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Tema 11. La organización de la Unión Europea. El Consejo Europeo, el Consejo, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Efectos de la integración europea sobre la organización del Estado español.

Convocatoria 2025 (OEP), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1). La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo IV) con un temario distinto, no cubierto aquí.

La Unión Europea se articula institucionalmente en torno a un marco único que garantiza la coherencia, la eficacia y la continuidad de sus políticas y acciones (art. 13 TUE). Dicho marco comprende siete instituciones: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. Cada institución actúa dentro de los límites de las atribuciones que le confieren los Tratados y conforme al principio de cooperación leal. La adhesión de España a las Comunidades Europeas (efectiva el 1 de enero de 1986) y la evolución posterior de la integración han tenido efectos profundos sobre el ordenamiento y la organización del Estado español: la base constitucional es el art. 93 CE, rigen los principios de primacía y efecto directo, y el reparto interno de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas condiciona la forma de ejecutar el Derecho de la Unión.

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El marco institucional único (art. 13 TUE)

El art. 13.1 TUE dota a la Unión de un marco institucional que tiene por finalidad promover sus valores, perseguir sus objetivos, servir a sus intereses, a los de sus ciudadanos y a los de los Estados miembros, y garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas. Las instituciones de la Unión son siete: Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo (de la Unión Europea), Comisión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Banco Central Europeo y Tribunal de Cuentas. Cada una actúa dentro de los límites de las atribuciones que le confieren los Tratados (principio de atribución de competencias institucionales, art. 13.2) y las instituciones mantienen entre sí una cooperación leal. Junto a ellas existen órganos consultivos (Comité Económico y Social y Comité de las Regiones, art. 13.4 TUE) y otros órganos y organismos (Banco Europeo de Inversiones, Defensor del Pueblo Europeo, Supervisor Europeo de Protección de Datos, Servicio Europeo de Acción Exterior, Fiscalía Europea, agencias como Europol o Frontex), que no son instituciones en sentido estricto. No debe confundirse la Unión Europea con el Consejo de Europa (organización internacional con sede en Estrasburgo, ajena a la UE, de la que depende el Tribunal Europeo de Derechos Humanos).

Valores, objetivos y principios de la Unión

El art. 2 TUE enuncia los valores de la Unión: respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los de las personas pertenecientes a minorías. El art. 3 TUE fija los objetivos (paz, bienestar de sus pueblos, espacio de libertad, seguridad y justicia, mercado interior, unión económica y monetaria cuya moneda es el euro). El art. 5 TUE recoge los principios que rigen el ejercicio de competencias: atribución (la Unión solo actúa dentro de las competencias que los Estados le atribuyen en los Tratados), subsidiariedad (en las competencias no exclusivas, solo actúa si los objetivos no pueden alcanzarse mejor a nivel nacional, regional o local) y proporcionalidad (el contenido y la forma de la acción no exceden de lo necesario). Los arts. 2 a 6 TFUE distinguen las competencias exclusivas, compartidas y de apoyo, coordinación o complemento. Las Cortes Generales ejercen un control temprano de subsidiariedad sobre las propuestas legislativas europeas (Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad).

El Consejo Europeo (art. 15 TUE)

Está compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, su Presidente y el Presidente de la Comisión; el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad participa en sus trabajos. Da a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y define sus orientaciones y prioridades políticas generales, sin ejercer función legislativa. Se reúne dos veces por semestre (como mínimo), convocado por su Presidente, y se pronuncia por consenso salvo que los Tratados dispongan otra cosa. Su Presidente es elegido por el propio Consejo Europeo por mayoría cualificada para un mandato de dos años y medio, renovable una sola vez; no puede ejercer un mandato nacional. La figura del Presidente estable, creada por el Tratado de Lisboa, sustituyó a la presidencia rotatoria semestral que existía en el Consejo Europeo. El Consejo Europeo no es una formación del Consejo: son instituciones distintas (arts. 15 y 16 TUE). Desde el 1 de diciembre de 2024 ocupa la Presidencia António Costa. Adopta, entre otros, actos como la decisión de composición del Parlamento, la propuesta de candidato a Presidente de la Comisión o la decisión sobre la rotación de presidencias del Consejo.

El Consejo de la Unión Europea (art. 16 TUE)

Ejerce conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa y la función presupuestaria, así como funciones de definición de políticas y de coordinación conforme a los Tratados. Está compuesto por un representante de cada Estado miembro a nivel ministerial, facultado para comprometer al Gobierno del Estado al que representa y para ejercer el derecho de voto. Se reúne en diez formaciones según la materia (Asuntos Generales, Asuntos Exteriores, Asuntos Económicos y Financieros -Ecofin-, Justicia y Asuntos de Interior, Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, Competitividad, Transportes, Telecomunicaciones y Energía, Agricultura y Pesca, Medio Ambiente, y Educación, Juventud, Cultura y Deporte). Sus sesiones son públicas cuando delibera y vota sobre proyectos de acto legislativo. Las formaciones están presididas por el Estado que ejerce la presidencia rotatoria, con rotación igualitaria entre los Estados cada seis meses, salvo Asuntos Exteriores, que preside el Alto Representante. Los trabajos los prepara el Comité de Representantes Permanentes (Coreper, art. 16.7 TUE), integrado por los embajadores de los Estados ante la UE. Cuenta con una Secretaría General. Calendario reciente: España ejerció la presidencia en el segundo semestre de 2023; en 2026 la ejercen Chipre (primer semestre) e Irlanda (segundo semestre), y en el primer semestre de 2027 corresponde a Lituania.

La mayoría cualificada en el Consejo: la doble mayoría

El Consejo decide por mayoría cualificada salvo que los Tratados establezcan otra regla (art. 16.3 TUE). Desde el 1 de noviembre de 2014 la mayoría cualificada exige doble mayoría: al menos el 55% de los miembros del Consejo, que incluya como mínimo a quince de ellos, y que representen al menos el 65% de la población de la Unión. La minoría de bloqueo requiere como mínimo cuatro miembros del Consejo; en caso contrario se considera alcanzada la mayoría cualificada. Cuando el Consejo no actúa a propuesta de la Comisión o del Alto Representante, la mayoría reforzada exige el 72% de los miembros del Consejo que representen al menos el 65% de la población (art. 238 TFUE). Persisten materias sensibles que exigen unanimidad (fiscalidad, aspectos de la política exterior y de seguridad común, adhesión de nuevos Estados, política social en determinados aspectos, financiación del marco financiero plurianual). Las abstenciones no impiden la adopción de actos que requieren unanimidad. Existen además las cláusulas pasarela (art. 48.7 TUE), que permiten pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada con decisión unánime del Consejo Europeo.

El Parlamento Europeo: composición y estatuto (art. 14 TUE)

Representa directamente a los ciudadanos de la Unión. Está compuesto por un máximo de setecientos cincuenta diputados más el Presidente (art. 14.2 TUE), con representación proporcional decreciente: un mínimo de seis y un máximo de noventa y seis diputados por Estado miembro. La composición concreta la fija el Consejo Europeo por unanimidad, a iniciativa del Parlamento y con su aprobación; para la legislatura 2024-2029 la Decisión (UE) 2023/2061 la sitúa en 720 diputados, de los que 61 corresponden a España. Los diputados son elegidos por sufragio universal directo, libre y secreto, por un mandato de cinco años; las últimas elecciones se celebraron en junio de 2024. En España se eligen en circunscripción única nacional conforme a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, con sistema proporcional y listas cerradas. Los diputados se agrupan por afinidades políticas y no por nacionalidades. El Parlamento elige a su Presidente y su Mesa (la Presidenta actual es Roberta Metsola). Sede: Estrasburgo (sesiones plenarias mensuales); también se celebran plenos adicionales y reuniones de comisiones en Bruselas, y la Secretaría General se ubica en Luxemburgo. Las elecciones son simultáneas, pero cada Estado conserva su régimen electoral dentro de unos principios comunes (proporcionalidad).

Funciones del Parlamento Europeo

Función legislativa: ejercida conjuntamente con el Consejo mediante el procedimiento legislativo ordinario. Función presupuestaria: aprueba, junto con el Consejo, el presupuesto anual. Función de control político: elige al Presidente de la Comisión a propuesta del Consejo Europeo por mayoría de los miembros que lo componen, aprueba el colegio de Comisarios, puede constituir comisiones de investigación, examinar peticiones de los ciudadanos y formular preguntas a la Comisión y al Consejo. Puede votar una moción de censura contra la Comisión (art. 234 TFUE) que requiere mayoría de dos tercios de los votos emitidos que representen la mayoría de los miembros del Parlamento; de prosperar, los miembros de la Comisión dimiten colectivamente. Funciones consultivas y de aprobación (dictamen conforme) en determinados procedimientos, como los acuerdos de adhesión o los acuerdos internacionales relevantes. Elige al Defensor del Pueblo Europeo (art. 228 TFUE), que investiga los casos de mala administración de las instituciones. Tiene derecho de iniciativa indirecta: puede solicitar a la Comisión que presente propuestas legislativas (art. 225 TFUE).

La Comisión Europea: composición y nombramiento (art. 17 TUE)

El mandato es de cinco años. El art. 17.5 TUE prevé que, a partir del 1 de noviembre de 2014, la Comisión estaría integrada por un número de miembros equivalente a los dos tercios del número de Estados miembros, incluidos su Presidente y el Alto Representante, salvo que el Consejo Europeo decida por unanimidad modificar ese número. El Consejo Europeo decidió mantener un nacional de cada Estado miembro, de modo que actualmente el colegio tiene 27 miembros. Procedimiento: el Consejo Europeo, por mayoría cualificada y tras las elecciones europeas, propone al Parlamento un candidato a Presidente; el Parlamento lo elige por mayoría de sus miembros. El Consejo, de común acuerdo con el Presidente electo, adopta la lista de las demás personas que propone como Comisarios, sobre la base de las propuestas de los Estados. El colegio en su conjunto, incluidos el Presidente y el Alto Representante, se somete al voto de aprobación del Parlamento, tras lo cual el Consejo Europeo lo nombra por mayoría cualificada. La Comisión es responsable colectivamente ante el Parlamento. Los Comisarios ejercen sus funciones con plena independencia y no solicitan ni aceptan instrucciones de ningún Gobierno. La Presidenta de la Comisión es Ursula von der Leyen (segundo mandato desde diciembre de 2024); el cargo de Alto Representante y Vicepresidente lo ocupa Kaja Kallas; la española Teresa Ribera es Vicepresidenta Ejecutiva.

Funciones de la Comisión Europea

Promueve el interés general de la Unión y adopta las iniciativas adecuadas con tal fin. Vela por la aplicación de los Tratados y de las medidas adoptadas por las instituciones; supervisa la aplicación del Derecho de la Unión bajo el control del Tribunal de Justicia (por eso se la denomina «guardiana de los Tratados» y puede iniciar el procedimiento por incumplimiento contra un Estado, art. 258 TFUE, que puede acabar con sanciones pecuniarias del art. 260 TFUE). Ejecuta el presupuesto y gestiona los programas. Ejerce funciones de coordinación, ejecución y gestión. Asume la representación exterior de la Unión, salvo en la política exterior y de seguridad común y los demás casos previstos en los Tratados. Ostenta, con carácter general, el monopolio de la iniciativa legislativa: salvo que los Tratados dispongan otra cosa, los actos legislativos solo pueden adoptarse a propuesta de la Comisión. También elabora el proyecto de presupuesto y propone la programación plurianual. Los ciudadanos pueden pedir a la Comisión que presente una propuesta mediante la iniciativa ciudadana europea (art. 11.4 TUE), que requiere el apoyo de al menos un millón de ciudadanos de un número significativo de Estados (al menos una cuarta parte de ellos).

El procedimiento legislativo ordinario (codecisión, art. 294 TFUE)

Sitúa al Parlamento y al Consejo en pie de igualdad como colegisladores y es el procedimiento general (art. 289 TFUE); los procedimientos legislativos especiales (consulta, aprobación) son excepcionales. Se inicia con una propuesta de la Comisión. Primera lectura: el Parlamento adopta su posición y el Consejo, si la aprueba, adopta el acto; si no, adopta su posición y la comunica. Segunda lectura: el Parlamento puede aprobar la posición del Consejo, rechazarla o enmendarla (el rechazo y las enmiendas exigen mayoría de los miembros que lo componen). Si persisten discrepancias se convoca un Comité de Conciliación, formado por un número igual de miembros del Consejo y de representantes del Parlamento, con un plazo de seis semanas (prorrogable) para aprobar un texto común; en tercera lectura ambas instituciones disponen de seis semanas para aprobarlo. Si no se logra, el acto se considera no adoptado. En la práctica, la mayoría de los actos se aprueban en primera lectura mediante negociaciones informales (los llamados «trílogos»). Los actos legislativos se firman por los Presidentes del Parlamento y del Consejo y se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (art. 19 TUE)

Comprende el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados. En la actualidad no existe ningún tribunal especializado (el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea fue disuelto en 2016 y sus competencias pasaron al Tribunal General). Su sede está en Luxemburgo. Garantiza el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados. El Tribunal de Justicia está integrado por un juez por Estado miembro (27) asistido por abogados generales (11), con mandato de seis años renovable y renovación parcial cada tres años; los nombra de común acuerdo los Gobiernos previo informe de un comité (art. 255 TFUE). El Tribunal General cuenta con dos jueces por Estado miembro (54 en total desde 2019) y conoce en primera instancia de recursos de anulación y por omisión de particulares y empresas, litigios de competencia y propiedad intelectual (marcas) y función pública europea, con recurso de casación ante el Tribunal de Justicia limitado a cuestiones de Derecho. Desde el 1 de octubre de 2024, tras la reforma del Estatuto del TJUE acordada durante la Presidencia española del Consejo, el Tribunal General también es competente para resolver cuestiones prejudiciales en seis materias específicas y tasadas (sistema común del IVA, impuestos especiales armonizados, código aduanero, clasificación arancelaria de mercancías, y compensación y asistencia a los pasajeros en caso de denegación de embarque, retraso o cancelación de transporte), con posibilidad de recurso de casación ante el Tribunal de Justicia. Competencias principales del TJUE: recurso por incumplimiento (arts. 258-260 TFUE), recurso de anulación (art. 263), recurso por omisión (art. 265), cuestión prejudicial (art. 267), responsabilidad extracontractual de la Unión (arts. 268 y 340) y litigios de la función pública europea (art. 270). Sus sentencias son vinculantes para los Estados y los órganos judiciales nacionales.

La cuestión prejudicial (art. 267 TFUE)

Mecanismo de cooperación entre los jueces nacionales y el Tribunal de Justicia para garantizar la interpretación y aplicación uniformes del Derecho de la Unión. Puede versar sobre la interpretación de los Tratados y de los actos de las instituciones o sobre la validez de estos últimos. Cualquier órgano jurisdiccional nacional puede plantearla si considera necesaria una decisión del TJUE para resolver el litigio (facultad); los órganos cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno están obligados a plantearla (obligación), salvo que exista jurisprudencia consolidada o el Derecho de la Unión resulte claro (doctrina del acto claro y del acto aclarado). Los particulares no pueden plantearla directamente: solo los jueces. Las sentencias prejudiciales son vinculantes para el órgano remitente y tienen autoridad de cosa interpretada para los demás. Un tribunal nacional no puede declarar por sí solo la invalidez de un acto de la Unión: debe plantear cuestión prejudicial de validez. Desde el 1 de octubre de 2024, las cuestiones prejudiciales planteadas en las seis materias tasadas transferidas al Tribunal General (IVA, impuestos especiales armonizados, código aduanero y materias afines) las resuelve este órgano y no el Tribunal de Justicia.

El Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas Europeo

El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort, es la institución responsable de la política monetaria de los Estados que han adoptado el euro y el núcleo del Eurosistema, que integra al BCE y a los bancos centrales nacionales de la zona euro (el Sistema Europeo de Bancos Centrales incluye además a los bancos centrales de los Estados no miembros de la zona euro). Su objetivo principal es mantener la estabilidad de precios (art. 127 TFUE) y goza de independencia reforzada; tiene el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes de euro (art. 128 TFUE). Sus órganos de gobierno son el Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo y el Consejo General. Desde el 1 de enero de 2026 la zona euro la integran veintiún Estados con la incorporación de Bulgaria. El Tribunal de Cuentas Europeo, con sede en Luxemburgo, fiscaliza las cuentas de la Unión, comprobando la legalidad y regularidad de los ingresos y gastos y la buena gestión financiera; está formado por un nacional de cada Estado miembro con mandato de seis años renovable (arts. 285-287 TFUE). Elabora el informe anual y una declaración de fiabilidad. No es un órgano jurisdiccional, y no debe confundirse con el Tribunal de Cuentas español (art. 136 CE).

Los órganos consultivos: Comité de las Regiones y Comité Económico y Social

El Comité de las Regiones (art. 300 y arts. 305-307 TFUE) está integrado por representantes de los entes regionales y locales que sean titulares de un mandato electoral o tengan responsabilidad política ante una asamblea elegida; el número máximo de miembros es 350 (actualmente 329, 21 de ellos españoles) con mandato de cinco años. Emite dictámenes preceptivos en los ámbitos previstos por los Tratados (cohesión económica, social y territorial, redes transeuropeas, salud pública, educación, juventud, cultura, empleo, política social, medio ambiente, formación profesional y transporte) y facultativos en el resto, sin carácter vinculante; puede recurrir al TJUE para defender sus prerrogativas o por vulneración del principio de subsidiariedad en actos que exijan su consulta. El Comité Económico y Social Europeo representa a la sociedad civil organizada (empleadores, trabajadores y otros grupos de interés) y también tiene función consultiva con un máximo de 350 miembros. Ambos asisten al Parlamento, al Consejo y a la Comisión.

El Derecho de la Unión: fuentes originarias y derivadas

El Derecho originario o primario está integrado por el Tratado de la Unión Europea (TUE), el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Carta de los Derechos Fundamentales (que tiene el mismo valor jurídico que los Tratados, art. 6.1 TUE) y los principios generales del Derecho. El Derecho derivado comprende los actos del art. 288 TFUE: el reglamento (alcance general, obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro); la directiva (obliga al Estado destinatario en cuanto al resultado que debe conseguirse, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios, por lo que requiere transposición); la decisión (obligatoria en todos sus elementos; si designa destinatarios, solo obliga a estos); y las recomendaciones y los dictámenes, que no son vinculantes. Son actos legislativos los adoptados por procedimiento legislativo. Los actos delegados y de ejecución (arts. 290 y 291 TFUE) completan o ejecutan la legislación. Las directivas deben transponerse en el plazo que fijan; su falta de transposición puede dar lugar a recurso por incumplimiento, a efecto directo vertical y a responsabilidad del Estado.

Los orígenes: CECA, CEE y Euratom

El Tratado de París (1951, en vigor en 1952) creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) entre seis Estados fundadores (Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo), basada en la Declaración Schuman de 9 de mayo de 1950; se concibió para 50 años y expiró en 2002. Los Tratados de Roma (25 de marzo de 1957, en vigor el 1 de enero de 1958) crearon la Comunidad Económica Europea (CEE), orientada a un mercado común mediante las cuatro libertades de circulación (mercancías, personas, servicios y capitales), y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom), para el desarrollo pacífico de la energía nuclear. Ampliaciones sucesivas: 1973 (Reino Unido, Irlanda y Dinamarca), 1981 (Grecia), 1986 (España y Portugal), 1995 (Austria, Finlandia y Suecia), 2004 (diez Estados), 2007 (Bulgaria y Rumanía) y 2013 (Croacia). El Reino Unido abandonó la Unión el 31 de enero de 2020 (Brexit, art. 50 TUE), de modo que la UE cuenta hoy con veintisiete Estados miembros.

El Acta Única Europea (1986)

Primera gran reforma de los Tratados originarios: firmada en 1986 y en vigor el 1 de julio de 1987, fijó el plazo del 31 de diciembre de 1992 para culminar el mercado interior, extendió el voto por mayoría cualificada en el Consejo (superando la unanimidad en muchos ámbitos) y reforzó los poderes del Parlamento Europeo mediante el procedimiento de cooperación, precedente del actual procedimiento legislativo ordinario. Incorporó formalmente la cooperación política europea y las políticas de cohesión, investigación y medio ambiente.

El Tratado de Maastricht (1992): creación de la Unión Europea

Firmado el 7 de febrero de 1992 y en vigor el 1 de noviembre de 1993, creó formalmente la Unión Europea en una estructura de tres pilares (Comunidades Europeas, política exterior y de seguridad común, y cooperación en Justicia y Asuntos de Interior), estableció las bases de la Unión Económica y Monetaria y del euro, e introdujo la ciudadanía de la Unión, que se añade a la nacionalidad de cada Estado sin sustituirla. Su ratificación obligó a España a la primera reforma de la Constitución (art. 13.2 CE, 1992), para reconocer el derecho de sufragio pasivo de los ciudadanos de la Unión en las elecciones municipales.

Los Tratados de Ámsterdam (1997) y Niza (2001)

Ámsterdam (firmado en 1997 y en vigor en 1999) reforzó la dimensión social, comunitarizó parcialmente visados, asilo e inmigración, incorporó el acervo de Schengen y extendió la codecisión. Niza (firmado en 2001 y en vigor en 2003) adaptó el funcionamiento institucional ante la ampliación de 2004 (reponderación de votos en el Consejo, reparto de escaños del Parlamento) y proclamó, sin fuerza vinculante inicial, la Carta de los Derechos Fundamentales (Niza, 2000).

El Tratado de Lisboa (2007): reforma institucional

Firmado el 13 de diciembre de 2007 y en vigor el 1 de diciembre de 2009, sustituyó al fallido Tratado constitucional europeo. Unificó la estructura de pilares en una única Unión con personalidad jurídica propia, dio fuerza jurídica vinculante a la Carta de Derechos Fundamentales, creó la Presidencia permanente del Consejo Europeo y el Alto Representante, reforzó el papel de los parlamentos nacionales (control de subsidiariedad) e introdujo la iniciativa ciudadana europea, la cláusula de retirada voluntaria (art. 50 TUE) y la generalización del procedimiento legislativo ordinario. Dio su redacción actual al TUE y al TFUE. Los Tratados se reforman mediante el procedimiento de revisión ordinario (convención y conferencia intergubernamental, art. 48 TUE) o simplificado, y las reformas requieren la ratificación de todos los Estados.

El Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento

El TUE y el TFUE tienen el mismo valor jurídico y constituyen el Derecho originario. El TUE contiene las disposiciones más estructurales: valores y objetivos (arts. 2 y 3), principios democráticos (arts. 9 a 12), instituciones principales (arts. 13-19), cooperación reforzada (art. 20), acción exterior y PESC (arts. 21-46), disposiciones finales, procedimiento de reforma (art. 48), adhesión (art. 49) y derecho de retirada voluntaria (art. 50, base del Brexit). El TFUE, heredero del antiguo Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, desarrolla con detalle lo que el TUE solo enuncia: categorías y ámbitos de competencias, mercado interior y las cuatro libertades, políticas internas (agricultura, transportes, competencia, medio ambiente, espacio de libertad, seguridad y justicia), la unión económica y monetaria, la acción exterior distinta de la PESC y el detalle institucional (composición, procedimientos y funcionamiento) de cada institución.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

Proclamada en Niza (2000), recoge el catálogo de derechos civiles, políticos, económicos y sociales en siete títulos: dignidad, libertades, igualdad, solidaridad, ciudadanía, justicia y disposiciones generales. Desde Lisboa (2009) tiene el mismo valor jurídico que los Tratados (art. 6.1 TUE). Vincula a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros únicamente cuando aplican Derecho de la Unión (art. 51). La Unión debe adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 6.2 TUE), adhesión pendiente tras el Dictamen 2/13 del Tribunal de Justicia. La protección de datos personales se reconoce en el art. 8 de la Carta.

El principio de primacía del Derecho de la Unión

El Derecho de la Unión Europea prevalece sobre el Derecho interno de los Estados miembros, incluido el de rango constitucional según la jurisprudencia del TJUE (sentencias Costa/ENEL, 1964; Simmenthal, 1978), de modo que el juez nacional debe inaplicar la norma interna contraria al Derecho de la Unión directamente aplicable, sin necesidad de plantear previamente su inconstitucionalidad ni de esperar a su derogación formal. El Tribunal Constitucional español, en la Declaración 1/2004, de 13 de diciembre, distinguió entre primacía (propia del Derecho de la Unión en el ámbito de las competencias cedidas) y supremacía (propia de la Constitución como norma suprema del ordenamiento interno), y sostuvo que el art. 93 CE permite la cesión del ejercicio de competencias pero no de la soberanía ni de los límites materiales de la Constitución. Además, el TC ha afirmado que el Derecho de la Unión no es por sí mismo canon de constitucionalidad de las leyes (el control de la contradicción entre una ley y el Derecho de la Unión corresponde a los jueces ordinarios, que deben inaplicarla).

El principio de efecto directo

Determinadas normas del Derecho de la Unión pueden ser invocadas directamente por los particulares ante los tribunales nacionales, generando derechos y obligaciones exigibles sin necesidad de un acto de transposición (sentencia Van Gend en Loos, 1963). Los reglamentos son directamente aplicables y producen efecto directo. Las normas claras, precisas e incondicionadas de los Tratados tienen efecto directo vertical y, en ocasiones, horizontal. Las directivas, una vez vencido el plazo de transposición, pueden invocarse frente al Estado (efecto directo vertical) si son suficientemente claras e incondicionales, pero no frente a otros particulares (no hay efecto directo horizontal de las directivas). El Estado que no transpone una directiva o la transpone mal puede incurrir en responsabilidad patrimonial frente a los perjudicados (sentencia Francovich, 1991). No deben confundirse el efecto directo (posibilidad de invocar la norma) con la primacía (resolución del conflicto entre normas) ni con la aplicabilidad directa (que no exige acto de recepción en el ordenamiento interno).

Efectos de la integración en el Estado español: la cláusula del art. 93 CE

El art. 93 CE habilita, mediante ley orgánica, la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución, y atribuye a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales. Es la base jurídica de la adhesión de España a las Comunidades Europeas: el Tratado de adhesión se firmó el 12 de junio de 1985 y fue autorizado por la Ley Orgánica 10/1985, de 2 de agosto; la adhesión fue efectiva el 1 de enero de 1986. También ampara las sucesivas reformas de los Tratados (Acta Única, Maastricht, Ámsterdam, Niza, Lisboa). Debe distinguirse de los arts. 94 (autorización de las Cortes para ciertos tratados) y 96 CE (los tratados válidamente celebrados y publicados forman parte del ordenamiento interno). Como consecuencia, se han producido dos reformas constitucionales vinculadas a la integración: la del art. 13.2 CE (1992), por Maastricht, y la del art. 135 CE (2011), que incorpora la referencia a los límites de déficit estructural fijados por la UE.

Efectos de la integración sobre la organización de los poderes del Estado

Gobierno y Administración: la formación del Consejo de la Unión obliga a que los Ministros representen a España; la coordinación de la posición española corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (Secretaría de Estado para la Unión Europea) y la Representación Permanente de España ante la UE (REPER) actúa en Bruselas. Existe una Comisión Interministerial para Asuntos de la UE. La Administración española, en su conjunto, es Administración de ejecución del Derecho de la Unión, y los funcionarios nacionales actúan como Administración «comunitaria» cuando lo aplican. Cortes Generales: la Comisión Mixta para la Unión Europea (regulada por la Ley 8/1994) realiza el seguimiento de las actividades de la UE, informa a las Cámaras y emite dictámenes motivados sobre subsidiariedad en el plazo de ocho semanas. Poder judicial: los jueces y tribunales españoles son jueces del Derecho de la Unión: aplican la primacía, el efecto directo y plantean cuestiones prejudiciales. Tribunal Constitucional: puede plantear cuestiones prejudiciales al TJUE (lo hizo por primera vez en 2011). Banco de España: forma parte del Eurosistema y ha perdido la competencia sobre la política monetaria, ejercida por el BCE.

Efectos sobre el Estado autonómico: ejecución del Derecho de la Unión por las CCAA

La integración europea no altera la distribución interna de competencias: según la doctrina constitucional, la ejecución del Derecho de la Unión corresponde a quien materialmente ostente la competencia según el bloque de constitucionalidad (Estado o Comunidades Autónomas), sin que la competencia estatal en relaciones internacionales (art. 149.1.3ª CE) le otorgue por sí una competencia general sobre la ejecución. El Estado conserva la representación exterior y es el responsable ante la UE, de ahí que se prevean mecanismos de repercusión interna de responsabilidades: la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y el Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, regulan el procedimiento para determinar y repercutir en las Administraciones responsables las sanciones económicas impuestas por incumplimiento del Derecho de la Unión. La Ley 40/2015 regula, además, la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por infracción del Derecho de la Unión (arts. 32 y 34) y las relaciones interadministrativas (Título III), con los principios de colaboración, coordinación y cooperación.

La participación de las Comunidades Autónomas en asuntos europeos

Aunque la competencia exterior es exclusiva del Estado (art. 149.1.3ª CE), la ampliación de las materias europeas de incidencia autonómica ha generado cauces de participación: la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE), regulada por la Ley 2/1997, como órgano de cooperación entre el Estado y las CCAA en la fase ascendente (formación de la voluntad española) y descendente (ejecución); la participación de representantes autonómicos en las delegaciones españolas en grupos de trabajo del Consejo, previstos tras los acuerdos de la CARUE de 2004; la Consejería para Asuntos Autonómicos en la REPER; las Oficinas autonómicas en Bruselas (sin representación institucional formal ni ius contrahendi, conforme a la doctrina del TC, STC 165/1994); la participación en el Comité de las Regiones, con 21 miembros españoles, y los mecanismos de cooperación del propio Derecho de la Unión. Las CCAA pueden recurrir ante el TJUE por vía indirecta, mediante el Estado, y los parlamentos autonómicos participan en el control de subsidiariedad a través de las Cortes Generales.

Ciudadanía de la Unión y derechos asociados

Es ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro; la ciudadanía de la Unión se añade a la nacional sin sustituirla (art. 20 TFUE). Derechos: libre circulación y residencia en el territorio de los Estados miembros; sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo en el Estado de residencia; protección diplomática y consular de cualquier Estado miembro cuando el de su nacionalidad no esté representado; derecho de petición ante el Parlamento Europeo; derecho a dirigirse al Defensor del Pueblo Europeo; derecho a dirigirse a las instituciones en una de las lenguas de los Tratados y a recibir respuesta en la misma lengua; e iniciativa ciudadana europea. Estos derechos tienen su contrapartida en el deber de respetar el Derecho de la Unión.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El art. 13.1 TUE cita expresamente SIETE instituciones: Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo, Comisión Europea, TJUE, BCE y Tribunal de Cuentas. El Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social son órganos consultivos, no instituciones.
  • El Parlamento Europeo y el Consejo ejercen conjuntamente la función legislativa y presupuestaria mediante el procedimiento legislativo ordinario (codecisión, art. 294 TFUE); la Comisión tiene el monopolio de la iniciativa legislativa, salvo excepciones previstas en los Tratados.
  • El Consejo Europeo (art. 15 TUE) no ejerce función legislativa: solo da impulsos y fija orientaciones políticas, y su Presidente es elegido por mayoría cualificada para 2,5 años renovables una vez. No confundirlo con el Consejo de la Unión Europea (art. 16 TUE), que sí legisla, ni con el Consejo de Europa (ajeno a la UE).
  • Mayoría cualificada en el Consejo desde el 1 de noviembre de 2014: al menos el 55% de los Estados miembros (mínimo 15) que representen al menos el 65% de la población. Minoría de bloqueo: al menos cuatro miembros. Si no se actúa a propuesta de la Comisión o del Alto Representante: 72% de los Estados y 65% de la población.
  • La Comisión: el art. 17.5 TUE prevé que desde 2014 tendría un número de miembros igual a los dos tercios de los Estados, pero el Consejo Europeo decidió mantener un nacional por Estado (27 miembros). Presidente propuesto por el Consejo Europeo (mayoría cualificada) y elegido por el Parlamento (mayoría de sus miembros). Mandato de cinco años.
  • La moción de censura contra la Comisión (art. 234 TFUE) exige mayoría de dos tercios de los votos emitidos que represente la mayoría de los miembros del Parlamento.
  • El Parlamento Europeo tiene un máximo de 750 diputados más el Presidente según el Tratado (actualmente 720, 61 españoles), mandato de 5 años, proporcionalidad decreciente (mínimo 6, máximo 96 escaños por Estado). Sede en Estrasburgo.
  • El TJUE comprende el Tribunal de Justicia (un juez por Estado y 11 abogados generales), el Tribunal General (dos jueces por Estado) y los tribunales especializados (actualmente ninguno). Sede en Luxemburgo. Mandato de 6 años renovable.
  • Cuestión prejudicial (art. 267 TFUE): la plantean los jueces nacionales (facultativa en general; obligatoria para los órganos cuyas decisiones no sean susceptibles de recurso judicial interno, salvo acto claro o aclarado). Los particulares no pueden plantearla.
  • España firmó el Tratado de adhesión el 12 de junio de 1985, autorizado por la LO 10/1985 (art. 93 CE), y se adhirió a las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986 junto a Portugal.
  • Primacía (el Derecho de la UE prevalece sobre el interno, incluso el constitucional según el TJUE; el TC, en la DTC 1/2004, distingue primacía de supremacía de la Constitución) frente a efecto directo (posibilidad de invocar la norma ante los tribunales nacionales). Las directivas no tienen efecto directo horizontal.
  • Tratados clave y fechas de entrada en vigor: Roma (1958), Acta Única (1987), Maastricht (1 de noviembre de 1993), Ámsterdam (1999), Niza (2003) y Lisboa (1 de diciembre de 2009). Maastricht creó la UE y la ciudadanía europea; Lisboa unificó los pilares, dio valor vinculante a la Carta y creó la Presidencia permanente del Consejo Europeo.
  • El art. 50 TUE (introducido por Lisboa) regula la retirada voluntaria de un Estado, base del Brexit (salida efectiva el 31 de enero de 2020). La UE tiene 27 Estados miembros; la zona euro, 21 desde el 1 de enero de 2026 (Bulgaria).
  • Reglamento: obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable. Directiva: obliga en cuanto al resultado, requiere transposición. Decisión: obligatoria (para los destinatarios si los designa). Recomendaciones y dictámenes: no vinculantes (art. 288 TFUE).
  • Las CCAA ejecutan el Derecho de la UE en las materias de su competencia, aunque la representación exterior es del Estado (art. 149.1.3ª CE); participan mediante la CARUE, la REPER, sus oficinas en Bruselas y el Comité de las Regiones. Las sanciones europeas pueden repercutirse a la Administración responsable (LO 2/2012 y RD 515/2013).
  • El Comité de las Regiones tiene un máximo de 350 miembros (21 españoles), emite dictámenes preceptivos en materias tasadas y facultativos en el resto, siempre no vinculantes.
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Pregunta 1 de 110 aciertos

¿En qué precepto constitucional se fundamenta la adhesión de España a las Comunidades Europeas?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 11 de Administrativo del Estado?

La Unión Europea se articula institucionalmente en torno a un marco único que garantiza la coherencia, la eficacia y la continuidad de sus políticas y acciones (art. 13 TUE). Dicho marco comprende siete instituciones: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. Cada institución actúa dentro de los límites de las atribuciones que le confieren los Tratados y conforme al principio de cooperación leal. La adhesión de España a las Comunidades Europeas (efectiva el 1 de enero de 1986) y la evolución posterior de la integración han tenido efectos profundos sobre el ordenamiento y la organización del Estado español: la base constitucional es el art. 93 CE, rigen los principios de primacía y efecto directo, y el reparto interno de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas condiciona la forma de ejecutar el Derecho de la Unión.

¿Qué hay que memorizar del Tema 11 para el examen?

El art. 13.1 TUE cita expresamente SIETE instituciones: Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo, Comisión Europea, TJUE, BCE y Tribunal de Cuentas. El Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social son órganos consultivos, no instituciones. El Parlamento Europeo y el Consejo ejercen conjuntamente la función legislativa y presupuestaria mediante el procedimiento legislativo ordinario (codecisión, art. 294 TFUE); la Comisión tiene el monopolio de la iniciativa legislativa, salvo excepciones previstas en los Tratados. El Consejo Europeo (art. 15 TUE) no ejerce función legislativa: solo da impulsos y fija orientaciones políticas, y su Presidente es elegido por mayoría cualificada para 2,5 años renovables una vez. No confundirlo con el Consejo de la Unión Europea (art. 16 TUE), que sí legisla, ni con el Consejo de Europa (ajeno a la UE). Mayoría cualificada en el Consejo desde el 1 de noviembre de 2014: al menos el 55% de los Estados miembros (mínimo 15) que representen al menos el 65% de la población. Minoría de bloqueo: al menos cuatro miembros. Si no se actúa a propuesta de la Comisión o del Alto Representante: 72% de los Estados y 65% de la población. La Comisión: el art. 17.5 TUE prevé que desde 2014 tendría un número de miembros igual a los dos tercios de los Estados, pero el Consejo Europeo decidió mantener un nacional por Estado (27 miembros). Presidente propuesto por el Consejo Europeo (mayoría cualificada) y elegido por el Parlamento (mayoría de sus miembros). Mandato de cinco años. La moción de censura contra la Comisión (art. 234 TFUE) exige mayoría de dos tercios de los votos emitidos que represente la mayoría de los miembros del Parlamento. El Parlamento Europeo tiene un máximo de 750 diputados más el Presidente según el Tratado (actualmente 720, 61 españoles), mandato de 5 años, proporcionalidad decreciente (mínimo 6, máximo 96 escaños por Estado). Sede en Estrasburgo. El TJUE comprende el Tribunal de Justicia (un juez por Estado y 11 abogados generales), el Tribunal General (dos jueces por Estado) y los tribunales especializados (actualmente ninguno). Sede en Luxemburgo. Mandato de 6 años renovable. Cuestión prejudicial (art. 267 TFUE): la plantean los jueces nacionales (facultativa en general; obligatoria para los órganos cuyas decisiones no sean susceptibles de recurso judicial interno, salvo acto claro o aclarado). Los particulares no pueden plantearla. España firmó el Tratado de adhesión el 12 de junio de 1985, autorizado por la LO 10/1985 (art. 93 CE), y se adhirió a las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986 junto a Portugal. Primacía (el Derecho de la UE prevalece sobre el interno, incluso el constitucional según el TJUE; el TC, en la DTC 1/2004, distingue primacía de supremacía de la Constitución) frente a efecto directo (posibilidad de invocar la norma ante los tribunales nacionales). Las directivas no tienen efecto directo horizontal. Tratados clave y fechas de entrada en vigor: Roma (1958), Acta Única (1987), Maastricht (1 de noviembre de 1993), Ámsterdam (1999), Niza (2003) y Lisboa (1 de diciembre de 2009). Maastricht creó la UE y la ciudadanía europea; Lisboa unificó los pilares, dio valor vinculante a la Carta y creó la Presidencia permanente del Consejo Europeo. El art. 50 TUE (introducido por Lisboa) regula la retirada voluntaria de un Estado, base del Brexit (salida efectiva el 31 de enero de 2020). La UE tiene 27 Estados miembros; la zona euro, 21 desde el 1 de enero de 2026 (Bulgaria). Reglamento: obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable. Directiva: obliga en cuanto al resultado, requiere transposición. Decisión: obligatoria (para los destinatarios si los designa). Recomendaciones y dictámenes: no vinculantes (art. 288 TFUE). Las CCAA ejecutan el Derecho de la UE en las materias de su competencia, aunque la representación exterior es del Estado (art. 149.1.3ª CE); participan mediante la CARUE, la REPER, sus oficinas en Bruselas y el Comité de las Regiones. Las sanciones europeas pueden repercutirse a la Administración responsable (LO 2/2012 y RD 515/2013). El Comité de las Regiones tiene un máximo de 350 miembros (21 españoles), emite dictámenes preceptivos en materias tasadas y facultativos en el resto, siempre no vinculantes.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Tratado de la Unión Europea (TUE), versión consolidada (DOUE C 202, de 7 de junio de 2016), arts. 2, 3, 5, 13-19, 48 y 50.
  • Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), versión consolidada, arts. 223-287, 288-294 y 300-307.
  • Constitución Española, arts. 13.2, 93, 94, 96, 135 y 149.1.3ª.
  • Ley Orgánica 10/1985, de 2 de agosto, de autorización para la adhesión de España a las Comunidades Europeas.
  • Declaración del Tribunal Constitucional 1/2004, de 13 de diciembre.
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 32 y 34 y Título III).
  • Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (disposición adicional segunda) y Real Decreto 515/2013, de 5 de julio.
  • Decisión (UE) 2023/2061 del Consejo Europeo, de 28 de septiembre de 2023, sobre la composición del Parlamento Europeo.

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