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Tema 8. Incapacidad temporal: concepto y causas que motivan esta situación. Beneficiarios. Prestación económica: determinación y cuantía. Nacimiento, duración y extinción del derecho al subsidio. Reconocimiento y pago. Control de la incapacidad. Incapacidad permanente contributiva: concepto. Grados de incapacidad. Prestaciones. Determinación y cuantía. Beneficiarios. Nacimiento, duración y extinción del derecho. Lesiones permanentes no incapacitantes. La calificación y revisión de la incapacidad permanente.

Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158).

Este temario corresponde íntegramente al Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social (código 1616, grupo C1), turno de acceso libre (1.056 plazas) y promoción interna (400 plazas), convocados conjuntamente en la misma resolución con el mismo programa de materias (Anexo I.A, temario general de 23 temas, y Anexo I.B, temario específico de Seguridad Social de 13 temas). No existen otras escalas o turnos de este cuerpo con temario distinto en esta convocatoria: el programa es idéntico para acceso libre y promoción interna, variando entre ambos turnos únicamente la estructura del ejercicio (primera parte de 70 preguntas sobre el programa general y específico, más un caso práctico de 15 preguntas sobre el Anexo I.B en turno libre; 50 preguntas sobre el Anexo I.B más un caso práctico de 12 preguntas en promoción interna).

La incapacidad temporal (IT) y la incapacidad permanente contributiva (IP) protegen, respectivamente, las situaciones transitorias y las de carácter previsiblemente definitivo en las que el trabajador ve reducida o anulada su capacidad laboral a consecuencia de una enfermedad o de un accidente. Ambas se regulan en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre) y en su normativa de desarrollo, y son de las prestaciones más gestionadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y por las mutuas colaboradoras. La IT cubre la pérdida de rentas durante la baja médica (subsidio del 60 % o 75 % de la base reguladora, según contingencia y día de baja) con una duración máxima ordinaria de 365 días, prorrogables 180 más. La IP se organiza en cuatro grados (parcial, total, absoluta y gran invalidez) con prestaciones distintas: indemnización a tanto alzado en la parcial, pensión del 55 % (75 % si es cualificada) en la total, del 100 % en la absoluta y del 100 % más complemento en la gran invalidez. Las lesiones permanentes no incapacitantes dan derecho a una indemnización única conforme a baremo. Es una de las materias más preguntadas del temario: conviene dominar plazos (3, 15, 20, 365, 545 y 730 días), porcentajes (60, 75, 55, 20, 100), periodos de carencia y el reparto de competencias entre servicios públicos de salud, INSS, mutuas y equipos de valoración.

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Concepto de incapacidad temporal y situaciones que la determinan

Tienen la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de trescientos sesenta y cinco días, prorrogables por otros ciento ochenta días cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación (art. 169 TRLGSS). Se consideran también situaciones de IT los periodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescriba la baja en el trabajo durante los cuales se mantenga la necesidad de asistencia sanitaria; su duración máxima es de seis meses, prorrogables por otros seis cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad. Los requisitos esenciales son dos: asistencia sanitaria e impedimento para el trabajo, de modo que si falta alguno no hay IT.

Contingencias determinantes: común y profesional

La causa de la IT determina el régimen de la prestación. Son contingencias comunes la enfermedad común y el accidente no laboral. Son contingencias profesionales el accidente de trabajo (toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena, incluido el accidente in itinere; art. 156 TRLGSS) y la enfermedad profesional (la contraída a consecuencia del trabajo en las actividades del cuadro aprobado reglamentariamente, provocada por la acción de los elementos o sustancias que en él se indican; art. 157 TRLGSS). La distinción es decisiva porque de ella dependen el periodo de carencia, el día de nacimiento del derecho, el porcentaje de la prestación, la base reguladora y la responsabilidad en el pago.

Beneficiarios de la incapacidad temporal

Son beneficiarios del subsidio por incapacidad temporal los trabajadores incluidos en el Régimen General (y, con sus peculiaridades, en los regímenes especiales) que estén afiliados y en alta o en situación asimilada al alta y que, además, reúnan el periodo de cotización exigido: ciento ochenta días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante cuando la IT derive de enfermedad común; no se exige periodo previo de cotización cuando derive de accidente, sea o no de trabajo, o de enfermedad profesional. En el caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional los trabajadores se consideran de pleno derecho en alta aunque su empresario haya incumplido sus obligaciones, sin perjuicio de la responsabilidad empresarial por falta de alta o de cotización. En las situaciones de alta de pleno derecho el INSS o la mutua anticipan la prestación sin perjuicio de repetir contra el responsable.

Nacimiento del derecho y periodo de espera

El nacimiento del subsidio depende de la contingencia. En la IT por enfermedad común o accidente no laboral el subsidio se abona desde el cuarto día de baja en el trabajo, de modo que los tres primeros días (periodo de espera) carecen de prestación de Seguridad Social, sin perjuicio de las mejoras que establezca el convenio colectivo o el pacto de empresa. En la IT por accidente de trabajo o enfermedad profesional el subsidio se abona desde el día siguiente al de la baja, y el día del accidente o de la baja el trabajador percibe su salario íntegro a cargo del empresario.

Cuantía del subsidio por contingencias comunes

La prestación económica por IT derivada de contingencias comunes consiste en un subsidio equivalente al 60 por ciento de la base reguladora desde el cuarto día de baja hasta el vigésimo, ambos inclusive, y al 75 por ciento desde el día vigésimo primero (art. 169 y siguientes TRLGSS; el mismo escalón se aplica a la IT por enfermedad común). El convenio o el pacto de empresa pueden mejorar la cuantía (complemento hasta el 100 por cien del salario, por ejemplo), pero esa mejora no es prestación de Seguridad Social. No existen escalones en las contingencias profesionales: el porcentaje es único.

Cuantía del subsidio por contingencias profesionales

Cuando la IT derive de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el subsidio es del 75 por ciento de la base reguladora desde el día siguiente al de la baja, sin periodo de espera. Esta es la principal diferencia con las contingencias comunes: el 75 por ciento se percibe desde el primer día de prestación, mientras que en las comunes se parte del 60 por ciento y se alcanza el 75 por ciento a partir del día vigésimo primero.

Base reguladora de la incapacidad temporal

En contingencias comunes, la base reguladora diaria es el resultado de dividir la base de cotización por contingencias comunes del mes anterior al de la fecha de la baja médica (o, en su caso, del último mes cotizado) entre el número de días a que dicha cotización se refiere. En contingencias profesionales, la base reguladora se calcula con la base de cotización por contingencias profesionales del mes anterior, excluidas las horas extraordinarias, a la que se suma el promedio diario de las horas extraordinarias realizadas en el año anterior. El divisor es 30 cuando la remuneración es mensual, o el número de días efectivamente trabajados o remunerados en otro caso. El subsidio diario se obtiene aplicando a esa base reguladora el porcentaje correspondiente.

Responsabilidad en el pago del subsidio

En la IT por contingencias comunes, el empresario abona el subsidio desde el día cuarto hasta el decimoquinto, ambos inclusive, de baja; a partir del decimosexto día, el pago corresponde a la entidad gestora (INSS) o a la mutua colaboradora con la Seguridad Social si ésta cubre las contingencias comunes de la empresa. En las contingencias profesionales el pago, desde el día siguiente a la baja, corresponde a la entidad gestora o a la mutua que protege dicha contingencia, y el empresario solo abona el salario del día de la baja. Si el trabajador no estaba en alta ni en situación asimilada en un supuesto de contingencia común, no hay derecho al subsidio.

Pago delegado y pago directo

El pago del subsidio de IT se realiza habitualmente mediante el sistema de pago delegado: la empresa abona la prestación al trabajador en los mismos periodos que el salario y deduce su importe de las cotizaciones que ingresa a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en el documento de cotización. La colaboración de la empresa en el pago delegado es obligatoria. Procede el pago directo por la entidad gestora o la mutua cuando el trabajador está en situación de desempleo con prestación (el subsidio se paga a cargo de la entidad gestora), cuando se agota el plazo de 365 días y la gestión pasa al INSS, cuando se extingue el contrato durante la baja o en otros supuestos legalmente previstos (por ejemplo, el pago directo en los regímenes especiales).

Duración máxima y prórroga

La duración máxima ordinaria de la IT es de trescientos sesenta y cinco días, prorrogables por otros ciento ochenta cuando se presuma que durante ellos podrá ser dado de alta por curación, de manera que el máximo con prórroga expresa es de quinientos cuarenta y cinco días. Para el cómputo de los plazos se suman los periodos de recaída en la misma o similar patología con una interrupción inferior a ciento ochenta días. Agotados los 365 días, el INSS, a través de sus órganos competentes, es el único competente para reconocer la prórroga expresa hasta 180 días más, para iniciar un expediente de incapacidad permanente o para emitir el alta médica por curación o por incomparecencia injustificada a los reconocimientos.

Demora de la calificación de la incapacidad permanente

Cuando, al agotarse el plazo de 545 días, el INSS considere que el trabajador va a ser calificado probablemente como incapacitado permanente, la IT puede mantenerse mientras se tramita el expediente (demora de la calificación), con un límite máximo de 730 días desde el inicio de la baja. En esta fase el subsidio se mantiene en la cuantía previa, y la IT se extingue al calificarse la incapacidad permanente (o al transcurrir el plazo máximo). No debe confundirse con la prórroga de 180 días, que supone seguir en IT con presunción de curación.

Control de la incapacidad temporal

Durante los primeros 365 días los servicios públicos de salud (médicos del Sistema Nacional de Salud) emiten los partes médicos de baja, de confirmación de la baja y de alta, con la periodicidad que fija el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, sobre gestión y control de los procesos por IT en los primeros 365 días (modificado por el Real Decreto 1060/2022), en función de la duración estimada del proceso. La inspección médica de los servicios públicos de salud puede emitir también el alta. El INSS, a través de sus inspectores médicos, y las mutuas, en el ámbito de contingencias comunes que gestionan, controlan la situación; pueden realizar reconocimientos médicos y formular propuestas motivadas de alta a la inspección médica, que debe pronunciarse en el plazo previsto. Los empresarios pueden verificar el estado de enfermedad o accidente mediante reconocimiento a cargo de personal médico (art. 20.4 del Estatuto de los Trabajadores), y la negativa del trabajador puede suspender los derechos económicos que ostente por la situación de IT.

Alta médica y reconocimientos médicos

El parte de alta médica pone fin a la IT por curación, mejoría que permite trabajar o incomparecencia injustificada a las citaciones para reconocimientos médicos. Si el alta la emite el INSS tras los 365 días, el interesado puede manifestar disconformidad ante la inspección médica del servicio público de salud en el plazo de cuatro días naturales; la inspección debe resolver en el plazo de siete días naturales. La resolución del INSS que establece el alta es impugnable mediante reclamación previa y, posteriormente, en la jurisdicción social. Con el alta médica cesa la IT; si el trabajador no está de acuerdo con el alta puede solicitar el reconocimiento de la incapacidad permanente.

Extinción, pérdida y suspensión del derecho al subsidio

El derecho al subsidio de IT se extingue por el transcurso del plazo máximo establecido (545 días, o 730 en caso de demora de la calificación), por ser dado de alta médica con o sin declaración de incapacidad permanente, por el reconocimiento de la pensión de jubilación, por incomparecencia injustificada a los reconocimientos médicos convocados por la entidad gestora o la mutua y por fallecimiento. El derecho puede ser denegado, anulado o suspendido cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar la prestación, o cuando trabaje por cuenta propia o ajena durante la IT, o cuando rechace o abandone el tratamiento sin causa razonable.

Situaciones especiales de IT en materia de salud reproductiva

La Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, de modificación de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, incorporó al TRLGSS dos situaciones especiales de IT: la derivada de menstruación incapacitante secundaria (dismenorrea acreditada con patología previa diagnosticada), con la que el subsidio se abona desde el primer día de baja sin periodo de carencia, a cargo de la Seguridad Social; y la que se origina por embarazo desde el primer día de la semana 39 de gestación. Estas situaciones se configuran como supuestos de IT con régimen propio y sin exigencia de periodo previo de cotización.

Concepto de incapacidad permanente contributiva

Es incapacidad permanente contributiva la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral (art. 193 TRLGSS). No obsta a esta calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral si se estima médicamente como incierta o a largo plazo. Las reducciones deben ser objetivables, graves y previsiblemente definitivas; la declaración de IP no supone necesariamente la inexistencia de revisión posterior. La IP es contributiva cuando exige cotización previa; la IP no contributiva se estudia en el tema de prestaciones no contributivas.

Grados de incapacidad permanente

La IP contributiva se clasifica, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo que valoran los Equipos de Valoración de Incapacidades, en cuatro grados (art. 194 TRLGSS): incapacidad permanente parcial para la profesión habitual, incapacidad permanente total para la profesión habitual, incapacidad permanente absoluta para todo trabajo y gran invalidez. Se entiende por profesión habitual, en caso de accidente, sea o no de trabajo, la desempeñada normalmente por el trabajador al tiempo de sufrirlo; en caso de enfermedad común o profesional, aquella a la que el trabajador dedicaba su actividad fundamental durante los doce meses anteriores a la fecha en que se hubiese iniciado la IT de la que deriva la invalidez.

Incapacidad permanente parcial

La incapacidad permanente parcial para la profesión habitual es aquella que, sin alcanzar el grado de total, ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33 por ciento en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma. La prestación consiste en una indemnización a tanto alzado, por una sola vez, equivalente a veinticuatro mensualidades de la base reguladora que sirvió para calcular la prestación de incapacidad temporal de la que deriva (o la base reguladora correspondiente). No genera pensión periódica y es compatible con el ejercicio de cualquier actividad, incluso con la misma profesión.

Incapacidad permanente total

La incapacidad permanente total para la profesión habitual es la que inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta. Da derecho a una pensión vitalicia del 55 por ciento de la base reguladora. Cuando el beneficiario tenga cumplidos cincuenta y cinco años y, por su falta de preparación general o especializada y por las circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia, se presuma la dificultad de obtener empleo en actividad distinta de la habitual, la pensión se incrementa en un 20 por ciento de la base reguladora, resultando el 75 por ciento (incapacidad permanente total cualificada). El incremento se suspende mientras el pensionista ejerza una actividad laboral o perciba prestaciones de desempleo. Si el beneficiario es menor de sesenta años, podrá sustituirse la pensión por una indemnización a tanto alzado de ochenta y cuatro mensualidades cuando se constate la posibilidad de reinserción laboral.

Incapacidad permanente absoluta

La incapacidad permanente absoluta para todo trabajo es la que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio. Da derecho a una pensión vitalicia del cien por cien de la base reguladora. No debe confundirse con la gran invalidez, en la que además de la inhabilitación para todo trabajo concurre la necesidad de asistencia de otra persona. La pensión por incapacidad permanente absoluta se transforma en pensión de jubilación cuando el pensionista alcanza la edad ordinaria de jubilación, sin que cambie su cuantía.

Gran invalidez

La gran invalidez es la situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos. Da derecho a una pensión igual a la que correspondería por incapacidad permanente absoluta (100 por cien de la base reguladora), incrementada con un complemento destinado a remunerar a la persona que atiende al beneficiario. Se reconoce con independencia de que el trabajador viva en un establecimiento o con su familia; el beneficiario puede optar por ser alojado en una institución asistencial financiada con cargo a la Seguridad Social.

Cálculo del complemento de gran invalidez

El complemento de gran invalidez es el resultado de sumar el 45 por ciento de la base mínima de cotización vigente en el momento del hecho causante y el 30 por ciento de la última base de cotización del trabajador correspondiente a la contingencia de la que derive la situación de incapacidad. En ningún caso su importe puede ser inferior al 45 por ciento de la pensión percibida, sin el complemento, por el trabajador. El complemento se percibe en la misma periodicidad que la pensión y se mantiene mientras subsista la necesidad de asistencia de tercera persona; no es una pensión autónoma.

Beneficiarios y periodos de carencia

En la IP derivada de contingencias profesionales (accidente de trabajo y enfermedad profesional) no se exige periodo previo de cotización, y se presume el alta de pleno derecho. En la IP derivada de accidente no laboral tampoco se exige periodo de cotización, aunque sí estar afiliado y en alta o situación asimilada. En la derivada de enfermedad común se exige alta o asimilada y un periodo de cotización: si el trabajador tiene menos de 31 años, un tercio del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió 16 años y la del hecho causante; si tiene 31 años o más, un cuarto del tiempo transcurrido entre los 20 años y el hecho causante, con un mínimo de cinco años; en ambos casos, una quinta parte del periodo exigible debe estar comprendida en los diez años inmediatamente anteriores. Para la IP parcial por enfermedad común se exigen 1.800 días en los diez años anteriores.

Base reguladora y efectos económicos

En la IP derivada de enfermedad común, la base reguladora es el cociente de dividir por 112 las bases de cotización de los noventa y seis meses anteriores al mes previo al hecho causante; si procede de accidente no laboral, rigen reglas específicas sobre los meses computados y su divisor. En la IP derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional la base reguladora se calcula sobre el salario real percibido por el trabajador en el año anterior al hecho causante, con las particularidades de las horas extraordinarias. La pensión se calcula aplicando a esa base el porcentaje del grado reconocido. Para las pensiones de IP las cuantías se revalorizan anualmente con el IPC medio interanual de diciembre a noviembre.

Nacimiento, duración y extinción del derecho a la pensión

El derecho a la pensión de IP nace con la resolución que la reconoce, con efectos económicos que la resolución fija con arreglo a las reglas reglamentarias (en general desde la fecha del dictamen-propuesta del EVI o, si procede de IT, desde la extinción de ésta). Es vitalicio mientras subsistan las circunstancias que motivaron el grado, y se extingue por fallecimiento del beneficiario, por recuperación de la capacidad laboral en la revisión por mejoría, por reconocimiento de una pensión de jubilación (la pensión de IP pasa a denominarse de jubilación al alcanzar el beneficiario la edad ordinaria de jubilación, sin que se modifique su cuantía) y por sanción del beneficiario que obtuvo o conservó el derecho de forma fraudulenta.

Compatibilidad de la incapacidad permanente con el trabajo

La pensión de IP total es compatible con el trabajo en actividad distinta de la profesión habitual del pensionista, sin que ello suponga un cambio en su capacidad a efectos de revisión, y con la misma empresa si las funciones son distintas. Las pensiones de IP absoluta y gran invalidez son compatibles con actividades, lucrativas o no, que sean compatibles con el estado del incapacitado y no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión; el trabajo, no obstante, puede ser causa de revisión del grado por mejoría. En todos los casos el pensionista que trabaja cotiza por IT y contingencias profesionales.

Lesiones permanentes no incapacitantes

Las lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo, causadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional, que sin llegar a constituir una incapacidad permanente conforme a lo establecido, supongan una disminución o alteración de la integridad física del trabajador y aparezcan recogidas en el baremo oficial, dan derecho a una indemnización por una sola vez, de cuantía fijada en dicho baremo, que actualmente figura en la Orden TAS/1040/2005, de 18 de abril. Se abonan con independencia de que el trabajador siga trabajando o esté en IT, y son compatibles con la percepción de cualquier prestación de Seguridad Social en la medida en que no se superpongan. Solo se aplican a contingencias profesionales.

Calificación de la incapacidad permanente

La calificación de la IP corresponde al INSS (Dirección Provincial correspondiente, y en el ámbito del mar al Instituto Social de la Marina), que resuelve mediante resolución del director provincial a la vista del dictamen-propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), órgano colegiado técnico que valora la situación del trabajador, determina el grado que le corresponde y propone la fecha de efectos y el plazo de revisión. El procedimiento puede iniciarse de oficio por el INSS, a instancia del interesado, a propuesta de las mutuas, o a petición de los servicios públicos de salud. La normativa de desarrollo está constituida por el Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, sobre incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, y por la Orden de 18 de enero de 1996, que lo desarrolla. Contra la resolución cabe reclamación previa y recurso ante la jurisdicción social (art. 71 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).

Revisión de la incapacidad permanente

Las resoluciones que reconocen la IP consignan el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión por agravación o mejoría del estado invalidante, y el pensionista queda obligado a someterse a los reconocimientos médicos que la entidad gestora considere necesarios, pudiendo dar lugar la negativa injustificada a la suspensión o extinción de la pensión. La revisión puede promoverse de oficio por el INSS o a instancia del interesado o de la mutua colaboradora o de la empresa, en su caso, y puede dar lugar a la modificación del grado, a la confirmación o a la extinción. No procede la revisión por agravación o mejoría una vez que el pensionista ha alcanzado la edad mínima de jubilación. Es posible además la revisión por error de diagnóstico, que no está sujeta a plazo.

Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad

Todas las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional, incluidas las de IT, IP y muerte y supervivencia, se aumentan, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo (art. 164 TRLGSS). El recargo recae directamente sobre el empresario infractor, no es asegurable y es independiente de las responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • IT por enfermedad común: días 1 a 3 sin prestación, del 4.º al 15.º día a cargo de la empresa (60 %), desde el 16.º a cargo de la entidad gestora o mutua; 60 % del 4.º al 20.º día y 75 % desde el 21.º.
  • IT por AT/EP: 75 % de la base reguladora desde el día siguiente al de la baja; el día del accidente lo paga el empresario con salario íntegro.
  • Carencia de IT: 180 días en los 5 años anteriores solo en enfermedad común; ninguna en accidente (laboral o no) ni en enfermedad profesional.
  • Plazos de IT: 365 días + 180 de prórroga = 545 días; con demora de calificación de IP puede llegar a 730 días. Recaídas con interrupción inferior a 180 días se suman.
  • Tras los 365 días el único competente para prorrogar, iniciar IP o dar el alta es el INSS; hasta entonces los partes los emiten los servicios públicos de salud.
  • Grados de IP: parcial (33 % de rendimiento; indemnización de 24 mensualidades), total (55 %; 75 % si cualificada con 55 años), absoluta (100 %), gran invalidez (100 % más complemento).
  • Trampa clásica: el incremento de la IP total cualificada es del 20 % y se exige tener 55 años cumplidos (no 60); la sustitución por 84 mensualidades requiere ser menor de 60 años.
  • Complemento de gran invalidez: 45 % de la base mínima de cotización vigente al hecho causante + 30 % de la última base de cotización; mínimo del 45 % de la pensión sin complemento.
  • Carencia de IP por enfermedad común: menores de 31 años, un tercio del tiempo desde los 16 años; 31 o más, un cuarto del tiempo desde los 20 años y mínimo 5 años; siempre una quinta parte en los 10 últimos años.
  • El EVI emite un dictamen-propuesta; la resolución corresponde al INSS (director provincial). No confundir la propuesta con la resolución.
  • Las lesiones permanentes no incapacitantes se indemnizan una sola vez y solo derivan de AT o EP, según el baremo de la Orden TAS/1040/2005.
  • Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad: 30 a 50 %, a cargo exclusivo del empresario y no asegurable.
  • La pensión de IP se convierte en pensión de jubilación al llegar a la edad ordinaria de jubilación, sin cambiar su importe; tras la edad mínima de jubilación ya no cabe revisión por mejoría o agravación.
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Pregunta 1 de 110 aciertos

La incapacidad permanente parcial para la profesión habitual se caracteriza por:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 8 de Administrativo Seguridad Social?

La incapacidad temporal (IT) y la incapacidad permanente contributiva (IP) protegen, respectivamente, las situaciones transitorias y las de carácter previsiblemente definitivo en las que el trabajador ve reducida o anulada su capacidad laboral a consecuencia de una enfermedad o de un accidente. Ambas se regulan en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre) y en su normativa de desarrollo, y son de las prestaciones más gestionadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y por las mutuas colaboradoras. La IT cubre la pérdida de rentas durante la baja médica (subsidio del 60 % o 75 % de la base reguladora, según contingencia y día de baja) con una duración máxima ordinaria de 365 días, prorrogables 180 más. La IP se organiza en cuatro grados (parcial, total, absoluta y gran invalidez) con prestaciones distintas: indemnización a tanto alzado en la parcial, pensión del 55 % (75 % si es cualificada) en la total, del 100 % en la absoluta y del 100 % más complemento en la gran invalidez. Las lesiones permanentes no incapacitantes dan derecho a una indemnización única conforme a baremo. Es una de las materias más preguntadas del temario: conviene dominar plazos (3, 15, 20, 365, 545 y 730 días), porcentajes (60, 75, 55, 20, 100), periodos de carencia y el reparto de competencias entre servicios públicos de salud, INSS, mutuas y equipos de valoración.

¿Qué hay que memorizar del Tema 8 para el examen?

IT por enfermedad común: días 1 a 3 sin prestación, del 4.º al 15.º día a cargo de la empresa (60 %), desde el 16.º a cargo de la entidad gestora o mutua; 60 % del 4.º al 20.º día y 75 % desde el 21.º. IT por AT/EP: 75 % de la base reguladora desde el día siguiente al de la baja; el día del accidente lo paga el empresario con salario íntegro. Carencia de IT: 180 días en los 5 años anteriores solo en enfermedad común; ninguna en accidente (laboral o no) ni en enfermedad profesional. Plazos de IT: 365 días + 180 de prórroga = 545 días; con demora de calificación de IP puede llegar a 730 días. Recaídas con interrupción inferior a 180 días se suman. Tras los 365 días el único competente para prorrogar, iniciar IP o dar el alta es el INSS; hasta entonces los partes los emiten los servicios públicos de salud. Grados de IP: parcial (33 % de rendimiento; indemnización de 24 mensualidades), total (55 %; 75 % si cualificada con 55 años), absoluta (100 %), gran invalidez (100 % más complemento). Trampa clásica: el incremento de la IP total cualificada es del 20 % y se exige tener 55 años cumplidos (no 60); la sustitución por 84 mensualidades requiere ser menor de 60 años. Complemento de gran invalidez: 45 % de la base mínima de cotización vigente al hecho causante + 30 % de la última base de cotización; mínimo del 45 % de la pensión sin complemento. Carencia de IP por enfermedad común: menores de 31 años, un tercio del tiempo desde los 16 años; 31 o más, un cuarto del tiempo desde los 20 años y mínimo 5 años; siempre una quinta parte en los 10 últimos años. El EVI emite un dictamen-propuesta; la resolución corresponde al INSS (director provincial). No confundir la propuesta con la resolución. Las lesiones permanentes no incapacitantes se indemnizan una sola vez y solo derivan de AT o EP, según el baremo de la Orden TAS/1040/2005. Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad: 30 a 50 %, a cargo exclusivo del empresario y no asegurable. La pensión de IP se convierte en pensión de jubilación al llegar a la edad ordinaria de jubilación, sin cambiar su importe; tras la edad mínima de jubilación ya no cabe revisión por mejoría o agravación.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158) (Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (arts. 156, 157, 164, 169 y ss., 193 y ss.)
  • Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración
  • Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 625/2014
  • Real Decreto 575/1997, de 18 de abril, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de la prestación económica de la Seguridad Social por incapacidad temporal
  • Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994
  • Orden de 18 de enero de 1996 para la aplicación y desarrollo del Real Decreto 1300/1995
  • Orden TAS/1040/2005, de 18 de abril, por la que se actualiza el baremo de las lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes
  • Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo
  • Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (art. 71)

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