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Tema 17. Las fases del procedimiento administrativo: Iniciación, ordenación, instrucción y finalización. La ejecución de los actos y resoluciones administrativas.

Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158).

Este temario corresponde íntegramente al Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social (código 1616, grupo C1), turno de acceso libre (1.056 plazas) y promoción interna (400 plazas), convocados conjuntamente en la misma resolución con el mismo programa de materias (Anexo I.A, temario general de 23 temas, y Anexo I.B, temario específico de Seguridad Social de 13 temas). No existen otras escalas o turnos de este cuerpo con temario distinto en esta convocatoria: el programa es idéntico para acceso libre y promoción interna, variando entre ambos turnos únicamente la estructura del ejercicio (primera parte de 70 preguntas sobre el programa general y específico, más un caso práctico de 15 preguntas sobre el Anexo I.B en turno libre; 50 preguntas sobre el Anexo I.B más un caso práctico de 12 preguntas en promoción interna).

El procedimiento administrativo es el cauce formal a través del cual se produce la actuación de la Administración para la realización de un fin determinado, articulado en grandes fases: iniciación, ordenación, instrucción y terminación, a las que se suman la tramitación simplificada y la ejecución. La Ley 39/2015 regula con detalle cada una de estas fases, así como los mecanismos de ejecución forzosa de los actos administrativos que son ejecutivos. Este tema es continuación directa del anterior y en él se apoyan buena parte de las preguntas prácticas sobre tramitación de expedientes de la Seguridad Social. Conviene memorizar los plazos (subsanación, trámites de los interesados, prueba, audiencia, información pública, caducidad) y distinguir entre decaimiento en un trámite, caducidad, desistimiento y renuncia.

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Estructura del procedimiento administrativo común

El procedimiento administrativo es el cauce formal de la actuación de la Administración para producir un acto o resolución. La Ley 39/2015 lo estructura en fases: iniciación (arts. 54 a 69), ordenación (arts. 70 a 74), instrucción (arts. 75 a 83), finalización (arts. 84 a 95), tramitación simplificada (art. 96) y ejecución (arts. 97 a 105). Antes de ellas, el artículo 53 recoge los derechos del interesado y los artículos 55 a 57 regulan las actuaciones previas, las medidas provisionales y la acumulación. Todas las fases se tramitan preferentemente por medios electrónicos, y el expediente administrativo es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución (art. 70).

Iniciación: clases y actuaciones previas

Los procedimientos pueden iniciarse de oficio o a solicitud del interesado (art. 54 LPAC). Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento (art. 55.1). En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, las actuaciones previas se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran (art. 55.2).

Iniciación de oficio

Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia (art. 58 LPAC). La orden superior es la emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente; la petición razonada es la propuesta de iniciación formulada por cualquier órgano que no tiene competencia para iniciar el procedimiento pero tiene conocimiento de hechos que justifican su iniciación; la denuncia es el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio. La presentación de una denuncia no confiere por sí sola la condición de interesado en el procedimiento (arts. 59 a 62).

Iniciación de los procedimientos sancionadores

Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente (art. 63 LPAC), que deberá notificarse al interesado e incluir, al menos, la identificación de la persona presuntamente responsable, los hechos que motivan la incoación, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, el instructor y, en su caso, el secretario, el órgano competente para resolver y la norma que le atribuya la competencia, y las medidas provisionales (art. 64). En materia de Seguridad Social, el procedimiento sancionador por infracciones del orden social se rige por su normativa específica (Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y sus reglamentos de desarrollo).

Iniciación a solicitud de interesado

Las solicitudes que se formulen deberán contener: nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de su representante, así como la identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación; los hechos, razones y petición en que se concrete con toda claridad la solicitud; lugar y fecha; firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio; y el órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación (art. 66.1 LPAC). Cuando las pretensiones correspondan a una pluralidad de personas, podrán formularse en una única solicitud, si bien no cabe generalizar esta opción. Las Administraciones deben establecer modelos específicos de presentación de solicitudes que serán de uso obligatorio por los interesados cuando se trate de procedimientos en los que se exijan (art. 66.6).

Subsanación y mejora de la solicitud

Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos del artículo 21 (art. 68.1 LPAC). Este plazo puede ampliarse hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales (art. 68.2). Si alguno de los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente presenta su solicitud presencialmente, se le requerirá para que la subsane mediante presentación electrónica y se considerará fecha de presentación aquella en que se haya hecho la subsanación (art. 68.4). Durante el plazo de subsanación se suspende el cómputo del plazo máximo para resolver (art. 22.1.a).

Declaración responsable y comunicación

Se entiende por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que este manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. La comunicación es el documento mediante el cual los interesados ponen en conocimiento de la Administración sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. Ambas permiten, desde el día de su presentación, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección (art. 69.1 a 3). La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial determina la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad desde que se tenga constancia, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar (art. 69.4).

Medidas provisionales

Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad (art. 56.1 LPAC). Antes de la iniciación, el órgano competente podrá adoptarlas en casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados; deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, y quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo (art. 56.2). No se podrán dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes (art. 56.4).

Acumulación de procedimientos

El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento, decisión contra la que no cabrá recurso alguno (art. 57 LPAC).

Ordenación del procedimiento: impulso de oficio

El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad (art. 71.1 LPAC). En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia (art. 71.2). Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos son responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos (art. 20).

Concentración de trámites

Se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan una impulsión simultánea y no sea obligado su cumplimiento sucesivo (art. 72.1 LPAC), principio de concentración de trámites que persigue la agilidad y eficacia del procedimiento administrativo.

Cumplimiento de trámites por los interesados

Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto (art. 73.1 LPAC). A los interesados que no cumplan esta obligación se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente; no obstante, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales si se produjera antes o dentro del día en que se notifique la resolución en que se tenga por transcurrido el plazo (art. 73.3). Conviene no confundir este decaimiento en el derecho a un trámite, que no pone fin al procedimiento, con la caducidad del procedimiento (art. 95).

Cuestiones incidentales

Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación (art. 74 LPAC). La abstención y recusación de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas se regulan en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015.

Instrucción: actos de instrucción

Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos (art. 75 LPAC).

La prueba en el procedimiento administrativo

Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (art. 77.1 LPAC). Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes (art. 77.2). Solo podrán rechazarse de forma motivada las pruebas propuestas por los interesados cuando sean improcedentes o innecesarias (art. 77.3). Los documentos formalizados por los funcionarios que reúnan los requisitos legalmente establecidos y en los que se recojan los hechos constatados por aquellos harán prueba de estos salvo que se acredite lo contrario (art. 77.5). Los interesados y la Administración conocerán la práctica de las pruebas, con indicación de lugar, fecha y hora, y los interesados podrán nombrar técnicos que les asistan (art. 78).

Informes en el procedimiento

A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos (art. 79 LPAC). Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes (art. 80.1). Se emitirán en el plazo de diez días, salvo que una disposición permita requerir un plazo mayor o menor (art. 80.2). De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones, excepto en los supuestos de informes preceptivos que sean determinantes para la resolución del procedimiento, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver (art. 80.3).

El trámite de audiencia

Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes (art. 82.1 LPAC). Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes (art. 82.2). Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos, se tendrá por realizado el trámite (art. 82.3). Se podrá prescindir de este trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado (art. 82.4). La omisión del trámite de audiencia, cuando es esencial, puede dar lugar a indefensión y a la anulabilidad, o a la nulidad si se prescinde total y absolutamente del procedimiento.

Información pública

El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de este lo requiera, podrá acordar un período de información pública. A tal efecto, se publicará un anuncio en el diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento o la parte del mismo que se acuerde. El anuncio señalará el lugar de exhibición y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días (art. 83 LPAC). La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado; no obstante, quienes presenten alegaciones tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas las alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.

Actuaciones complementarias y propuesta de resolución

Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento, que se practicarán en un plazo no superior a quince días, con suspensión del plazo para resolver, con audiencia de los interesados cuando proceda (art. 87). Con carácter general, el instructor formula propuesta de resolución, que se eleva al órgano competente junto con el expediente; en los procedimientos sancionadores la propuesta es obligatoria y se notifica a los interesados (art. 89).

Terminación del procedimiento: modos

Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, la declaración de caducidad y la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas (art. 84 LPAC), así como la terminación convencional (art. 86). Todo interesado podrá desistir de su solicitud o renunciar a sus derechos cuando tal renuncia no esté prohibida; si fueran varios los interesados, el desistimiento o la renuncia solo afectará a aquel que los hubiese formulado, y la Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, declarando concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado terceros interesados, instasen su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia (art. 94).

Terminación en los procedimientos sancionadores

Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda; si la sanción es únicamente pecuniaria, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la indemnización por daños y perjuicios. En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente aplicará reducciones de, al menos, el 20 por ciento sobre el importe de la sanción propuesta, acumulables entre sí, cuya efectividad está condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción (art. 85 LPAC).

Terminación convencional

Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado (art. 86 LPAC).

Contenido de la resolución

La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquellos por un plazo no superior a quince días (art. 88.1 LPAC). En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por este, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede (art. 88.2). Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 35, y expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, el órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos (art. 88.3).

Caducidad por paralización imputable al interesado

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado; contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes (art. 95.1 LPAC). No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución; dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite (art. 95.2). Podrá no ser aplicable la caducidad si la cuestión afecta al interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento (art. 95.4).

Efectos de la caducidad

La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción; en los casos en que sea posible iniciar un nuevo procedimiento, podrán incorporarse a este los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad (art. 95.3 LPAC). En los procedimientos iniciados de oficio susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, la caducidad se produce transcurrido el plazo máximo legal sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, ordenándose el archivo de las actuaciones (art. 25.1.b). Es una de las diferencias que más se preguntan: la caducidad por paralización es imputable al interesado y a solicitud de parte; la caducidad por falta de resolución afecta a procedimientos de oficio de gravamen y se debe a la inactividad de la Administración.

Tramitación simplificada

Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento (art. 96.1 LPAC). Si cualquier interesado manifiesta su oposición expresa, la Administración tramitará el procedimiento en forma ordinaria. Los procedimientos tramitados de manera simplificada se resolverán en el plazo de treinta días desde el siguiente al de notificación del acuerdo de tramitación simplificada, y los trámites quedan reducidos (por ejemplo, se suprime el trámite de audiencia si no hay alegaciones de terceros). Si en algún momento se aprecia que el procedimiento no puede ser resuelto de manera simplificada, la Administración lo acordará así y continuará por el procedimiento ordinario.

Título habilitante de la ejecución y ejecutoriedad

Las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico (art. 97 LPAC). Los actos de las Administraciones sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que se produzca la suspensión de la ejecución, se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición, una disposición establezca lo contrario, o se necesite aprobación o autorización superior (art. 98.1).

Ejecución forzosa y sus medios

Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley, o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial (art. 99 LPAC). La ejecución forzosa se llevará a cabo, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas; si fueran varios los medios de ejecución admisibles, se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual (art. 100). Apremio sobre el patrimonio: si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida, se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras de la recaudación en vía ejecutiva. Ejecución subsidiaria: cuando se trate de actos que, por no ser personalísimos, puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado, a costa de este. Multa coercitiva: reiterada por lapsos de tiempo suficientes para cumplir lo ordenado, cuando lo autorice una ley, y compatible con las sanciones. Compulsión sobre las personas: solo para obligaciones personalísimas de no hacer o soportar y cuando la ley expresamente lo autorice, con respeto a la dignidad y a los derechos constitucionales.

La recaudación ejecutiva de la Seguridad Social

En materia de recaudación de la Seguridad Social, el apremio sobre el patrimonio se rige por las normas específicas de recaudación (Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, y la Ley General de la Seguridad Social). La reclamación de deuda y la providencia de apremio son los actos que inician el procedimiento recaudatorio. La Ley 39/2015 se aplica con carácter supletorio (disposición adicional primera).

Prohibición de acciones posesorias

No se admitirán a trámite acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido (art. 105 LPAC). La vía de hecho, que es la actuación material sin cobertura de resolución, se combate mediante los recursos que procedan (art. 30 LJCA).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Iniciación de oficio por: propia iniciativa, orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia (art. 58). La denuncia no confiere por sí sola la condición de interesado.
  • Solicitud defectuosa: diez días para subsanar (ampliable cinco más en casos de especial dificultad); si no, se tiene por desistido previa resolución (art. 68). Trámites de los interesados: diez días (art. 73); pasado el plazo se declara decaído el derecho al trámite, no la caducidad del procedimiento.
  • Prueba: periodo no superior a treinta ni inferior a diez días (art. 77.2). Audiencia: no inferior a diez ni superior a quince días (art. 82.2). Información pública: no inferior a veinte días (art. 83).
  • Informes: facultativos y no vinculantes salvo disposición en contrario; se emiten en diez días (art. 80). Si el informe preceptivo es determinante, puede suspenderse el plazo (máximo tres meses).
  • Acumulación de procedimientos: decisión sin recurso alguno y solo si el mismo órgano tramita y resuelve (art. 57). Medidas provisionales previas: se confirman en el acuerdo de iniciación dentro de quince días (art. 56.2).
  • Modos de terminación: resolución, desistimiento, renuncia, caducidad, imposibilidad material sobrevenida y terminación convencional. La resolución debe ser congruente y no puede agravar la situación inicial en procedimientos a solicitud (art. 88.2).
  • Caducidad por paralización: advertencia y tres meses (art. 95.1); no produce prescripción pero los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción. En procedimientos de oficio de gravamen caduca al vencer el plazo máximo sin resolución (art. 25.1.b).
  • Pago voluntario o reconocimiento de responsabilidad en sancionadores: reducción de al menos el 20 por ciento cada una, acumulables (art. 85).
  • Ejecutoriedad inmediata (art. 98.1), salvo suspensión, sanciones recurribles en vía administrativa, disposición en contrario o necesidad de aprobación superior. Medios de ejecución forzosa: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas (art. 100); se elige el menos restrictivo de la libertad individual.
  • Tramitación simplificada: treinta días para resolver (art. 96); si el interesado se opone, se tramita por el procedimiento ordinario.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

El plazo del trámite de información pública no podrá ser, en ningún caso, inferior a:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 17 de Administrativo Seguridad Social?

El procedimiento administrativo es el cauce formal a través del cual se produce la actuación de la Administración para la realización de un fin determinado, articulado en grandes fases: iniciación, ordenación, instrucción y terminación, a las que se suman la tramitación simplificada y la ejecución. La Ley 39/2015 regula con detalle cada una de estas fases, así como los mecanismos de ejecución forzosa de los actos administrativos que son ejecutivos. Este tema es continuación directa del anterior y en él se apoyan buena parte de las preguntas prácticas sobre tramitación de expedientes de la Seguridad Social. Conviene memorizar los plazos (subsanación, trámites de los interesados, prueba, audiencia, información pública, caducidad) y distinguir entre decaimiento en un trámite, caducidad, desistimiento y renuncia.

¿Qué hay que memorizar del Tema 17 para el examen?

Iniciación de oficio por: propia iniciativa, orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia (art. 58). La denuncia no confiere por sí sola la condición de interesado. Solicitud defectuosa: diez días para subsanar (ampliable cinco más en casos de especial dificultad); si no, se tiene por desistido previa resolución (art. 68). Trámites de los interesados: diez días (art. 73); pasado el plazo se declara decaído el derecho al trámite, no la caducidad del procedimiento. Prueba: periodo no superior a treinta ni inferior a diez días (art. 77.2). Audiencia: no inferior a diez ni superior a quince días (art. 82.2). Información pública: no inferior a veinte días (art. 83). Informes: facultativos y no vinculantes salvo disposición en contrario; se emiten en diez días (art. 80). Si el informe preceptivo es determinante, puede suspenderse el plazo (máximo tres meses). Acumulación de procedimientos: decisión sin recurso alguno y solo si el mismo órgano tramita y resuelve (art. 57). Medidas provisionales previas: se confirman en el acuerdo de iniciación dentro de quince días (art. 56.2). Modos de terminación: resolución, desistimiento, renuncia, caducidad, imposibilidad material sobrevenida y terminación convencional. La resolución debe ser congruente y no puede agravar la situación inicial en procedimientos a solicitud (art. 88.2). Caducidad por paralización: advertencia y tres meses (art. 95.1); no produce prescripción pero los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción. En procedimientos de oficio de gravamen caduca al vencer el plazo máximo sin resolución (art. 25.1.b). Pago voluntario o reconocimiento de responsabilidad en sancionadores: reducción de al menos el 20 por ciento cada una, acumulables (art. 85). Ejecutoriedad inmediata (art. 98.1), salvo suspensión, sanciones recurribles en vía administrativa, disposición en contrario o necesidad de aprobación superior. Medios de ejecución forzosa: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas (art. 100); se elige el menos restrictivo de la libertad individual. Tramitación simplificada: treinta días para resolver (art. 96); si el interesado se opone, se tramita por el procedimiento ordinario.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158) (Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 53 a 105 y disposición adicional primera (BOE-A-2015-10565).
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 23 y 24 (BOE-A-2015-10566).
  • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 30 (BOE-A-1998-16718).
  • Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
  • Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.
  • Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

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