Tema 5. La gestión recaudatoria: concepto, competencia y objeto. Responsables del pago. Requisitos para el pago. Medios de pago. Control de recaudación. Revisión de los actos de gestión recaudatoria. La recaudación en periodo voluntario. Efectos de la falta de cotización en período reglamentario. Recaudación de otros recursos. Aplazamientos. Devolución de ingresos indebidos. Capital coste de pensiones.
Este temario corresponde íntegramente al Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social (código 1616, grupo C1), turno de acceso libre (1.056 plazas) y promoción interna (400 plazas), convocados conjuntamente en la misma resolución con el mismo programa de materias (Anexo I.A, temario general de 23 temas, y Anexo I.B, temario específico de Seguridad Social de 13 temas). No existen otras escalas o turnos de este cuerpo con temario distinto en esta convocatoria: el programa es idéntico para acceso libre y promoción interna, variando entre ambos turnos únicamente la estructura del ejercicio (primera parte de 70 preguntas sobre el programa general y específico, más un caso práctico de 15 preguntas sobre el Anexo I.B en turno libre; 50 preguntas sobre el Anexo I.B más un caso práctico de 12 preguntas en promoción interna).
La gestión recaudatoria de la Seguridad Social comprende el conjunto de actuaciones dirigidas a la realización de los derechos de contenido económico que constituyen los recursos del sistema. Su ejercicio corresponde, como servicio común, a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), bajo la dirección del Ministerio competente, y se regula por el TRLGSS (Real Decreto Legislativo 8/2015) y por el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, de aplicación supletoria la Ley General Tributaria y su normativa de desarrollo en lo no previsto.
La recaudación se articula en dos periodos: el periodo voluntario, que concluye con el vencimiento del plazo reglamentario de ingreso, y el periodo ejecutivo (vía de apremio), que se inicia automáticamente al día siguiente (tema 29). Este tema, junto con el siguiente, constituye el núcleo más técnico del bloque para el puesto de Administrativo.
La gestión recaudatoria consiste en la realización de los créditos y derechos de la Seguridad Social, tanto en periodo voluntario como ejecutivo. Su competencia corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social, servicio común con personalidad jurídica propia (art. 74 TRLGSS), que la ejerce directamente o a través de las entidades colaboradoras que se determinen. La TGSS tiene la titularidad de la función, y su actividad está sometida al control de la Intervención General de la Seguridad Social. Corresponde a las Direcciones Provinciales y Administraciones de la TGSS la ejecución material de la recaudación, y las Unidades de Recaudación Ejecutiva (URE) tramitan el apremio.
Objeto de la gestión recaudatoria
Constituyen el objeto de la gestión recaudatoria las cuotas de Seguridad Social y los conceptos de recaudación conjunta con ellas (desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional), los recargos e intereses, los recursos y capitales coste de pensiones, el reintegro de prestaciones indebidamente percibidas, las sanciones pecuniarias impuestas por infracciones en el orden social, las costas del procedimiento y cualesquiera otros recursos de Seguridad Social que no tengan otra gestión específica. Es una función exclusiva de la TGSS.
Sujetos responsables del pago
Son responsables del pago de las deudas con la Seguridad Social los sujetos obligados por su condición de empresarios o trabajadores por cuenta propia (responsables principales) y quienes lo sean solidaria o subsidiariamente por disposición legal. La responsabilidad solidaria alcanza, entre otros, al empresario principal en las contratas y subcontratas de obras y servicios de la propia actividad, durante la vigencia del encargo y los tres años siguientes a su terminación (art. 42 del Estatuto de los Trabajadores), así como al cedente y cesionario en la sucesión de empresa (art. 44 del Estatuto de los Trabajadores) respecto de deudas anteriores a la transmisión. También pueden ser responsables subsidiarios determinadas personas vinculadas a una sociedad deudora en los supuestos legales (por ejemplo, administradores) y los sucesores por actos mortis causa. La derivación de responsabilidad se acuerda mediante resolución motivada de la TGSS.
Requisitos y efectos del pago
El pago debe realizarse en la forma, tiempo y cuantía que establece la normativa y tiene efectos liberatorios cuando se hace a la TGSS o a las entidades colaboradoras autorizadas. Por regla general debe ser íntegro: el pago parcial no libera de la deuda restante aunque minora su importe. El pago realizado por un tercero también extingue la deuda, sin perjuicio de su derecho a repetir contra el deudor. El pago produce efecto sobre la deuda y sus recargos e intereses según el orden de imputación establecido en el reglamento (en primer lugar, los conceptos más antiguos).
Medios de pago
El pago de las deudas con la Seguridad Social se realiza en efectivo o por los medios que autorice la TGSS: cargo en cuenta o domiciliación bancaria, transferencia, tarjeta de crédito o débito, cheque en los términos admitidos y los demás medios que se autoricen, así como, en su caso, efectos timbrados. Las cuotas de los sujetos del Sistema RED se ingresan habitualmente por adeudo en cuenta o a través de entidades colaboradoras (entidades financieras autorizadas) mediante los documentos de cobro generados. El ingreso se entiende realizado en la fecha en que se produce el cargo o la entrega del importe a la entidad colaboradora.
Control de la recaudación
La TGSS controla la recaudación mediante sus sistemas informáticos de gestión de cuentas de cotización y la conciliación con los ingresos de las entidades colaboradoras, a las que se exige rendición periódica de cuentas. La Intervención General de la Seguridad Social ejerce el control interno de la gestión económico-financiera. Además, la TGSS verifica los datos de cotización con la información de la Agencia Tributaria y de otros organismos (cruce de datos) para detectar descubiertos o diferencias, y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social comprueba el cumplimiento de las obligaciones de afiliación y cotización.
Recaudación en periodo voluntario
El periodo voluntario es el comprendido entre el devengo de la obligación y el vencimiento del plazo reglamentario de ingreso, que en el Régimen General termina el último día del mes natural siguiente al devengo (para el RETA, el último día del propio mes). Dentro de este plazo el deudor puede ingresar sin recargos. Transcurrido el plazo sin pago, comienzan los recargos y, en su caso, la reclamación de deuda o la providencia de apremio, que abren el periodo ejecutivo. Durante el periodo voluntario la TGSS puede también gestionar el cobro mediante requerimientos y comunicaciones.
Efectos de la falta de cotización en el plazo reglamentario
La falta de ingreso en el plazo reglamentario produce los siguientes efectos: devengo de recargos y, en su caso, de intereses de demora; inicio de la vía ejecutiva; pérdida de las bonificaciones y reducciones en la cotización y de otros beneficios cuya aplicación exija estar al corriente; imposibilidad de obtener el certificado de hallarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social, exigible para contratar con las Administraciones Públicas, solicitar subvenciones y otras ayudas, o acceder a incentivos; y consecuencias sobre las prestaciones, con la responsabilidad del empresario por las prestaciones que se causen y se hayan visto afectadas (automaticidad y anticipo). En los regímenes de autónomos y en el hogar, el reconocimiento de determinadas prestaciones exige estar al corriente, con una invitación previa al pago antes de denegar la prestación.
Recargos e intereses
La falta de ingreso en plazo da lugar a recargos regulados en el TRLGSS (art. 30), cuya cuantía varía según se presenten o no en plazo los documentos de cotización y según el momento del ingreso, y al interés de demora, cuyo tipo se fija por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Los recargos se aplican de forma automática y no requieren acto administrativo específico más allá de la reclamación de deuda o providencia de apremio, que fija el importe adeudado. Los recargos e intereses forman parte de la deuda y se recaudan con ella.
El certificado de estar al corriente de pago
La TGSS expide a solicitud del interesado, o de oficio en los supuestos de contratación pública, el certificado que acredita que el sujeto se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. Tiene efectos limitados en el tiempo y puede ser negativo cuando existan deudas no aplazadas ni garantizadas. Se exige para contratar con el sector público, percibir subvenciones públicas, obtener bonificaciones y en otros supuestos previstos en las leyes. La existencia de una deuda aplazada con garantía suficiente no impide su expedición.
Aplazamiento del pago de deudas
La TGSS puede conceder, a solicitud del deudor, el aplazamiento del pago de las deudas con la Seguridad Social, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo, cuando la situación económico-financiera del deudor le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos reglamentarios. Exige solicitud motivada, justificación de la situación y ofrecer garantía suficiente (aval, hipoteca, prenda u otra garantía), salvo dispensa en los casos reglamentarios. La concesión conlleva el devengo de interés. La resolución fija el calendario de pagos, que puede ser en plazos sucesivos. No pueden aplazarse las cuotas correspondientes a la aportación de los trabajadores ni los conceptos que determine la ley. El incumplimiento de los plazos del aplazamiento determina su pérdida y la exigencia del resto de la deuda por la vía de apremio.
Efectos del aplazamiento sobre el procedimiento
La solicitud de aplazamiento presentada en periodo voluntario impide que se inicie el periodo ejecutivo mientras se tramita, si se presenta antes del vencimiento del plazo reglamentario de ingreso; si se concede, el periodo ejecutivo no se iniciará mientras se cumplan los plazos. Si se solicita en periodo ejecutivo, no se suspende el procedimiento salvo que se ofrezca garantía suficiente. El aplazamiento concedido no exime de los intereses de demora. La concesión del aplazamiento no lleva consigo la pérdida automática de la condición de estar al corriente si se mantiene el cumplimiento de los plazos.
Devolución de ingresos indebidos
Son ingresos indebidos los efectuados por error, duplicidad o respecto de una deuda inexistente o ya extinguida, y dan lugar a su devolución a petición del interesado o de oficio cuando la TGSS lo advierta. El plazo para solicitarla prescribe a los cuatro años desde el día en que se realizó el ingreso indebido (art. 24 TRLGSS). La devolución incluye el interés de demora en los supuestos de error imputable a la Administración. Si el sujeto mantiene otras deudas, la TGSS puede aplicar el importe a su compensación.
El capital coste de pensiones
El capital coste de pensiones es el importe actuarial, calculado con las tablas y tipos de interés técnico aprobados, necesario para financiar el pago futuro de una pensión de incapacidad permanente o de muerte y supervivencia derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Se ingresa en la TGSS, que se encarga del abono de la pensión, por los sujetos responsables: las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social por las pensiones derivadas de contingencias profesionales de sus empresas asociadas, las empresas con colaboración voluntaria y los empresarios declarados responsables por incumplimientos (falta de alta, descubierto de cotización o falta de medidas de seguridad). Constituye un recurso del sistema cuya recaudación corresponde a la TGSS, y puede ser objeto de aplazamiento en los términos reglamentarios. El trabajador o sus beneficiarios percibirán la pensión aunque el responsable no haya ingresado el capital coste (automaticidad).
Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad
Todas las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional se incrementan entre un 30 y un 50 por ciento, según la gravedad de la falta, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o instalaciones que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, o cuando no se observen las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo (art. 164 TRLGSS). La responsabilidad del pago recae directamente sobre el empresario infractor, no puede ser objeto de seguro alguno (es nulo cualquier pacto que lo cubra o transmita) y es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción.
Recaudación de otros recursos
La TGSS recauda además otros recursos distintos de las cuotas: las prestaciones indebidamente percibidas (reintegro), las sanciones pecuniarias, los capitales coste, los recargos de prestaciones por falta de medidas de seguridad, las costas e intereses, y otros conceptos de naturaleza pública. Los recursos de otras entidades (por ejemplo, de las Administraciones sanitarias) se recaudan si así se dispone. En vía de reintegro de prestaciones, el sujeto dispone de un plazo para reintegrar o recurrir antes de iniciarse la vía de apremio.
Revisión de los actos de gestión recaudatoria
Los actos de gestión recaudatoria pueden impugnarse en vía administrativa mediante recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico de quien dictó el acto, en el plazo de un mes (Ley 39/2015). La resolución de la alzada agota la vía administrativa. Posteriormente, el orden jurisdiccional competente depende del acto: las reclamaciones de deuda y las actas de liquidación se impugnan en general ante la jurisdicción social, mientras que los actos de la vía ejecutiva (providencia de apremio, embargos) y otros actos propiamente recaudatorios se impugnan ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Cabe asimismo la revisión de oficio de actos nulos, la declaración de lesividad y la rectificación de errores materiales.
Prescripción
Prescriben a los cuatro años el derecho de la Administración para determinar las deudas con la Seguridad Social mediante las oportunas liquidaciones, la acción para exigir el pago de las deudas ya determinadas, la acción para imponer sanciones, y el derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos (art. 24 TRLGSS). El plazo se interrumpe por cualquier acción de la Administración realizada con conocimiento formal del responsable, por la interposición de recursos y por el reconocimiento de la deuda por el deudor. La prescripción debe invocarse por el deudor, aunque la TGSS puede apreciarla de oficio.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La competencia recaudatoria corresponde a la TGSS (servicio común), no a las entidades gestoras. Norma básica: Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 1415/2004.
Plazo de ingreso voluntario en el Régimen General: hasta el último día del mes natural siguiente al devengo. Transcurrido, comienza el periodo ejecutivo.
Prescripción: 4 años (determinar deuda, exigir pago, devolución de ingresos indebidos). Se interrumpe por acciones de la Administración con conocimiento formal del responsable.
El contratista principal responde solidariamente durante la contrata y los 3 años siguientes (art. 42 ET); en la sucesión de empresa, transmitente y adquirente (art. 44 ET).
No es aplazable la aportación de los trabajadores. El aplazamiento devenga interés y exige garantía, salvo dispensa.
Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad: del 30 al 50 %, a cargo exclusivo del empresario infractor, no asegurable, compatible con otras responsabilidades (art. 164 TRLGSS). Trampa: es COMPATIBLE con otras responsabilidades, no incompatible.
El capital coste de pensiones se ingresa en la TGSS y no condiciona el pago de la pensión al beneficiario (automaticidad).
Recurso de alzada: un mes. Reclamación de deuda y acta de liquidación: jurisdicción social; vía de apremio: contencioso-administrativo.
Para contratar con el sector público, solicitar subvenciones y bonificaciones hay que estar al corriente: certificado de la TGSS.
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
El capital coste de pensiones:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 5 de Administrativo Seguridad Social?
La gestión recaudatoria de la Seguridad Social comprende el conjunto de actuaciones dirigidas a la realización de los derechos de contenido económico que constituyen los recursos del sistema. Su ejercicio corresponde, como servicio común, a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), bajo la dirección del Ministerio competente, y se regula por el TRLGSS (Real Decreto Legislativo 8/2015) y por el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, de aplicación supletoria la Ley General Tributaria y su normativa de desarrollo en lo no previsto.
La recaudación se articula en dos periodos: el periodo voluntario, que concluye con el vencimiento del plazo reglamentario de ingreso, y el periodo ejecutivo (vía de apremio), que se inicia automáticamente al día siguiente (tema 29). Este tema, junto con el siguiente, constituye el núcleo más técnico del bloque para el puesto de Administrativo.
¿Qué hay que memorizar del Tema 5 para el examen?
La competencia recaudatoria corresponde a la TGSS (servicio común), no a las entidades gestoras. Norma básica: Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 1415/2004. Plazo de ingreso voluntario en el Régimen General: hasta el último día del mes natural siguiente al devengo. Transcurrido, comienza el periodo ejecutivo. Prescripción: 4 años (determinar deuda, exigir pago, devolución de ingresos indebidos). Se interrumpe por acciones de la Administración con conocimiento formal del responsable. El contratista principal responde solidariamente durante la contrata y los 3 años siguientes (art. 42 ET); en la sucesión de empresa, transmitente y adquirente (art. 44 ET). No es aplazable la aportación de los trabajadores. El aplazamiento devenga interés y exige garantía, salvo dispensa. Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad: del 30 al 50 %, a cargo exclusivo del empresario infractor, no asegurable, compatible con otras responsabilidades (art. 164 TRLGSS). Trampa: es COMPATIBLE con otras responsabilidades, no incompatible. El capital coste de pensiones se ingresa en la TGSS y no condiciona el pago de la pensión al beneficiario (automaticidad). Recurso de alzada: un mes. Reclamación de deuda y acta de liquidación: jurisdicción social; vía de apremio: contencioso-administrativo. Para contratar con el sector público, solicitar subvenciones y bonificaciones hay que estar al corriente: certificado de la TGSS.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158) (Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (arts. 24, 30, 74, 164 y concordantes)
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (arts. 42 y 44)
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (aplicación supletoria)
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
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