Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1). La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo IV) con un temario distinto, no cubierto aquí.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, tiene un triple objeto (art. 1): ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública mediante obligaciones de publicidad activa, reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información pública y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, con las consecuencias jurídicas de su incumplimiento. Se estructura en un Título Preliminar, tres Títulos (Título I, de la transparencia de la actividad pública, que incluye el ámbito subjetivo, la publicidad activa y el derecho de acceso; Título II, del buen gobierno; y Título III, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno).
Publicada en el BOE de 10 de diciembre de 2013 (BOE-A-2013-12887). Título Preliminar: objeto (art. 1). Título I, Transparencia de la actividad pública: Capítulo I, ámbito subjetivo de aplicación (arts. 2-4); Capítulo II, publicidad activa (arts. 5-11); Capítulo III, derecho de acceso a la información pública (arts. 12-24). Título II, Buen gobierno (arts. 25-32). Título III, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (arts. 33 y ss.). Atención: el derecho de acceso (arts. 12-24) NO está en el Título II, sino en el Título I; el Título II se dedica al buen gobierno. Entró en vigor al día siguiente de su publicación en lo relativo al buen gobierno y en el plazo de un año para las obligaciones del Título I en la AGE, concediéndose un plazo máximo de dos años a las comunidades autónomas y entidades locales para adaptarse.
Ámbito subjetivo de aplicación (art. 2)
Se aplica a: la Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local; las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; los organismos autónomos, agencias estatales, entidades públicas empresariales y entidades de Derecho público con independencia funcional o autonomía especial (autoridades administrativas independientes); las entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las Administraciones; las sociedades mercantiles con participación pública mayoritaria; las fundaciones del sector público; las asociaciones constituidas por Administraciones; las universidades públicas; y las corporaciones de Derecho público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho administrativo. Según el art. 2.1.f), la ley se aplica también, en relación con sus actividades sujetas a Derecho administrativo, a la Casa de S. M. el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas.
Otros sujetos obligados (arts. 3 y 4)
El art. 3 impone obligaciones de publicidad activa a los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales, y a las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tenga carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. El art. 4 obliga a las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas a suministrar a la Administración de la que dependan, previo requerimiento, la información necesaria para el cumplimiento de la ley; esta obligación se extiende a los adjudicatarios de contratos del sector público en los términos previstos en el respectivo contrato.
Publicidad activa: régimen general (arts. 5 y 9)
Los sujetos obligados deben publicar de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública (art. 5.1). Las obligaciones de la ley son mínimas, sin perjuicio de que otras normas prevean un régimen más amplio (art. 5.2). Son aplicables los límites del derecho de acceso (art. 14) y la protección de datos personales (art. 15) (art. 5.3). La información se publicará en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web, de manera clara, estructurada y entendible y, preferiblemente, en formatos reutilizables, y será de acceso fácil y gratuito y accesible para las personas con discapacidad (art. 5.4). El control corresponde al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el ámbito estatal (art. 9); el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa se considera infracción grave a efectos disciplinarios (art. 9.3).
Los tres bloques de publicidad activa (arts. 6, 7 y 8)
Art. 6, información institucional, organizativa y de planificación: funciones que desarrollan, normativa que les sea de aplicación, estructura organizativa (organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional) y planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos, actividades, medios, tiempo previsto y grado de cumplimiento y resultados. Art. 7, información de relevancia jurídica: directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos; anteproyectos de ley y proyectos de decretos legislativos, con las memorias e informes del expediente; proyectos de reglamentos, y documentos sometidos a información pública durante su tramitación. Art. 8, información económica, presupuestaria y estadística: todos los contratos (objeto, duración, importe, procedimiento, adjudicatario, modificaciones), convenios y encomiendas de gestión, subvenciones y ayudas públicas, presupuestos y su estado de ejecución, cuentas anuales e informes de auditoría y fiscalización, retribuciones de altos cargos y máximos responsables e indemnizaciones por cese, resoluciones de compatibilidad, declaraciones de bienes y actividades de representantes locales, información estadística sobre cumplimiento y calidad de los servicios públicos, y bienes inmuebles de su propiedad.
El Portal de la Transparencia de la AGE (art. 10)
La AGE desarrolla un Portal de la Transparencia, dependiente del ministerio competente (hoy el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública), que facilita el acceso de los ciudadanos a toda la información publicada y, en todo caso, a la información de publicación obligatoria y a aquella cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. Permite también presentar solicitudes de acceso a la información de la AGE por vía electrónica. Las demás Administraciones pueden adoptar medidas complementarias o de colaboración con la AGE para el cumplimiento de sus obligaciones, y se prevé la colaboración con las comunidades autónomas y entidades locales.
Concepto de información pública y titularidad del derecho de acceso (arts. 12 y 13)
El art. 12 reconoce que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el art. 105.b) de la Constitución. El art. 13 define la información pública como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. El derecho corresponde a cualquier persona, física o jurídica, sin necesidad de motivar la solicitud ni de acreditar interés legítimo: es un derecho de carácter universal, distinto del derecho de acceso al expediente de los interesados en un procedimiento concreto (arts. 53 y ss. de la Ley 39/2015). La Ley 19/2013 es supletoria respecto de los regímenes especiales de acceso (disposición adicional primera), por ejemplo en materia ambiental o de archivos.
Los límites al derecho de acceso (art. 14)
El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: a) la seguridad nacional; b) la defensa; c) las relaciones exteriores; d) la seguridad pública; e) la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; f) la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva; g) las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; h) los intereses económicos y comerciales; i) la política económica y monetaria; j) el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; k) la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión; l) la protección del medio ambiente. Son un catálogo tasado de doce supuestos. Su aplicación debe ser justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección (test del daño) y atender a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso (art. 14.2). Si la limitación afecta solo a una parte de la información, se concederá el acceso parcial, previa omisión de la información afectada (art. 16).
La protección de datos personales como límite específico (art. 15)
Si la información contuviera datos especialmente protegidos de los que revelan la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso solo podrá autorizarse con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que este hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad (art. 15.1). Si contuviera datos especialmente protegidos referidos al origen racial, la salud o la vida sexual, datos genéticos o biométricos o relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevaran la amonestación pública al infractor, el acceso solo podrá autorizarse con el consentimiento expreso del afectado o si estuviera amparado por una norma con rango de ley. Para el resto de datos personales se realiza una ponderación suficientemente razonada entre el interés público en la divulgación y los derechos de los afectados (art. 15.3). Con carácter general se concede el acceso a los datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano (art. 15.2). Existe un criterio interpretativo conjunto del Consejo de Transparencia y la Agencia Española de Protección de Datos sobre esta ponderación.
El procedimiento de acceso: solicitud y tramitación (arts. 17 a 19 y 22)
Se inicia mediante solicitud dirigida al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información (art. 17). Debe contener la identidad del solicitante, la información que se solicita, una dirección de contacto, preferentemente electrónica, y, en su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud, aunque podrá exponer los motivos, que podrán ser tenidos en cuenta; la ausencia de motivación no será por sí sola causa de rechazo (art. 17.3). Si la solicitud se refiere a información que no posee el sujeto al que se dirige, este la remitirá al competente e informará al solicitante (art. 19.1). Si la información afecta a derechos o intereses de terceros debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar alegaciones, y se suspenderá el plazo para dictar resolución (art. 19.3). El acceso es gratuito, si bien la expedición de copias o la transposición a un formato diferente al original puede dar lugar a una exacción (art. 22.4); se realiza preferentemente por vía electrónica, y cuando no pueda facilitarse en el momento de la notificación de la resolución, debe concederse, en todo caso, en un plazo no superior a diez días (art. 22.1).
Causas de inadmisión de solicitudes (art. 18)
Se distinguen de los límites del art. 14 en que no requieren ponderación del daño o del interés superior. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: a) referidas a información que esté en curso de elaboración o de publicación general; b) referidas a información de carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas; c) relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración; d) dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente; e) que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la ley. Atención: no figura entre las causas legales la mera «reiteración de solicitudes ya resueltas» como causa autónoma; la repetición solo cuenta si es manifiestamente repetitiva o abusiva. La jurisprudencia y los criterios del Consejo exigen interpretar restrictivamente estas causas, dado que el acceso es la regla general.
Plazo, resolución y silencio (art. 20)
La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso se notificará al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado tan pronto como sea posible y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta de la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada (silencio negativo, art. 20.4). Cuando haya habido oposición de tercero, el acceso solo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo o, en caso de haberse interpuesto, haya sido resuelto confirmando el derecho a acceder (art. 22.2).
La reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (art. 24)
Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Tiene carácter sustitutivo de los recursos administrativos (art. 112.2 de la Ley 39/2015): su interposición es incompatible con la de reposición o alzada. Se interpone en el plazo de un mes desde la notificación del acto impugnado o desde que se produzcan los efectos del silencio administrativo. El Consejo resuelve y notifica en el plazo máximo de tres meses; transcurrido, la reclamación se entiende desestimada. Las resoluciones del Consejo ponen fin a la vía administrativa y son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa (competencia de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo). La disposición adicional cuarta prevé que las comunidades autónomas puedan atribuir esta competencia a un órgano propio independiente o convenir con el Consejo estatal que la ejerza.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: naturaleza y organización (arts. 33 y ss.)
Es un organismo público de los previstos en la disposición adicional décima de la Ley 40/2015, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines. Está adscrito al ministerio competente, que en la actualidad es el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Su Estatuto se aprobó por el Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre. Se compone de la Presidencia y la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. El Presidente se nombra por Real Decreto, a propuesta del titular del ministerio, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional, por un mandato de cinco años no renovable, previa comparecencia ante la comisión competente del Congreso de los Diputados y refrendo por mayoría absoluta de sus miembros. En abril de 2026 se nombró presidenta a Concepción Campos Acuña.
Funciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (art. 38)
Entre otras: adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa; asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; informar preceptivamente los proyectos normativos estatales que desarrollen la ley o que estén relacionados con su objeto; evaluar el grado de aplicación de la ley; promover la elaboración de borradores de recomendaciones y directrices y de normas de buenas prácticas; y resolver las reclamaciones que se presenten en aplicación del art. 24. También vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa (art. 9) y emite criterios interpretativos de carácter no vinculante para unificar la aplicación de la ley. Elabora una memoria anual que presenta ante las Cortes Generales.
Buen gobierno: ámbito subjetivo (art. 25)
Las disposiciones del Título II se aplican a los miembros del Gobierno, los Secretarios de Estado y los altos cargos de la AGE y de las entidades del sector público estatal, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella. El art. 25.2 extiende los principios de buen gobierno a los altos cargos o asimilados de las comunidades autónomas y entidades locales según su normativa de aplicación. A diferencia de la publicidad activa y del derecho de acceso, cuyo ámbito subjetivo es muy amplio, el régimen de infracciones y sanciones del Título II tiene un ámbito más restringido, centrado en los altos cargos de la AGE; las comunidades autónomas y entidades locales lo desarrollan mediante su normativa propia. El régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses de los altos cargos de la AGE se contiene principalmente en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
Principios generales y principios de actuación de buen gobierno (art. 26)
Principios generales: actuar con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y con el objetivo de satisfacer el interés general; ejercer sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier conducta contraria a estos principios; respetar el principio de imparcialidad, manteniendo un criterio independiente y ajeno a todo interés particular; asegurar un trato igual y sin discriminaciones; actuar con la diligencia debida y fomentar la calidad en la prestación de servicios públicos; mantener una conducta digna y tratar a los ciudadanos con esmero, respeto y deferencia; y asumir la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen. Principios de actuación: desempeñar su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa sobre incompatibilidades y conflictos de intereses; respetar el principio de neutralidad política; no implicarse en situaciones o intereses incompatibles con sus funciones y abstenerse de intervenir en asuntos en que concurra causa que afecte a su objetividad; no aceptar regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía; gestionar, proteger y conservar adecuadamente los recursos públicos; y no valerse de su posición para obtener ventajas personales o materiales.
El régimen sancionador del buen gobierno (arts. 27 a 32)
La ley tipifica las infracciones de los altos cargos en tres artículos sucesivos: el art. 27 remite las infracciones en materia de conflictos de intereses a la normativa específica (Ley 3/2015 en la AGE, o la propia de cada Administración); el art. 28 tipifica las infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria; y el art. 29 las infracciones disciplinarias. Se clasifican en muy graves, graves y leves. El art. 30 fija las sanciones: las leves se sancionan con amonestación; las graves, entre otras, con la declaración del incumplimiento y su publicación en el BOE o diario oficial correspondiente; y las muy graves con la destitución del cargo (si no se hubiera cesado ya) y la prohibición de ser nombrado alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años, además de la no percepción, en su caso, de la indemnización por cese. El art. 31 regula el procedimiento sancionador (se inicia de oficio, por propia iniciativa, orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia ciudadana) y el art. 32 la prescripción: cinco años para las infracciones muy graves, tres para las graves y uno para las leves. La competencia sancionadora corresponde a órganos determinados por la ley según el cargo infractor.
Transparencia en comunidades autónomas y entidades locales
La Ley 19/2013 es legislación básica en la mayor parte de su contenido, por lo que fija un mínimo común que las comunidades autónomas pueden mejorar. Las comunidades autónomas y entidades locales tuvieron un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones de la ley. En la práctica, casi todas las comunidades autónomas han aprobado leyes propias de transparencia que amplían el catálogo de sujetos obligados y de información publicable, y han creado órganos propios de garantía (comisiones o consejos de transparencia) que resuelven las reclamaciones en su ámbito. En las entidades locales, los ayuntamientos han de publicar la información mediante sus sedes electrónicas, portales de transparencia o páginas web, con apoyo de las diputaciones a los municipios pequeños.
Relación con otras normas y principios del derecho de acceso
El derecho de acceso se enlaza con el art. 105.b) de la Constitución (acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos), con el art. 13.d) de la Ley 39/2015 (derecho de acceso a la información pública, archivos y registros) y, en el ámbito de la Unión Europea, con el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 sobre acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. En materia de protección de datos, la ponderación del art. 15 se aplica a la luz del Reglamento (UE) 2016/679 y de la Ley Orgánica 3/2018. La Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección de las personas informantes, complementa el marco de integridad y buen gobierno.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Triple objeto de la Ley 19/2013: publicidad activa, derecho de acceso a la información pública y buen gobierno con su régimen de infracciones y sanciones.
Estructura: Título Preliminar (art. 1); Título I, transparencia (ámbito subjetivo arts. 2-4, publicidad activa arts. 5-11, derecho de acceso arts. 12-24); Título II, buen gobierno (arts. 25-32); Título III, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El derecho de acceso está en el Título I, no en el II.
El ámbito subjetivo es muy amplio: AGE, CCAA, Ceuta y Melilla, Administración Local, Seguridad Social, sector público institucional, universidades públicas, corporaciones de Derecho público y, respecto de su actividad sujeta a Derecho administrativo, la Casa del Rey, Congreso, Senado, TC, CGPJ, Banco de España, Consejo de Estado, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y CES.
Sujetos privados: partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades que reciban ayudas o subvenciones públicas superiores a 100.000 euros, o al menos el 40 % de sus ingresos anuales (con un mínimo de 5.000 euros).
Tres bloques de publicidad activa: institucional, organizativa y de planificación (art. 6); relevancia jurídica (art. 7); económica, presupuestaria y estadística (art. 8). El incumplimiento reiterado es infracción grave a efectos disciplinarios (art. 9.3).
El derecho de acceso corresponde a cualquier persona, sin necesidad de motivar la solicitud ni acreditar interés legítimo (art. 17.3); es distinto del acceso al expediente de los interesados (LPAC).
Los límites del art. 14 son doce y exigen test del daño e interés superior (aplicación justificada y proporcionada); las causas de inadmisión del art. 18 (cinco) no exigen ponderación: información en curso de elaboración, de carácter auxiliar o de apoyo, que requiera reelaboración, dirigida a órgano sin la información cuando se desconoce el competente, y manifiestamente repetitiva o abusiva.
Datos especialmente protegidos (ideología, afiliación sindical, religión, creencias): consentimiento expreso y por escrito, salvo que el afectado los haya hecho manifiestamente públicos (art. 15.1). Salud, origen racial, vida sexual, datos genéticos o biométricos: consentimiento expreso o norma con rango de ley.
Plazo de resolución: un mes desde la recepción por el órgano competente, ampliable por otro mes; silencio negativo (art. 20). Alegaciones de terceros: 15 días (art. 19.3), con suspensión del plazo.
La reclamación ante el CTBG (art. 24) es potestativa, sustitutiva de los recursos administrativos y previa al contencioso-administrativo; plazo de interposición de un mes; resolución en tres meses, con silencio desestimatorio.
El CTBG es un organismo público con personalidad jurídica propia, independiente, adscrito al ministerio competente (hoy Transformación Digital y Función Pública); su Presidente se nombra por cinco años, sin posibilidad de renovación, previa comparecencia en el Congreso. Estatuto: Real Decreto 919/2014.
Ámbito del buen gobierno: miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y altos cargos de la AGE y de su sector público; los principios se extienden a altos cargos de CCAA y EELL (art. 25.2).
Los principios de buen gobierno se dividen en generales y de actuación (art. 26); no existe una categoría separada de «principios éticos» en la ley.
El régimen sancionador distingue infracciones muy graves, graves y leves en tres ámbitos: conflictos de intereses, gestión económico-presupuestaria y disciplinarias.
CCAA y EELL tuvieron dos años para adaptarse; la ley estatal actúa como legislación básica de mínimos y es supletoria respecto de regímenes especiales de acceso.
Trampa de examen: no confundir los límites del art. 14 con las causas de inadmisión del art. 18, ni la reclamación del art. 24 (potestativa) con un recurso de alzada obligatorio.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
Para acceder a información que contenga datos sobre la afiliación sindical de una persona, la Ley 19/2013 exige con carácter general:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 7 de Administrativo del Estado?
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, tiene un triple objeto (art. 1): ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública mediante obligaciones de publicidad activa, reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información pública y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, con las consecuencias jurídicas de su incumplimiento. Se estructura en un Título Preliminar, tres Títulos (Título I, de la transparencia de la actividad pública, que incluye el ámbito subjetivo, la publicidad activa y el derecho de acceso; Título II, del buen gobierno; y Título III, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno).
¿Qué hay que memorizar del Tema 7 para el examen?
Triple objeto de la Ley 19/2013: publicidad activa, derecho de acceso a la información pública y buen gobierno con su régimen de infracciones y sanciones. Estructura: Título Preliminar (art. 1); Título I, transparencia (ámbito subjetivo arts. 2-4, publicidad activa arts. 5-11, derecho de acceso arts. 12-24); Título II, buen gobierno (arts. 25-32); Título III, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El derecho de acceso está en el Título I, no en el II. El ámbito subjetivo es muy amplio: AGE, CCAA, Ceuta y Melilla, Administración Local, Seguridad Social, sector público institucional, universidades públicas, corporaciones de Derecho público y, respecto de su actividad sujeta a Derecho administrativo, la Casa del Rey, Congreso, Senado, TC, CGPJ, Banco de España, Consejo de Estado, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y CES. Sujetos privados: partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades que reciban ayudas o subvenciones públicas superiores a 100.000 euros, o al menos el 40 % de sus ingresos anuales (con un mínimo de 5.000 euros). Tres bloques de publicidad activa: institucional, organizativa y de planificación (art. 6); relevancia jurídica (art. 7); económica, presupuestaria y estadística (art. 8). El incumplimiento reiterado es infracción grave a efectos disciplinarios (art. 9.3). El derecho de acceso corresponde a cualquier persona, sin necesidad de motivar la solicitud ni acreditar interés legítimo (art. 17.3); es distinto del acceso al expediente de los interesados (LPAC). Los límites del art. 14 son doce y exigen test del daño e interés superior (aplicación justificada y proporcionada); las causas de inadmisión del art. 18 (cinco) no exigen ponderación: información en curso de elaboración, de carácter auxiliar o de apoyo, que requiera reelaboración, dirigida a órgano sin la información cuando se desconoce el competente, y manifiestamente repetitiva o abusiva. Datos especialmente protegidos (ideología, afiliación sindical, religión, creencias): consentimiento expreso y por escrito, salvo que el afectado los haya hecho manifiestamente públicos (art. 15.1). Salud, origen racial, vida sexual, datos genéticos o biométricos: consentimiento expreso o norma con rango de ley. Plazo de resolución: un mes desde la recepción por el órgano competente, ampliable por otro mes; silencio negativo (art. 20). Alegaciones de terceros: 15 días (art. 19.3), con suspensión del plazo. La reclamación ante el CTBG (art. 24) es potestativa, sustitutiva de los recursos administrativos y previa al contencioso-administrativo; plazo de interposición de un mes; resolución en tres meses, con silencio desestimatorio. El CTBG es un organismo público con personalidad jurídica propia, independiente, adscrito al ministerio competente (hoy Transformación Digital y Función Pública); su Presidente se nombra por cinco años, sin posibilidad de renovación, previa comparecencia en el Congreso. Estatuto: Real Decreto 919/2014. Ámbito del buen gobierno: miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y altos cargos de la AGE y de su sector público; los principios se extienden a altos cargos de CCAA y EELL (art. 25.2). Los principios de buen gobierno se dividen en generales y de actuación (art. 26); no existe una categoría separada de «principios éticos» en la ley. El régimen sancionador distingue infracciones muy graves, graves y leves en tres ámbitos: conflictos de intereses, gestión económico-presupuestaria y disciplinarias. CCAA y EELL tuvieron dos años para adaptarse; la ley estatal actúa como legislación básica de mínimos y es supletoria respecto de regímenes especiales de acceso. Trampa de examen: no confundir los límites del art. 14 con las causas de inadmisión del art. 18, ni la reclamación del art. 24 (potestativa) con un recurso de alzada obligatorio.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE-A-2013-12887, texto consolidado).
Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 13 y 112.2).
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (disposición adicional décima).