Este temario corresponde íntegramente al Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social (código 1616, grupo C1), turno de acceso libre (1.056 plazas) y promoción interna (400 plazas), convocados conjuntamente en la misma resolución con el mismo programa de materias (Anexo I.A, temario general de 23 temas, y Anexo I.B, temario específico de Seguridad Social de 13 temas). No existen otras escalas o turnos de este cuerpo con temario distinto en esta convocatoria: el programa es idéntico para acceso libre y promoción interna, variando entre ambos turnos únicamente la estructura del ejercicio (primera parte de 70 preguntas sobre el programa general y específico, más un caso práctico de 15 preguntas sobre el Anexo I.B en turno libre; 50 preguntas sobre el Anexo I.B más un caso práctico de 12 preguntas en promoción interna).
El sistema español de Seguridad Social encuentra su fundamento constitucional en el artículo 41 de la Constitución de 1978, que encomienda a los poderes públicos el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos. Su desarrollo legal actual se contiene en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que sustituyó al anterior texto refundido de 1994 y está en vigor desde el 2 de enero de 2016.
Este tema abre el bloque específico de la oposición y sienta las bases conceptuales (carácter público, universalidad, unidad, solidaridad e igualdad, y asistencia suficiente ante situaciones de necesidad) sobre las que se articula todo el resto del programa. Conviene dominar los preceptos constitucionales relacionados (arts. 41, 50, 53.3, 129.1 y 149.1.17ª), la doctrina del Tribunal Constitucional y la evolución histórica y legislativa del sistema.
El artículo 41 CE, situado en el Capítulo III del Título I (principios rectores de la política social y económica), dispone que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo, y que la asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Del precepto se extraen tres ideas: el carácter público del régimen; su universalidad subjetiva («todos los ciudadanos»); y la suficiencia de las prestaciones. La referencia a las prestaciones complementarias libres es la base constitucional de la previsión social complementaria (planes de pensiones y mejoras voluntarias).
Otros preceptos constitucionales relacionados
Además del artículo 41, tienen relevancia: el artículo 50, que garantiza mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad; el artículo 49, sobre la atención a las personas con discapacidad (reformado en 2024); el artículo 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud; el artículo 39, sobre la protección social, económica y jurídica de la familia; el artículo 35, sobre el derecho y deber de trabajar y la remuneración suficiente; el artículo 129.1, que dispone que la ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social; y el artículo 149.1.17ª, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.
Naturaleza jurídica de la eficacia del artículo 41 CE
Por su ubicación en el Capítulo III del Título I, el artículo 41 CE es un principio rector, no un derecho fundamental: no es directamente aplicable e informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y solo podrá ser alegado ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen (art. 53.3 CE). Carece de la protección del recurso de amparo, que se reserva a los derechos de los artículos 14 a 29 y la objeción de conciencia. Es el TRLGSS y sus normas de desarrollo las que concretan su contenido y lo convierten en derechos exigibles. Sin embargo, el principio de igualdad del artículo 14 CE permite plantear ante el Tribunal Constitucional diferencias de trato en materia de prestaciones.
Doctrina del Tribunal Constitucional: garantía institucional
El Tribunal Constitucional ha entendido que el artículo 41 CE consagra una garantía institucional (STC 37/1994, de 10 de febrero), que preserva el régimen público de Seguridad Social como institución cuya imagen reconocible para la conciencia social no puede ser alterada, sin que ello suponga la petrificación de su estructura. Ha calificado reiteradamente el derecho a las prestaciones como un derecho de configuración legal, cuyo contenido, condiciones de acceso y cuantía dependen de lo que en cada momento disponga el legislador dentro de los límites de razonabilidad y no discriminación, sin que exista un derecho constitucional a una determinada prestación o cuantía. El sistema se concibe como una función del Estado y sus prestaciones no se vinculan estrictamente a las cotizaciones.
El carácter público del sistema
El mandato constitucional exige un régimen «público» de Seguridad Social, lo que se traduce en que su gestión corresponde a entidades de derecho público (el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina, el IMSERSO y el INGESA como entidades gestoras, y la Tesorería General de la Seguridad Social como servicio común), sin perjuicio de la colaboración de entidades privadas (mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y empresas colaboradoras) en la gestión de determinadas contingencias, siempre bajo la dirección y tutela del Estado. La gestión se regula en el TRLGSS (art. 66 y siguientes).
Principios del sistema: universalidad, unidad, solidaridad e igualdad
El artículo 2 TRLGSS establece que el sistema de la Seguridad Social, fundado en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad, se orienta a garantizar la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan, y que el Estado garantiza las prestaciones ante situaciones de necesidad. La universalidad se refiere al ámbito subjetivo (todos los ciudadanos); la unidad, a la gestión y la financiación; la solidaridad, a la redistribución entre personas, generaciones y territorios; y la igualdad, a la no discriminación en el acceso y el disfrute. El sistema se caracteriza además por su carácter público, la obligatoriedad, la suficiencia, la participación en la gestión y la gestión por entidades públicas.
Universalidad subjetiva y campo de aplicación
El artículo 41 CE se refiere a «todos los ciudadanos», mandato de universalidad que se ha ido haciendo efectivo progresivamente mediante la extensión del sistema desde un modelo originario de aseguramiento profesional hacia una cobertura asistencial universal en determinadas prestaciones no contributivas, como las pensiones no contributivas o el Ingreso Mínimo Vital. A efectos de las prestaciones contributivas, están comprendidos en el sistema los españoles que residan en España y los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España, siempre que ejerzan su actividad en territorio nacional y estén incluidos en alguno de estos colectivos: trabajadores por cuenta ajena, trabajadores por cuenta propia o autónomos, socios trabajadores de cooperativas, estudiantes y funcionarios públicos, civiles y militares (art. 7 TRLGSS).
Regímenes del sistema
El sistema de la Seguridad Social está integrado por el Régimen General y por los regímenes especiales (art. 9 y siguientes TRLGSS). Se consideran regímenes especiales los de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, el de los trabajadores del mar, el de la minería del carbón y el de los funcionarios públicos, civiles y militares (este último gestionado a través de las mutualidades de funcionarios). Los trabajadores agrarios por cuenta ajena y los empleados de hogar se integraron en el Régimen General como sistemas especiales. Los estudiantes disponen de un seguro escolar para determinadas contingencias.
Antecedentes históricos: del seguro social a la Seguridad Social
El sistema español evolucionó desde la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900 y la creación del Instituto Nacional de Previsión (1908), pasando por el Retiro Obrero de 1919, el seguro de maternidad (1929), el subsidio familiar (1938), el Seguro Obligatorio de Enfermedad (1942) y el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI, 1947), hacia un sistema unificado de Seguridad Social con la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 y su texto articulado de 1966 (en vigor desde 1967), germen del actual sistema, reformado sustancialmente tras la Constitución de 1978. La Ley General de la Seguridad Social ha tenido varios textos refundidos: 1974 y 1994, hasta el vigente de 2015.
El texto refundido de 1994 y su sustitución
El anterior texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, estuvo vigente más de veinte años y fue objeto de numerosas modificaciones, lo que hizo necesaria su refundición en un nuevo texto que regularizara, aclarara y armonizara la normativa dispersa acumulada.
El Real Decreto Legislativo 8/2015
El vigente texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en ejercicio de la delegación legislativa conferida al Gobierno por la Ley 20/2014, de 29 de octubre, para dictar diversos textos refundidos, y entró en vigor el 2 de enero de 2016. Es un decreto legislativo (art. 82 y siguientes CE), norma con rango de ley que, por tratarse de un texto refundido, puede regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que haya de refundir, pero no innovar. Su publicación en el BOE se hizo el 31 de octubre de 2015 (BOE-A-2015-11724).
Estructura del TRLGSS
El TRLGSS se estructura en un título preliminar y varios títulos, entre los que se encuentran: el Título I (normas generales del sistema de la Seguridad Social), el Título II (Régimen General de la Seguridad Social) y el Título III (protección por desempleo), seguidos de los dedicados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, a la protección por cese de actividad de los autónomos y a las prestaciones no contributivas, completado con un amplio conjunto de disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales. No contiene un título dedicado a la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, que se rige por su propia normativa (Real Decreto Legislativo 1/2000, ISFAS).
Evolución legislativa reciente
El sistema ha sido objeto de reformas sucesivas: la Ley 24/1997, de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social, que impulsó la separación de fuentes de financiación; la Ley 27/2011, de actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que elevó gradualmente la edad de jubilación; la Ley 23/2013, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización de las pensiones, que fue derogada en cuanto a esos mecanismos; la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, que restableció la revalorización de las pensiones conforme al IPC; el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, que estableció un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos basado en los rendimientos reales; y el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, que introdujo medidas como el mecanismo de equidad intergeneracional. Por ello debe comprobarse la redacción vigente de cada precepto al preparar el examen.
El principio de solidaridad financiera
El sistema de la Seguridad Social se organiza sobre el principio de solidaridad financiera y unidad de caja, de manera que los recursos de todos los regímenes del sistema (excepto el de Clases Pasivas del Estado, que se financia con los Presupuestos Generales del Estado) se integran en un patrimonio único gestionado por la Tesorería General de la Seguridad Social, sin que existan cajas separadas por regímenes o territorios.
El principio de igualdad de trato en el sistema
El TRLGSS recoge el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso a la protección social, así como el de no discriminación en el ejercicio de los derechos de Seguridad Social por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, en conexión con el artículo 14 CE. La STC 103/1983 declaró contrario a la igualdad el trato diferente de viudos y viudas en la pensión de viudedad.
Contributividad y no contributividad como modelo mixto
El sistema español combina un nivel contributivo, financiado esencialmente con cotizaciones de empresarios y trabajadores y con prestaciones proporcionales al esfuerzo contributivo previo, con un nivel no contributivo, financiado con aportaciones del Estado a través de los Presupuestos Generales y dirigido a garantizar una protección mínima ante situaciones de necesidad con independencia de la trayectoria de cotización. La acción protectora comprende prestaciones económicas y servicios, y las prestaciones no contributivas incluyen las pensiones de jubilación e invalidez, las prestaciones familiares y el Ingreso Mínimo Vital (Ley 19/2021, de 20 de diciembre).
La acción protectora como concepto vertebrador
El TRLGSS articula todo el sistema en torno al concepto de acción protectora, esto es, el conjunto de prestaciones (económicas y de servicios) reconocidas ante las distintas contingencias y situaciones de necesidad cubiertas: asistencia sanitaria, recuperación profesional, prestaciones económicas (incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y la lactancia, incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y favor de familiares), prestaciones familiares, desempleo y servicios sociales (art. 42). Se desarrolla con detalle en el tema 7 de este bloque.
Las entidades gestoras: el INSS
El Instituto Nacional de la Seguridad Social es la entidad gestora encargada de la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema en su modalidad contributiva, entre ellas incapacidad permanente, jubilación y muerte y supervivencia, y de determinadas prestaciones no contributivas del sistema, como el Ingreso Mínimo Vital, con personalidad jurídica propia adscrita al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La caja única de la Seguridad Social
El principio de caja única implica la centralización de todos los recursos económicos del sistema en el patrimonio de la Tesorería General de la Seguridad Social, con independencia de la Administración territorial en cuyo ámbito se generen dichos recursos, principio que garantiza la solidaridad interterritorial del sistema y su unidad de gestión financiera en toda España.
El artículo 149.1.17ª CE y la competencia en Seguridad Social
La competencia exclusiva del Estado sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social (art. 149.1.17ª CE) impide a las Comunidades Autónomas legislar sobre el régimen económico y los recursos del sistema. Las Comunidades Autónomas pueden asumir la ejecución de los servicios de la Seguridad Social, y así han asumido la gestión de la asistencia sanitaria y de los servicios sociales (artículo 148.1.20ª, sobre asistencia social), sin perjuicio de la unidad del sistema y de su caja única.
Financiación del sistema: cotizaciones y aportaciones del Estado
La financiación del sistema de Seguridad Social se nutre fundamentalmente de las cotizaciones de empresarios y trabajadores para las prestaciones contributivas, y de aportaciones del Estado a través de los Presupuestos Generales para las prestaciones y servicios de naturaleza no contributiva y universal, entre ellos la asistencia sanitaria y los servicios sociales, así como los complementos a mínimos de las pensiones. Es el llamado principio de separación de fuentes, impulsado por el Pacto de Toledo.
El Pacto de Toledo
El Pacto de Toledo, aprobado por el Congreso de los Diputados en 1995 y renovado periódicamente con sucesivas recomendaciones (la última evaluación fue aprobada en 2020), constituye el marco de consenso político sobre el que se han apoyado las principales reformas del sistema de Seguridad Social en las últimas décadas, entre ellas la separación de fuentes de financiación entre prestaciones contributivas y no contributivas y la constitución del Fondo de Reserva.
Régimen económico y presupuestario de la Seguridad Social
El sistema de la Seguridad Social cuenta con un Presupuesto propio, integrado en los Presupuestos Generales del Estado, que refleja la totalidad de ingresos y gastos del sistema y que se somete a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera regulados en la Ley Orgánica 2/2012, cuestión que enlaza con el estudio del Fondo de Reserva en el último tema del bloque específico.
Marco internacional y europeo
El derecho a la Seguridad Social se reconoce en el artículo 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Convenio 102 de la OIT (norma mínima de Seguridad Social, 1952), ratificado por España. La coordinación de los sistemas de Seguridad Social en la Unión Europea se rige por los Reglamentos (CE) 883/2004 y 987/2009, que no armonizan los sistemas nacionales sino que garantizan la totalización de períodos y la exportación de prestaciones.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El art. 41 CE es un principio rector (Cap. III, Título I), no un derecho fundamental: solo se alega ante la jurisdicción ordinaria según las leyes que lo desarrollen (art. 53.3 CE).
El TRLGSS vigente es el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre; en vigor desde el 2 de enero de 2016; sustituyó al RDL 1/1994.
La delegación legislativa para el RDL 8/2015 procede de la Ley 20/2014, de 29 de octubre (no de la Ley 20/2015, de ordenación de entidades aseguradoras).
Principios del art. 2 TRLGSS: universalidad, unidad, solidaridad e igualdad.
Competencia estatal: legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social (art. 149.1.17ª CE), sin perjuicio de la ejecución de los servicios por las Comunidades Autónomas.
STC 37/1994: el art. 41 CE consagra una garantía institucional.
Las prestaciones complementarias son libres: art. 41 CE, base de la previsión social complementaria.
El TRLGSS no tiene un título sobre la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
Caja única: los recursos de todos los regímenes se integran en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Separación de fuentes: cotizaciones para las prestaciones contributivas; aportaciones del Estado para las no contributivas y la asistencia sanitaria.
Pacto de Toledo: aprobado en 1995 y renovado, con evaluación en 2020.
La Ley 21/2021 restableció la revalorización de las pensiones conforme al IPC; no confundir con la Ley 20/2021, de reducción de la temporalidad en el empleo público.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
El principio de caja única implica que:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 1 de Administrativo Seguridad Social?
El sistema español de Seguridad Social encuentra su fundamento constitucional en el artículo 41 de la Constitución de 1978, que encomienda a los poderes públicos el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos. Su desarrollo legal actual se contiene en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que sustituyó al anterior texto refundido de 1994 y está en vigor desde el 2 de enero de 2016.
Este tema abre el bloque específico de la oposición y sienta las bases conceptuales (carácter público, universalidad, unidad, solidaridad e igualdad, y asistencia suficiente ante situaciones de necesidad) sobre las que se articula todo el resto del programa. Conviene dominar los preceptos constitucionales relacionados (arts. 41, 50, 53.3, 129.1 y 149.1.17ª), la doctrina del Tribunal Constitucional y la evolución histórica y legislativa del sistema.
¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?
El art. 41 CE es un principio rector (Cap. III, Título I), no un derecho fundamental: solo se alega ante la jurisdicción ordinaria según las leyes que lo desarrollen (art. 53.3 CE). El TRLGSS vigente es el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre; en vigor desde el 2 de enero de 2016; sustituyó al RDL 1/1994. La delegación legislativa para el RDL 8/2015 procede de la Ley 20/2014, de 29 de octubre (no de la Ley 20/2015, de ordenación de entidades aseguradoras). Principios del art. 2 TRLGSS: universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. Competencia estatal: legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social (art. 149.1.17ª CE), sin perjuicio de la ejecución de los servicios por las Comunidades Autónomas. STC 37/1994: el art. 41 CE consagra una garantía institucional. Las prestaciones complementarias son libres: art. 41 CE, base de la previsión social complementaria. El TRLGSS no tiene un título sobre la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Caja única: los recursos de todos los regímenes se integran en la Tesorería General de la Seguridad Social. Separación de fuentes: cotizaciones para las prestaciones contributivas; aportaciones del Estado para las no contributivas y la asistencia sanitaria. Pacto de Toledo: aprobado en 1995 y renovado, con evaluación en 2020. La Ley 21/2021 restableció la revalorización de las pensiones conforme al IPC; no confundir con la Ley 20/2021, de reducción de la temporalidad en el empleo público.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158) (Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna).
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE-A-2015-11724)
Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprobó el anterior texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (derogado)
Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones
Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones
Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos
Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital
Sentencia del Tribunal Constitucional 37/1994, de 10 de febrero
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