Tema 15. Los actos administrativos. Concepto y clases. Motivación, forma y eficacia de los actos administrativos. Notificación y publicación. Nulidad y anulabilidad. La revisión de oficio.
Este temario corresponde íntegramente al Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social (código 1616, grupo C1), turno de acceso libre (1.056 plazas) y promoción interna (400 plazas), convocados conjuntamente en la misma resolución con el mismo programa de materias (Anexo I.A, temario general de 23 temas, y Anexo I.B, temario específico de Seguridad Social de 13 temas). No existen otras escalas o turnos de este cuerpo con temario distinto en esta convocatoria: el programa es idéntico para acceso libre y promoción interna, variando entre ambos turnos únicamente la estructura del ejercicio (primera parte de 70 preguntas sobre el programa general y específico, más un caso práctico de 15 preguntas sobre el Anexo I.B en turno libre; 50 preguntas sobre el Anexo I.B más un caso práctico de 12 preguntas en promoción interna).
El acto administrativo es la manifestación de voluntad, juicio, deseo o conocimiento realizada por la Administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria, regulado en los artículos 34 a 52 y 106 a 110 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). Este tema es uno de los más preguntados de todo el temario por su aplicación práctica constante: cualquier resolución de una entidad gestora de la Seguridad Social (denegación de una pensión, alta de oficio) es, técnicamente, un acto administrativo.
El estudio de la nulidad, la anulabilidad y la revisión de oficio resulta especialmente relevante porque determina cómo se pueden corregir errores de la propia Administración. En el ámbito de la Seguridad Social existe además una especialidad: las entidades gestoras no pueden revisar por sí mismas sus actos declarativos de derechos en perjuicio del beneficiario.
Concepto de acto administrativo y diferencia con el reglamento
El acto administrativo es la declaración de voluntad, juicio, deseo o conocimiento realizada por una Administración Pública en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria. A diferencia del reglamento, que innova el ordenamiento y se integra en él, el acto administrativo se aplica a un caso o a un conjunto de destinatarios y se agota con su cumplimiento. Se distingue entre acto singular (con destinatario determinado o determinable, como la concesión de una pensión), acto plural o colectivo y acto general (con destinatarios indeterminados, como una convocatoria). Su régimen básico está en los artículos 34 a 52 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), y en los artículos 106 a 110 sobre la revisión de oficio.
Requisitos de validez de los actos administrativos
Los actos administrativos que dicte la Administración, cualquiera que sea la forma que revistan, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecidos (art. 34.1 LPAC). Su contenido se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquellos (art. 34.2). La doctrina distingue como elementos subjetivos el órgano competente, como objetivos el contenido o fin, y como formales el procedimiento y la forma. La competencia, el procedimiento, la causa, el objeto y la ausencia de desviación de poder son los requisitos que más se examinan.
Clases de actos según su contenido
Los actos administrativos se clasifican, según su contenido, en actos favorables (amplían la esfera jurídica del interesado, como el reconocimiento de una pensión) y actos de gravamen (restringen dicha esfera, como una sanción o la denegación de una prestación); esta distinción es relevante porque los actos favorables gozan de mayor protección frente a la revisión de oficio.
Actos definitivos y actos de trámite
Los actos definitivos ponen fin al procedimiento resolviendo todas las cuestiones planteadas, mientras que los actos de trámite son los que se producen a lo largo de la instrucción sin decidir el fondo del asunto; solo son recurribles de forma autónoma los actos de trámite cualificados, esto es, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos (art. 112.1 LPAC).
Clasificaciones adicionales de los actos administrativos
Por su contenido: actos favorables o declarativos de derechos y actos de gravamen. Por su alcance: actos que ponen fin a la vía administrativa y actos que no la ponen (art. 114 LPAC). Por su carácter: actos reglados y discrecionales, según la medida en que la ley predetermine su contenido. Por su forma: expresos y presuntos (silencio administrativo, arts. 24 y 25 LPAC). Por su relación con el procedimiento: definitivos, de trámite y de trámite cualificados. Los actos políticos o de gobierno están sujetos al control judicial en sus elementos reglados, no en su oportunidad. Un acto confirmatorio es el que reitera otro firme y consentido y no es impugnable en vía contenciosa.
Motivación de los actos administrativos
Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, entre otros: los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos; los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje; los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos; los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, ampliación de plazos y realización de actuaciones complementarias; y los dictados en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa (art. 35.1 LPAC). La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulan sus convocatorias (art. 35.2). La falta de motivación puede determinar la anulabilidad por indefensión.
Forma de los actos administrativos
Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia (art. 36.1 LPAC). En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del acto su autor y la fecha. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, resuelto por el mismo órgano, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado (art. 36).
Inderogabilidad singular de los reglamentos
Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que la aprobó (art. 37 LPAC). El acto que contradiga un reglamento incurre en infracción del ordenamiento jurídico; si la contradicción es absoluta y afecta al procedimiento o a la competencia, puede subsumirse en las causas de nulidad del artículo 47.
Ejecutividad y presunción de validez
Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa (art. 39.1 LPAC). Son inmediatamente ejecutivos, salvo que se produzca la suspensión de la ejecución, se trate de una resolución de un procedimiento sancionador contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, una disposición establezca lo contrario o se necesite aprobación o autorización superior (art. 98.1, y art. 38 LPAC). La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior (art. 39.2). La presunción de validez es una presunción iuris tantum: obliga a quien impugna a probar la ilegalidad.
Retroactividad excepcional de los actos administrativos
Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y esta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas (art. 39.3 LPAC).
Notificación: plazo, contenido y forma
El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquellos (art. 40.1 LPAC). Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen procedente (art. 40.2). A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración del procedimiento, bastará la notificación que contenga el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado (art. 40.4).
Notificaciones defectuosas
Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los requisitos previstos surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda (art. 40.3 LPAC).
Condiciones generales de práctica de las notificaciones
Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía (art. 41.1 LPAC). Están obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones, entre otros, las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria en los trámites que realicen en ejercicio de ella, los representantes de los obligados y los empleados públicos en los trámites que realicen por razón de su condición (art. 14.2); reglamentariamente pueden extenderse a otros colectivos de personas físicas (art. 14.3). Cuando el interesado o su representante rechace la notificación, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento, y se dará por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento (art. 41.5).
Notificaciones en papel
Cuando la notificación no deba practicarse por medios electrónicos y se realice en el domicilio del interesado y este no se hallase presente, podrá hacerse cargo de ella cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora del intento, que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes (art. 42.2 LPAC).
Práctica de las notificaciones electrónicas
Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u organismo, a través de la dirección electrónica habilitada única, o mediante ambos sistemas. Se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido, y se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda a su contenido, cuando la notificación electrónica sea obligatoria o haya sido expresamente elegida por el interesado (art. 43 LPAC). Se entenderá cumplida la obligación de notificar con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica.
La notificación infructuosa y la publicación como forma de notificación
Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio, o bien, intentada esta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (art. 44 LPAC). Con carácter previo y facultativo, las Administraciones podrán publicar un anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o en el consulado correspondiente. Es una regla especialmente aplicable en procedimientos masivos de Seguridad Social con numerosos interesados.
Publicación de los actos administrativos
Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. La publicación sustituye a la notificación, produciendo los mismos efectos, cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, y cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo; en este caso, la convocatoria indicará el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos (art. 45.1 LPAC). Si el órgano competente aprecia que la notificación por anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar en el diario oficial una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados pueden comparecer (art. 46 LPAC). En las publicaciones la identificación de los afectados se hace con las cautelas de la normativa de protección de datos personales (disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018).
Nulidad de pleno derecho: supuestos
Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas: a) que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional; b) dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio; c) que tengan un contenido imposible; d) que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta; e) dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados; f) los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición; y g) cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley (art. 47.1 LPAC). También son nulas las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (art. 47.2).
Anulabilidad: supuestos
Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder (art. 48.1 LPAC). Es el régimen general de invalidez, frente al carácter excepcional y tasado de la nulidad. La nulidad puede declararse de oficio en cualquier momento y no puede convalidarse; la anulabilidad exige impugnación en plazo o declaración de lesividad, es subsanable y los actos anulables producen efectos hasta su anulación.
Irregularidades no invalidantes
El defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados; la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo (art. 48.2 y 48.3 LPAC).
Limitación de la extensión de la invalidez y conservación de actos
La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero; la nulidad o anulabilidad en parte del acto no implicará la de las demás partes del mismo que sean independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado (art. 49 LPAC). El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción (art. 51).
Conversión de actos viciados
Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de este (art. 50 LPAC), técnica de conservación de los actos administrativos que evita anulaciones desproporcionadas cuando el error afecta solo a la calificación formal del acto.
Convalidación de actos anulables
La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan; el acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto para la retroactividad de los actos administrativos (art. 52.1 LPAC). Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado (art. 52.2); si consistiera en la falta de alguna autorización, podrá convalidarse mediante su otorgamiento por el órgano competente (art. 52.3). La nulidad de pleno derecho no admite convalidación.
Revisión de oficio: actos y disposiciones nulos
Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos del artículo 47.1 (art. 106.1 LPAC). Podrán igualmente declarar de oficio la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos del artículo 47.2 (art. 106.2). Si el procedimiento se inicia de oficio, transcurridos seis meses desde su inicio sin dictarse resolución se produce su caducidad; si se inicia a solicitud, el vencimiento del plazo permite entender desestimada la solicitud por silencio (art. 106.5). Puede acordarse la inadmisión a trámite de las solicitudes cuando no se basen en las causas del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento (art. 106.3).
Declaración de lesividad de actos anulables favorables
Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme al artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público (art. 107.1 LPAC). La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados (art. 107.2). Transcurridos seis meses desde la iniciación del procedimiento sin declararse la lesividad se produce su caducidad (art. 107.3). Declarado lesivo el acto, podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo. No debe confundirse con la revisión de oficio propiamente dicha, reservada a los actos nulos.
Suspensión, revocación y rectificación de errores
Iniciado el procedimiento de revisión de oficio o el de lesividad, el órgano competente podrá suspender la ejecución del acto cuando esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación (art. 108 LPAC). Las Administraciones podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico (art. 109.1). Asimismo, podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos (art. 109.2).
Límites a la revisión de oficio
Las facultades de revisión de oficio no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido u otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes (art. 110 LPAC), límite que protege la seguridad jurídica de los beneficiarios de prestaciones de la Seguridad Social frente a revisiones tardías de la Administración.
Especialidad de la Seguridad Social: revisión de actos declarativos de derechos
Las entidades gestoras de la Seguridad Social no pueden revisar por sí mismas sus actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, debiendo en su caso acudir al orden jurisdiccional social mediante demanda (art. 146 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social), con las excepciones previstas legalmente, entre ellas la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos y la revisión por incapacidad permanente en los términos de la normativa específica. Además, los procedimientos de gestión, inspección, liquidación, recaudación, impugnación y revisión en materia de Seguridad Social y Desempleo se rigen por su normativa específica y supletoriamente por la Ley 39/2015 (disposición adicional primera, apartado 2). Es una cuestión de examen frecuente: la lesividad y la revisión de oficio de la LPAC no son el cauce ordinario para anular las pensiones reconocidas.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Nulidad de pleno derecho (art. 47.1 LPAC): derechos fundamentales, órgano manifiestamente incompetente por materia o territorio, contenido imposible, infracción penal, prescindir total y absolutamente del procedimiento, adquisición de derechos sin requisitos esenciales y cualquier otro previsto con rango de ley. La incompetencia no manifiesta o por grado jerárquico es solo anulabilidad.
Anulabilidad (art. 48 LPAC): cualquier infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder. El defecto de forma solo anula si el acto carece de requisitos indispensables o produce indefensión; la actuación fuera de plazo solo anula si la naturaleza del término lo impone.
Los actos nulos no se convalidan (art. 52); los anulables sí. Revisión de oficio de nulidad: en cualquier momento, con dictamen favorable del Consejo de Estado (art. 106). Lesividad: máximo cuatro años desde que se dictó el acto (art. 107.2), caducidad a los seis meses.
Rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos: en cualquier momento (art. 109.2). Revocación de actos de gravamen: mientras no haya prescrito (art. 109.1).
Notificación: cursada dentro de diez días desde que se dictó el acto (art. 40.2). Rechazo en notificación electrónica: transcurridos diez días naturales sin acceder (art. 43.2). Notificación defectuosa: surte efectos desde que el interesado se da por enterado o recurre (art. 40.3).
En procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva, la publicación sustituye a la notificación y vale solo la hecha en el medio indicado en la convocatoria (art. 45.1.b). Es una trampa habitual en preguntas sobre oposiciones.
Retroactividad excepcional (art. 39.3): actos que sustituyen a actos anulados o que producen efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho existieran ya y no se lesionen derechos de terceros.
Solo son recurribles de forma autónoma los actos de trámite cualificados: deciden directa o indirectamente el fondo, impiden continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable (art. 112.1).
La motivación es obligatoria, entre otros, en actos que limiten derechos, resuelvan recursos o revisiones de oficio, se aparten de precedentes o dictámenes, o sean discrecionales (art. 35.1). Para procesos selectivos se estará a la convocatoria (art. 35.2).
Seguridad Social: las entidades gestoras no pueden revisar por sí mismas sus actos declarativos de derechos en perjuicio del beneficiario; deben acudir a la vía judicial social (art. 146 LRJS), salvo excepciones como la rectificación de errores materiales.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Entre los actos que deben ser motivados conforme al artículo 35.1 de la Ley 39/2015 se encuentran:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 15 de Administrativo Seguridad Social?
El acto administrativo es la manifestación de voluntad, juicio, deseo o conocimiento realizada por la Administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria, regulado en los artículos 34 a 52 y 106 a 110 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). Este tema es uno de los más preguntados de todo el temario por su aplicación práctica constante: cualquier resolución de una entidad gestora de la Seguridad Social (denegación de una pensión, alta de oficio) es, técnicamente, un acto administrativo.
El estudio de la nulidad, la anulabilidad y la revisión de oficio resulta especialmente relevante porque determina cómo se pueden corregir errores de la propia Administración. En el ámbito de la Seguridad Social existe además una especialidad: las entidades gestoras no pueden revisar por sí mismas sus actos declarativos de derechos en perjuicio del beneficiario.
¿Qué hay que memorizar del Tema 15 para el examen?
Nulidad de pleno derecho (art. 47.1 LPAC): derechos fundamentales, órgano manifiestamente incompetente por materia o territorio, contenido imposible, infracción penal, prescindir total y absolutamente del procedimiento, adquisición de derechos sin requisitos esenciales y cualquier otro previsto con rango de ley. La incompetencia no manifiesta o por grado jerárquico es solo anulabilidad. Anulabilidad (art. 48 LPAC): cualquier infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder. El defecto de forma solo anula si el acto carece de requisitos indispensables o produce indefensión; la actuación fuera de plazo solo anula si la naturaleza del término lo impone. Los actos nulos no se convalidan (art. 52); los anulables sí. Revisión de oficio de nulidad: en cualquier momento, con dictamen favorable del Consejo de Estado (art. 106). Lesividad: máximo cuatro años desde que se dictó el acto (art. 107.2), caducidad a los seis meses. Rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos: en cualquier momento (art. 109.2). Revocación de actos de gravamen: mientras no haya prescrito (art. 109.1). Notificación: cursada dentro de diez días desde que se dictó el acto (art. 40.2). Rechazo en notificación electrónica: transcurridos diez días naturales sin acceder (art. 43.2). Notificación defectuosa: surte efectos desde que el interesado se da por enterado o recurre (art. 40.3). En procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva, la publicación sustituye a la notificación y vale solo la hecha en el medio indicado en la convocatoria (art. 45.1.b). Es una trampa habitual en preguntas sobre oposiciones. Retroactividad excepcional (art. 39.3): actos que sustituyen a actos anulados o que producen efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho existieran ya y no se lesionen derechos de terceros. Solo son recurribles de forma autónoma los actos de trámite cualificados: deciden directa o indirectamente el fondo, impiden continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable (art. 112.1). La motivación es obligatoria, entre otros, en actos que limiten derechos, resuelvan recursos o revisiones de oficio, se aparten de precedentes o dictámenes, o sean discrecionales (art. 35.1). Para procesos selectivos se estará a la convocatoria (art. 35.2). Seguridad Social: las entidades gestoras no pueden revisar por sí mismas sus actos declarativos de derechos en perjuicio del beneficiario; deben acudir a la vía judicial social (art. 146 LRJS), salvo excepciones como la rectificación de errores materiales.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158) (Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 14, 34 a 52, 98, 106 a 110 y 112 (BOE-A-2015-10565).
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE-A-2015-10566).
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 146.
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE-A-1998-16718).
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, art. 22 (dictamen en revisión de oficio).
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
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