Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1). La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo IV) con un temario distinto, no cubierto aquí.
El documento, el registro y el archivo son elementos centrales de la actividad administrativa: el documento es el soporte de la actuación de la Administración, el registro deja constancia oficial de la entrada y salida de esos documentos, y el archivo garantiza su conservación, organización y disponibilidad a lo largo de todo su ciclo de vida. La Ley 39/2015 regula los documentos administrativos y las copias (arts. 26 a 28), los registros (art. 16), el archivo electrónico único (art. 17) y el expediente (art. 70); la legislación de patrimonio histórico (Ley 16/1985) y el Real Decreto 1708/2011 ordenan el sistema de archivos.
El documento administrativo es todo soporte que contiene información producida o recibida en el ejercicio de sus funciones por una Administración pública. Se entiende por documentos públicos administrativos los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas, que las Administraciones emitirán por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia (art. 26.1 Ley 39/2015). Puede clasificarse según su naturaleza en documentos de decisión (resoluciones, acuerdos), de transmisión (comunicaciones, notificaciones, publicaciones), de constancia (actas, certificados, diligencias) y de juicio (informes). Cada vez tiene mayor peso el documento electrónico, que según el art. 26.2 Ley 39/2015 debe: contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado; disponer de los datos de identificación que permitan su individualización; incorporar una referencia temporal del momento en que ha sido emitido; incorporar los metadatos mínimos exigidos; e incorporar las firmas electrónicas que correspondan.
Funciones del documento administrativo
Función de constancia (deja reflejo permanente de actos, hechos o manifestaciones de voluntad); función de comunicación (transmite información o decisiones entre órganos o hacia el ciudadano, siendo la notificación su manifestación más característica); función de garantía (para la Administración y para el ciudadano, que puede conocer el contenido de los actos que le afectan); y función probatoria (goza de presunción de validez y eficacia en el procedimiento y en un eventual proceso judicial). A ello se añaden la función de soporte de la actuación administrativa y la de fuente para la historia y la investigación.
Clasificación de los documentos administrativos según su finalidad
Documentos de decisión (recogen una declaración de voluntad de un órgano competente: resoluciones, acuerdos); documentos de transmisión (comunican un hecho, acto o acuerdo: notificaciones, publicaciones, oficios); documentos de constancia (recogen una declaración de conocimiento: actas, certificados); y documentos de juicio (contienen una declaración de valoración técnica o jurídica: informes). A esta clasificación se suman los documentos de los ciudadanos (instancia o solicitud, declaración responsable, comunicación, alegaciones, recurso, denuncia, reclamación, queja o sugerencia), que son los que los administrados dirigen a la Administración.
Los documentos de los ciudadanos: la solicitud o instancia
La solicitud de iniciación de un procedimiento a instancia de parte debe contener, conforme al art. 66.1 Ley 39/2015: nombre y apellidos del interesado y, en su caso, del representante, así como la identificación del medio electrónico o, en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación; los hechos, razones y petición en que se concrete la solicitud; lugar y fecha; firma o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio; y órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su código de identificación (código DIR3). Las Administraciones pueden establecer modelos específicos de presentación (formularios) para procedimientos masivos, que estarán a disposición de los interesados en las sedes electrónicas. Si la solicitud no reúne los requisitos, se requiere al interesado para que subsane en diez días (art. 68).
La resolución y el acuerdo como documentos de decisión
La resolución pone fin a un procedimiento, resolviendo todas las cuestiones planteadas, con estructura formal: encabezamiento, antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y parte dispositiva. El acuerdo recoge las decisiones de órganos colegiados conforme a sus reglas de funcionamiento, votación y quórum, plasmándose habitualmente en un acta que da fe de la sesión. La resolución debe ser motivada en los casos del art. 35 Ley 39/2015 y debe decidir todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento (art. 88).
La notificación, la publicación y el oficio como documentos de transmisión
La notificación comunica a un interesado el texto íntegro de una resolución, con indicación de si pone fin a la vía administrativa y de los recursos procedentes; es requisito de eficacia, no de validez, del acto (arts. 39 y 40 Ley 39/2015). La publicación cumple igual función cuando los destinatarios son una pluralidad indeterminada. El oficio es el documento de comunicación entre órganos administrativos o con otras instituciones. Otros documentos de transmisión son la comunicación, la citación, el requerimiento y el aviso.
El acta y el certificado como documentos de constancia
El acta recoge los hechos y acuerdos de una reunión de un órgano colegiado o el desarrollo de una actuación administrativa, dando fe de lo sucedido cuando la suscribe quien tiene atribuida la fe pública. En los órganos colegiados la persona titular de la Secretaría levanta acta de cada sesión (art. 18 Ley 40/2015), que debe especificar los asistentes, el orden del día, las circunstancias del lugar y tiempo, los puntos principales de las deliberaciones, la forma y el resultado de la votación y el contenido de los acuerdos adoptados. El certificado acredita, a solicitud del interesado o de oficio, un hecho, acto o situación que consta en los archivos; la certificación de actos presuntos acredita la producción del silencio administrativo.
El informe como documento de juicio
Contiene una declaración de valoración técnica o jurídica sobre las cuestiones de un procedimiento. Se distingue entre informes preceptivos (exigidos por norma) y facultativos, y entre vinculantes (deben seguirse necesariamente) y no vinculantes (regla general: art. 80.1 Ley 39/2015 señala que, salvo disposición expresa en contrario, son facultativos y no vinculantes). Deben evacuarse en diez días salvo plazo distinto establecido en la norma; su falta de emisión en plazo permite proseguir las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad de quien incurra en la demora, aunque cuando el informe sea preceptivo y determinante del contenido de la resolución se podrá suspender el plazo máximo para resolver (art. 22.1.d).
Características formales de los documentos administrativos
Producirse por escrito, con indicación de lugar, fecha, órgano emisor e identificación de quien lo suscribe; emplear un lenguaje claro y comprensible; contener firma manuscrita o electrónica; y, en el caso de documentos electrónicos, incorporar los metadatos exigidos por la normativa de interoperabilidad para su identificación, clasificación, conservación y recuperación. El uso de lenguas cooficiales y los criterios de imagen institucional de la Administración forman parte de la regulación de la producción documental.
El documento administrativo electrónico: validez y copias
Documento administrativo electrónico es el emitido o recibido por una Administración en formato electrónico, con idéntica validez y eficacia que un documento en papel siempre que se garantice su autenticidad, integridad y conservación. Debe incorporar firma electrónica válida y, cuando sea necesario, un sello de tiempo. Las copias auténticas (art. 27 Ley 39/2015) son las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido; tienen la misma validez y eficacia que el documento original. Las copias en soporte papel de documentos electrónicos requieren que incluyan un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación que permita contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos del órgano emisor. Los interesados pueden solicitar la obtención de una copia auténtica de los documentos públicos administrativos que hayan sido emitidos por las Administraciones.
El expediente administrativo electrónico (art. 70 LPAC)
Conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Debe tener formato electrónico, formarse por agregación ordenada de documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias, e incorporar un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita, firmado por la Administración, órgano o entidad actuante, que garantiza la integridad del expediente y permite su recuperación siempre que sea necesario. No forma parte del expediente la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo (notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos), salvo que se trate de informes preceptivos y facultativos solicitados antes de la resolución que ponga fin al procedimiento. El expediente se remite al órgano judicial cuando se interpone recurso contencioso-administrativo.
El registro: concepto y funciones
El registro es la unidad administrativa que deja constancia oficial de la entrada y salida de documentos. Conforme al art. 16 de la Ley 39/2015, cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad vinculado o dependiente de este. También se podrá anotar en el mismo la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida e indicarán la fecha del día en que se produzcan; concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes. Los registros funcionan como una ventanilla única: cualquier persona puede presentar documentos dirigidos a cualquier Administración en el registro electrónico de cualquiera de ellas, así como en las oficinas de asistencia en materia de registros y, entre otros lugares, en las oficinas de Correos.
Funciones del registro
Instrumento, hoy necesariamente electrónico, mediante el que se deja constancia oficial de la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración, y de los documentos que esta remite. Funciones: constancia fehaciente de fecha y hora de presentación (relevante para el cómputo de plazos), emisión de recibo o acuse (justificante de la presentación), distribución interna hacia la unidad competente, garantía de interoperabilidad entre registros, y control de entradas y salidas de la documentación. Es un registro de carácter administrativo, no público ni de fe pública sustantiva: acredita la presentación y su fecha, no la validez ni el contenido del documento.
El Registro Electrónico General y los registros particulares (art. 16 LPAC)
Cada Administración dispone de un Registro Electrónico General para todo documento presentado o recibido; los organismos públicos vinculados o dependientes pueden tener su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el general. Los registros electrónicos de todas las Administraciones deben ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros. En la AGE, el Registro Electrónico General se integra en la plataforma común (GEISER y el Sistema de Interconexión de Registros, SIR) y se publica en la sede electrónica; el SIR permite el intercambio de asientos registrales entre Administraciones sin necesidad de remitir el papel.
Lugares de presentación de documentos (art. 16.4 LPAC)
El registro electrónico de la Administración u organismo al que se dirijan, así como los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos del art. 2.1; las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca; las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero; las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros; y cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. Los documentos presentados de manera presencial deben ser digitalizados por la oficina de asistencia en materia de registros, devolviéndose los originales al interesado salvo cuando la norma determine la custodia por la Administración (art. 16.5). Los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente (art. 14.2) deben presentar sus documentos en el registro electrónico; si no lo hacen, se les requiere para que subsanen, considerándose fecha de presentación la de la subsanación (art. 68.4).
Cómputo de plazos en el registro electrónico (art. 31 LPAC)
El registro electrónico permite la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas. A efectos del cómputo de plazos imputables a los interesados, la fecha y hora oficial es la de la sede electrónica de acceso, que debe contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar visible. La presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. El plazo de presentación se computa conforme a la hora de la sede en el último día hábil. Los sábados son inhábiles a efectos de cómputo de plazos desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015 (art. 30.2).
Entrada y salida de documentos: el ciclo registral
El ciclo de vida de un documento en el registro comprende: la recepción (llegada material del documento); el asiento de entrada (anotación con número, fecha, hora, remitente, destinatario y extracto, generando recibo); la distribución a la unidad competente; y, en su caso, el asiento de salida (cuando la Administración remite un documento a otro órgano o particular). Este doble sistema permite reconstruir el itinerario completo del documento. El número de registro identifica de forma unívoca cada asiento. En la AGE, el servicio de registro se presta mediante las oficinas de asistencia en materia de registros, el Registro Electrónico General y la herramienta GEISER.
El archivo: concepto en su doble sentido
Como institución o servicio, es la unidad encargada de la custodia, organización, conservación y difusión de la documentación producida o recibida por una Administración. Como conjunto documental (fondo de archivo), es la totalidad de los documentos, con independencia de su fecha, forma o soporte, producidos o recibidos en el ejercicio de sus actividades por una persona o entidad y conservados como testimonio e información. Forman parte del patrimonio documental español, entre otros, los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público (art. 49 Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español).
Funciones del archivo
Función de custodia y conservación (integridad frente al deterioro o pérdida); función de organización (clasificación, ordenación y descripción de fondos según criterios archivísticos); función de servicio administrativo (proporciona a la propia Administración la documentación necesaria para su gestión); y función de servicio a la investigación y a la ciudadanía (acceso a los documentos conservados, con los límites legales). El archivo cumple además una función de garantía de derechos (permite acreditar situaciones jurídicas), de gestión (apoya la tramitación de los procedimientos) y de memoria histórica (patrimonio documental).
Clases de archivo según la teoría de las tres edades
Según la teoría de las tres edades del documento (ciclo vital), se distingue entre archivo de gestión u oficina (documentos en trámite o de uso frecuente, en la propia unidad productora; fase activa), archivo central o intermedio (documentos que han finalizado su tramitación pero conservan valor administrativo, custodiados centralizadamente; fase semiactiva) y archivo histórico (documentos que han perdido su vigencia administrativa pero conservan valor informativo, jurídico o cultural permanente, para su conservación definitiva; fase inactiva). En la AGE, el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado se regula en el Real Decreto 1708/2011, que contempla archivos de oficina o gestión, archivos centrales de cada departamento, archivos intermedios (como el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares) y archivos históricos (el Archivo Histórico Nacional, el Archivo General de Simancas y otros archivos estatales).
Clases de archivo: de gestión, central, intermedio e histórico
Archivo de gestión u oficina: mientras se tramita el expediente y en el periodo inmediato posterior, bajo custodia de la unidad productora. Archivo central: recibe expedientes finalizados de los archivos de gestión de su ministerio u organismo, con valor administrativo relevante. Archivo intermedio: documentos que han perdido vigencia inmediata pero se conservan por seguridad jurídica, aplicándose criterios de valoración (selección y eliminación o conservación permanente). Archivo histórico: conservación permanente de documentos con valor informativo o cultural, abiertos a la investigación. Entre unos y otros archivos los documentos circulan mediante transferencias regulares con relaciones de entrega y calendarios de transferencia.
Valoración, selección y eliminación de documentos
La valoración documental determina el valor administrativo, fiscal, jurídico, informativo e histórico de las series documentales y establece los plazos de conservación o eliminación. La eliminación de documentos de las Administraciones Públicas no puede hacerse sin autorización de las comisiones calificadoras competentes: en la AGE, la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos (CSCDA), conforme al Real Decreto 1164/2002 sobre conservación del patrimonio documental con valor histórico y control de la eliminación de otros documentos de la Administración. Se aplican criterios de selección (conservación íntegra, muestreo o eliminación) y se documenta el proceso mediante tablas de valoración y calendarios de conservación. La eliminación de documentos en papel digitalizados con copia auténtica está permitida cuando se garantizan los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad.
Principios y elementos de la organización archivística
Principio de procedencia (los documentos de un mismo productor no se mezclan con los de otros: respeto al fondo) y principio de respeto al orden original (se mantiene la estructura que el productor dio a los documentos). Elementos de organización: fondo (conjunto de documentos de un productor), sección (división del fondo según la estructura orgánica o funciones), serie (documentos generados por una misma actividad o función y que responden a un mismo trámite), expediente (unidad documental compuesta) y documento simple. El cuadro de clasificación representa esa estructura jerárquica. Descripción: instrumentos de descripción como la guía, el inventario, el catálogo y los índices, según normas internacionales como ISAD(G). La signatura topográfica indica la ubicación física de cada unidad de instalación (caja, legajo, carpeta).
Criterios de ordenación de archivos
Ordenación cronológica (según fecha de producción o recepción); ordenación alfabética (a partir de un elemento identificativo: nombre, entidad, materia, topónimo); ordenación numérica (número correlativo asignado en el momento de producción, por ejemplo, número de expediente o de registro); ordenación por materias o asuntos (agrupación temática, propia de los cuadros de clasificación archivística de las grandes Administraciones); y ordenación geográfica o topográfica (por lugares). También existen sistemas mixtos que combinan varios criterios: por ejemplo, ordenación cronológico-numérica dentro de cada serie. El criterio elegido debe permitir recuperar con rapidez la información y mantener el orden original del productor.
El archivo electrónico único (art. 17 LPAC)
Cada Administración debe mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable. Los documentos electrónicos deben conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión, asegurando la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes. Los medios o soportes en que se almacenen documentos deben contar con medidas de seguridad, de acuerdo con el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados; en particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos. La Ley 40/2015 (art. 46) establece que todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.
El acceso a los documentos administrativos: vías jurídicas distintas
El derecho de acceso a expedientes por los interesados en un procedimiento concreto (art. 53.1.a Ley 39/2015); el derecho de acceso a la información pública reconocido a cualquier ciudadano sin motivación (Ley 19/2013, art. 12 y ss.), cuyo plazo de resolución es de un mes (ampliable por otro mes) con silencio negativo y posibilidad de reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno; y el derecho de acceso a los archivos históricos regulado por la legislación de patrimonio documental (Ley 16/1985 y Real Decreto 1708/2011), que reconoce un derecho amplio de consulta pública con los límites propios de la documentación sensible.
Límites al acceso por razón de datos personales y de seguridad
El art. 15 de la Ley 19/2013 protege los datos personales. Si la información contuviera datos que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso solo se autoriza con consentimiento expreso y por escrito del afectado, salvo que este los hubiera hecho manifiestamente públicos antes de la solicitud. Si incluyese datos que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, datos genéticos o biométricos, o datos relativos a infracciones penales o administrativas que no conlleven amonestación pública, el acceso solo se autoriza con consentimiento expreso del afectado o si está amparado por una norma con rango de ley. Para el resto de datos personales, se pondera el interés público en la divulgación frente a los derechos de los afectados, atendiendo entre otros criterios al transcurso de los plazos de la legislación de archivos. En materia de patrimonio documental, el art. 57 de la Ley 16/1985 restringe la consulta pública de documentos con datos personales de carácter policial, procesal, clínico o que afecten a la seguridad, honor o intimidad hasta que hayan transcurrido veinticinco años desde la muerte de los afectados o, si no se conoce la fecha, cincuenta años desde la fecha de los documentos, salvo consentimiento expreso. Los documentos clasificados como secretos oficiales se rigen por su normativa específica.
Formas de ejercicio del acceso a los documentos
Consulta directa en las dependencias de la Administración o del archivo; expedición de copia simple o copia auténtica, en papel o electrónica; expedición de certificado que acredite el contenido de un documento o dato concreto; y, en el ámbito electrónico, acceso telemático directo a través de la sede electrónica o la carpeta ciudadana, previa identificación fehaciente del interesado. La Ley 39/2015 reconoce el derecho a no presentar documentos que ya obren en poder de las Administraciones (art. 28), que estas pueden recabar mediante consulta de las plataformas de intermediación de datos.
Herramientas de la AGE para documentos, registros y archivo
Entre los sistemas comunes de la Administración General del Estado: GEISER (gestión integrada de servicios de registro) y el Sistema de Interconexión de Registros (SIR), para el registro y el intercambio de asientos entre Administraciones; el Registro Electrónico General de la AGE y el Registro Electrónico de Apoderamientos (art. 6 Ley 39/2015); INSIDE, sistema de gestión de documentos y expedientes electrónicos; ARCHIVE, para la gestión del archivo electrónico; la Plataforma de Intermediación de Datos, para consultar datos de otras Administraciones; el sistema Cl@ve, para la identificación electrónica; y el Código DIR3, directorio común de unidades orgánicas y oficinas, que identifica los órganos destinatarios de los documentos.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El documento administrativo electrónico (art. 26.2 Ley 39/2015) debe contener información archivada en soporte electrónico en un formato determinado, tener datos de identificación, referencia temporal, metadatos mínimos y firmas electrónicas. La integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación son los requisitos de seguridad que deben garantizar los soportes del archivo electrónico (art. 17.3).
Cuatro clases de documentos según su finalidad: de decisión (resoluciones, acuerdos), de transmisión (notificaciones, publicaciones, oficios), de constancia (actas, certificados) y de juicio (informes).
La notificación es requisito de eficacia, no de validez, del acto administrativo; debe incluir el texto íntegro, si pone fin a la vía administrativa y los recursos procedentes.
Los informes deben evacuarse en diez días salvo plazo distinto; son facultativos y no vinculantes salvo disposición expresa; si son preceptivos y determinantes, su falta puede suspender el plazo para resolver (art. 22.1.d).
El expediente administrativo electrónico (art. 70 LPAC) se forma por agregación ordenada de documentos con índice numerado, y no incluye la información auxiliar o de apoyo (notas, borradores, comunicaciones internas).
El registro deja constancia de entrada y salida de documentos, con fecha y hora relevantes para el cómputo de plazos; el archivo se ocupa de su custodia, organización, conservación y difusión posteriores.
Cada Administración debe disponer de un Registro Electrónico General (art. 16 LPAC); los registros particulares de organismos deben ser plenamente interoperables y estar interconectados con el general.
Lugares de presentación de documentos (art. 16.4 LPAC): registro electrónico del destinatario y de las demás Administraciones, oficinas de Correos, representaciones diplomáticas y consulares, y Oficinas de Asistencia en Materia de Registros.
El registro electrónico permite la presentación los 365 días del año, 24 horas; la presentación en día inhábil se entiende realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente (art. 31 LPAC). Los sábados son inhábiles (art. 30.2).
Teoría de las tres edades del documento: archivo de gestión u oficina (uso corriente, en la unidad productora), archivo central o intermedio (valor administrativo residual) y archivo histórico (valor informativo o cultural permanente).
Criterios de ordenación de archivos: cronológico, alfabético, numérico, por materias o asuntos y geográfico, según el cuadro de clasificación de cada organismo; principios de procedencia y de respeto al orden original.
Tres vías jurídicas distintas de acceso a documentos: acceso a expedientes por los interesados (LPAC), acceso a la información pública para cualquier ciudadano sin motivación (Ley 19/2013) y acceso a archivos históricos (legislación de patrimonio documental).
El archivo electrónico único (art. 17 LPAC) conserva los documentos electrónicos de procedimientos finalizados, garantizando autenticidad, integridad y conservación.
La eliminación de documentos de la AGE requiere el dictamen de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos (RD 1164/2002).
La certificación de actos presuntos es el documento que acredita la producción del silencio administrativo.
Patrimonio documental (Ley 16/1985): consulta restringida de documentos con datos personales sensibles hasta 25 años desde el fallecimiento del afectado o 50 años desde la fecha del documento si se ignora.
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
¿Qué criterio de ordenación archivística agrupa los documentos por números correlativos de expediente o de registro?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 2 de Administrativo del Estado?
El documento, el registro y el archivo son elementos centrales de la actividad administrativa: el documento es el soporte de la actuación de la Administración, el registro deja constancia oficial de la entrada y salida de esos documentos, y el archivo garantiza su conservación, organización y disponibilidad a lo largo de todo su ciclo de vida. La Ley 39/2015 regula los documentos administrativos y las copias (arts. 26 a 28), los registros (art. 16), el archivo electrónico único (art. 17) y el expediente (art. 70); la legislación de patrimonio histórico (Ley 16/1985) y el Real Decreto 1708/2011 ordenan el sistema de archivos.
¿Qué hay que memorizar del Tema 2 para el examen?
El documento administrativo electrónico (art. 26.2 Ley 39/2015) debe contener información archivada en soporte electrónico en un formato determinado, tener datos de identificación, referencia temporal, metadatos mínimos y firmas electrónicas. La integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación son los requisitos de seguridad que deben garantizar los soportes del archivo electrónico (art. 17.3). Cuatro clases de documentos según su finalidad: de decisión (resoluciones, acuerdos), de transmisión (notificaciones, publicaciones, oficios), de constancia (actas, certificados) y de juicio (informes). La notificación es requisito de eficacia, no de validez, del acto administrativo; debe incluir el texto íntegro, si pone fin a la vía administrativa y los recursos procedentes. Los informes deben evacuarse en diez días salvo plazo distinto; son facultativos y no vinculantes salvo disposición expresa; si son preceptivos y determinantes, su falta puede suspender el plazo para resolver (art. 22.1.d). El expediente administrativo electrónico (art. 70 LPAC) se forma por agregación ordenada de documentos con índice numerado, y no incluye la información auxiliar o de apoyo (notas, borradores, comunicaciones internas). El registro deja constancia de entrada y salida de documentos, con fecha y hora relevantes para el cómputo de plazos; el archivo se ocupa de su custodia, organización, conservación y difusión posteriores. Cada Administración debe disponer de un Registro Electrónico General (art. 16 LPAC); los registros particulares de organismos deben ser plenamente interoperables y estar interconectados con el general. Lugares de presentación de documentos (art. 16.4 LPAC): registro electrónico del destinatario y de las demás Administraciones, oficinas de Correos, representaciones diplomáticas y consulares, y Oficinas de Asistencia en Materia de Registros. El registro electrónico permite la presentación los 365 días del año, 24 horas; la presentación en día inhábil se entiende realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente (art. 31 LPAC). Los sábados son inhábiles (art. 30.2). Teoría de las tres edades del documento: archivo de gestión u oficina (uso corriente, en la unidad productora), archivo central o intermedio (valor administrativo residual) y archivo histórico (valor informativo o cultural permanente). Criterios de ordenación de archivos: cronológico, alfabético, numérico, por materias o asuntos y geográfico, según el cuadro de clasificación de cada organismo; principios de procedencia y de respeto al orden original. Tres vías jurídicas distintas de acceso a documentos: acceso a expedientes por los interesados (LPAC), acceso a la información pública para cualquier ciudadano sin motivación (Ley 19/2013) y acceso a archivos históricos (legislación de patrimonio documental). El archivo electrónico único (art. 17 LPAC) conserva los documentos electrónicos de procedimientos finalizados, garantizando autenticidad, integridad y conservación. La eliminación de documentos de la AGE requiere el dictamen de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos (RD 1164/2002). La certificación de actos presuntos es el documento que acredita la producción del silencio administrativo. Patrimonio documental (Ley 16/1985): consulta restringida de documentos con datos personales sensibles hasta 25 años desde el fallecimiento del afectado o 50 años desde la fecha del documento si se ignora.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 16, 17, 26, 27, 28, 31, 66, 70 y 80.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 18 y 46.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, arts. 12-15.
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, Título VII (arts. 48 y ss.).
Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso.
Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, por el que se regula la conservación del patrimonio documental con valor histórico, el control de la eliminación de otros documentos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos y la conservación de documentos administrativos en soporte distinto al original.
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