Tema 7. Políticas de igualdad y contra la violencia de género. Políticas de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI. Discapacidad y dependencia: régimen jurídico.
Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1). La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo IV) con un temario distinto, no cubierto aquí.
El ordenamiento español dispone de un marco normativo propio para las políticas de igualdad entre mujeres y hombres (Ley Orgánica 3/2007 y Ley Orgánica 2/2024 de paridad), contra la violencia de género (Ley Orgánica 1/2004), para la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBI (Ley 15/2022 y Ley 4/2023), y para la protección de las personas con discapacidad (Real Decreto Legislativo 1/2013) y en situación de dependencia (Ley 39/2006). Todas se fundamentan en los arts. 1.1, 9.2, 10, 14 y 49 CE, y se aplican de forma transversal a toda la actuación de las Administraciones públicas.
El art. 14 CE proclama la igualdad ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; es un derecho fundamental susceptible de amparo (art. 53.2 CE). El art. 9.2 CE impone a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud: es el fundamento de la igualdad material y de las acciones positivas, que el Tribunal Constitucional ha admitido cuando son razonables, proporcionadas y temporales. El art. 10.1 CE (dignidad de la persona) y el art. 10.2 (interpretación conforme a los tratados internacionales) sirven de base a la protección de personas con discapacidad, víctimas y minorías. El art. 35.1 CE reconoce el derecho al trabajo sin que pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Conviene distinguir: igualdad formal (art. 14), igualdad material (art. 9.2), discriminación directa, discriminación indirecta y acción positiva.
La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y estructura
Tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural (art. 1). Es de aplicación a todas las personas que se encuentren o actúen en territorio español. Se estructura en un Título Preliminar, y Títulos sobre el principio de igualdad y la tutela contra la discriminación (Título I), las políticas públicas para la igualdad (Título II), la igualdad y los medios de comunicación (Título III), el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades (Título IV), el principio de igualdad en el empleo público (Título V), la igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios (Título VI), la igualdad en la responsabilidad social de las empresas (Título VII) y las disposiciones organizativas (Título VIII). No toda ella tiene rango orgánico: lo tienen solo los preceptos que desarrollan derechos fundamentales; el resto son ordinarios.
Conceptos básicos de la LO 3/2007 (arts. 3 a 11)
Principio de igualdad de trato (art. 3): ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. Discriminación directa (art. 6.1): situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Discriminación indirecta (art. 6.2): situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular respecto de personas del otro, salvo que puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzarla sean necesarios y adecuados. Acoso sexual y acoso por razón de sexo (art. 7): ambos constituyen discriminación por razón de sexo; el condicionamiento de un derecho a la aceptación de una situación de acoso se considera también acto de discriminación. Discriminación por embarazo o maternidad (art. 8): todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. Indemnidad frente a represalias (art. 9). Consecuencias jurídicas (art. 10): los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad. Acciones positivas (art. 11): con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de igualdad, los poderes públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres; tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido.
Tutela judicial e inversión de la carga de la prueba (arts. 12 y 13 LO 3/2007)
Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, incluso tras la terminación de la relación en que se haya producido la discriminación (art. 12). Están legitimadas, además, las personas físicas o jurídicas con interés legítimo, conforme a lo previsto en las leyes procesales. En los procedimientos en que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponderá a la parte demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad, una vez que la actora haya aportado indicios fundados de discriminación (art. 13). La inversión de la carga de la prueba no se aplica a los procesos penales. Se completa con el principio de tutela frente a represalias, la legitimación de organizaciones sindicales y asociaciones, y la nulidad de las medidas discriminatorias.
Políticas públicas para la igualdad: transversalidad, criterios y planes (arts. 14 a 21)
Criterios generales de actuación de los poderes públicos (art. 14): compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres; integración del principio de igualdad en la política y colaboración entre las Administraciones; participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones; adopción de medidas contra la violencia de género y contra la discriminación; protección de la maternidad; consideración de la singularidad de mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad; y remoción de obstáculos y estereotipos sociales que supongan discriminación. Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres (art. 15): informa, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos; las Administraciones lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades (mainstreaming de género). Nombramientos (art. 16): los poderes públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan. Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (art. 17): el Gobierno aprobará periódicamente, con carácter plurianual, un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. Informe de impacto de género (art. 19): los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género. Colaboración y cooperación entre Administraciones (art. 21).
Composición equilibrada y paridad. LO 2/2024
La disposición adicional primera de la LO 3/2007 define la presencia o composición equilibrada como aquella en la que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superan el 60 por ciento ni son menos del 40 por ciento. Este umbral 60/40 se aplica a los nombramientos de órganos directivos y a los órganos de selección y valoración del empleo público (art. 53: los tribunales y órganos de selección del personal al servicio de la AGE y organismos públicos se ajustarán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas). La Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, ha reforzado este marco: introduce la noción de representación paritaria en los órganos constitucionales y del Gobierno, listas electorales y consejos de administración de sociedades cotizadas y otras entidades, y modifica la LO 3/2007 para actualizar sus definiciones. Es una novedad que conviene conocer por su proyección sobre los nombramientos de los órganos directivos.
Igualdad en el empleo público y planes de igualdad (arts. 51 a 64 y 45 a 49 LO 3/2007)
Las Administraciones públicas deben remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el empleo público (art. 51). Entre los criterios de actuación se incluyen: facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral sin menoscabo de la promoción profesional, fomentar la formación en igualdad, promover la presencia equilibrada en los órganos de selección y valoración, establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y por razón de sexo (art. 62: protocolo de actuación) y establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta. El Gobierno aprobará, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella (art. 64), cuyos objetivos y contenidos se negocian con la representación legal de los empleados públicos. En el ámbito privado, las empresas están obligadas a negociar y, en su caso, acordar planes de igualdad cuando tengan cincuenta o más personas trabajadoras (art. 45, tras el Real Decreto-ley 6/2019), con diagnóstico previo y registro; el Real Decreto 901/2020 regula los planes de igualdad y el Real Decreto 902/2020 la igualdad retributiva (registro retributivo y auditoría salarial).
Conciliación y corresponsabilidad: permisos por nacimiento y cuidado de menor
El Real Decreto-ley 6/2019, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, equiparó el permiso por nacimiento de la madre biológica y del progenitor distinto de la madre biológica en dieciséis semanas cada uno. El Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, los amplió a diecinueve semanas cada uno, de carácter intransferible, y a treinta y dos semanas en los supuestos de monoparentalidad (art. 49 TREBEP para el empleo público; art. 48 del Estatuto de los Trabajadores para el sector privado). De esas diecinueve semanas, las seis primeras son ininterrumpidas, inmediatamente posteriores al parto y de disfrute obligatorio a jornada completa; once se disfrutan voluntariamente, en períodos semanales, hasta que el menor cumpla doce meses, y las dos últimas hasta que cumpla ocho años. Otras medidas de conciliación son la reducción de jornada por cuidado de menores o familiares, las excedencias y los permisos por lactancia.
Instituciones y órganos de la igualdad
El Ministerio de Igualdad (creado en 2020) ejerce las competencias de la AGE en igualdad y violencia contra las mujeres; de él depende el Instituto de las Mujeres (organismo autónomo creado por la Ley 16/1983, antes Instituto de la Mujer), que promueve y fomenta las condiciones para la igualdad de los sexos. El Título VIII de la LO 3/2007 (disposiciones organizativas) crea la Comisión Interministerial de Igualdad entre Mujeres y Hombres, las Unidades de Igualdad en cada Ministerio (para asegurar la integración del principio de igualdad en las políticas) y el Consejo de Participación de la Mujer, órgano colegiado de consulta y participación de las asociaciones de mujeres. En el ámbito de la violencia, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: objeto y concepto
Tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia (art. 1.1). Comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad (art. 1.3). La ley establece medidas integrales de sensibilización, prevención, detección y asistencia a las víctimas, y establece normas procesales, penales, laborales y de Seguridad Social. Debe distinguirse de la violencia doméstica (que abarca a otros miembros de la unidad familiar, tipificada en el art. 173.2 del Código Penal) y de la violencia sexual (LO 10/2022). Reformas posteriores han ampliado la protección a menores expuestos a la violencia y han reconocido la violencia vicaria. España ratificó el Convenio de Estambul (Consejo de Europa, 2011) en 2014, cuyo concepto de violencia contra la mujer es más amplio que el de la LO 1/2004, y la Directiva (UE) 2024/1385 sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica debe transponerse en 2027.
Estructura y derechos de las víctimas en la LO 1/2004
La LO 1/2004 se estructura en: Título I, medidas de sensibilización, prevención y detección (ámbitos educativo, publicitario, de los medios de comunicación y sanitario); Título II, derechos de las mujeres víctimas de violencia de género; Título III, tutela institucional; Título IV, tutela penal; Título V, tutela judicial. Entre los derechos del Título II: derecho a la información, asesoramiento y asistencia social integral (arts. 18 y 19), asistencia jurídica gratuita inmediata y especializada (art. 20), derechos laborales y de Seguridad Social (art. 21: reducción o reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica, cambio de centro de trabajo, suspensión de la relación laboral con reserva de puesto, extinción del contrato y situación legal de desempleo), programa específico de empleo (art. 22), derechos de las funcionarias públicas (reducción o reordenación de jornada, movilidad, excedencia), ayudas sociales y acceso prioritario a vivienda protegida y residencias públicas para mayores. Para acceder a muchos de estos derechos, la situación de violencia se acredita con orden de protección, sentencia condenatoria, informe del Ministerio Fiscal o, conforme a la normativa vigente, otros medios (informes de servicios sociales o sanitarios).
Tutela institucional, orden de protección y atención a las víctimas
Tutela institucional: la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (art. 29) formula las políticas públicas del Gobierno en la materia y coordina e impulsa las actuaciones; el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (art. 30) es el órgano colegiado de asesoramiento, evaluación, colaboración institucional y elaboración de propuestas; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuentan con unidades especializadas (art. 31). Orden de protección (art. 544 ter LECrim, introducida por la Ley 27/2003): resolución judicial que, ante la existencia de indicios fundados de la comisión de un delito contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de las personas del entorno familiar y una situación objetiva de riesgo, permite adoptar medidas cautelares penales (prohibición de aproximación o comunicación) y civiles (uso de la vivienda familiar, guarda y custodia, alimentos), y activa un estatuto integral de protección. El juez la resuelve en el plazo máximo de 72 horas tras su solicitud, previa audiencia urgente de las partes. Pueden solicitarla la víctima, el Ministerio Fiscal, personas allegadas o los servicios sociales. Recursos de atención: teléfono 016 (gratuito, 24 horas, no deja rastro en la factura), servicio ATENPRO de teleasistencia móvil y dispositivos telemáticos de control de las medidas de alejamiento.
Tutela judicial: Juzgados y Secciones de Violencia sobre la Mujer, y VioGén
Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, creados por la LO 1/2004 (art. 87 ter LOPJ), tienen competencia en el orden penal (instrucción de los delitos contra la vida, integridad, libertad, etc., cometidos contra quien sea o haya sido cónyuge o pareja, y de los delitos contra los derechos y deberes familiares y sobre menores) y en el orden civil (filiación, nulidad, separación, divorcio, guarda de menores y alimentos, cuando alguna de las partes sea víctima de violencia de género y otra autora). Con la implantación de los Tribunales de Instancia prevista en la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, estos juzgados pasan a integrarse como Secciones de Violencia sobre la Mujer, y su competencia se ha extendido a la violencia sexual. La Fiscalía cuenta con la Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer (Fiscal de Sala). Sistema VioGén (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, del Ministerio del Interior, en funcionamiento desde 2007): permite la valoración policial del riesgo (no apreciado, bajo, medio, alto, extremo) mediante cuestionarios estandarizados y el seguimiento coordinado de cada caso por los cuerpos policiales; ha sido objeto de sucesivas actualizaciones técnicas (entre ellas, el desarrollo conocido como VioGén 2) para mejorar sus algoritmos de valoración del riesgo, por lo que conviene comprobar su versión vigente en la fecha del examen. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2017) recoge un conjunto de medidas y financiación para las Administraciones.
Violencia sexual: Ley Orgánica 10/2022
La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (conocida como «solo sí es sí»), regula de manera integral las violencias sexuales: prevención, sensibilización, formación, atención a las víctimas (centros de crisis 24 horas) y reforma del Código Penal, que sitúa el consentimiento en el centro de la definición de los delitos contra la libertad sexual (solo se entiende que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona). Se aplica a cualquier mujer, con independencia de su relación con el agresor, a diferencia de la LO 1/2004.
Igualdad de trato y no discriminación: la Ley 15/2022
La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación tiene por objeto garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, respetar la igual dignidad de las personas en el ejercicio de sus derechos y libertades, y establecer medidas de prevención, reparación y tutela. Prohíbe la discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Define la discriminación directa e indirecta, la discriminación por asociación y por error, la discriminación múltiple e interseccional, el acoso, las represalias y la inducción, orden o instrucción de discriminar. Prevé la inversión de la carga de la prueba y crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, cuya puesta en marcha efectiva (nombramiento de su titular y dotación de medios) ha sido gradual desde la entrada en vigor de la ley, por lo que conviene verificar su situación actual. Incorpora en el ordenamiento español las directivas europeas de igualdad de trato (2000/43/CE y 2000/78/CE) y las completa con un régimen sancionador.
Personas LGTBI: la Ley 4/2023
La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGTBI) tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones para garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans y la de las personas LGTBI, eliminando toda discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, tanto en el ámbito público como privado. Ámbitos de actuación: administraciones públicas (formación, protocolos), ámbito laboral (las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras deben contar con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI), salud, educación, cultura, ocio y deporte, medios de comunicación y familia. Prohíbe las llamadas «terapias de conversión» y regula un régimen de infracciones y sanciones administrativas. La protección penal se complementa con la agravante del art. 22.4.ª del Código Penal (discriminación por orientación o identidad sexual o de género, entre otras razones) y el delito de odio del art. 510 CP.
Rectificación registral de la mención del sexo (Ley 4/2023)
La Ley 4/2023 despatologiza la transexualidad: la rectificación de la mención registral relativa al sexo se realiza mediante declaración de voluntad ante el Registro Civil, sin necesidad de acreditar disforia de género mediante informe médico o psicológico ni la previa modificación de la apariencia corporal mediante tratamiento médico (requisitos que exigía la Ley 3/2007, de 15 de marzo, hoy sustituida). Pueden solicitarla por sí mismas las personas mayores de dieciséis años; las de catorce y quince años, asistidas por sus representantes legales; las de doce y trece años, con autorización judicial en procedimiento de jurisdicción voluntaria; y las menores de doce años no pueden rectificar la mención del sexo. Tras la solicitud, es necesaria una segunda comparecencia de ratificación pasado un plazo (hasta tres meses). Otros derechos: el cambio de nombre registral y la reasignación en documentos oficiales, y el acceso a las técnicas de reproducción asistida sin discriminación por orientación sexual o identidad de género. Por su parte, la Ley 13/2005, de 1 de julio, permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Discapacidad: marco constitucional e internacional
El art. 49 CE fue reformado en febrero de 2024: sustituyó el término «disminuidos» por «personas con discapacidad», y en su nueva redacción reconoce que estas ejercen los derechos del Título I en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas, que se regulará por ley la protección especial a las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes, y que los poderes públicos impulsarán políticas que garanticen su plena autonomía personal e inclusión social, en entornos universalmente accesibles; se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y menores con discapacidad y se regulará la lengua de signos española. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, Nueva York, 13 de diciembre de 2006), ratificada por España y en vigor desde el 3 de mayo de 2008: asume el modelo social y de derechos humanos, frente al modelo médico-rehabilitador y asistencial anterior, y exige ajustes razonables, accesibilidad universal y capacidad jurídica en igualdad de condiciones. Ley 8/2021, de 2 de junio, reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (supresión de la incapacitación y de la patria potestad prorrogada; curatela como medida principal; tutela residual).
Real Decreto Legislativo 1/2013, Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social
El RDLeg 1/2013, de 29 de noviembre, refunde la Ley 13/1982 (LISMI), la Ley 51/2003 (LIONDAU) y la Ley 49/2007 (infracciones y sanciones). Tiene por objeto garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad. Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes, que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás (art. 4.1). A todos los efectos, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento (art. 4.2), y se equiparan a este grado los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y los pensionistas de clases pasivas con pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. El grado se reconoce por el procedimiento del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre.
Principios, conceptos y garantías del RDLeg 1/2013
Principios: respeto de la dignidad, autonomía individual, vida independiente, no discriminación, accesibilidad universal, normalización, diálogo civil, transversalidad de las políticas, y diseño universal o diseño para todas las personas. Conceptos: igualdad de oportunidades; discriminación directa e indirecta; acoso; medidas de acción positiva; ajustes razonables (modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida); accesibilidad universal. Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación son exigibles desde el 4 de diciembre de 2017 respecto de todos los bienes y servicios. La Ley 6/2022 añadió la accesibilidad cognitiva. Empleo: en las empresas de cincuenta o más trabajadores, al menos el 2 por ciento de la plantilla debe ser de personas con discapacidad (art. 42), con medidas alternativas excepcionales; en el empleo público, la reserva del art. 59 TREBEP. Participación: Consejo Nacional de la Discapacidad. Régimen sancionador: infracciones leves, graves y muy graves, con multas de cuantía creciente.
Dependencia: la Ley 39/2006 y el SAAD
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos establecidos en las leyes, mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con la colaboración y participación de todas las Administraciones públicas (art. 1). Dependencia (art. 2): estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria. Titulares (art. 5): españoles que se encuentren en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos y residan en territorio español (y, en los términos legales, las personas extranjeras), durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud. Es el llamado cuarto pilar del Estado del bienestar.
El SAAD: niveles de protección, financiación y órganos
El SAAD responde a una acción coordinada y cooperativa de la AGE y de las Comunidades Autónomas, que podrán participar las Entidades Locales. Niveles de protección (art. 7): nivel mínimo establecido por la AGE para cada beneficiario según el grado y nivel, financiado íntegramente por ella; nivel acordado entre la AGE y cada Comunidad Autónoma mediante convenios; y nivel adicional que cada Comunidad Autónoma puede establecer. Órgano de cooperación: Consejo Territorial del SAAD (art. 8), integrado por el Ministerio competente (hoy el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030), y las Comunidades Autónomas. La gestión efectiva corresponde a las Comunidades Autónomas. Los beneficiarios participan en la financiación de las prestaciones según su capacidad económica (copago, art. 33), sin que nadie quede fuera por falta de recursos.
Grados de dependencia y valoración
Grado I, dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. Grado II, dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador, o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal. Grado III, gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal (art. 26). El Real Decreto-ley 20/2012 suprimió los niveles dentro de cada grado. La situación de dependencia se valora mediante el baremo del Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero. El procedimiento de reconocimiento se inicia a instancia del interesado (art. 28); la resolución de la Comunidad Autónoma determina el grado y, tras el Programa Individual de Atención (PIA), el servicio o la prestación concreta.
Catálogo de servicios y prestaciones económicas
Servicios (art. 15), con carácter prioritario: prevención de las situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal; teleasistencia; ayuda a domicilio (atención de las necesidades del hogar y cuidados personales); centro de día y de noche; y atención residencial. Prestaciones económicas: a) vinculada al servicio (art. 17), cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado; b) para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales (art. 18), de carácter excepcional; c) de asistencia personal (art. 19), para contribuir a la contratación de una asistencia personal que facilite el acceso a la educación y al trabajo y una vida más autónoma. Las personas cuidadoras no profesionales tienen derecho a cotizar a la Seguridad Social mediante convenio especial, cuyo coste volvió a asumir el Estado a partir del Real Decreto-ley 6/2019.
Visión de conjunto: políticas diferenciadas pero conectadas
Aunque comparten fundamento en los arts. 9.2 y 14 CE, cada ámbito tiene su ley específica: LO 3/2007 (igualdad entre mujeres y hombres) y LO 2/2024 (paridad); LO 1/2004 (violencia de género en la pareja o expareja) y LO 10/2022 (violencia sexual); Ley 15/2022 (igualdad de trato y no discriminación, general) y Ley 4/2023 (LGTBI y personas trans); RDLeg 1/2013 (discapacidad) y Ley 39/2006 (dependencia). Se articulan mediante planes y estrategias (por ejemplo, la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, el Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas), con enfoque transversal y de interseccionalidad: las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores o migrantes pueden sufrir una doble o múltiple discriminación.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La LO 3/2007 impone la transversalidad de género (mainstreaming, art. 15) en toda la actuación de las Administraciones públicas, regula las acciones positivas (art. 11), la inversión de la carga de la prueba (art. 13), el informe de impacto de género (art. 19) y los planes de igualdad.
Las definiciones de discriminación directa e indirecta están en el art. 6 de la LO 3/2007 (no en el art. 3, que enuncia el principio de igualdad de trato); el acoso sexual y por razón de sexo, en el art. 7; los actos discriminatorios son nulos y sin efecto (art. 10).
Composición equilibrada: ninguno de los sexos supera el 60 por ciento ni baja del 40 por ciento (disp. adic. 1.ª LO 3/2007). La LO 2/2024 introduce la representación paritaria.
La inversión de la carga de la prueba en discriminación por razón de sexo exige indicios fundados del demandante; no se aplica a los procesos penales.
Empresas de cincuenta o más personas trabajadoras: obligación de planes de igualdad (art. 45 LO 3/2007, tras el RDL 6/2019). El permiso por nacimiento es de diecinueve semanas para cada progenitor, intransferible, y de treinta y dos semanas en monoparentalidad (RDL 9/2025).
La LO 1/2004 protege frente a la violencia ejercida por cónyuges o parejas, actuales o pasadas, aun sin convivencia; es violencia de género en sentido legal solo la ejercida por el hombre contra la mujer en ese ámbito. La violencia sexual en general se regula en la LO 10/2022.
La orden de protección (art. 544 ter LECrim) se resuelve en 72 horas y combina medidas penales y civiles. El teléfono 016 es gratuito, 24 horas y no deja rastro en la factura.
Los antiguos Juzgados de Violencia sobre la Mujer se integran como Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia (LO 1/2025). VioGén valora el riesgo en cinco niveles: no apreciado, bajo, medio, alto, extremo.
La Ley 15/2022 es la ley integral de igualdad de trato y no discriminación (enumera las causas de discriminación y crea la Autoridad Independiente); la Ley 4/2023 es la ley de personas trans y LGTBI. No confundir con el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, que es de otra materia.
Ley 4/2023: rectificación registral del sexo por mera declaración de voluntad, sin informe médico ni tratamiento: a partir de 16 años por sí mismas; 14 y 15 años con asistencia de representantes legales; 12 y 13 años con autorización judicial; menores de 12 años no pueden. Prohíbe las terapias de conversión.
El art. 49 CE fue reformado en 2024: sustituyó «disminuidos» por «personas con discapacidad» y adoptó el modelo social de la Convención de la ONU de 2006 (en vigor para España desde el 3 de mayo de 2008).
El RDLeg 1/2013 consideraba persona con discapacidad a quien tenga reconocido un grado igual o superior al 33 por ciento; refunde LISMI, LIONDAU y la Ley 49/2007. Cuota de empleo: 2 por ciento en empresas de 50 o más trabajadores.
La Ley 39/2006 (SAAD) reconoce tres grados de dependencia (I moderada, II severa, III gran dependencia) y tres niveles de protección (mínimo, acordado y adicional); desde el RDL 20/2012 no hay niveles dentro de cada grado. Los servicios son prioritarios y las prestaciones económicas (vinculada, cuidados familiares, asistencia personal) excepcionales o subsidiarias.
El art. 9.2 CE (remoción de obstáculos para la igualdad real y efectiva) es el fundamento constitucional común de las acciones positivas en todas estas políticas.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Qué órgano del Ministerio de Interior sigue y valora el riesgo de las víctimas de violencia de género mediante cuestionarios estandarizados y niveles de riesgo?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 7 de Administrativo del Estado?
El ordenamiento español dispone de un marco normativo propio para las políticas de igualdad entre mujeres y hombres (Ley Orgánica 3/2007 y Ley Orgánica 2/2024 de paridad), contra la violencia de género (Ley Orgánica 1/2004), para la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBI (Ley 15/2022 y Ley 4/2023), y para la protección de las personas con discapacidad (Real Decreto Legislativo 1/2013) y en situación de dependencia (Ley 39/2006). Todas se fundamentan en los arts. 1.1, 9.2, 10, 14 y 49 CE, y se aplican de forma transversal a toda la actuación de las Administraciones públicas.
¿Qué hay que memorizar del Tema 7 para el examen?
La LO 3/2007 impone la transversalidad de género (mainstreaming, art. 15) en toda la actuación de las Administraciones públicas, regula las acciones positivas (art. 11), la inversión de la carga de la prueba (art. 13), el informe de impacto de género (art. 19) y los planes de igualdad. Las definiciones de discriminación directa e indirecta están en el art. 6 de la LO 3/2007 (no en el art. 3, que enuncia el principio de igualdad de trato); el acoso sexual y por razón de sexo, en el art. 7; los actos discriminatorios son nulos y sin efecto (art. 10). Composición equilibrada: ninguno de los sexos supera el 60 por ciento ni baja del 40 por ciento (disp. adic. 1.ª LO 3/2007). La LO 2/2024 introduce la representación paritaria. La inversión de la carga de la prueba en discriminación por razón de sexo exige indicios fundados del demandante; no se aplica a los procesos penales. Empresas de cincuenta o más personas trabajadoras: obligación de planes de igualdad (art. 45 LO 3/2007, tras el RDL 6/2019). El permiso por nacimiento es de diecinueve semanas para cada progenitor, intransferible, y de treinta y dos semanas en monoparentalidad (RDL 9/2025). La LO 1/2004 protege frente a la violencia ejercida por cónyuges o parejas, actuales o pasadas, aun sin convivencia; es violencia de género en sentido legal solo la ejercida por el hombre contra la mujer en ese ámbito. La violencia sexual en general se regula en la LO 10/2022. La orden de protección (art. 544 ter LECrim) se resuelve en 72 horas y combina medidas penales y civiles. El teléfono 016 es gratuito, 24 horas y no deja rastro en la factura. Los antiguos Juzgados de Violencia sobre la Mujer se integran como Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia (LO 1/2025). VioGén valora el riesgo en cinco niveles: no apreciado, bajo, medio, alto, extremo. La Ley 15/2022 es la ley integral de igualdad de trato y no discriminación (enumera las causas de discriminación y crea la Autoridad Independiente); la Ley 4/2023 es la ley de personas trans y LGTBI. No confundir con el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, que es de otra materia. Ley 4/2023: rectificación registral del sexo por mera declaración de voluntad, sin informe médico ni tratamiento: a partir de 16 años por sí mismas; 14 y 15 años con asistencia de representantes legales; 12 y 13 años con autorización judicial; menores de 12 años no pueden. Prohíbe las terapias de conversión. El art. 49 CE fue reformado en 2024: sustituyó «disminuidos» por «personas con discapacidad» y adoptó el modelo social de la Convención de la ONU de 2006 (en vigor para España desde el 3 de mayo de 2008). El RDLeg 1/2013 consideraba persona con discapacidad a quien tenga reconocido un grado igual o superior al 33 por ciento; refunde LISMI, LIONDAU y la Ley 49/2007. Cuota de empleo: 2 por ciento en empresas de 50 o más trabajadores. La Ley 39/2006 (SAAD) reconoce tres grados de dependencia (I moderada, II severa, III gran dependencia) y tres niveles de protección (mínimo, acordado y adicional); desde el RDL 20/2012 no hay niveles dentro de cada grado. Los servicios son prioritarios y las prestaciones económicas (vinculada, cuidados familiares, asistencia personal) excepcionales o subsidiarias. El art. 9.2 CE (remoción de obstáculos para la igualdad real y efectiva) es el fundamento constitucional común de las acciones positivas en todas estas políticas.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 9.2, 10, 14, 35.1 y 49.
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
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