social de 13 temas). No existen otras escalas o turnos de este cuerpo con temario distinto en esta convocatoria: el programa es idéntico para acceso libre y promoción interna, variando entre ambos turnos únicamente la estructura del ejercicio (primera parte de 70 preguntas sobre el programa general y específico, más un caso práctico de 15 preguntas sobre el Anexo I.B en turno libre; 50 preguntas sobre el Anexo I.B más un caso práctico de 12 preguntas en promoción interna).

El Título I de la Constitución («De los derechos y deberes fundamentales», arts. 10 a 55) es el más extenso del texto constitucional y regula desde el fundamento del orden político hasta los principios rectores de la política social y económica, pasando por el sistema de garantías que protege cada categoría de derechos con distinta intensidad. Su conocimiento es constante en el examen tipo test por la cantidad de matices que introduce. El tema exige distinguir con precisión los distintos niveles de protección -derechos fundamentales en sentido estricto, derechos y deberes de los ciudadanos, y principios rectores-, las garantías del artículo 53 (reserva de ley, contenido esencial, tutela preferente y sumaria, amparo, Defensor del Pueblo) y los regímenes de suspensión de derechos: la suspensión general del artículo 55.1 durante los estados de excepción y sitio y la suspensión individual del artículo 55.2 en investigaciones por bandas armadas o elementos terroristas.

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Fundamento del orden político (art. 10 CE)

El artículo 10.1 CE proclama que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Es una cláusula de cierre axiológico de todo el sistema de derechos. El artículo 10.2 ordena interpretar las normas sobre derechos fundamentales y libertades de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, entre ellos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) resulta así canon interpretativo de referencia.

Españoles y extranjeros (arts. 11 a 13 CE)

La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley, y ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad (art. 11). Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años (art. 12). Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley (art. 13.1). Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales (art. 13.2, tras la reforma de 1992). La extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad, y quedan excluidos los delitos políticos (art. 13.3); la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España (art. 13.4).

El principio de igualdad (art. 14 CE)

El artículo 14 CE proclama que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Se sitúa en el Capítulo II, antes de la Sección 1ª, pero goza de la tutela reforzada propia de esta (preferencia y sumariedad ante los tribunales ordinarios y recurso de amparo, art. 53.2). No impide las diferencias de trato razonables y proporcionadas ni las acciones positivas dirigidas a lograr la igualdad real del artículo 9.2.

Derechos fundamentales y libertades públicas (Sección 1ª, arts. 15-29)

La Sección 1ª comprende: el derecho a la vida y a la integridad física y moral, con prohibición de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes y abolición de la pena de muerte salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares en tiempos de guerra (art. 15); la libertad ideológica, religiosa y de culto, sin que nadie pueda ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias (art. 16); el derecho a la libertad y seguridad, con la detención preventiva limitada al tiempo estrictamente necesario y, como máximo, a setenta y dos horas, tras las cuales el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición judicial, y el habeas corpus (art. 17); el honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones (art. 18); la libertad de residencia y circulación (art. 19); las libertades de expresión e información (art. 20); el derecho de reunión pacífica y sin armas (art. 21); el de asociación (art. 22); el de participación política y acceso a las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad (art. 23); la tutela judicial efectiva (art. 24); la legalidad penal y sancionadora (art. 25); la prohibición de los tribunales de honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales (art. 26); el derecho a la educación y la libertad de enseñanza (art. 27); la libertad sindical y el derecho de huelga (art. 28); y el derecho de petición individual y colectiva (art. 29).

Matices de examen en los arts. 17 a 22

La entrada y registro en el domicilio requiere consentimiento del titular, resolución judicial o flagrante delito (art. 18.2). El secreto de las comunicaciones solo puede levantarse con resolución judicial (art. 18.3). Las libertades de expresión incluyen la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, la libertad de cátedra y la comunicación de información veraz; no puede restringirse mediante censura previa (art. 20.2) y el secuestro de publicaciones solo procede por resolución judicial (art. 20.5). La reunión en lugares de tránsito público y las manifestaciones requieren comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes (art. 21.2). Las asociaciones solo pueden ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada (art. 22.4), y se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar (art. 22.5).

Libertad sindical, huelga y petición (arts. 28 y 29 CE)

Todos tienen derecho a sindicarse libremente; la ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos (art. 28.1). Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses; la ley que regule su ejercicio establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad (art. 28.2). Todos los españoles tienen derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley; los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar solo podrán ejercerlo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica (art. 29).

Derechos y deberes de los ciudadanos (Sección 2ª, arts. 30-38)

La Sección 2ª regula, con un nivel de protección inferior a la Sección 1ª, el derecho y deber de defender a España y la objeción de conciencia (art. 30), el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31), el derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica (art. 32), el derecho a la propiedad privada y a la herencia, cuya función social delimitará el contenido de acuerdo con las leyes, sin que nadie pueda ser privado de sus bienes sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización (art. 33), el derecho de fundación (art. 34), el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente, sin que pueda hacerse discriminación por razón de sexo (art. 35), los colegios profesionales (art. 36), el derecho a la negociación colectiva laboral y a adoptar medidas de conflicto colectivo (art. 37) y la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (art. 38).

Principios rectores de la política social y económica (Capítulo III)

El Capítulo III (arts. 39 a 52 CE) recoge la protección social, económica y jurídica de la familia y de la infancia (art. 39), el progreso social y económico y una política orientada al pleno empleo, junto con el fomento de una política de formación y readaptación profesional, la seguridad e higiene en el trabajo, el descanso necesario y la limitación de la jornada (art. 40), el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social (art. 41), la salvaguarda de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero (art. 42), el derecho a la protección de la salud (art. 43), el acceso a la cultura (art. 44), el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado (art. 45), la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico (art. 46), el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47), la participación de la juventud (art. 48), la atención a las personas con discapacidad (art. 49), la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas (art. 50), la defensa de los consumidores y usuarios (art. 51) y las organizaciones profesionales (art. 52).

El artículo 41 CE como fundamento constitucional de la Seguridad Social

El artículo 41 CE es el precepto constitucional de cabecera de todo el sistema de Seguridad Social español: dispone que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo, y precisa que la asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Al estar ubicado en el Capítulo III, no es un derecho fundamental ni genera, por sí mismo, derecho subjetivo exigible directamente: su contenido se concreta mediante la ley. El Tribunal Constitucional lo ha configurado como una garantía institucional, que protege la existencia de un sistema público pero no un modelo concreto de prestaciones. Se complementa con el artículo 50 (pensiones) y el 149.1.17ª (competencia exclusiva del Estado sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social).

El artículo 49 CE tras la reforma de 2024

La reforma constitucional de febrero de 2024 dio nueva redacción al artículo 49 CE. En su versión vigente, las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en el Título I en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas, y se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio. Los poderes públicos impulsarán políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles, fomentarán la participación de sus organizaciones y atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad. Desaparece el término «disminuidos» del texto constitucional.

Eficacia jurídica diferenciada de los principios rectores (art. 53.3 CE)

Conforme al artículo 53.3 CE, el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo III informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen: carecen de aplicabilidad directa e inmediata y no son susceptibles de recurso de amparo, a diferencia de los derechos fundamentales.

Garantía general de los derechos (art. 53.1 CE)

Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del Título I vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelan además mediante el recurso de inconstitucionalidad del artículo 161.1.a) ante el Tribunal Constitucional cuando una norma con rango de ley los vulnere. Esta es la garantía de la reserva de ley y del contenido esencial, aplicable a toda la Sección 1ª y a la Sección 2ª.

Garantía reforzada de los derechos fundamentales (art. 53.2 CE)

Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1ª del Capítulo II ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. Además, su desarrollo exige ley orgánica (art. 81.1 CE) y su reforma, en el caso de la Sección 1ª, el procedimiento agravado del artículo 168.

El recurso de amparo constitucional

El recurso de amparo, previsto en los artículos 53.2 y 161.1.b) CE y desarrollado por la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional, protege frente a violaciones de los derechos del artículo 14, de la Sección 1ª del Capítulo II y de la objeción de conciencia (art. 30.2) originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos. Están legitimados toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. Tiene carácter subsidiario (exige agotar la vía judicial previa) y, desde la reforma operada por la Ley Orgánica 6/2007, el recurrente debe justificar la especial trascendencia constitucional del recurso. Plazos: veinte días contra violaciones originadas por actos administrativos o disposiciones sin fuerza de ley una vez agotada la vía previa, treinta días contra resoluciones judiciales desde la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial y tres meses contra actos parlamentarios sin valor de ley.

El procedimiento de habeas corpus

Previsto en el artículo 17.4 CE y desarrollado por la Ley Orgánica 6/1984, el habeas corpus es una garantía judicial inmediata frente a cualquier detención ilegal. Puede promoverlo la persona detenida, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, descendientes, ascendientes y hermanos, así como el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo; el juez puede iniciarlo también de oficio. Se presenta ante el Juez de Instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad, que resuelve mediante auto en un plazo máximo de veinticuatro horas. Se completa con la regla de que la duración máxima de la prisión provisional será fijada por ley.

La tutela judicial efectiva (art. 24 CE)

El artículo 24.1 CE reconoce el derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. El apartado 2 añade el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informado de la acusación formulada, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia. Es el derecho fundamental más alegado en amparo. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos (art. 24.2 in fine).

Reserva de ley orgánica para el desarrollo de derechos fundamentales

El artículo 81.1 CE reserva a la ley orgánica el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas (arts. 15 a 29), la aprobación de los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general, además de las demás previstas en la Constitución. Su aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81.2 CE). El Tribunal Constitucional ha interpretado restrictivamente la reserva: «desarrollo» significa regulación directa y esencial del derecho, no cualquier norma que incida en él.

El Defensor del Pueblo como garante extrajudicial de los derechos

El Defensor del Pueblo, previsto en el artículo 54 CE como alto comisionado de las Cortes Generales designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Constituye una garantía de naturaleza no jurisdiccional que se desarrolla con mayor detalle en el tema de las Cortes Generales (Ley Orgánica 3/1981).

Suspensión general de derechos (art. 55.1 CE)

El artículo 55.1 CE habilita la suspensión de los derechos reconocidos en los artículos 17 (libertad y seguridad), 18.2 y 18.3 (inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones), 19 (circulación y residencia), 20.1.a) y d) y 20.5 (libre expresión e información, y secuestro de publicaciones), 21 (reunión), 28.2 (huelga) y 37.2 (medidas de conflicto colectivo) cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de la suspensión el apartado 3 del artículo 17 (derechos del detenido: información de sus derechos, asistencia de abogado) para el supuesto de declaración de estado de excepción. El estado de alarma queda excluido: durante su vigencia no se suspende ningún derecho fundamental, sino que a lo sumo se limita su ejercicio.

Suspensión individual de derechos en investigaciones antiterroristas (art. 55.2 CE)

El artículo 55.2 CE permite que una ley orgánica determine la forma y los casos en que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17.2 (plazo de la detención preventiva), 18.2 (inviolabilidad del domicilio) y 18.3 (secreto de las comunicaciones) puedan ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. No requiere declaración de ningún estado excepcional.

Los estados de alarma, excepción y sitio (art. 116 CE)

El artículo 116 CE remite a una ley orgánica -la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio- la regulación de estos estados, así como las competencias y limitaciones correspondientes. El estado de alarma lo declara el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso, sin cuya autorización no puede prorrogarse. El estado de excepción lo declara el Gobierno, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso (duración máxima de treinta días, prorrogable por otro plazo igual). El estado de sitio lo declara la mayoría absoluta del Congreso, a propuesta exclusiva del Gobierno, que determina su ámbito y duración. No puede disolverse el Congreso mientras estén declarados estos estados, y las Cámaras quedan automáticamente convocadas si no estuvieran en periodo de sesiones. El principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes no se modifica.

Jurisprudencia constitucional sobre el estado de alarma

Las sentencias del Tribunal Constitucional 148/2021 y 183/2021, dictadas en relación con las medidas adoptadas durante la pandemia de 2020-2021, declararon que determinadas restricciones (la limitación general de la libertad de circulación de las personas) excedían de una mera limitación de derechos y requerían el cauce del estado de excepción, y que la prórroga del estado de alarma debía decidirla el Congreso fijando sus condiciones, sin delegarlas en el Gobierno o en otras autoridades. Se trata de doctrina relevante sobre el alcance diferenciado de los tres estados excepcionales.

El deber constitucional de defender a España

El artículo 30.1 CE establece el derecho y el deber de los españoles de defender a España, mientras que el artículo 30.2 regula por ley las obligaciones militares de los españoles y la objeción de conciencia, con posibilidad de imponer una prestación social sustitutoria, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio; el apartado 3 permite establecer un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general y el apartado 4 prevé deberes en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. El servicio militar obligatorio fue suspendido a comienzos de este siglo, pero estos preceptos mantienen plena vigencia constitucional.

El deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos

El artículo 31 CE consagra el deber de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley (art. 31.3).

Tabla comparativa de garantías por categorías de derechos

Art. 14 y Sección 1ª (arts. 15-29) más objeción de conciencia (30.2): vinculan a todos los poderes públicos, reserva de ley orgánica (81.1), contenido esencial, tutela preferente y sumaria ante tribunales ordinarios, recurso de amparo, protección de la revisión por art. 168 (solo Sección 1ª) y posibilidad de suspensión (art. 55). Resto de la Sección 2ª (arts. 30-38): vinculan a los poderes públicos, reserva de ley ordinaria y contenido esencial (53.1), recurso de inconstitucionalidad pero no amparo. Capítulo III (arts. 39-52): solo informan la legislación, práctica judicial y actuación de poderes públicos; alegables ante la jurisdicción ordinaria según lo dispongan las leyes; ni amparo ni aplicabilidad directa (53.3).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Estructura del Título I: Cap. I (arts. 11-13), Cap. II (arts. 14-38; Sección 1ª arts. 15-29; Sección 2ª arts. 30-38), Cap. III (arts. 39-52), Cap. IV garantías (arts. 53-54), Cap. V suspensión (art. 55).
  • El amparo protege el art. 14, la Sección 1ª (arts. 15-29) y la objeción de conciencia (art. 30.2). No protege la Sección 2ª (salvo art. 30.2) ni el Capítulo III.
  • Detención preventiva: máximo 72 horas (art. 17.2). El habeas corpus se resuelve en 24 horas (LO 6/1984).
  • Art. 55.1: suspensión general solo con estado de excepción o sitio. El estado de alarma NO suspende derechos. Art. 17.3 queda exceptuado de la suspensión en el estado de excepción.
  • Art. 55.2: suspensión individual para investigaciones de bandas armadas o elementos terroristas, por ley orgánica, con intervención judicial y control parlamentario; afecta a los arts. 17.2, 18.2 y 18.3.
  • Estado de alarma: Gobierno, hasta 15 días, prórroga con autorización del Congreso. Excepción: Gobierno con autorización previa del Congreso (30 días + 30). Sitio: mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno.
  • Tutela del art. 53.2: procedimiento preferente y sumario ante tribunales ordinarios y, en su caso, amparo ante el TC.
  • El art. 41 CE (Seguridad Social) está en el Capítulo III: principio rector, sin amparo; el art. 50 garantiza pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas.
  • El art. 49 fue reformado en 2024: desaparece «disminuidos» y se habla de «personas con discapacidad».
  • Plazos del amparo: 3 meses (actos parlamentarios sin valor de ley), 20 días (administrativos, tras agotar la vía previa) y 30 días (judiciales).
  • Los extranjeros gozan de las libertades públicas en los términos de tratados y ley (art. 13.1); el sufragio municipal por reciprocidad se prevé en el art. 13.2 (reforma de 1992).
  • La ley orgánica del art. 81 exige mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto del proyecto. No confundir con el art. 55.2, que exige ley orgánica para la suspensión individual.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

Según el artículo 53.3 CE, los principios rectores del Capítulo III:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 2 de Administrativo Seguridad Social?

El Título I de la Constitución («De los derechos y deberes fundamentales», arts. 10 a 55) es el más extenso del texto constitucional y regula desde el fundamento del orden político hasta los principios rectores de la política social y económica, pasando por el sistema de garantías que protege cada categoría de derechos con distinta intensidad. Su conocimiento es constante en el examen tipo test por la cantidad de matices que introduce. El tema exige distinguir con precisión los distintos niveles de protección -derechos fundamentales en sentido estricto, derechos y deberes de los ciudadanos, y principios rectores-, las garantías del artículo 53 (reserva de ley, contenido esencial, tutela preferente y sumaria, amparo, Defensor del Pueblo) y los regímenes de suspensión de derechos: la suspensión general del artículo 55.1 durante los estados de excepción y sitio y la suspensión individual del artículo 55.2 en investigaciones por bandas armadas o elementos terroristas.

¿Qué hay que memorizar del Tema 2 para el examen?

Estructura del Título I: Cap. I (arts. 11-13), Cap. II (arts. 14-38; Sección 1ª arts. 15-29; Sección 2ª arts. 30-38), Cap. III (arts. 39-52), Cap. IV garantías (arts. 53-54), Cap. V suspensión (art. 55). El amparo protege el art. 14, la Sección 1ª (arts. 15-29) y la objeción de conciencia (art. 30.2). No protege la Sección 2ª (salvo art. 30.2) ni el Capítulo III. Detención preventiva: máximo 72 horas (art. 17.2). El habeas corpus se resuelve en 24 horas (LO 6/1984). Art. 55.1: suspensión general solo con estado de excepción o sitio. El estado de alarma NO suspende derechos. Art. 17.3 queda exceptuado de la suspensión en el estado de excepción. Art. 55.2: suspensión individual para investigaciones de bandas armadas o elementos terroristas, por ley orgánica, con intervención judicial y control parlamentario; afecta a los arts. 17.2, 18.2 y 18.3. Estado de alarma: Gobierno, hasta 15 días, prórroga con autorización del Congreso. Excepción: Gobierno con autorización previa del Congreso (30 días + 30). Sitio: mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno. Tutela del art. 53.2: procedimiento preferente y sumario ante tribunales ordinarios y, en su caso, amparo ante el TC. El art. 41 CE (Seguridad Social) está en el Capítulo III: principio rector, sin amparo; el art. 50 garantiza pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. El art. 49 fue reformado en 2024: desaparece «disminuidos» y se habla de «personas con discapacidad». Plazos del amparo: 3 meses (actos parlamentarios sin valor de ley), 20 días (administrativos, tras agotar la vía previa) y 30 días (judiciales). Los extranjeros gozan de las libertades públicas en los términos de tratados y ley (art. 13.1); el sufragio municipal por reciprocidad se prevé en el art. 13.2 (reforma de 1992). La ley orgánica del art. 81 exige mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto del proyecto. No confundir con el art. 55.2, que exige ley orgánica para la suspensión individual.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158) (Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229): Título I (arts. 10 a 55), arts. 81, 116 y 161.
  • Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (amparo).
  • Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, de modificación de la LOTC.
  • Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de habeas corpus.
  • Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
  • Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.
  • Sentencias del Tribunal Constitucional 148/2021 y 183/2021 (estado de alarma).

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