Tema 14. La Ley. Tipos de leyes. Disposiciones del Gobierno con fuerza de ley: decreto-ley y decreto legislativo. El Reglamento: concepto, clases y límites. Los principios generales del Derecho.
Este temario corresponde íntegramente al Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social (código 1616, grupo C1), turno de acceso libre (1.056 plazas) y promoción interna (400 plazas), convocados conjuntamente en la misma resolución con el mismo programa de materias (Anexo I.A, temario general de 23 temas, y Anexo I.B, temario específico de Seguridad Social de 13 temas). No existen otras escalas o turnos de este cuerpo con temario distinto en esta convocatoria: el programa es idéntico para acceso libre y promoción interna, variando entre ambos turnos únicamente la estructura del ejercicio (primera parte de 70 preguntas sobre el programa general y específico, más un caso práctico de 15 preguntas sobre el Anexo I.B en turno libre; 50 preguntas sobre el Anexo I.B más un caso práctico de 12 preguntas en promoción interna).
La ley es la norma jurídica emanada de las Cortes Generales o de los Parlamentos autonómicos en el ejercicio de la potestad legislativa, dotada de la máxima fuerza normativa después de la Constitución. Junto a las leyes en sentido estricto (orgánicas y ordinarias), el ordenamiento español admite que el Gobierno dicte, con carácter excepcional, normas con fuerza de ley: los decretos-leyes y los decretos legislativos, ambos con límites materiales y temporales tasados por la Constitución.
Este tema profundiza en la distinción entre ley orgánica y ordinaria, en la tramitación de la ley, en el régimen de las disposiciones del Gobierno con rango de ley (delegación legislativa, leyes de bases, textos refundidos, decreto-ley y convalidación) y en el reglamento (concepto, clases, límites y procedimiento de elaboración), cerrando con los principios generales del Derecho como límite a la discrecionalidad administrativa. Es materia clásica de examen.
La ley es la norma jurídica escrita, emanada del órgano al que la Constitución atribuye la potestad legislativa (las Cortes Generales, o los Parlamentos autonómicos dentro de su ámbito de competencias), aprobada conforme al procedimiento legislativo constitucionalmente previsto, y dotada de fuerza vinculante superior a cualquier disposición administrativa.
Iniciativa legislativa y tramitación de la ley
Tienen iniciativa legislativa el Gobierno (proyectos de ley), el Congreso y el Senado (proposiciones de ley), las Asambleas de las Comunidades Autónomas (que pueden solicitar al Gobierno la adopción de un proyecto o remitir una proposición a la Mesa del Congreso) y los ciudadanos mediante iniciativa popular, para la que se exigen 500.000 firmas acreditadas; no procede la iniciativa popular en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia (art. 87 CE). Aprobado un proyecto por el Congreso, el Senado dispone de dos meses (veinte días naturales si el proyecto es urgente) para oponer su veto, por mayoría absoluta, o introducir enmiendas; el Congreso puede levantar el veto por mayoría absoluta o por mayoría simple transcurridos dos meses desde su interposición (art. 90 CE). El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y ordenará su inmediata promulgación y publicación (art. 91 CE).
Ley orgánica: materias reservadas
Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general, y las demás previstas en la Constitución (art. 81.1 CE). Su aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81.2 CE). El Tribunal Constitucional ha interpretado de forma restrictiva la reserva: solo exige ley orgánica el desarrollo directo de los derechos de la sección primera del capítulo segundo del Título I (arts. 15 a 29), y no toda regulación que incida en ellos, y ha rechazado la llamada congelación de rango. Ejemplos clásicos son la Ley Orgánica del Poder Judicial, la del Tribunal Constitucional, la del Régimen Electoral General y las que aprueban los Estatutos de Autonomía.
Ley ordinaria
La ley ordinaria es aprobada por mayoría simple de las Cámaras y puede regular cualquier materia no reservada expresamente a la ley orgánica; constituye la forma habitual de ejercicio de la potestad legislativa. Un ejemplo en el ámbito de la Seguridad Social es la Ley 21/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones. La Ley General de la Seguridad Social vigente, en cambio, no es una ley ordinaria sino un decreto legislativo (texto refundido), aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que sustituyó al texto refundido de 1994.
Comisiones legislativas y leyes de contenido especial
Las Cámaras pueden delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley, salvo la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado, que se reservan al Pleno (art. 75 CE). El artículo 150 CE prevé tres figuras específicas: las leyes marco, por las que las Cortes pueden atribuir a todas o alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar normas legislativas en el marco de los principios fijados por una ley estatal; las leyes de transferencia o delegación (ley orgánica) de facultades correspondientes a materias de titularidad estatal; y las leyes de armonización. La Ley de Presupuestos Generales del Estado tiene contenido constitucionalmente limitado (art. 134 CE) y no puede crear tributos sin ley sustantiva que lo prevea.
Delegación legislativa: leyes de bases y textos refundidos
Las Cortes Generales pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en la reserva de ley orgánica (art. 82.1 CE). La delegación debe otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados, o mediante una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo (art. 82.2 CE). Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada reciben el título de Decretos Legislativos (art. 85 CE).
Leyes de bases y textos articulados
Las leyes de bases delimitan con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio, sin que en ningún caso puedan autorizar la modificación de la propia ley de bases ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo (art. 83 CE); el Gobierno desarrolla la ley de bases mediante un decreto legislativo que aprueba el correspondiente texto articulado.
Textos refundidos
Cuando una ley ordinaria autoriza al Gobierno para refundir varios textos legales en uno solo, la autorización determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos (art. 82.5 CE). Así se aprobó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social mediante el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en virtud de la delegación contenida en la Ley 20/2014, de 29 de octubre. En la misma operación se aprobaron el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015) y el de la Ley de Empleo (Real Decreto Legislativo 3/2015). Una refundición que solo autoriza formular un texto único no permite innovar el ordenamiento: el exceso es ultra vires.
Límites de la delegación legislativa
La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio, se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente, y no puede entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado (art. 82.3 CE), ni subdelegarse a autoridades distintas del propio Gobierno.
Control de los decretos legislativos
Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control (art. 82.6 CE). El exceso en el uso de la delegación (ultra vires) puede ser controlado por la jurisdicción contencioso-administrativa, que conoce de los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación (art. 1.1 LJCA), y por el Tribunal Constitucional, que según su doctrina puede enjuiciar tanto la constitucionalidad material del decreto legislativo como el exceso en la delegación. Los tribunales ordinarios no pueden inaplicar el decreto legislativo dentro de los límites de la delegación, pues tiene valor de ley.
El decreto-ley: presupuesto habilitante
El Gobierno puede dictar decretos-leyes, disposiciones legislativas provisionales, en caso de extraordinaria y urgente necesidad (art. 86.1 CE). El presupuesto habilitante debe justificarse expresamente y el Tribunal Constitucional lo interpreta con flexibilidad, pero exige que exista una situación de necesidad relacionada con el objeto y contenido concretos del decreto-ley, y que las medidas guarden conexión de sentido con esa situación. Diversos Estatutos de Autonomía reformados prevén también decretos-leyes autonómicos. En Seguridad Social son frecuentes: por ejemplo, el Real Decreto-ley 13/2022 estableció el sistema de cotización de los trabajadores autónomos por ingresos reales y el Real Decreto-ley 2/2023 incluyó medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas y la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones.
Límites materiales del decreto-ley
Los decretos-leyes no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general (art. 86.1 CE), límites que el Tribunal Constitucional interpreta de forma que solo impiden afectar al contenido esencial de dichas materias, no cualquier incidencia tangencial.
Convalidación del decreto-ley por el Congreso
Los decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación; el Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación (art. 86.2 CE). Durante ese plazo, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia (art. 86.3 CE). La derogación del decreto-ley por falta de convalidación no tiene efectos retroactivos: los actos dictados durante su vigencia siguen siendo válidos. Un decreto-ley convalidado no se convierte en ley formal; mantiene su naturaleza y la convalidación no sana el vicio de inconstitucionalidad por falta de presupuesto habilitante, que el Tribunal Constitucional puede apreciar.
Decreto legislativo y decreto-ley: cuadro comparativo
Decreto legislativo: requiere delegación previa de las Cortes mediante ley de bases u ordinaria, con materia concreta y plazo; no es provisional; se controla por el Tribunal Constitucional y por la jurisdicción contencioso-administrativa en caso de ultra vires; no puede referirse a materias de ley orgánica. Decreto-ley: no requiere delegación sino extraordinaria y urgente necesidad; es provisional hasta su convalidación en treinta días; solo lo controla el Tribunal Constitucional; tiene prohibidas las materias del artículo 86.1 CE, entre ellas el Derecho electoral general y los derechos, deberes y libertades del Título I. Ambos tienen rango de ley y son impugnables ante el Tribunal Constitucional mediante recurso de inconstitucionalidad.
El reglamento: concepto y fundamento de la potestad reglamentaria
El reglamento es toda norma escrita de rango inferior a la ley dictada por la Administración en ejercicio de la potestad reglamentaria. Corresponde al Gobierno la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes (art. 97 CE), sin perjuicio de la potestad reglamentaria propia de otros órganos y Administraciones dentro de su ámbito competencial (art. 128.1 Ley 39/2015). Los reglamentos pueden ser de desarrollo de una ley (ejecutivos), de regulación de materias no reservadas (independientes) u organizativos, y se distinguen de los actos administrativos generales porque innovan el ordenamiento jurídico y se integran en él, de modo que se aplican de manera reiterada y no se agotan en su cumplimiento.
Jerarquía interna de los reglamentos estatales
Dentro del ámbito estatal, las disposiciones administrativas se ordenan según la siguiente jerarquía: en primer lugar, las disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros, por este orden; en segundo lugar, las aprobadas por Orden Ministerial (art. 24.2 Ley 50/1997, del Gobierno), sin que una Orden Ministerial pueda contradecir un Real Decreto. Las Órdenes de las Comisiones Delegadas del Gobierno revisten la forma de Orden del ministro competente o del ministro de la Presidencia. Las disposiciones de autoridades y órganos inferiores no pueden vulnerar las de rango superior.
Límites de la potestad reglamentaria
Ningún reglamento podrá vulnerar preceptos de otro de jerarquía superior, y las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes (art. 128.3 Ley 39/2015). Además, las disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular materias reservadas a la ley, ni tipificar infracciones, establecer sanciones o tributos sin cobertura legal (art. 128.2). El reglamento tampoco puede producir deslegalizaciones indebidas: la ley no puede remitir al reglamento la regulación íntegra de una materia reservada, aunque sí encomendarle desarrollo y colaboración. Y no puede tener eficacia retroactiva en perjuicio de derechos.
Principios de buena regulación en el ejercicio de la potestad reglamentaria
En el ejercicio de la iniciativa normativa, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia (art. 129 Ley 39/2015), que rigen tanto la elaboración de anteproyectos de ley como de reglamentos y deben quedar suficientemente justificados en la memoria de análisis de impacto normativo.
Participación ciudadana en la elaboración de normas
Con carácter previo a la elaboración de un proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública a través del portal web de la Administración competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma sobre los problemas que se pretenden solucionar, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas (art. 133.1 Ley 39/2015). Elaborado el texto, cuando afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, se publicará en el portal web para dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar aportaciones adicionales (art. 133.2). Pueden omitirse la consulta, la audiencia y la información pública en los supuestos tasados del artículo 133.4, entre ellos las normas presupuestarias u organizativas de la Administración y cuando concurran razones graves de interés público. La Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018 limitó el alcance de parte de los artículos 129 y 133 respecto de la potestad normativa autonómica, de modo que las exigencias más detalladas se aplican con plenitud a la Administración General del Estado.
Los principios generales del Derecho como límite a la discrecionalidad administrativa
Principios como la buena fe, la confianza legítima, la proporcionalidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, aplicables tanto a la elaboración de normas como al ejercicio de potestades discrecionales, permiten el control judicial de decisiones administrativas que, aun ajustadas formalmente a la legalidad, resulten desproporcionadas o contradictorias con la conducta previa de la Administración.
Principios generales del Derecho: seguridad jurídica y proporcionalidad
El principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) exige certeza y previsibilidad de las normas; el de proporcionalidad exige que la medida sea idónea, necesaria y equilibrada. La Ley 40/2015 recoge un principio de intervención de las Administraciones en la actividad de los ciudadanos que debe ser proporcionado y respetar la libertad individual; el principio de interdicción de la arbitrariedad permite controlar la discrecionalidad. Los principios generales actúan como criterio de interpretación, como límite a la discrecionalidad y, subsidiariamente, como fuente cuando faltan ley y costumbre.
El principio de confianza legítima en la gestión de la Seguridad Social
El principio de confianza legítima, reconocido en el artículo 3.1.e) de la Ley 40/2015 junto con la buena fe y la lealtad institucional, cobra especial relevancia en la gestión de prestaciones de Seguridad Social cuando la Administración ha generado en el beneficiario expectativas fundadas de continuidad de un criterio de actuación. No impide el cambio de criterio ni la revisión de actos cuando concurra causa legal, pero obliga a motivarlo y a ponderar los efectos sobre quien ha confiado de buena fe. Se vincula con el límite de la revisión de oficio por equidad y buena fe (art. 110 Ley 39/2015).
Retroactividad de las normas administrativas
Como regla general, las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieran lo contrario (art. 2.3 Código Civil). La Constitución prohíbe la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (art. 9.3 CE). El artículo 26 de la Ley 40/2015 recoge la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y, en su apartado 2, la aplicación retroactiva de las favorables al presunto infractor o al infractor, tanto respecto de la tipificación de la infracción como de la sanción y de sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. Una ley puede ser retroactiva siempre que no incurra en una prohibición constitucional ni vulnere la seguridad jurídica.
El principio de irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables
El artículo 9.3 CE garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, principio que se proyecta en el ámbito del régimen sancionador de la Seguridad Social impidiendo aplicar con carácter retroactivo tipificaciones de infracciones o sanciones más gravosas que las vigentes en el momento de cometerse los hechos.
Normas con rango de ley en la Seguridad Social: ejemplos
Ley General de la Seguridad Social: texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (decreto legislativo). Infracciones y sanciones: Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (texto refundido de la LISOS). Normas con frecuencia aprobadas por decreto-ley: revalorización de pensiones, cotización de autónomos, medidas anticrisis. Los reglamentos ejecutivos de la LGSS (afiliación, cotización, recaudación) son reales decretos del Consejo de Ministros con dictamen del Consejo de Estado. Las órdenes ministeriales regulan cuestiones de desarrollo (por ejemplo, el Sistema RED de remisión electrónica de datos).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La ley orgánica exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81.2 CE). No hay jerarquía entre ley orgánica y ley ordinaria, sino reserva de materia.
Iniciativa legislativa popular: 500.000 firmas; excluidas las materias de ley orgánica, tributarias, internacionales y la prerrogativa de gracia (art. 87.3 CE). Sanción real en quince días (art. 91 CE).
Delegación legislativa: expresa, para materia concreta y con plazo; se agota por su uso; no puede concederse de modo implícito ni por tiempo indeterminado ni subdelegarse a autoridades distintas del Gobierno (art. 82.3 CE). Ley de bases para textos articulados; ley ordinaria para refundir (art. 82.2 CE).
Las leyes de bases no pueden autorizar la modificación de la propia ley de bases ni facultar para dictar normas retroactivas (art. 83 CE).
Decreto-ley: extraordinaria y urgente necesidad; no puede afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general (art. 86.1 CE).
Convalidación del decreto-ley: Congreso, votación de totalidad, en los treinta días siguientes a su promulgación (art. 86.2 CE). Puede tramitarse como proyecto de ley por urgencia (art. 86.3 CE).
Trampa clásica: confundir el plazo de treinta días del decreto-ley con el de dos meses del Senado para vetar o enmendar un proyecto de ley (art. 90 CE) o con los quince días de la sanción real (art. 91 CE).
La Ley General de la Seguridad Social vigente es un decreto legislativo: Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. No es una ley ordinaria ni un decreto-ley.
Los decretos legislativos que exceden la delegación (ultra vires) son controlables por la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 1.1 LJCA), además de por el Tribunal Constitucional.
Jerarquía de reglamentos: Real Decreto del Presidente, Real Decreto del Consejo de Ministros, Orden Ministerial (art. 24.2 Ley 50/1997). Los reglamentos no pueden tipificar infracciones ni crear tributos sin cobertura legal (art. 128.2 Ley 39/2015).
Principios de buena regulación (art. 129 Ley 39/2015): necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. La confianza legítima está en el art. 3.1.e) de la Ley 40/2015.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
La iniciativa legislativa popular exige, según el artículo 87.3 de la Constitución y su ley de desarrollo:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 14 de Administrativo Seguridad Social?
La ley es la norma jurídica emanada de las Cortes Generales o de los Parlamentos autonómicos en el ejercicio de la potestad legislativa, dotada de la máxima fuerza normativa después de la Constitución. Junto a las leyes en sentido estricto (orgánicas y ordinarias), el ordenamiento español admite que el Gobierno dicte, con carácter excepcional, normas con fuerza de ley: los decretos-leyes y los decretos legislativos, ambos con límites materiales y temporales tasados por la Constitución.
Este tema profundiza en la distinción entre ley orgánica y ordinaria, en la tramitación de la ley, en el régimen de las disposiciones del Gobierno con rango de ley (delegación legislativa, leyes de bases, textos refundidos, decreto-ley y convalidación) y en el reglamento (concepto, clases, límites y procedimiento de elaboración), cerrando con los principios generales del Derecho como límite a la discrecionalidad administrativa. Es materia clásica de examen.
¿Qué hay que memorizar del Tema 14 para el examen?
La ley orgánica exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81.2 CE). No hay jerarquía entre ley orgánica y ley ordinaria, sino reserva de materia. Iniciativa legislativa popular: 500.000 firmas; excluidas las materias de ley orgánica, tributarias, internacionales y la prerrogativa de gracia (art. 87.3 CE). Sanción real en quince días (art. 91 CE). Delegación legislativa: expresa, para materia concreta y con plazo; se agota por su uso; no puede concederse de modo implícito ni por tiempo indeterminado ni subdelegarse a autoridades distintas del Gobierno (art. 82.3 CE). Ley de bases para textos articulados; ley ordinaria para refundir (art. 82.2 CE). Las leyes de bases no pueden autorizar la modificación de la propia ley de bases ni facultar para dictar normas retroactivas (art. 83 CE). Decreto-ley: extraordinaria y urgente necesidad; no puede afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general (art. 86.1 CE). Convalidación del decreto-ley: Congreso, votación de totalidad, en los treinta días siguientes a su promulgación (art. 86.2 CE). Puede tramitarse como proyecto de ley por urgencia (art. 86.3 CE). Trampa clásica: confundir el plazo de treinta días del decreto-ley con el de dos meses del Senado para vetar o enmendar un proyecto de ley (art. 90 CE) o con los quince días de la sanción real (art. 91 CE). La Ley General de la Seguridad Social vigente es un decreto legislativo: Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. No es una ley ordinaria ni un decreto-ley. Los decretos legislativos que exceden la delegación (ultra vires) son controlables por la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 1.1 LJCA), además de por el Tribunal Constitucional. Jerarquía de reglamentos: Real Decreto del Presidente, Real Decreto del Consejo de Ministros, Orden Ministerial (art. 24.2 Ley 50/1997). Los reglamentos no pueden tipificar infracciones ni crear tributos sin cobertura legal (art. 128.2 Ley 39/2015). Principios de buena regulación (art. 129 Ley 39/2015): necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. La confianza legítima está en el art. 3.1.e) de la Ley 40/2015.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, Anexo I.A y Anexo I.B (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, BOE-A-2025-27158) (Convocatoria 2025 (Resolución de 22 de diciembre de 2025), turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978, arts. 75, 81 a 91, 97, 134 y 150 (BOE-A-1978-31229).
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 128, 129 y 133 (BOE-A-2015-10565).
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 3 y 26 (BOE-A-2015-10566).
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, art. 24 (BOE-A-1997-25336).
Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, arts. 1 y 2 (BOE-A-1889-4763).
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 1 (BOE-A-1998-16718).
Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos.
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de mayo.
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