Este temario corresponde íntegramente al Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social (código 1616, grupo C1), turno de acceso libre (1.056 plazas) y promoción interna (400 plazas), convocados conjuntamente en la misma resolución con el mismo programa de materias (Anexo I.A, temario general de 23 temas, y Anexo I.B, temario específico de Seguridad Social de 13 temas). No existen otras escalas o turnos de este cuerpo con temario distinto en esta convocatoria: el programa es idéntico para acceso libre y promoción interna, variando entre ambos turnos únicamente la estructura del ejercicio (primera parte de 70 preguntas sobre el programa general y específico, más un caso práctico de 15 preguntas sobre el Anexo I.B en turno libre; 50 preguntas sobre el Anexo I.B más un caso práctico de 12 preguntas en promoción interna).
Las fuentes del Derecho Administrativo son los modos o formas de producción de las normas que rigen la actuación de las Administraciones Públicas: la Constitución, la ley y las normas con fuerza de ley, el reglamento y, con carácter subsidiario, la costumbre y los principios generales del Derecho, además de la jurisprudencia, los tratados internacionales y el Derecho de la Unión Europea. La jerarquía normativa (art. 9.3 CE) ordena su aplicación, de manera que ninguna norma de rango inferior puede contradecir a otra de rango superior (art. 1.2 CC).
Es un tema-puente entre el bloque constitucional y el procedimiento administrativo propiamente dicho, y suele combinarse con preguntas sobre la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015. Conviene dominar el artículo 1 del Código Civil, el artículo 9.3 CE, la jerarquía de reglamentos del artículo 24 de la Ley 50/1997, la inderogabilidad singular (art. 37 Ley 39/2015) y el régimen de impugnación de disposiciones generales.
Se entiende por fuente del Derecho Administrativo todo acto o hecho jurídico capaz de crear, modificar o extinguir normas que rigen la actuación de las Administraciones Públicas y sus relaciones con los ciudadanos, categoría en la que se incluyen la Constitución, la ley en sus distintas manifestaciones, el reglamento, la costumbre y los principios generales del Derecho.
Fundamento: sometimiento de la Administración a la ley y al Derecho
El artículo 103.1 CE establece que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, y el artículo 106.1 CE atribuye a los Tribunales el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa. El artículo 3.1 de la Ley 40/2015 repite esa idea: las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. De ahí que el estudio de las fuentes sea el estudio del bloque de legalidad al que está vinculada toda entidad gestora de la Seguridad Social.
Enumeración de fuentes en el Código Civil
El artículo 1.1 del Código Civil enumera como fuentes del ordenamiento jurídico español la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. El artículo 1.2 dispone que carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior; el 1.5 establece que las normas jurídicas contenidas en tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el BOE; y el 1.6 atribuye a la jurisprudencia del Tribunal Supremo la función de complementar el ordenamiento. La Constitución y el Derecho de la Unión Europea, aunque no aparecen en esa enumeración, ocupan en la práctica los lugares superiores del sistema.
La Constitución como primera fuente del ordenamiento
La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y, como tal, la primera fuente del Derecho Administrativo: todas las demás normas deben respetar su contenido, y los preceptos constitucionales relativos a la organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas (arts. 103 a 107 CE) vinculan directamente a la actuación administrativa.
Los principios del artículo 9.3 CE
El artículo 9.3 CE garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad de los poderes públicos y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Es el precepto constitucional que se cita en casi todas las preguntas sobre esta materia; la clave está en recordar los siete principios y que la irretroactividad solo se prohíbe para las normas sancionadoras desfavorables o restrictivas de derechos individuales, no para cualquier norma.
La ley como fuente principal
La ley, emanada de las Cortes Generales o de los Parlamentos autonómicos, es la fuente principal de producción de Derecho Administrativo por gozar de legitimidad democrática directa. Incluye las leyes orgánicas y ordinarias, las normas con rango de ley dictadas por el Gobierno (decretos-leyes, art. 86 CE, y decretos legislativos, arts. 82 a 85 CE) y, dentro de su ámbito, las leyes de las Comunidades Autónomas. Las leyes estatales y autonómicas no se ordenan entre sí por jerarquía sino por el reparto constitucional y estatutario de competencias (arts. 148 y 149 CE), con las reglas de prevalencia y supletoriedad del Derecho estatal del artículo 149.3 CE.
El reglamento como fuente subordinada
El reglamento es toda disposición jurídica de carácter general dictada por la Administración con valor subordinado a la ley. Se distingue de esta en que no goza de la misma legitimidad democrática directa y, en consecuencia, no puede contradecirla (principio de jerarquía normativa) ni regular materias reservadas a ella (principio de reserva de ley). La potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de acuerdo con la Constitución y las leyes (art. 97 CE); según el artículo 128.1 de la Ley 39/2015 es titularidad del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de los órganos de gobierno locales, de conformidad con la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la ley.
El principio de jerarquía normativa (art. 9.3 CE)
El principio de jerarquía normativa ordena las fuentes en una estructura piramidal: Constitución; Derecho de la Unión Europea y tratados internacionales publicados; normas con rango de ley (leyes orgánicas y ordinarias, decretos-leyes y decretos legislativos); y reglamentos. Entre la ley orgánica y la ordinaria no existe jerarquía en sentido estricto sino una relación de competencia por razón de la materia reservada (art. 81 CE): la ley ordinaria que invada una materia reservada a ley orgánica es inconstitucional. Una norma inferior contraria a una superior es inválida (art. 1.2 CC).
Jerarquía interna de las disposiciones administrativas estatales
Dentro del ámbito estatal, el artículo 24.2 de la Ley 50/1997, del Gobierno, ordena los reglamentos así: en primer lugar las disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros, por este orden; después las aprobadas por Orden Ministerial. Las disposiciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno revisten la forma de Orden del ministro competente o del ministro de la Presidencia. Por debajo de las órdenes ministeriales se sitúan las disposiciones de autoridades y órganos inferiores, dentro de sus competencias. El artículo 128.3 de la Ley 39/2015 impone que las disposiciones administrativas se ajusten al orden de jerarquía que establezcan las leyes y que ninguna vulnere los preceptos de otra de rango superior.
La costumbre en el Derecho Administrativo
La costumbre solo rige en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y resulte probada (art. 1.3 Código Civil); en el ámbito administrativo tiene un papel muy residual, dada la vigencia del principio de legalidad y la exigencia de norma escrita para la actuación de los poderes públicos.
La costumbre y el precedente administrativo
El precedente administrativo no es costumbre ni fuente del Derecho: la Administración puede apartarse de él, pero debe motivar el acto que se separe del criterio seguido en actuaciones precedentes (art. 35.1.c Ley 39/2015). Su relevancia se proyecta a través de los principios de igualdad en la aplicación de la ley y de confianza legítima. La igualdad en la aplicación de la ley no ampara la igualdad en la ilegalidad: nadie puede invocar un precedente ilegal para obtener un trato idéntico.
Los principios generales del Derecho
Los principios generales del Derecho se aplican en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico (art. 1.4 Código Civil); en Derecho Administrativo destacan los principios de buena fe, confianza legítima, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad y responsabilidad de los poderes públicos, muchos de ellos hoy positivizados en la Ley 40/2015.
Principios generales del Derecho: relación con la Ley 40/2015
El artículo 3.1 de la Ley 40/2015 enumera principios de actuación de las Administraciones Públicas: servicio efectivo a los ciudadanos; simplicidad, claridad y proximidad; participación, objetividad y transparencia; racionalización y agilidad; buena fe, confianza legítima y lealtad institucional (letra e); responsabilidad por la gestión pública; planificación y dirección por objetivos; eficacia en el cumplimiento de objetivos; economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales; eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos; y cooperación, colaboración y coordinación entre Administraciones. A ellos se suman los principios constitucionales de igualdad (art. 14 CE), seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE).
La jurisprudencia como fuente complementaria
La jurisprudencia del Tribunal Supremo complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho (art. 1.6 CC). No es fuente del Derecho en sentido estricto, pero orienta de forma decisiva la interpretación de las normas administrativas, en especial mediante la doctrina de la Sala Tercera. Distinto es el valor de la doctrina del Tribunal Constitucional, cuya interpretación vincula a todos los jueces y tribunales (art. 5.1 LOPJ), y el de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya interpretación del Derecho de la Unión es vinculante para los órganos nacionales.
Los tratados internacionales
Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno (art. 96.1 CE) y sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional. La celebración de tratados exige la autorización previa de las Cortes Generales en los supuestos del artículo 94.1 CE, y mediante ley orgánica cuando se atribuya a una organización internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución (art. 93 CE). Si el tratado contiene estipulaciones contrarias a la Constitución, exige previa revisión constitucional (art. 95 CE). La Ley 25/2014, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, regula su celebración y aplicación. En Seguridad Social tienen especial importancia los convenios bilaterales y multilaterales de coordinación y los instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo.
El Derecho de la Unión Europea como fuente
El Derecho de la Unión Europea se integra en el ordenamiento español en virtud del artículo 93 CE y goza de primacía sobre el Derecho interno en caso de conflicto dentro de su ámbito de aplicación, sin perjuicio de la supremacía de la Constitución en el ordenamiento nacional, como declaró el Tribunal Constitucional en su Declaración 1/2004. Los Reglamentos son obligatorios en todos sus elementos y directamente aplicables en cada Estado miembro (art. 288 TFUE); las Directivas obligan en cuanto al resultado que debe conseguirse, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios, por lo que requieren transposición; las Decisiones son obligatorias en todos sus elementos para sus destinatarios; y las recomendaciones y dictámenes no son vinculantes. En materia de Seguridad Social destacan los Reglamentos (CE) 883/2004 y 987/2009, de coordinación de los sistemas de Seguridad Social.
Requisitos de validez de las disposiciones administrativas
Las disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reservan a las Cortes Generales o a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración respecto de la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, cánones u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público (art. 128.2 Ley 39/2015). Además, el reglamento debe dictarse por el órgano competente y seguir el procedimiento de elaboración establecido.
Procedimiento de elaboración de reglamentos estatales
El artículo 26 de la Ley 50/1997 regula el procedimiento de elaboración de reglamentos por el Gobierno de la Nación: consulta pública previa, memoria del análisis de impacto normativo, trámite de audiencia e información pública, informes preceptivos (entre ellos el de la Secretaría General Técnica) y, cuando proceda, dictamen del Consejo de Estado. El artículo 129 de la Ley 39/2015 impone en la iniciativa normativa los principios de buena regulación (necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia) y el 133 regula la participación de los ciudadanos. La falta de los trámites esenciales de elaboración determina la nulidad del reglamento.
Vinculación de los actos singulares a los reglamentos
Las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general (art. 37 Ley 39/2015). La Administración queda vinculada por sus propios reglamentos: no puede dictar actos individuales que los contradigan, aunque procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que aprobó la disposición general. El incumplimiento supone una infracción del ordenamiento jurídico que determina la invalidez del acto.
El principio de inderogabilidad singular de los reglamentos
Es la regla por la que la Administración no puede exceptuar para un caso concreto lo dispuesto con carácter general por ella misma, aunque la resolución singular la dicte el propio órgano autor del reglamento o uno de rango superior (art. 37.1 Ley 39/2015). La Administración sí puede, en cambio, modificar o derogar el reglamento con carácter general siguiendo el procedimiento de elaboración. Se trata de una manifestación del principio de igualdad y de seguridad jurídica y de una limitación a la discrecionalidad, especialmente relevante en la aplicación uniforme de las normas de Seguridad Social.
Clases de reglamentos según su relación con la ley
Según su relación con la ley, los reglamentos se clasifican en ejecutivos, que desarrollan, completan o ejecutan una ley previa (el proyecto requiere dictamen del Consejo de Estado, art. 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980), e independientes o autónomos, que regulan materias no reservadas a la ley, típicamente de carácter organizativo. Se distinguen también los reglamentos organizativos o de autoorganización, que afectan al funcionamiento interno de la Administración, de los reglamentos jurídicos, que incorporan derechos y obligaciones para los ciudadanos. La doctrina cita además los reglamentos de necesidad, dictados ante situaciones excepcionales, categoría que debe manejarse con cautela porque la potestad reglamentaria no permite apartarse de la ley. Son ejemplos de reglamentos ejecutivos en materia de Seguridad Social los reglamentos generales sobre inscripción de empresas y afiliación (Real Decreto 84/1996) y sobre cotización y liquidación (Real Decreto 2064/1995).
Clases de reglamentos según su origen
Según el órgano del que emanan, los reglamentos se clasifican en estatales (Reales Decretos del Presidente del Gobierno y del Consejo de Ministros, y Órdenes ministeriales), autonómicos (decretos de los consejos de gobierno y órdenes de las consejerías) y locales (ordenanzas y reglamentos de las entidades locales). La potestad reglamentaria local se reconoce en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, y el procedimiento de aprobación de las ordenanzas comprende aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia a los interesados por un plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, y resolución de las mismas con aprobación definitiva (art. 49 LBRL).
Reserva de ley en materia sancionadora y tributaria
La reserva de ley se manifiesta con especial intensidad en materia sancionadora (art. 25.1 CE: nadie puede ser sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción administrativa según la legislación vigente) y en materia tributaria (art. 31.3 CE: solo pueden establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley). La reserva puede ser absoluta o relativa; esta última admite la colaboración reglamentaria siempre que la ley fije los elementos esenciales. En Seguridad Social, las infracciones y sanciones están reguladas por ley (Real Decreto Legislativo 5/2000, texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social) y los reglamentos solo pueden completarla en los términos que la propia ley permita.
Publicidad de las normas como requisito de eficacia
El artículo 9.3 CE garantiza la publicidad de las normas. Las normas con rango de ley, los reglamentos y las disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos (art. 131 Ley 39/2015); adicionalmente podrán publicarse en la sede electrónica de la Administración. Según el artículo 2.1 del Código Civil, las leyes entran en vigor a los veinte días de su completa publicación en el BOE si no se dispone otra cosa (vacatio legis).
El control judicial de los reglamentos: recurso directo e indirecto
Los reglamentos pueden impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa directamente, dentro del plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación (art. 46.1 LJCA), o indirectamente con ocasión de la impugnación de los actos que los apliquen, alegando que la disposición no es conforme a Derecho (art. 26 LJCA), sin sujeción a plazo mientras el reglamento esté vigente. La sentencia firme que anule una disposición general tiene efectos generales desde la publicación de su fallo (art. 72.2 LJCA). Son competentes la Sala Tercera del Tribunal Supremo para las disposiciones del Consejo de Ministros y la Audiencia Nacional para las de ministros y secretarios de Estado, sin perjuicio de las competencias de los Tribunales Superiores de Justicia respecto de las disposiciones autonómicas.
La nulidad de pleno derecho de los reglamentos ilegales
Son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (art. 47.2 Ley 39/2015). Los reglamentos nulos no son convalidables y la nulidad puede apreciarse en cualquier momento, también mediante revisión de oficio previo dictamen favorable del Consejo de Estado (art. 106.2 Ley 39/2015).
Control de las normas con rango de ley
Las leyes y normas con fuerza de ley solo pueden ser declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (arts. 161 y 163 CE), mediante recurso de inconstitucionalidad, que puede interponerse en el plazo de tres meses desde la publicación de la norma (art. 33 LOTC), o mediante cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juez o tribunal. Los jueces y tribunales no pueden inaplicar por sí mismos una ley posconstitucional; sí pueden inaplicar los reglamentos ilegales (art. 6 LOPJ). Las leyes anteriores a la Constitución que la contradigan quedaron derogadas (disposición derogatoria tercera CE).
Circulares e instrucciones: naturaleza jurídica
Los órganos administrativos pueden dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio (art. 6 Ley 40/2015). El incumplimiento de estas no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir. No son disposiciones de carácter general sino actos internos de organización que vinculan a los órganos subordinados y no crean por sí mismas derechos u obligaciones frente a terceros, aunque en la práctica de la Seguridad Social orientan la aplicación uniforme de la normativa por parte de las entidades gestoras. Si una circular o instrucción tiene en realidad contenido normativo con efectos externos, los tribunales pueden considerarla disposición general encubierta y declararla nula por no haber seguido el procedimiento de elaboración.
Normas de Seguridad Social: panorama de fuentes
Las fuentes de la Seguridad Social reproducen la pirámide general: Constitución (art. 41 CE, que impone a los poderes públicos mantener un régimen público de Seguridad Social, y art. 149.1.17.ª, competencia exclusiva del Estado sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social); Derecho de la Unión Europea y convenios internacionales; Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, texto refundido); otras leyes y decretos-leyes que la modifican con frecuencia; reglamentos de desarrollo (reales decretos) y órdenes ministeriales; y circulares e instrucciones de las entidades gestoras y de la Tesorería General. Dado que muchos cambios de pensiones y cotización se aprueban por decreto-ley, conviene siempre comprobar el rango y la fecha de entrada en vigor de la norma aplicable.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El artículo 1.1 del Código Civil enumera como fuentes la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. La jurisprudencia no es fuente en sentido estricto: complementa el ordenamiento (art. 1.6 CC).
El artículo 9.3 CE garantiza siete principios: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad. Trampa habitual: decir que prohíbe cualquier retroactividad.
La costumbre solo rige en defecto de ley aplicable, si no es contraria a la moral o al orden público y resulta probada (art. 1.3 CC). Los principios generales se aplican en defecto de ley y costumbre (art. 1.4 CC).
Jerarquía de reglamentos estatales (art. 24.2 Ley 50/1997): Real Decreto del Presidente, Real Decreto del Consejo de Ministros (por este orden) y después Orden Ministerial. Una Orden Ministerial nunca puede contradecir un Real Decreto.
Inderogabilidad singular (art. 37.1 Ley 39/2015): ni siquiera el órgano que aprobó el reglamento, ni uno superior, puede dictar un acto individual que lo contradiga. Sí puede modificar el reglamento con carácter general.
Los reglamentos no pueden tipificar infracciones ni establecer sanciones, tributos u otras cargas patrimoniales sin cobertura legal (art. 128.2 Ley 39/2015). Los que infrinjan la Constitución, las leyes o regulen materias reservadas son nulos de pleno derecho (art. 47.2).
Impugnación de reglamentos: directa en dos meses desde la publicación (art. 46.1 LJCA); indirecta sin plazo con ocasión de un acto de aplicación (art. 26 LJCA). Las leyes solo las controla el Tribunal Constitucional.
Los reglamentos ejecutivos requieren dictamen del Consejo de Estado (art. 22.3 LO 3/1980). Las normas con rango de ley no tienen control de la jurisdicción contencioso-administrativa, salvo el decreto legislativo ultra vires.
Tratados: forman parte del ordenamiento tras su publicación oficial (art. 96.1 CE) y solo se derogan en la forma prevista en ellos o por las normas generales de Derecho Internacional. El Derecho de la UE tiene primacía en su ámbito, pero no sobre la Constitución según la Declaración 1/2004 del Tribunal Constitucional.
Las circulares e instrucciones de servicio (art. 6 Ley 40/2015) son actos internos que vinculan a los subordinados; su incumplimiento no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados. No son disposiciones generales y no crean derechos frente a terceros.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
El proyecto de reglamento que se dicte en ejecución de una ley requiere, con carácter general, el dictamen de:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 13 de Administrativo Seguridad Social?
Las fuentes del Derecho Administrativo son los modos o formas de producción de las normas que rigen la actuación de las Administraciones Públicas: la Constitución, la ley y las normas con fuerza de ley, el reglamento y, con carácter subsidiario, la costumbre y los principios generales del Derecho, además de la jurisprudencia, los tratados internacionales y el Derecho de la Unión Europea. La jerarquía normativa (art. 9.3 CE) ordena su aplicación, de manera que ninguna norma de rango inferior puede contradecir a otra de rango superior (art. 1.2 CC).
Es un tema-puente entre el bloque constitucional y el procedimiento administrativo propiamente dicho, y suele combinarse con preguntas sobre la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015. Conviene dominar el artículo 1 del Código Civil, el artículo 9.3 CE, la jerarquía de reglamentos del artículo 24 de la Ley 50/1997, la inderogabilidad singular (art. 37 Ley 39/2015) y el régimen de impugnación de disposiciones generales.
¿Qué hay que memorizar del Tema 13 para el examen?
El artículo 1.1 del Código Civil enumera como fuentes la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. La jurisprudencia no es fuente en sentido estricto: complementa el ordenamiento (art. 1.6 CC). El artículo 9.3 CE garantiza siete principios: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad. Trampa habitual: decir que prohíbe cualquier retroactividad. La costumbre solo rige en defecto de ley aplicable, si no es contraria a la moral o al orden público y resulta probada (art. 1.3 CC). Los principios generales se aplican en defecto de ley y costumbre (art. 1.4 CC). Jerarquía de reglamentos estatales (art. 24.2 Ley 50/1997): Real Decreto del Presidente, Real Decreto del Consejo de Ministros (por este orden) y después Orden Ministerial. Una Orden Ministerial nunca puede contradecir un Real Decreto. Inderogabilidad singular (art. 37.1 Ley 39/2015): ni siquiera el órgano que aprobó el reglamento, ni uno superior, puede dictar un acto individual que lo contradiga. Sí puede modificar el reglamento con carácter general. Los reglamentos no pueden tipificar infracciones ni establecer sanciones, tributos u otras cargas patrimoniales sin cobertura legal (art. 128.2 Ley 39/2015). Los que infrinjan la Constitución, las leyes o regulen materias reservadas son nulos de pleno derecho (art. 47.2). Impugnación de reglamentos: directa en dos meses desde la publicación (art. 46.1 LJCA); indirecta sin plazo con ocasión de un acto de aplicación (art. 26 LJCA). Las leyes solo las controla el Tribunal Constitucional. Los reglamentos ejecutivos requieren dictamen del Consejo de Estado (art. 22.3 LO 3/1980). Las normas con rango de ley no tienen control de la jurisdicción contencioso-administrativa, salvo el decreto legislativo ultra vires. Tratados: forman parte del ordenamiento tras su publicación oficial (art. 96.1 CE) y solo se derogan en la forma prevista en ellos o por las normas generales de Derecho Internacional. El Derecho de la UE tiene primacía en su ámbito, pero no sobre la Constitución según la Declaración 1/2004 del Tribunal Constitucional. Las circulares e instrucciones de servicio (art. 6 Ley 40/2015) son actos internos que vinculan a los subordinados; su incumplimiento no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados. No son disposiciones generales y no crean derechos frente a terceros.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158) (Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978, arts. 1, 9.3, 41, 81 a 86, 93 a 97, 103, 106, 149.1.17.ª y 161 a 163 (BOE-A-1978-31229).
Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, arts. 1 y 2 (BOE-A-1889-4763).
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 37, 47, 106, 128, 129, 131 y 133 (BOE-A-2015-10565).
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 3 y 6 (BOE-A-2015-10566).
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, arts. 24 y 26 (BOE-A-1997-25336).
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, arts. 26, 46 y 72 (BOE-A-1998-16718).
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, art. 22.
Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, art. 288, y Declaración 1/2004 del Tribunal Constitucional.
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
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