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Tema 2. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación.

Convocatoria 2025 (OEP), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1). La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo IV) con un temario distinto, no cubierto aquí.

El acto administrativo es la declaración de voluntad, juicio, deseo o conocimiento de la Administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la reglamentaria, que produce efectos jurídicos. Su régimen (arts. 34 a 52 de la Ley 39/2015) comprende su producción y forma, su clasificación, su eficacia (ejecutividad, presunción de validez, efectos desde que se dictan, demora y retroactividad), su validez (nulidad de pleno derecho y anulabilidad, conservación, conversión y convalidación), su motivación y su comunicación a los interesados mediante notificación o publicación, de las que depende su plena eficacia.

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Concepto y elementos del acto administrativo

El acto administrativo es toda declaración de voluntad, deseo, conocimiento o juicio realizada por la Administración en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la reglamentaria. Sus elementos son: el subjetivo (órgano competente que lo dicta, con la investidura regular de su titular), el objetivo (contenido del acto, que debe ser lícito, posible, determinado y ajustado a los fines para los que se otorgó la potestad), el causal (motivo o presupuesto de hecho y de derecho que justifica el acto), el finalista (fin de interés público concreto para el que se otorgó la potestad), el formal (procedimiento seguido para su elaboración y forma de exteriorización, con carácter general escrita y por medios electrónicos, conforme al art. 36 de la Ley 39/2015) y la motivación. Los actos se producirán por el órgano competente, mediante el procedimiento legalmente establecido, y su contenido se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquellos (art. 34 Ley 39/2015).

Acto administrativo, reglamento y otras figuras afines

Diferencias que conviene dominar. Acto frente a reglamento: el reglamento es norma general que innova el ordenamiento y se integra en él, no se agota con su aplicación y no es recurrible en vía administrativa (art. 112.3 Ley 39/2015); el acto es una decisión singular (aunque pueda tener pluralidad de destinatarios), se agota con su cumplimiento y es recurrible. Acto frente a hecho administrativo: el hecho o actuación material no es declaración sino ejecución. Acto frente a contrato: el contrato es un acuerdo de voluntades, el acto es declaración unilateral. Acto frente a acto político o de gobierno: los actos políticos del Gobierno, en cuanto a los elementos reglados, están sujetos a control jurisdiccional; la jurisdicción contencioso-administrativa conoce de la protección de los derechos fundamentales, de los elementos reglados y de la determinación de las indemnizaciones. Acto administrativo frente a acto de trámite: el trámite es instrumental dentro del procedimiento y no decide el fondo. Acto firme: el que ya no puede ser recurrido por haber transcurrido el plazo para ello o haberse agotado los recursos. Acto confirmatorio: el que reproduce otro anterior firme y consentido, no recurrible (art. 28 LJCA).

Clases de actos administrativos

Los actos administrativos se clasifican, entre otros criterios, por su contenido en actos favorables (amplían la esfera jurídica del destinatario: concesiones, autorizaciones, subvenciones) y actos de gravamen (restringen esa esfera: sanciones, órdenes, expropiaciones); por su ámbito, en actos que ponen fin a la vía administrativa y actos que no la ponen; por sus destinatarios, en actos singulares (dirigidos a uno o varios sujetos determinados) y actos generales (dirigidos a una pluralidad indeterminada de destinatarios); por su carácter, en actos expresos y actos presuntos, derivados del silencio administrativo positivo o negativo, según establezca la norma reguladora del procedimiento; por el grado de vinculación a la norma, en actos reglados (el contenido está íntegramente determinado por la norma) y actos discrecionales (la norma concede un margen de apreciación, pero siempre sujeto a control de los elementos reglados, de los hechos determinantes y de la interdicción de la arbitrariedad); por su estructura, en actos simples (un solo órgano) y complejos (varios órganos concurren a su formación); por su lugar en el procedimiento, en actos definitivos y actos de trámite; y por sus efectos, en declarativos y constitutivos.

Actos expresos y actos presuntos

Los expresos manifiestan formalmente la voluntad administrativa mediante declaración explícita conforme al procedimiento. Los presuntos derivan de la técnica del silencio administrativo, regulada en los arts. 24 y 25 de la Ley 39/2015. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado la regla general es el silencio positivo, salvo que una norma con rango de ley o de Derecho de la UE establezca lo contrario; es negativo en los procedimientos de ejercicio del derecho de petición (art. 29 CE), en aquellos cuya estimación implicaría transferir al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, y en los de impugnación de actos y disposiciones y de responsabilidad patrimonial. En el silencio positivo, el acto presunto tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento y la resolución expresa posterior solo podrá dictarse si es confirmatoria; en el negativo, es una mera ficción que habilita la vía de recurso, y la resolución expresa posterior se adopta sin vinculación al sentido del silencio. El plazo máximo para resolver y notificar es el fijado por la norma, que no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley o del Derecho de la UE establezca uno mayor; si la norma no fija plazo, es de tres meses (art. 21 Ley 39/2015). En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo sin resolución produce silencio desestimatorio cuando pudiera derivarse el reconocimiento de derechos o situaciones jurídicas individualizadas, y caducidad cuando pudieran producirse efectos desfavorables o de gravamen (art. 25).

Actos favorables y actos de gravamen

Los favorables amplían la esfera jurídica del destinatario (autorizaciones, concesiones, subvenciones) y gozan de protección reforzada frente a su revisión: solo pueden dejarse sin efecto mediante revisión de oficio de actos nulos (art. 106) o declaración de lesividad de actos anulables (art. 107), no mediante revocación libre. Los de gravamen restringen derechos o imponen obligaciones y pueden revocarse con mayor flexibilidad (art. 109.1). Además, los actos de gravamen y los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos deben motivarse (art. 35.1.a).

Actos definitivos y actos de trámite

Los definitivos ponen fin al procedimiento decidiendo sobre el fondo, y son los únicos recurribles de forma autónoma con carácter general. Los de trámite son instrumentales y no son recurribles independientemente, salvo que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos (actos de trámite cualificados, art. 112.1 Ley 39/2015). La oposición a los restantes actos de trámite puede alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. Acto que pone fin a la vía administrativa (art. 114.1 Ley 39/2015): resoluciones de los recursos de alzada, de los procedimientos de impugnación alternativos, las de los órganos que carezcan de superior jerárquico y las demás que así establezca una disposición legal o reglamentaria.

Elementos del acto administrativo

Elemento subjetivo (órgano competente con investidura regular), objetivo (contenido lícito, posible, determinado y adecuado a los fines), causal (motivo o presupuesto de hecho y derecho), formal (procedimiento y forma de exteriorización) y finalista (fin de interés público concreto; su desviación hacia otros fines, aunque públicos, es desviación de poder, causa de anulabilidad, art. 48.1 Ley 39/2015). En la práctica es también esencial la voluntad del órgano, que debe formarse sin vicios, y, en los órganos colegiados, el cumplimiento de las reglas esenciales de formación de su voluntad (cuya omisión total y absoluta es causa de nulidad, art. 47.1.e).

La forma de los actos administrativos (art. 36 Ley 39/2015)

Se producen por escrito a través de medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. Cuando deban dictarse actos de la misma naturaleza (nombramientos, concesiones, licencias), pueden refundirse en un único acto que especifique las circunstancias individuales de cada interesado, sin perjuicio de la notificación individualizada cuando la eficacia lo exija. La actuación administrativa automatizada (art. 41 Ley 40/2015) permite dictar actos sin intervención directa de un empleado público, mediante sistemas de firma electrónica como el sello electrónico o el código seguro de verificación. El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

La inderogabilidad singular (art. 37 Ley 39/2015)

Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano administrativo de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Consecuencia: las resoluciones singulares que contradigan un reglamento son inválidas. Es una garantía de igualdad y seguridad jurídica frente a las dispensas singulares. La Administración debe modificar la norma general mediante el procedimiento de elaboración de disposiciones, no vaciarla caso por caso.

La ejecutividad de los actos administrativos (arts. 38 y 98 Ley 39/2015)

Los actos son inmediatamente ejecutivos, manifestación de la autotutela ejecutiva, que permite a la Administración llevarlos a la práctica sin acudir previamente a los tribunales. La ejecutividad se exceptúa cuando se suspenda la ejecución, cuando se trate de una resolución de procedimiento sancionador o disciplinario contra la que quepa recurso en vía administrativa (incluido el potestativo de reposición), cuando una disposición establezca lo contrario o cuando necesite aprobación o autorización superior (art. 98.1). La suspensión puede acordarse, de oficio o a solicitud del recurrente, cuando la ejecución pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación, o la impugnación se funde en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho del art. 47.1 (art. 117.2); si transcurre un mes desde que la solicitud de suspensión tuvo entrada en el registro del órgano competente sin resolución expresa, se entiende suspendida (art. 117.3).

La presunción de validez de los actos administrativos (art. 39.1 Ley 39/2015)

Los actos se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dictan, salvo disposición en contrario. Es una presunción iuris tantum que traslada al recurrente la carga de acreditar la invalidez, manifestación de la autotutela declarativa de la Administración. No debe confundirse con la ejecutividad (art. 38) ni con la ejecutoriedad o ejecución forzosa (arts. 98 y ss.).

Eficacia de los actos administrativos (art. 39 Ley 39/2015)

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa (art. 39.1). La eficacia queda demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior (art. 39.2). La eficacia retroactiva es excepcional (art. 39.3): puede otorgarse cuando se dicten en sustitución de actos anulados y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y esta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Los actos de gravamen no pueden tener eficacia retroactiva (art. 9.3 CE).

Validez de los actos administrativos: nulidad y anulabilidad

La Ley 39/2015 distingue entre actos nulos de pleno derecho (art. 47.1: a) los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional; b) los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio; c) los que tengan un contenido imposible; d) los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta; e) los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados; f) los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición; g) cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley) y actos anulables (art. 48: cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, que no constituya causa de nulidad de pleno derecho). También son nulas las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (art. 47.2). La nulidad es imprescriptible y puede declararse de oficio en cualquier momento; la anulabilidad admite convalidación y su impugnación está sujeta a plazos.

La nulidad de pleno derecho: supuestos tasados (art. 47.1 Ley 39/2015)

Actos que lesionan derechos susceptibles de amparo constitucional (los de los arts. 14 a 29 y 30.2 CE); dictados por órgano manifiestamente incompetente por materia o territorio (la incompetencia jerárquica no es causa de nulidad, sino de anulabilidad); de contenido imposible; constitutivos de infracción penal o dictados como consecuencia de ella; dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento o de las reglas esenciales de formación de la voluntad de órganos colegiados; los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales; y los que una disposición con rango de ley declare expresamente nulos. La enumeración es taxativa; fuera de ella, la infracción determina solo anulabilidad.

La anulabilidad: cláusula general residual (art. 48 Ley 39/2015)

Son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder, no comprendida en los supuestos tasados de nulidad. El defecto de forma solo determina anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados; la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido solo implicará anulabilidad cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

Límites de la extensión de la nulidad o anulabilidad (art. 49), conversión (art. 50) y conservación (art. 51)

Art. 49: la nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero; la nulidad o anulabilidad parcial del acto no implica la de las partes independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto no hubiera sido dictado. Art. 50 (conversión): los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de este. Art. 51 (conservación): el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción (principio favor acti).

La convalidación de actos anulables (art. 52 Ley 39/2015)

La Administración puede convalidar los actos anulables subsanando los vicios de que adolezcan; el acto de convalidación produce efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto sobre retroactividad. Si el vicio consiste en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado; si consiste en la falta de alguna autorización, el acto puede convalidarse mediante su otorgamiento por el órgano competente. Solo son convalidables los actos anulables, no los nulos de pleno derecho.

La motivación de los actos administrativos (art. 35 Ley 39/2015)

La motivación es la exigencia de expresar sucintamente los hechos y fundamentos de derecho. Deben motivarse: los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos; los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y procedimientos de arbitraje, y los que declaren su inadmisión; los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos; los acuerdos de suspensión de actos cuya ejecución haya sido solicitada, así como la adopción de medidas provisionales y los que rechacen la práctica de pruebas; los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias; las propuestas de resolución en procedimientos sancionadores y los actos que resuelvan procedimientos sancionadores o de responsabilidad patrimonial; y los dictados en ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. La motivación de los actos que pongan fin a procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realiza de conformidad con lo que dispongan sus bases, debiendo quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución. La falta de motivación puede ser vicio de anulabilidad si causa indefensión; la jurisprudencia admite la motivación mediante informes o dictámenes incorporados al acto (motivación in aliunde).

La notificación: regla general (arts. 40 y 41 Ley 39/2015)

Se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen procedente. Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitan alguno de los demás requisitos surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto notificado, o interponga cualquier recurso. La notificación se practica preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía (art. 41). Las Administraciones podrán practicarla por medios no electrónicos cuando se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado en una oficina de asistencia en materia de registros y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento, o cuando sea necesario para asegurar la eficacia de la actuación administrativa.

La notificación por medios electrónicos (art. 43 Ley 39/2015) y sujetos obligados (art. 14)

Preferente, y obligatoria para los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones (art. 14.2: personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, quienes representen a un interesado obligado, y los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites que realicen por razón de su condición). Las personas físicas pueden elegir en todo momento el medio (art. 14.1). Se practica mediante comparecencia en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única (DEHú), o ambos sistemas. Se entiende practicada en el momento en que se produzca el acceso a su contenido, y rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda a su contenido (cuando la notificación electrónica es obligatoria o fue elegida por el interesado), salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. Se entiende cumplida la obligación de notificar con la puesta a disposición, y los plazos se cuentan desde el día siguiente al del acceso o rechazo. Si la notificación se pone a disposición por varios cauces, se tomará como fecha de notificación la de la primera producida.

La notificación en papel y la notificación infructuosa (arts. 42 y 44 Ley 39/2015)

La notificación en papel se practica en el domicilio del interesado o en el lugar que haya señalado. De no hallarse presente en el momento de entregarse, puede hacerse cargo cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo, se hará constar en el expediente esta circunstancia, junto con el día y hora en que se intentó, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. Si el interesado rechaza la notificación, se hará constar en el expediente y se tendrá por efectuado el trámite, siguiéndose el procedimiento. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio, o bien, intentada esta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (tablón edictal único), sin perjuicio de su publicación previa, con carácter facultativo, en el boletín de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio o del consulado o sección consular de la embajada correspondiente.

La publicación de los actos administrativos (arts. 45 y 46 Ley 39/2015)

Procede cuando lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente: cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas, o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos (en cuyo caso la publicación es adicional a la individual, no sustitutiva); y en los actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva, en los términos de la convocatoria. Debe contener los mismos elementos exigidos para la notificación. Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar en el diario oficial una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer para conocer su contenido íntegro (art. 46).

Medios de ejecución forzosa (arts. 99 a 104 Ley 39/2015)

Las Administraciones, a través de sus órganos competentes, pueden proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo cuando se suspenda o cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de un órgano judicial. Los medios son: apremio sobre el patrimonio (obligaciones pecuniarias, se sigue el procedimiento de recaudación); ejecución subsidiaria (actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado, a costa de este); multa coercitiva (reiterable por lapsos de tiempo suficientes para cumplir lo ordenado, exige que una ley la autorice, es independiente de las sanciones y compatible con ellas); y compulsión sobre las personas (solo cuando la ley expresamente lo autorice, con respeto a la dignidad y derechos constitucionales). Si fueren varios los medios admisibles, debe elegirse el menos restrictivo de la libertad individual (principio de proporcionalidad).

La entrada en domicilio para la ejecución forzosa

Si la ejecución exige entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran la autorización de su titular, la Administración debe obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial (garantía del art. 18.2 CE, inviolabilidad del domicilio). Las actuaciones materiales de ejecución sin cobertura en un acto administrativo previo o fuera de sus términos son vía de hecho, frente a la que cabe recurso contencioso-administrativo específico contra la vía de hecho.

La revisión de oficio de actos nulos (art. 106 Ley 39/2015)

Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos del art. 47.1. Pueden también declarar la nulidad de disposiciones administrativas en los supuestos del art. 47.2. Pueden inadmitirse a trámite las solicitudes de revisión que no se basen en las causas de nulidad o carezcan manifiestamente de fundamento. Si el procedimiento se inició de oficio, el transcurso de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución produce su caducidad; si se inició a solicitud del interesado, se podrá entender desestimada por silencio administrativo. Además, el órgano competente puede suspender la ejecución del acto cuando esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación (art. 108) y las facultades de revisión no pueden ejercerse cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias su ejercicio resulte contrario a la equidad, la buena fe, el derecho de los particulares o las leyes (art. 110).

La declaración de lesividad de actos anulables (art. 107 Ley 39/2015)

Los actos anulables y favorables para los interesados no pueden revisarse directamente de oficio: la Administración debe declararlos lesivos para el interés público y, a continuación, impugnarlos ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo (art. 107.2) y exige la previa audiencia de los interesados. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin haberse declarado la lesividad, se produce su caducidad (art. 107.3). Una vez declarada la lesividad, el recurso contencioso-administrativo debe interponerse en el plazo de dos meses desde la declaración, conforme al art. 46 LJCA. El plazo de cuatro años es, por tanto, límite para declarar la lesividad, no plazo para impugnar.

La revocación de actos de gravamen y la rectificación de errores materiales (art. 109 Ley 39/2015)

Las Administraciones podrán revocar sus actos de gravamen o desfavorables, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Es una facultad discrecional que no requiere dictamen previo. Las Administraciones podrán asimismo rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, sin alterar el fondo de la resolución.

Cuadro resumen: nulidad, anulabilidad y vías de revisión

Nulidad de pleno derecho: causas tasadas (art. 47.1), declarable en cualquier momento de oficio o a instancia de parte, previo dictamen favorable del Consejo de Estado (revisión de oficio, art. 106), no convalidable, sin plazo para invocarla. Anulabilidad: cláusula general residual (art. 48), convalidable (art. 52), impugnable en plazos; si el acto es favorable, la Administración solo puede revisarlo declarándolo lesivo (art. 107, plazo de cuatro años) e impugnándolo en lo contencioso. Revocación: solo para actos de gravamen o desfavorables (art. 109.1). Rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos: en cualquier momento (art. 109.2). Para no confundirlos, recordar que el plazo de caducidad del procedimiento de revisión de oficio y del de lesividad es de seis meses, y que el límite de cuatro años solo se aplica a la lesividad.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Los actos administrativos producen efectos desde la fecha en que se dictan (art. 39.1 LPAC), salvo que se disponga otra cosa o su eficacia quede demorada por notificación, publicación o aprobación superior.
  • La nulidad de pleno derecho (art. 47 LPAC) es imprescriptible y declarable de oficio en cualquier momento; la anulabilidad (art. 48) admite convalidación y está sujeta a plazos de impugnación.
  • La notificación debe cursarse en el plazo de 10 días desde que el acto se dictó, contener el texto íntegro y expresar si pone fin a la vía administrativa y los recursos que proceden (art. 40 LPAC).
  • Los actos favorables gozan de protección reforzada frente a su revisión: solo pueden dejarse sin efecto mediante revisión de oficio (si son nulos) o declaración de lesividad (si son anulables); la revocación libre es solo para actos de gravamen o desfavorables.
  • Solo los actos definitivos son recurribles de forma autónoma con carácter general; los actos de trámite solo lo son si deciden el fondo, impiden continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable.
  • El silencio positivo tiene la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento, y la resolución expresa posterior solo puede ser confirmatoria; el silencio negativo es una mera ficción que habilita el recurso, y la resolución expresa posterior no queda vinculada a su sentido.
  • La presunción de validez de los actos (art. 39.1 LPAC) es iuris tantum y traslada al recurrente la carga de acreditar la invalidez, manifestación de la autotutela declarativa.
  • La ejecutividad de los actos (art. 38 LPAC, autotutela ejecutiva) permite a la Administración ejecutarlos sin acudir previamente a los tribunales; puede suspenderse si la ejecución causa perjuicios de imposible o difícil reparación, o hay causa de nulidad de pleno derecho.
  • La retroactividad de actos (art. 39.3 LPAC) procede cuando se dictan en sustitución de actos anulados o cuando producen efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho ya existieran en la fecha de retroacción y no se lesionen derechos de terceros. Son supuestos alternativos.
  • El principio de conservación de actos (art. 51 LPAC, favor acti): se conservan los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. La nulidad de un acto no implica la de los sucesivos independientes (art. 49).
  • La convalidación de actos anulables (art. 52 LPAC): si el vicio es incompetencia no determinante de nulidad (jerárquica), convalida el superior jerárquico; si es falta de autorización, se convalida mediante su otorgamiento por el órgano competente.
  • Medios de ejecución forzosa: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas (esta última exige habilitación legal expresa); se elige el menos restrictivo de la libertad individual.
  • La entrada en domicilio para ejecución forzosa exige consentimiento del titular o, en su defecto, autorización judicial.
  • La revisión de oficio de actos nulos (art. 106 LPAC) exige dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente; si se inició de oficio caduca a los 6 meses, y si se inició a solicitud del interesado se entiende desestimada por silencio.
  • Lesividad (art. 107 LPAC): no puede declararse transcurridos 4 años desde que se dictó el acto; después se impugna ante lo contencioso en 2 meses desde la declaración. Error típico de examen: confundir el plazo de 4 años con el de impugnación.
  • Notificación electrónica: se entiende rechazada a los 10 días naturales de su puesta a disposición sin acceso; obligatoria para las personas jurídicas, profesionales colegiados, sus representantes y empleados públicos (art. 14.2 LPAC).
  • Notificación en papel: segundo intento por una sola vez, en hora distinta, dentro de los tres días siguientes; si fracasa, publicación en el BOE (tablón edictal único).
  • La incompetencia manifiesta por materia o territorio es nulidad de pleno derecho; la incompetencia jerárquica es solo anulabilidad (y convalidable).
  • Los defectos de forma solo anulan si falta un requisito indispensable para el fin del acto o hay indefensión; la actuación fuera de plazo solo anula si lo impone la naturaleza del término.
  • La rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos puede hacerse en cualquier momento, de oficio o a instancia de parte, sin alterar el fondo de la resolución (art. 109.2 LPAC).
  • Los actos favorables no pueden revocarse libremente, y los actos de gravamen no pueden tener eficacia retroactiva.
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¿En qué plazo debe cursarse la notificación de una resolución tras haberse dictado?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 2 de Administrativo del Estado?

El acto administrativo es la declaración de voluntad, juicio, deseo o conocimiento de la Administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la reglamentaria, que produce efectos jurídicos. Su régimen (arts. 34 a 52 de la Ley 39/2015) comprende su producción y forma, su clasificación, su eficacia (ejecutividad, presunción de validez, efectos desde que se dictan, demora y retroactividad), su validez (nulidad de pleno derecho y anulabilidad, conservación, conversión y convalidación), su motivación y su comunicación a los interesados mediante notificación o publicación, de las que depende su plena eficacia.

¿Qué hay que memorizar del Tema 2 para el examen?

Los actos administrativos producen efectos desde la fecha en que se dictan (art. 39.1 LPAC), salvo que se disponga otra cosa o su eficacia quede demorada por notificación, publicación o aprobación superior. La nulidad de pleno derecho (art. 47 LPAC) es imprescriptible y declarable de oficio en cualquier momento; la anulabilidad (art. 48) admite convalidación y está sujeta a plazos de impugnación. La notificación debe cursarse en el plazo de 10 días desde que el acto se dictó, contener el texto íntegro y expresar si pone fin a la vía administrativa y los recursos que proceden (art. 40 LPAC). Los actos favorables gozan de protección reforzada frente a su revisión: solo pueden dejarse sin efecto mediante revisión de oficio (si son nulos) o declaración de lesividad (si son anulables); la revocación libre es solo para actos de gravamen o desfavorables. Solo los actos definitivos son recurribles de forma autónoma con carácter general; los actos de trámite solo lo son si deciden el fondo, impiden continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable. El silencio positivo tiene la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento, y la resolución expresa posterior solo puede ser confirmatoria; el silencio negativo es una mera ficción que habilita el recurso, y la resolución expresa posterior no queda vinculada a su sentido. La presunción de validez de los actos (art. 39.1 LPAC) es iuris tantum y traslada al recurrente la carga de acreditar la invalidez, manifestación de la autotutela declarativa. La ejecutividad de los actos (art. 38 LPAC, autotutela ejecutiva) permite a la Administración ejecutarlos sin acudir previamente a los tribunales; puede suspenderse si la ejecución causa perjuicios de imposible o difícil reparación, o hay causa de nulidad de pleno derecho. La retroactividad de actos (art. 39.3 LPAC) procede cuando se dictan en sustitución de actos anulados o cuando producen efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho ya existieran en la fecha de retroacción y no se lesionen derechos de terceros. Son supuestos alternativos. El principio de conservación de actos (art. 51 LPAC, favor acti): se conservan los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. La nulidad de un acto no implica la de los sucesivos independientes (art. 49). La convalidación de actos anulables (art. 52 LPAC): si el vicio es incompetencia no determinante de nulidad (jerárquica), convalida el superior jerárquico; si es falta de autorización, se convalida mediante su otorgamiento por el órgano competente. Medios de ejecución forzosa: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas (esta última exige habilitación legal expresa); se elige el menos restrictivo de la libertad individual. La entrada en domicilio para ejecución forzosa exige consentimiento del titular o, en su defecto, autorización judicial. La revisión de oficio de actos nulos (art. 106 LPAC) exige dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente; si se inició de oficio caduca a los 6 meses, y si se inició a solicitud del interesado se entiende desestimada por silencio. Lesividad (art. 107 LPAC): no puede declararse transcurridos 4 años desde que se dictó el acto; después se impugna ante lo contencioso en 2 meses desde la declaración. Error típico de examen: confundir el plazo de 4 años con el de impugnación. Notificación electrónica: se entiende rechazada a los 10 días naturales de su puesta a disposición sin acceso; obligatoria para las personas jurídicas, profesionales colegiados, sus representantes y empleados públicos (art. 14.2 LPAC). Notificación en papel: segundo intento por una sola vez, en hora distinta, dentro de los tres días siguientes; si fracasa, publicación en el BOE (tablón edictal único). La incompetencia manifiesta por materia o territorio es nulidad de pleno derecho; la incompetencia jerárquica es solo anulabilidad (y convalidable). Los defectos de forma solo anulan si falta un requisito indispensable para el fin del acto o hay indefensión; la actuación fuera de plazo solo anula si lo impone la naturaleza del término. La rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos puede hacerse en cualquier momento, de oficio o a instancia de parte, sin alterar el fondo de la resolución (art. 109.2 LPAC). Los actos favorables no pueden revocarse libremente, y los actos de gravamen no pueden tener eficacia retroactiva.

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Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 14, 21, 24-25, 34-52, 98-110, 112, 114 y 117 (BOE-A-2015-10565).
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, art. 41 (BOE-A-2015-10566).
  • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, arts. 28 y 46.
  • Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
  • Constitución Española de 1978, arts. 9.3, 18.2 y 103.

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