Tema 1. El presupuesto: concepto. Los principios presupuestarios. El ciclo presupuestario. El presupuesto por programas: concepto y fases. Terminología y desarrollo del proceso presupuestario.
Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1). La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo IV) con un temario distinto, no cubierto aquí.
El presupuesto es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer el Estado y los demás entes del sector público estatal, y de los derechos que prevean liquidar durante el ejercicio (art. 32 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria). Su base constitucional está en los arts. 134 y 135 CE. Se rige por principios clásicos (unidad, universalidad, especialidad, anualidad, no afectación, publicidad) y por principios modernos de la Ley Orgánica 2/2012 (estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia, responsabilidad y lealtad institucional). Se articula en un ciclo con cuatro fases: elaboración, aprobación, ejecución y control y liquidación. El presupuesto por programas vincula recursos con objetivos y resultados.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer los entes y órganos del sector público estatal con presupuesto limitativo, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las estimaciones de gastos e ingresos de las entidades con presupuesto estimativo (sociedades mercantiles, fundaciones, entidades públicas empresariales, etc.). La aprobación corresponde a las Cortes Generales mediante ley (Ley de Presupuestos Generales del Estado, LPGE), a propuesta del Gobierno (art. 134.1 CE). Desde el punto de vista jurídico, el presupuesto de gastos es una autorización con límite máximo (el Estado no puede gastar más de lo aprobado ni para fines distintos), mientras que el presupuesto de ingresos es una mera previsión. La Ley General Presupuestaria (LGP), Ley 47/2003, de 26 de noviembre, es la norma básica que regula el régimen presupuestario, económico-financiero, contable y de control del sector público estatal.
Fundamento constitucional: el art. 134 CE
Art. 134.1: corresponde al Gobierno la elaboración de los PGE y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. 134.2: los PGE tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y consignarán el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. 134.3: el Gobierno debe presentar el proyecto ante el Congreso al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. 134.4: si la ley de presupuestos no se aprueba antes del primer día del ejercicio, se considerarán automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. 134.5: el Gobierno puede presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio. 134.6: toda proposición o enmienda que suponga aumento de créditos o disminución de ingresos requiere la conformidad del Gobierno para su tramitación. 134.7: la Ley de Presupuestos no puede crear tributos, pero puede modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.
Estabilidad presupuestaria: art. 135 CE y Ley Orgánica 2/2012
El art. 135 CE, reformado en septiembre de 2011, obliga a todas las Administraciones públicas a adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Prohíbe un déficit estructural superior a los márgenes establecidos por la Unión Europea para sus Estados miembros y fija el límite de volumen de deuda pública en el valor de referencia del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (60 por ciento del PIB). Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública gozan de prioridad absoluta (art. 135.3 CE). Solo se pueden superar los límites en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado, apreciadas por mayoría absoluta del Congreso. El desarrollo se hizo mediante la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que fija el reparto del límite de deuda entre Administraciones (44 por ciento el Estado, 13 por ciento las Comunidades Autónomas y 3 por ciento las Entidades Locales, de un total del 60 por ciento del PIB) y la regla de gasto (art. 12: el crecimiento del gasto computable no puede superar la tasa de referencia del crecimiento del PIB a medio plazo). En el ámbito europeo, el Reglamento (UE) 2024/1263 reformó el marco de gobernanza económica y basa la supervisión en trayectorias de gasto neto y planes fiscal-estructurales a medio plazo (verificar su aplicación a España).
Los principios presupuestarios clásicos
Unidad: todos los ingresos y gastos se integran en un único presupuesto, sin presupuestos paralelos; se matiza con la existencia de presupuestos de distintos entes dentro de los PGE. Universalidad: el presupuesto debe contener todos los ingresos y gastos del sector público estatal (art. 134.2 CE), por su importe íntegro y sin compensaciones (presupuesto bruto). Anualidad: el presupuesto abarca un año, coincidente con el año natural (art. 134.2 CE); con la excepción de los gastos plurianuales y los créditos incorporables. Especialidad: los créditos se destinan a la finalidad específica para la que se autorizan (especialidad cualitativa), hasta la cuantía autorizada (cuantitativa) y durante el ejercicio presupuestario (temporal); no pueden adquirirse obligaciones por encima de los créditos aprobados ni para fines distintos. No afectación: los recursos se destinan a atender el conjunto de las obligaciones, sin afectar determinados ingresos a determinados gastos, salvo que la ley disponga lo contrario. Publicidad: los presupuestos y su ejecución son públicos. El principio de no afectación no es sinónimo de universalidad: son distintos.
Principios modernos: Ley Orgánica 2/2012 y Ley 47/2003
La LOEPSF recoge, en sus arts. 3 a 9, los principios de estabilidad presupuestaria (art. 3: situación de equilibrio o superávit estructural), sostenibilidad financiera (art. 4: capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad), plurianualidad (art. 5: la elaboración presupuestaria debe enmarcarse en un horizonte plurianual compatible con el principio de anualidad), transparencia (art. 6), eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos (art. 7), responsabilidad (art. 8) y lealtad institucional (art. 9). La LGP los incorpora al regular la programación presupuestaria (escenarios presupuestarios plurianuales, objetivos de estabilidad, límite de gasto no financiero y Fondo de Contingencia, cuya dotación no puede ser inferior al 2 por ciento del límite de gasto no financiero aprobado para el ejercicio). El límite de gasto no financiero (techo de gasto) lo aprueba el Gobierno y lo someten a las Cortes antes de elaborar los presupuestos, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y es el techo sobre el que se elabora el presupuesto. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), creada por la Ley Orgánica 6/2013, vigila el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y emite informes sobre las previsiones macroeconómicas y presupuestarias.
El contenido de los PGE: estructura y carácter limitativo o estimativo
Los PGE integran: a) los presupuestos de la Administración General del Estado, de los organismos autónomos, de la Seguridad Social y de los demás entes con presupuesto limitativo, formados por un estado de gastos (carácter limitativo y vinculante) y un estado de ingresos (carácter estimativo); b) los presupuestos de explotación y capital de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales, fundaciones y demás entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo; y c) el presupuesto de beneficios fiscales. Todos los créditos de gasto de los entes con presupuesto limitativo, incluidos los de personal (capítulo I), son limitativos; el carácter estimativo corresponde a los ingresos y a los presupuestos de explotación y capital de los entes empresariales y fundacionales. Los créditos ampliables constituyen la excepción a la regla de limitación. La Ley de Presupuestos Generales del Estado contiene además un articulado con normas sobre retribuciones, modificaciones de crédito, avales, endeudamiento y demás materias que la propia Ley fije.
El ciclo presupuestario: visión general
El ciclo presupuestario comprende cuatro fases: elaboración (Gobierno), discusión y aprobación (Cortes Generales), ejecución (Administraciones y entes del sector público estatal) y control y liquidación (control interno por la IGAE, externo por el Tribunal de Cuentas y político por las Cortes). Cada presupuesto se solapa con el siguiente: mientras se ejecuta el del año en curso, se elabora el del siguiente y se liquida el anterior. Los plazos clave son el trámite de remisión a las Cortes (al menos tres meses antes de que expire el ejercicio, es decir, a más tardar el 1 de octubre, art. 134.3 CE), la prórroga automática (art. 134.4 CE) si no se aprueba antes del primer día del ejercicio, y la rendición de la Cuenta General del Estado.
Fase de elaboración
Corresponde al Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda. Se inicia con la aprobación del marco macroeconómico y de los objetivos de estabilidad, la fijación del límite de gasto no financiero y la elaboración de los escenarios presupuestarios plurianuales. El Ministerio de Hacienda dicta una orden por la que se establecen las normas y calendarios para la elaboración de los PGE (se publica cada año), y cada departamento ministerial y ente envía sus propuestas de gasto, que se ajustan a la distribución de recursos realizada por Hacienda. Una vez integradas, el Consejo de Ministros aprueba el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y lo remite al Congreso de los Diputados. Los PGE van acompañados de la documentación complementaria que exige la ley (memorias, informes económico-financieros y otros documentos que exija la ley).
Fase de aprobación parlamentaria
El proyecto se presenta al Congreso con al menos tres meses de antelación a la expiración de los presupuestos del año anterior (art. 134.3 CE). En el Congreso se produce el debate de totalidad (enmiendas de totalidad, que de prosperar devuelven el proyecto al Gobierno), el estudio en comisión y ponencia con enmiendas parciales, y el pleno. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de créditos o disminución de ingresos requiere la conformidad del Gobierno (art. 134.6 CE). Después el Senado puede introducir enmiendas o presentar un veto, y el Congreso tiene la última palabra. Los PGE se aprueban como ley ordinaria con unas especialidades de procedimiento y se publican en el BOE. Los presupuestos no pueden crear tributos (art. 134.7 CE). Cuando la ley no se aprueba a tiempo, se prorrogan los del ejercicio anterior (art. 134.4 CE). Los últimos PGE aprobados son los de 2023 (Ley 31/2022, de 23 de diciembre), que se prorrogaron para 2024 y 2025. Verificar el estado de la prórroga o los PGE de 2026.
La prórroga presupuestaria
Si la ley de presupuestos no se aprueba antes del primer día del ejercicio económico, se consideran automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos (art. 134.4 CE). No es una nueva ley, sino la continuación de los mismos créditos, que se aplican hasta la aprobación de los nuevos. La Ley General Presupuestaria precisa que la prórroga no alcanza a los créditos que correspondan a programas o servicios que concluyen en el ejercicio anterior o a gastos que se financiaban con ingresos específicos que no se prorrogan (por ejemplo, los créditos extraordinarios concedidos para un gasto puntual), y que durante la prórroga el Gobierno puede ajustar los créditos mediante las modificaciones presupuestarias ordinarias. Los cambios que exigen norma con rango de ley (por ejemplo, la actualización de las retribuciones de los empleados públicos) se han aprobado mediante real decreto-ley o acuerdo específico. Contrastar con el texto consolidado de la LGP los supuestos exactos de exclusión.
Ejecución y control; liquidación
Aprobada y publicada la LPGE, cada órgano gestor ejecuta los créditos mediante el procedimiento de gestión del gasto: autorización, disposición o compromiso, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago (tema 34). La ejecución se somete al control interno de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y al control externo del Tribunal de Cuentas. Al terminar el ejercicio, se liquida el presupuesto (el ejercicio presupuestario coincide con el año natural; se imputan al presupuesto los derechos liquidados en el ejercicio y las obligaciones reconocidas hasta el fin del mes de enero siguiente, siempre que correspondan a gastos realizados antes de que expire el ejercicio y con cargo a sus créditos). Los créditos que no estén comprometidos el último día quedan anulados de pleno derecho, salvo las incorporaciones de crédito legalmente previstas. La IGAE forma la Cuenta General del Estado y la remite al Tribunal de Cuentas, que la fiscaliza y la eleva a las Cortes Generales con su informe o declaración.
El presupuesto por programas: concepto, origen y elementos
Es una técnica presupuestaria que estructura el gasto en torno a programas de actuación, que son conjuntos de actividades orientados a un objetivo, con asignación de recursos, indicadores de seguimiento y responsables. A diferencia del presupuesto tradicional (de medios, que se limita a decir en qué se gasta por naturaleza económica y por órgano), el presupuesto por programas indica para qué se gasta y qué se espera conseguir. Se introdujo en España con la Ley General Presupuestaria de 1977 y es la base de la clasificación por programas actual. Cada programa incluye objetivos, actividades, indicadores y medios. La LGP de 2003 exige que los programas presupuestarios identifiquen los objetivos, indicadores y la responsabilidad del centro gestor, y obliga a un seguimiento de los resultados. Se complementa con otras técnicas: presupuesto por objetivos, sistema PPBS (planificación, programación y presupuestación) y presupuesto base cero.
Fases del presupuesto por programas
Las fases típicas son: a) programación: se definen los objetivos y los programas, y se fijan los medios; b) presupuestación: se asignan los recursos de forma integrada, vinculándolos a los programas y a su coste; c) ejecución: los gestores desarrollan los programas y registran sus actividades; d) control y evaluación: se miden los resultados mediante indicadores y se comparan con los objetivos (eficacia, eficiencia y economía), y la evaluación retroalimenta la programación del ejercicio siguiente. Para cada programa se elabora una memoria que describe los objetivos, los indicadores de seguimiento y los recursos. En la AGE, el seguimiento de los objetivos se realiza mediante informes de ejecución y de evaluación, con el control de eficacia como parte del control interno.
Clasificaciones presupuestarias
El presupuesto de gastos se estructura con tres clasificaciones: orgánica (quién gasta, por secciones y servicios; la sección corresponde por lo general a un ministerio o a un órgano constitucional), por programas (para qué se gasta: áreas de gasto, políticas de gasto, grupos de programas y programas) y económica (en qué se gasta: capítulos, artículos, conceptos y subconceptos). Las áreas de gasto son: 0 Deuda pública, 1 Servicios públicos básicos, 2 Actuaciones de protección y promoción social, 3 Producción de bienes públicos de carácter preferente, 4 Actuaciones de carácter económico y 9 Actuaciones de carácter general. La aplicación presupuestaria es la combinación de la clasificación orgánica, de programas y económica, y es la unidad básica de control. Los capítulos de gastos son: 1 gastos de personal, 2 gastos corrientes en bienes y servicios, 3 gastos financieros, 4 transferencias corrientes, 5 Fondo de Contingencia, 6 inversiones reales, 7 transferencias de capital, 8 activos financieros y 9 pasivos financieros.
Terminología presupuestaria básica
Crédito presupuestario: cantidad máxima que se puede gastar para cada finalidad en el ejercicio; su asignación inicial se denomina crédito inicial y, tras las modificaciones, crédito definitivo. Dotación o consignación: importe asignado a una aplicación presupuestaria. Aplicación presupuestaria: la unidad de clasificación que resulta de combinar las clasificaciones orgánica, por programas y económica. Vinculación jurídica: nivel al que se aplican las limitaciones cualitativas y cuantitativas de los créditos, que fija la LPGE; permite que determinadas aplicaciones se compensen entre sí sin necesidad de modificar el presupuesto. Retención de crédito: reserva de crédito para un gasto, que precede a la autorización. Crédito disponible: el que no está retenido, autorizado ni comprometido. Remanente de crédito: crédito no gastado a fin de ejercicio, que en general se anula, salvo los supuestos de incorporación. Sección: unidad orgánica de primer nivel (ministerio u órgano constitucional); servicio: unidad orgánica de segundo nivel.
El presupuesto de ingresos y el de gastos
El presupuesto de ingresos recoge las previsiones de derechos a liquidar en el ejercicio (impuestos, cotizaciones, tasas, transferencias, ingresos patrimoniales, enajenaciones y operaciones financieras) con carácter estimativo: no hay límite legal, pues lo que se recaude de más o de menos no vincula. El presupuesto de gastos contiene las obligaciones que, como máximo, pueden reconocerse, con carácter limitativo y vinculante: no se pueden adquirir compromisos de gasto por cuantía superior a los créditos aprobados, siendo nulos los actos y disposiciones que infrinjan esta regla (sin perjuicio de las responsabilidades que procedan). Los créditos ampliables, declarados como tales por la ley, son la excepción. El saldo entre ingresos y gastos no financieros determina la capacidad o necesidad de financiación, que se mide según criterios del Sistema Europeo de Cuentas (SEC) para verificar el cumplimiento del objetivo de estabilidad.
El sector público estatal a efectos presupuestarios
Conforme a los arts. 2 y siguientes de la Ley 47/2003, integran el sector público estatal: a) el sector público administrativo (la Administración General del Estado, los organismos autónomos, las entidades gestoras, servicios comunes y mutuas de la Seguridad Social, agencias estatales, entidades de derecho público con presupuesto limitativo, consorcios y demás entes con ese régimen); b) el sector público empresarial (entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles estatales); y c) el sector público fundacional (fundaciones del sector público estatal). Es importante diferenciar el sector público administrativo (presupuesto limitativo) del empresarial y fundacional (presupuesto estimativo, con presupuestos de explotación y capital). Es el ámbito sobre el que se aplica la LGP, y es equivalente en su concepción al de las Administraciones públicas definidas por la contabilidad nacional.
Estructura de la LGP y normas conexas
La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, es la norma central. Sus títulos tratan, entre otras materias, la programación presupuestaria y los principios generales, los PGE (contenido, estructura, créditos y sus modificaciones), la gestión presupuestaria, la Tesorería, la contabilidad, el control interno y la responsabilidad. La LOEPSF 2/2012 impone los límites de estabilidad; la Ley 38/2003, General de Subvenciones, regula las ayudas; la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público regula la contratación; y el Plan General de Contabilidad Pública (Orden EHA/1037/2010) regula la contabilidad. La Ley anual de Presupuestos Generales del Estado puede modificar o precisar las reglas generales para el ejercicio concreto.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 32 LGP: los PGE son la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocerse y de los derechos que se prevé liquidar durante el ejercicio. Los aprueban las Cortes Generales mediante ley, a propuesta del Gobierno (art. 134.1 CE).
Principios clásicos: unidad, universalidad (presupuesto bruto), especialidad (cualitativa, cuantitativa y temporal), anualidad, no afectación y publicidad. Modernos (LO 2/2012): estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia, responsabilidad y lealtad institucional.
Art. 134 CE: el proyecto debe presentarse al Congreso al menos tres meses antes de la expiración de los presupuestos del año anterior (a más tardar el 1 de octubre); si no se aprueban antes del primer día del ejercicio, se prorrogan automáticamente los del ejercicio anterior.
La Ley de Presupuestos no puede crear tributos; solo modificarlos si una ley tributaria sustantiva lo prevé (art. 134.7 CE). Toda enmienda que aumente créditos o disminuya ingresos exige la conformidad del Gobierno (art. 134.6 CE).
El presupuesto de gastos es limitativo y vinculante (el límite máximo no se puede superar, salvo los créditos ampliables); el de ingresos es estimativo. Los presupuestos de las entidades empresariales y fundacionales son estimativos (explotación y capital).
Ciclo presupuestario: elaboración (Gobierno, Ministerio de Hacienda), aprobación (Cortes Generales), ejecución (gestores) y control y liquidación (IGAE, Tribunal de Cuentas y Cortes Generales).
El presupuesto por programas responde a para qué se gasta (objetivos e indicadores) frente al presupuesto tradicional (en qué se gasta). Fases: programación, presupuestación, ejecución y evaluación.
Clasificaciones del gasto: orgánica, por programas y económica. Capítulos de gasto: 1 personal, 2 bienes y servicios, 3 financieros, 4 transferencias corrientes, 5 Fondo de Contingencia, 6 inversiones reales, 7 transferencias de capital, 8 activos financieros, 9 pasivos financieros.
Art. 135 CE (reforma de 2011): estabilidad presupuestaria; límite de deuda del 60 por ciento del PIB (44 por ciento Estado, 13 por ciento CCAA, 3 por ciento Entidades Locales); prioridad absoluta del pago de intereses y capital de la deuda pública.
Los últimos PGE aprobados son los de 2023 (Ley 31/2022); se prorrogaron en 2024 y 2025. No confundir el principio de no afectación con el de universalidad.
Las obligaciones se imputan al presupuesto del ejercicio en que se reconocen hasta el fin de enero siguiente si corresponden a gastos realizados antes de que expire el ejercicio; los créditos no comprometidos a 31 de diciembre quedan anulados.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Cuál es el carácter del presupuesto de gastos del sector público administrativo estatal?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 1 de Administrativo del Estado?
El presupuesto es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer el Estado y los demás entes del sector público estatal, y de los derechos que prevean liquidar durante el ejercicio (art. 32 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria). Su base constitucional está en los arts. 134 y 135 CE. Se rige por principios clásicos (unidad, universalidad, especialidad, anualidad, no afectación, publicidad) y por principios modernos de la Ley Orgánica 2/2012 (estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia, responsabilidad y lealtad institucional). Se articula en un ciclo con cuatro fases: elaboración, aprobación, ejecución y control y liquidación. El presupuesto por programas vincula recursos con objetivos y resultados.
¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?
Art. 32 LGP: los PGE son la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocerse y de los derechos que se prevé liquidar durante el ejercicio. Los aprueban las Cortes Generales mediante ley, a propuesta del Gobierno (art. 134.1 CE). Principios clásicos: unidad, universalidad (presupuesto bruto), especialidad (cualitativa, cuantitativa y temporal), anualidad, no afectación y publicidad. Modernos (LO 2/2012): estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia, responsabilidad y lealtad institucional. Art. 134 CE: el proyecto debe presentarse al Congreso al menos tres meses antes de la expiración de los presupuestos del año anterior (a más tardar el 1 de octubre); si no se aprueban antes del primer día del ejercicio, se prorrogan automáticamente los del ejercicio anterior. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos; solo modificarlos si una ley tributaria sustantiva lo prevé (art. 134.7 CE). Toda enmienda que aumente créditos o disminuya ingresos exige la conformidad del Gobierno (art. 134.6 CE). El presupuesto de gastos es limitativo y vinculante (el límite máximo no se puede superar, salvo los créditos ampliables); el de ingresos es estimativo. Los presupuestos de las entidades empresariales y fundacionales son estimativos (explotación y capital). Ciclo presupuestario: elaboración (Gobierno, Ministerio de Hacienda), aprobación (Cortes Generales), ejecución (gestores) y control y liquidación (IGAE, Tribunal de Cuentas y Cortes Generales). El presupuesto por programas responde a para qué se gasta (objetivos e indicadores) frente al presupuesto tradicional (en qué se gasta). Fases: programación, presupuestación, ejecución y evaluación. Clasificaciones del gasto: orgánica, por programas y económica. Capítulos de gasto: 1 personal, 2 bienes y servicios, 3 financieros, 4 transferencias corrientes, 5 Fondo de Contingencia, 6 inversiones reales, 7 transferencias de capital, 8 activos financieros, 9 pasivos financieros. Art. 135 CE (reforma de 2011): estabilidad presupuestaria; límite de deuda del 60 por ciento del PIB (44 por ciento Estado, 13 por ciento CCAA, 3 por ciento Entidades Locales); prioridad absoluta del pago de intereses y capital de la deuda pública. Los últimos PGE aprobados son los de 2023 (Ley 31/2022); se prorrogaron en 2024 y 2025. No confundir el principio de no afectación con el de universalidad. Las obligaciones se imputan al presupuesto del ejercicio en que se reconocen hasta el fin de enero siguiente si corresponden a gastos realizados antes de que expire el ejercicio; los créditos no comprometidos a 31 de diciembre quedan anulados.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 134 y 135.
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (arts. 2, 32 y siguientes).
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
Reglamento (UE) 2024/1263, sobre la coordinación eficaz de las políticas económicas y la supervisión presupuestaria multilateral.
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