Tema 1. Las fuentes del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes. La ley. Las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley: decreto-ley y decreto legislativo. El reglamento: concepto, clases y límites. Otras fuentes del derecho administrativo.
Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1). La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo IV) con un temario distinto, no cubierto aquí.
Las fuentes del derecho administrativo se ordenan conforme al principio de jerarquía normativa (art. 9.3 CE): la Constitución, la ley y las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley (decreto-ley y decreto legislativo), el reglamento como norma subordinada a la ley y, de forma complementaria, la costumbre, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, los tratados internacionales y el Derecho de la Unión Europea. La Administración es a la vez sujeto sometido a las normas (principio de legalidad, arts. 9.1 y 103.1 CE) y creadora de normas mediante la potestad reglamentaria (art. 97 CE).
La jerarquía de las fuentes (art. 9.3 CE y art. 1 CC)
El sistema de fuentes del derecho administrativo español se estructura jerárquicamente: la Constitución ocupa la cúspide como norma suprema, a la que están sujetos todos los poderes públicos (art. 9.1 CE); le siguen las leyes y normas con rango de ley (leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos-leyes y decretos legislativos); después los reglamentos, subordinados siempre a la ley, y dentro de estos, jerarquizados según el órgano del que emanen (Real Decreto del Consejo de Ministros, Orden Ministerial, disposiciones de autoridades y órganos inferiores). El art. 9.3 CE garantiza los principios de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. El art. 1.1 del Código Civil enumera como fuentes del ordenamiento la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, y su art. 1.2 establece que carecen de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. Ninguna norma de rango inferior puede contradecir a otra de rango superior, so pena de invalidez.
Criterios de ordenación de las normas: jerarquía, competencia, especialidad y temporalidad
Además de la jerarquía, el ordenamiento se ordena con otros criterios que conviene no confundir. Jerarquía: la norma superior prevalece sobre la inferior (art. 9.3 CE y art. 1.2 CC). Competencia: cuando la Constitución reparte materias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, no se aplica la jerarquía sino el reparto competencial (arts. 148 y 149 CE); ley estatal y ley autonómica tienen el mismo rango y solo pueden entrar en conflicto por invasión competencial, que resuelve el Tribunal Constitucional. Especialidad: la norma especial prevalece sobre la general (lex specialis). Temporalidad: la ley posterior deroga la anterior (art. 2.2 CC: las leyes solo se derogan por otras posteriores, y la derogación puede ser expresa o tácita). Supletoriedad: el derecho estatal es supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas (art. 149.3 CE), pero no es título que atribuya competencias al Estado. Las normas entran en vigor, salvo disposición en contrario, a los veinte días de su completa publicación en el BOE (art. 2.1 CC); la publicidad de las normas es un principio constitucional (art. 9.3 CE) y requisito de su eficacia.
La Constitución como norma suprema
Norma jurídica suprema con valor normativo directo e inmediato: sus preceptos son invocables ante los tribunales y vinculan a poderes públicos y ciudadanos sin necesidad de desarrollo legislativo, salvo remisión expresa (art. 9.1 CE). Su supremacía se garantiza mediante rigidez (procedimientos agravados de reforma, Título X) y control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional (recurso de inconstitucionalidad contra leyes y normas con fuerza de ley, art. 161.1.a CE, con plazo de tres meses desde la publicación según la LOTC; y cuestión de inconstitucionalidad planteada por jueces y tribunales, art. 163 CE). Los jueces y tribunales interpretan las leyes y reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación de estos que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional (art. 5.1 LOPJ). La Constitución distingue entre normas con rango de ley (control concentrado en el Tribunal Constitucional) y reglamentos (control difuso por la jurisdicción contencioso-administrativa, art. 106.1 CE).
La ley: concepto y clases
La ley es la norma jurídica escrita aprobada por el Parlamento (Cortes Generales o Asambleas Legislativas autonómicas) conforme al procedimiento legislativo. Se distingue entre leyes orgánicas (art. 81 CE: relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, las que aprueban los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general, y las demás previstas en la Constitución, que exigen mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto) y leyes ordinarias (aprobadas por mayoría simple, salvo que se exija otra distinta). No existe jerarquía entre ley orgánica y ley ordinaria, sino distinto ámbito material reservado (relación de competencia, no de jerarquía). Existen también leyes de las Comunidades Autónomas, dentro de su ámbito competencial, con el mismo rango que las leyes estatales. En el Estado, el Rey sanciona y promulga las leyes en el plazo de quince días desde su aprobación por las Cortes y ordena su inmediata publicación (art. 91 CE).
El procedimiento legislativo básico y las leyes del art. 150 CE
La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno (proyectos de ley, art. 88 CE), al Congreso y al Senado (proposiciones de ley) y, en los términos del art. 87 CE, a las Asambleas de las Comunidades Autónomas y a los ciudadanos mediante iniciativa popular (que exige no menos de 500.000 firmas acreditadas y excluye las materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional y la prerrogativa de gracia). Aprobado un texto por el Congreso, el Senado dispone de dos meses (veinte días en los proyectos declarados urgentes) para vetarlo o enmendarlo (art. 90 CE); el veto exige mayoría absoluta del Senado y puede levantarse por el Congreso por mayoría absoluta o por mayoría simple transcurridos dos meses desde su interposición. El art. 150 CE prevé tres técnicas de articulación entre el Estado y las Comunidades Autónomas: leyes marco (el Estado atribuye a todas o algunas CCAA la facultad de dictar normas legislativas en el marco de principios, bases y directrices fijados por ley estatal), leyes orgánicas de transferencia o delegación de competencias de titularidad estatal, y leyes de armonización (el Estado dicta principios necesarios para armonizar las disposiciones de las CCAA, incluso en materias de su competencia, cuando lo exija el interés general; la apreciación de esta necesidad corresponde a las Cortes por mayoría absoluta de cada Cámara).
Decreto-ley y decreto legislativo (arts. 82-86 CE)
El decreto-ley (art. 86 CE) es una disposición legislativa provisional que puede dictar el Gobierno, sin delegación previa de las Cortes, en caso de extraordinaria y urgente necesidad; no puede afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general; debe ser sometido a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación, para su convalidación o derogación. El decreto legislativo (arts. 82-85 CE) es la norma con rango de ley que dicta el Gobierno en virtud de una delegación expresa de las Cortes Generales, mediante una ley de bases (para elaborar textos articulados) o una ley ordinaria de delegación (para refundir varios textos legales en uno solo, el texto refundido); la delegación se otorga de forma expresa, para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio, y se agota por su uso. Ejemplos de decretos legislativos de texto refundido son el Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre), el Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre) y la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre).
Las leyes de bases y los textos articulados (arts. 82-83 CE)
Las Cortes delegan en el Gobierno la elaboración de un texto articulado, fijando el objeto, alcance y los principios y criterios del ejercicio de la delegación. La ley de bases delimitará con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. Las leyes de bases no podrán en ningún caso autorizar la modificación de la propia ley de bases ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo (art. 83 CE). El exceso sobre lo autorizado (ultra vires) carece de valor de ley, teniendo solo valor de reglamento.
Los textos refundidos
Derivan de delegación otorgada mediante ley ordinaria (no de bases), y reúnen en un único texto varias disposiciones legales dispersas sobre una misma materia. La ley de delegación debe determinar el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación y precisar si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la autorización para regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos (art. 82.5 CE). Si la delegación es de mera refundición, el Gobierno no puede innovar el contenido de las normas refundidas; si autoriza regularizar, aclarar y armonizar, sí puede resolver contradicciones y lagunas, pero siempre dentro de los límites de la delegación. Los decretos legislativos reciben la denominación de «Real Decreto Legislativo».
El Decreto-ley: presupuesto habilitante (art. 86 CE)
En casos de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno dicta disposiciones legislativas provisionales con rango de ley desde su publicación en el BOE. El presupuesto habilitante es controlable por el Tribunal Constitucional (doctrina iniciada con la STC 29/1982), exigiendo que el Gobierno exponga de forma explícita y razonada la situación de urgencia y que exista conexión de sentido entre dicha situación y las medidas adoptadas. La urgencia puede ser de naturaleza coyuntural o estructural; el Tribunal Constitucional ha admitido que la utilización del decreto-ley se haga con cierta amplitud, pero ha censurado los decretos-leyes en que la justificación de la urgencia es meramente formal o no guarda relación con el contenido de las medidas. Durante su vigencia provisional es una norma con fuerza de ley y puede ser objeto de recurso de inconstitucionalidad.
Límites materiales del Decreto-ley (art. 86.1 CE)
No puede afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al Derecho electoral general. El Tribunal Constitucional (STC 111/1983, caso Rumasa, y otras posteriores) interpreta estos límites de forma matizada: la expresión «afectar» no veda cualquier incidencia, sino la regulación general del régimen jurídico de la institución o del derecho o la afectación de sus elementos esenciales o de su contenido esencial. Tampoco pueden regularse por decreto-ley las materias reservadas a ley orgánica por el art. 81 CE en cuanto desarrollo de derechos fundamentales. Los Estatutos de Autonomía de varias Comunidades Autónomas permiten a sus ejecutivos dictar decretos-leyes autonómicos, con límites análogos y sujetos a convalidación por el Parlamento autonómico.
La convalidación del Decreto-ley por el Congreso
Debe someterse a debate y votación de totalidad en el plazo de 30 días desde su promulgación, pronunciándose el Congreso sobre su convalidación o derogación en bloque, sin enmiendas parciales. Durante ese plazo, las Cortes pueden acordar tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia (art. 86.3 CE), lo que permite introducir modificaciones. Si no se convalida, decae, sin perjuicio de los efectos ya producidos; la convalidación no convierte el decreto-ley en ley ordinaria, sino que lo mantiene como norma con rango de ley, y la convalidación no subsana los vicios de inconstitucionalidad de que pueda adolecer (el Tribunal Constitucional puede declararlo inconstitucional por falta de presupuesto habilitante o por invadir materias vedadas). El Tribunal Constitucional ha considerado contraria al art. 86 CE la introducción en un decreto-ley, vía enmienda parlamentaria durante su tramitación como proyecto de ley, de contenidos heterogéneos y sin conexión con el objeto del decreto-ley.
Diferencias entre decreto-ley y decreto legislativo
Cuadro comparativo de memoria. Decreto-ley: no precisa delegación; su presupuesto es la extraordinaria y urgente necesidad; tiene carácter provisional y exige convalidación del Congreso en 30 días; tiene límites materiales (art. 86.1 CE); se publica con la denominación «Real Decreto-ley». Decreto legislativo: exige delegación previa de las Cortes por ley de bases (texto articulado) o ley ordinaria (texto refundido); no necesita convalidación, pero la ley de delegación puede establecer fórmulas adicionales de control (art. 82.6 CE); no puede subdelegarse; se agota por su uso, y el plazo se fija en la propia ley de delegación (no se admite delegación por tiempo indeterminado ni implícita); no puede afectar a materias reservadas a ley orgánica. Ambos tienen rango de ley y solo pueden ser controlados por el Tribunal Constitucional, con la salvedad del exceso de delegación en el decreto legislativo, que puede conocer también la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 82.6 CE).
El Decreto Legislativo y sus límites (art. 82 CE)
Norma con rango de ley dictada por delegación expresa de las Cortes, mediante ley de bases (textos articulados) o ley ordinaria (textos refundidos), otorgada para materia concreta y con plazo fijado, agotándose por su uso. No puede subdelegarse (art. 82.3 CE) ni afectar a materias reservadas a ley orgánica (art. 81 CE, en relación con el art. 82.1). Cuando una proposición de ley o una enmienda fuera contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación (art. 84 CE). Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos (art. 85 CE).
Control de la delegación legislativa
Control político mediante fórmulas adicionales que las Cortes pueden establecer en la ley de delegación (art. 82.6 CE), y control jurisdiccional, por el Tribunal Constitucional (constitucionalidad de la norma delegada) y por la jurisdicción contencioso-administrativa (exceso sobre los términos de la delegación, que solo tiene valor reglamentario, no de ley).
El reglamento: concepto y fundamento (art. 97 CE)
El reglamento es toda norma jurídica de rango inferior a la ley, dictada por la Administración en ejercicio de la potestad reglamentaria, con generalidad y abstracción como la ley pero en posición subordinada, y sujeta a control jurisdiccional pleno. El art. 97 CE atribuye al Gobierno la potestad reglamentaria «de acuerdo con la Constitución y las leyes». Se diferencia del acto administrativo en que el reglamento es norma general que innova el ordenamiento jurídico y forma parte de él, de modo que no se agota con su aplicación, mientras que el acto es una decisión singular que se consume con su cumplimiento. Se desarrolla en la Ley 50/1997, del Gobierno (Título V), y en el Título VI de la Ley 39/2015 (arts. 127-133).
Clases de reglamentos: ejecutivos, independientes y de necesidad
Por su relación con la ley se clasifican en: ejecutivos (desarrollan y complementan una ley previa; exigen dictamen preceptivo del Pleno del Consejo de Estado cuando se dictan en ejecución, cumplimiento o desarrollo de leyes, así como sus modificaciones, conforme al art. 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, del Consejo de Estado), independientes o praeter legem (regulan materias no reservadas a la ley, típicamente organización interna, sin ley previa habilitante) y de necesidad (los que se dictan ante situaciones de urgencia o grave riesgo, con eficacia normativa limitada mientras subsista la circunstancia excepcional; es una categoría de admisión discutida en nuestro Derecho). Por su origen o ámbito territorial: estatales, autonómicos y locales (ordenanzas y reglamentos de las entidades locales). Por sus efectos: normativos o ad extra (dirigidos a los ciudadanos) y organizativos o ad intra (dirigidos a la propia organización administrativa). Las circulares e instrucciones de servicio (art. 6 Ley 40/2015) son órdenes dirigidas a los órganos subordinados y no son, en sentido estricto, reglamentos, aunque su incumplimiento no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados.
La titularidad de la potestad reglamentaria
En el Estado corresponde con carácter general al Gobierno, que la ejerce mediante Reales Decretos del Presidente del Gobierno (en materias de su competencia) y Reales Decretos del Consejo de Ministros; los Ministros pueden dictar Órdenes Ministeriales en las materias propias de su departamento, y solo cuando exista habilitación expresa para ello (Ley 50/1997). Las Comunidades Autónomas la ejercen a través de sus Consejos de Gobierno, conforme a sus Estatutos. Las Entidades Locales gozan de potestad reglamentaria propia (ordenanzas y reglamentos aprobados por el Pleno), garantizada por la autonomía local. Los reglamentos de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas, y los de otros órganos constitucionales, ocupan un lugar específico: los reglamentos parlamentarios (art. 72 CE) son normas con fuerza de ley y controlables por el Tribunal Constitucional.
Límites formales y materiales de la potestad reglamentaria
Formales: competencia del órgano y respeto al procedimiento de elaboración (participación, informes preceptivos, dictamen consultivo, publicación). Materiales: imposibilidad de regular materias reservadas a la ley sin habilitación, prohibición de contradecir norma superior, irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales (art. 9.3 CE) y principio de inderogabilidad singular. Además, los reglamentos no pueden tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, ni tributos, cánones u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración respecto de la ley (art. 128 Ley 39/2015). Los principios de buena regulación (art. 129 Ley 39/2015) exigen necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
El procedimiento de elaboración de reglamentos (arts. 127-133 Ley 39/2015)
El Título VI de la Ley 39/2015 regula la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria (art. 127), el ejercicio de esta (art. 128), los principios de buena regulación (art. 129), la evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación (art. 130), la publicidad de las normas (art. 131), la planificación normativa (art. 132) y la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos (art. 133). Los reglamentos se elaboran con una consulta pública previa a través del portal web de la Administración y, una vez redactado el texto, con trámite de audiencia e información pública, salvo excepciones (normas presupuestarias u organizativas, razones graves de interés público o escasa incidencia). En el ámbito estatal debe acompañarse de la memoria del análisis de impacto normativo (Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre) y se incluye la planificación mediante el Plan Anual Normativo. La publicación en el diario oficial es requisito para la entrada en vigor de las normas. La Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018 declaró inconstitucionales y nulos varios apartados de preceptos del Título VI de la Ley 39/2015 (entre ellos del art. 129) en cuanto se aplicaban a las Comunidades Autónomas, por invadir su competencia.
La jerarquía entre reglamentos (art. 128 Ley 39/2015)
Ningún reglamento puede vulnerar la Constitución o las leyes ni regular materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen como competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas. Las disposiciones administrativas se ajustan al orden de jerarquía que establezcan las leyes, y ninguna puede vulnerar los preceptos de otra de rango superior. Entre reglamentos rige también la jerarquía según el órgano: el Real Decreto del Consejo de Ministros prevalece sobre la Orden Ministerial, y esta sobre las Resoluciones de órganos inferiores.
La inderogabilidad singular de los reglamentos (art. 37 Ley 39/2015)
Las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque tengan igual o superior rango. Ni siquiera el órgano que dictó el reglamento puede dispensar su aplicación en un caso concreto: debe modificarlo o derogarlo con carácter general. Su infracción determina la nulidad de la resolución singular.
El control jurisdiccional de los reglamentos
No son susceptibles de recurso administrativo (art. 112.3 Ley 39/2015): su control corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, mediante recurso directo (contra el propio reglamento, en plazo de 2 meses desde su publicación) o recurso indirecto (contra un acto de aplicación, alegando la ilegalidad del reglamento; art. 26 LJCA). La nulidad declarada judicialmente tiene efectos generales (erga omnes) desde la publicación del fallo, mientras que las sentencias firmes que anulen un acto no afectan por sí solas a los actos firmes dictados en aplicación del reglamento anulado. Los jueces y tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa (art. 6 LOPJ). El reglamento ilegal es nulo de pleno derecho (art. 47.2 Ley 39/2015).
Otras fuentes: la costumbre
La costumbre tiene un papel muy residual en Derecho Administrativo, especialmente en el ámbito local. Según el art. 1.3 del Código Civil, solo rige en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Se admite la costumbre secundum legem (interpretativa) y praeter legem (integradora), no la contra legem. En el derecho público, la costumbre no puede crear por sí sola potestades administrativas ni cargas para los ciudadanos, dado el principio de legalidad.
Otras fuentes: los principios generales del Derecho
Los principios generales del Derecho (buena fe, confianza legítima, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad, seguridad jurídica, igualdad) se aplican en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico (art. 1.4 CC). Algunos están positivados: así, los principios de actuación y de relación de las Administraciones (arts. 3 y 140 Ley 40/2015: servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, eficacia, jerarquía, descentralización, coordinación, buena fe y confianza legítima, lealtad institucional) y los principios de buena regulación del art. 129 Ley 39/2015. La confianza legítima y la buena fe son principios consagrados por el art. 3.1.e de la Ley 40/2015.
Otras fuentes: la jurisprudencia
La jurisprudencia es la doctrina que, de modo reiterado, establece el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho (art. 1.6 CC); complementa el ordenamiento jurídico sin constituir fuente autónoma. Es doctrina reiterada la que se contiene en al menos dos sentencias. En el ámbito contencioso-administrativo, el recurso de casación se funda en la existencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia (arts. 86 y ss. LJCA, tras la reforma de la Ley Orgánica 7/2015). Las sentencias del Tribunal Constitucional que resuelven recursos y cuestiones de inconstitucionalidad vinculan a todos los poderes públicos y tienen plenos efectos frente a todos (art. 164 CE); su doctrina vincula a los jueces (art. 5.1 LOPJ). Los precedentes administrativos no son fuente del derecho, pero la Administración debe motivar el apartamiento del criterio seguido en actuaciones precedentes (art. 35.1.c Ley 39/2015).
Los Tratados internacionales como fuente (arts. 93-96 CE)
Válidamente celebrados y publicados oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno (art. 96.1 CE) con rango superior a las leyes ordinarias, solo por debajo de la Constitución. Sus disposiciones solo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. Para prestar el consentimiento del Estado a un tratado que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución se exige previa revisión constitucional (art. 95 CE). La autorización de las Cortes Generales es necesaria para los tratados del art. 94 CE; la cesión del ejercicio de competencias derivadas de la Constitución a organizaciones internacionales (art. 93 CE) exige ley orgánica. Conforme al art. 1.5 del Código Civil, las normas contenidas en los tratados internacionales no son de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el BOE. La celebración de tratados se rige por la Ley 25/2014, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
El Derecho de la Unión Europea: originario y derivado
El Derecho originario (Tratados constitutivos y sus reformas, TUE y TFUE tras Lisboa, más la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea) es la norma suprema de la Unión. El Derecho derivado (art. 288 TFUE) comprende reglamentos, directivas, decisiones (vinculantes) y recomendaciones y dictámenes (soft law, sin fuerza obligatoria). El ordenamiento europeo se integra en el interno por la vía del art. 93 CE.
El reglamento, la directiva y la decisión comunitarios
El reglamento tiene alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro, sin transposición. La directiva vincula al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios, y exige transposición; puede tener efecto directo vertical (frente al Estado, no entre particulares) si no se transpone en plazo y su contenido es claro, preciso e incondicional. La decisión es obligatoria en todos sus elementos y, cuando designa destinatarios, solo para estos. Recomendaciones y dictámenes carecen de fuerza vinculante.
Los principios de primacía y efecto directo del Derecho de la Unión
El principio de primacía (STJUE Costa/ENEL, 1964) obliga al juez nacional a inaplicar la norma interna contraria al Derecho de la Unión. El principio de efecto directo (STJUE Van Gend en Loos, 1963) permite a los particulares invocar directamente ante los tribunales nacionales una norma europea clara, precisa e incondicional. Son construcciones jurisprudenciales, no recogidas expresamente en los Tratados. El Tribunal Constitucional, en su Declaración 1/2004, afirmó que la primacía del Derecho de la Unión opera en el ámbito de las competencias cedidas por el art. 93 CE, sin que ello suponga la supremacía de dicho Derecho sobre la Constitución, que mantiene su supremacía en el orden interno.
El principio de legalidad: vinculación positiva y negativa
El principio de legalidad (arts. 9.1 y 103.1 CE) exige sometimiento pleno a la ley y al Derecho. La vinculación negativa permite actuar libremente en lo no prohibido (propia del Derecho privado); la vinculación positiva exige habilitación normativa previa para cada actuación (propia del Derecho Administrativo español). La ausencia de cobertura legal convierte la actuación en vía de hecho o determina la invalidez del acto, incluso su nulidad de pleno derecho.
Reserva de ley material y formal
Técnica por la que determinadas materias quedan excluidas de la potestad reglamentaria autónoma. La reserva formal exige que decida siempre el legislador, aunque remita al reglamento la concreción técnica; la reserva material exige ley por la propia naturaleza constitucional de la materia. Ejemplos: tributos y prestaciones patrimoniales de carácter público (art. 31.3 CE), regulación del ejercicio de los derechos y libertades del Título I (art. 53.1 CE), infracciones y sanciones (art. 25.1 CE) y desarrollo de derechos fundamentales (ley orgánica, art. 81 CE). La reserva puede ser absoluta (el reglamento no puede colaborar) o relativa (el reglamento puede complementar la ley, pero sin ir más allá de ella). El fenómeno de la remisión en blanco al reglamento (deslegalización) está limitado por la reserva de ley.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El decreto-ley (art. 86 CE) no requiere delegación previa pero tiene límites materiales (no puede afectar a instituciones básicas, derechos del Título I, régimen de las CCAA ni Derecho electoral general) y debe convalidarse por el Congreso en 30 días.
El decreto legislativo (arts. 82-85 CE) exige delegación previa de las Cortes mediante ley de bases (texto articulado) o ley ordinaria (texto refundido); la delegación se agota con su uso y no puede subdelegarse.
El exceso sobre lo autorizado por la delegación legislativa (ultra vires) carece de valor de ley, teniendo solo valor de reglamento.
El reglamento ilegal es nulo de pleno derecho (art. 47.2 Ley 39/2015); está siempre subordinado a la ley por el principio de jerarquía normativa (art. 9.3 CE).
Tres clases de reglamentos por su relación con la ley: ejecutivos (desarrollan una ley previa), independientes (materias no reservadas a la ley, típicamente organización interna) y de necesidad (urgencia o emergencia).
La titularidad de la potestad reglamentaria en el Estado corresponde con carácter general al Gobierno (Reales Decretos del Consejo de Ministros); los Ministros dictan Órdenes Ministeriales con la oportuna habilitación.
La inderogabilidad singular de los reglamentos (art. 37 LPAC): ni siquiera el órgano que dictó el reglamento puede dispensar su aplicación en un caso concreto.
Los reglamentos no son susceptibles de recurso administrativo (art. 112.3 LPAC): su control corresponde solo a la jurisdicción contencioso-administrativa, mediante recurso directo o indirecto.
Los Tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente forman parte del ordenamiento interno con rango superior a las leyes ordinarias, solo por debajo de la Constitución (arts. 93-96 CE).
Reserva de ley formal (decide siempre el legislador, aunque remita al reglamento la concreción técnica) frente a reserva de ley material (exige ley por la propia naturaleza constitucional de la materia: tributos, derechos fundamentales, infracciones y sanciones).
Vinculación positiva (exige habilitación normativa previa para cada actuación, propia del Derecho Administrativo) frente a vinculación negativa (se puede actuar libremente en lo no prohibido, propia del Derecho privado).
El Derecho derivado de la UE (art. 288 TFUE): el reglamento es directamente aplicable sin transposición; la directiva vincula en cuanto al resultado y exige transposición, con posible efecto directo vertical si no se transpone en plazo; la decisión obliga en todos sus elementos y, si designa destinatarios, solo a estos.
Los principios de primacía (STJUE Costa/ENEL) y de efecto directo (STJUE Van Gend en Loos) son construcciones jurisprudenciales, no recogidas expresamente en los Tratados.
La costumbre tiene papel muy residual en Derecho Administrativo (solo en defecto de ley, probada y no contraria a la moral u orden público, art. 1.3 CC); los principios generales del Derecho informan el ordenamiento y suplen sus lagunas (art. 1.4 CC); la jurisprudencia complementa el ordenamiento (art. 1.6 CC) sin ser fuente en sentido estricto.
Trampa típica: el decreto-ley se convalida (o deroga) por el Congreso, no por el Senado, y en bloque, sin enmiendas parciales; si se tramita como proyecto de ley, sí puede enmendarse.
Trampa típica: entre ley orgánica y ley ordinaria no hay jerarquía sino distinción de materias y de mayoría (absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto para la orgánica).
Trampa típica: la ley estatal y la autonómica tienen el mismo rango; el conflicto entre ambas se resuelve por competencia, no por jerarquía.
Reglamentos: no pueden tipificar infracciones ni sanciones ni crear tributos; solo desarrollar o colaborar con la ley (art. 128 LPAC).
El control de constitucionalidad de las normas con rango de ley corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional; el de los reglamentos, a la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 106.1 CE), y cualquier juez puede inaplicarlos si son ilegales (art. 6 LOPJ).
La directiva tiene efecto directo vertical (frente al Estado) pero no horizontal (entre particulares) si no se ha transpuesto en plazo.
Una circular o instrucción de servicio (art. 6 Ley 40/2015) es una orden interna, no un reglamento.
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Una norma dictada por el Gobierno en exceso de los límites de la delegación legislativa (ultra vires) tiene:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 1 de Administrativo del Estado?
Las fuentes del derecho administrativo se ordenan conforme al principio de jerarquía normativa (art. 9.3 CE): la Constitución, la ley y las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley (decreto-ley y decreto legislativo), el reglamento como norma subordinada a la ley y, de forma complementaria, la costumbre, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, los tratados internacionales y el Derecho de la Unión Europea. La Administración es a la vez sujeto sometido a las normas (principio de legalidad, arts. 9.1 y 103.1 CE) y creadora de normas mediante la potestad reglamentaria (art. 97 CE).
¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?
El decreto-ley (art. 86 CE) no requiere delegación previa pero tiene límites materiales (no puede afectar a instituciones básicas, derechos del Título I, régimen de las CCAA ni Derecho electoral general) y debe convalidarse por el Congreso en 30 días. El decreto legislativo (arts. 82-85 CE) exige delegación previa de las Cortes mediante ley de bases (texto articulado) o ley ordinaria (texto refundido); la delegación se agota con su uso y no puede subdelegarse. El exceso sobre lo autorizado por la delegación legislativa (ultra vires) carece de valor de ley, teniendo solo valor de reglamento. El reglamento ilegal es nulo de pleno derecho (art. 47.2 Ley 39/2015); está siempre subordinado a la ley por el principio de jerarquía normativa (art. 9.3 CE). Tres clases de reglamentos por su relación con la ley: ejecutivos (desarrollan una ley previa), independientes (materias no reservadas a la ley, típicamente organización interna) y de necesidad (urgencia o emergencia). La titularidad de la potestad reglamentaria en el Estado corresponde con carácter general al Gobierno (Reales Decretos del Consejo de Ministros); los Ministros dictan Órdenes Ministeriales con la oportuna habilitación. La inderogabilidad singular de los reglamentos (art. 37 LPAC): ni siquiera el órgano que dictó el reglamento puede dispensar su aplicación en un caso concreto. Los reglamentos no son susceptibles de recurso administrativo (art. 112.3 LPAC): su control corresponde solo a la jurisdicción contencioso-administrativa, mediante recurso directo o indirecto. Los Tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente forman parte del ordenamiento interno con rango superior a las leyes ordinarias, solo por debajo de la Constitución (arts. 93-96 CE). Reserva de ley formal (decide siempre el legislador, aunque remita al reglamento la concreción técnica) frente a reserva de ley material (exige ley por la propia naturaleza constitucional de la materia: tributos, derechos fundamentales, infracciones y sanciones). Vinculación positiva (exige habilitación normativa previa para cada actuación, propia del Derecho Administrativo) frente a vinculación negativa (se puede actuar libremente en lo no prohibido, propia del Derecho privado). El Derecho derivado de la UE (art. 288 TFUE): el reglamento es directamente aplicable sin transposición; la directiva vincula en cuanto al resultado y exige transposición, con posible efecto directo vertical si no se transpone en plazo; la decisión obliga en todos sus elementos y, si designa destinatarios, solo a estos. Los principios de primacía (STJUE Costa/ENEL) y de efecto directo (STJUE Van Gend en Loos) son construcciones jurisprudenciales, no recogidas expresamente en los Tratados. La costumbre tiene papel muy residual en Derecho Administrativo (solo en defecto de ley, probada y no contraria a la moral u orden público, art. 1.3 CC); los principios generales del Derecho informan el ordenamiento y suplen sus lagunas (art. 1.4 CC); la jurisprudencia complementa el ordenamiento (art. 1.6 CC) sin ser fuente en sentido estricto. Trampa típica: el decreto-ley se convalida (o deroga) por el Congreso, no por el Senado, y en bloque, sin enmiendas parciales; si se tramita como proyecto de ley, sí puede enmendarse. Trampa típica: entre ley orgánica y ley ordinaria no hay jerarquía sino distinción de materias y de mayoría (absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto para la orgánica). Trampa típica: la ley estatal y la autonómica tienen el mismo rango; el conflicto entre ambas se resuelve por competencia, no por jerarquía. Reglamentos: no pueden tipificar infracciones ni sanciones ni crear tributos; solo desarrollar o colaborar con la ley (art. 128 LPAC). El control de constitucionalidad de las normas con rango de ley corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional; el de los reglamentos, a la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 106.1 CE), y cualquier juez puede inaplicarlos si son ilegales (art. 6 LOPJ). La directiva tiene efecto directo vertical (frente al Estado) pero no horizontal (entre particulares) si no se ha transpuesto en plazo. Una circular o instrucción de servicio (art. 6 Ley 40/2015) es una orden interna, no un reglamento.
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Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978, arts. 9, 81-97, 103, 106 y 161-164 (BOE-A-1978-31229).
Código Civil, art. 1 y art. 2 (Real Decreto de 24 de julio de 1889).
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 37, 47.2, 112.3 y 127-133 (BOE-A-2015-10565).
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 3 y 6 (BOE-A-2015-10566).
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, Título V.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, arts. 5 y 6.
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, arts. 26 y 72.
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, art. 22.
Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, art. 288.
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