Tema 3. Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público. Procedimiento administrativo común y su alcance: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos. El recurso contencioso-administrativo. Actividad administrativa impugnable. Las partes: capacidad, legitimación, representación y defensa.
Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1). La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo IV) con un temario distinto, no cubierto aquí.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPAC), y la Ley 40/2015, de 1 de octubre (LRJSP), dividen el derecho administrativo general en dos grandes leyes que sustituyeron a la Ley 30/1992: la primera regula los actos administrativos y el procedimiento administrativo común, aplicable a todas las Administraciones, con sus fases (iniciación, ordenación, instrucción y terminación) y los mecanismos de revisión de los actos en vía administrativa (revisión de oficio y recursos administrativos); la segunda regula el régimen jurídico del sector público (órganos, competencia, relaciones interadministrativas, sector público institucional, responsabilidad patrimonial y potestad sancionadora). Frente a los actos que agotan la vía administrativa, y frente a las disposiciones generales, cabe además el recurso contencioso-administrativo, regulado por la Ley 29/1998 (LJCA), ante los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Regula los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas (incluido el sancionador y el de responsabilidad patrimonial), y los principios a que ha de ajustarse el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones. Sustituye a la Ley 30/1992 y consolida lo electrónico como cauce ordinario de relación. Se publicó el 2 de octubre de 2015 y su entrada en vigor general se produjo un año después, con aplazamiento posterior de algunos preceptos de administración electrónica.
El ámbito subjetivo y el carácter básico de la LPAC (arts. 2 LPAC y 149.1.18ª CE)
Se aplica al sector público, que comprende: la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, y el sector público institucional. Este último se integra por los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones; las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes, que quedan sujetas a la ley en lo que específicamente se refiera a ellas (en particular a los principios de actuación) y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas; y las Universidades públicas, que se rigen por su normativa específica y supletoriamente por la ley. Se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común (art. 149.1.18ª CE). Los procedimientos tributarios, de Seguridad Social y desempleo, y de extranjería y asilo, entre otros, se rigen por su normativa específica y supletoriamente por la LPAC (disposición adicional primera).
Objeto y principios de la Ley 40/2015 (LRJSP)
Establece y regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad patrimonial de las Administraciones y de la potestad sancionadora, la organización y funcionamiento del sector público institucional y las relaciones entre Administraciones (cooperación, convenios, relaciones electrónicas). Las Administraciones sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho (art. 3). Entre sus principios de actuación figuran también la buena fe, la confianza legítima, la lealtad institucional, la responsabilidad por la gestión pública, la planificación y dirección por objetivos, la eficiencia en la asignación de recursos públicos y la cooperación, colaboración y coordinación entre Administraciones.
Órganos y competencia en la Ley 40/2015: técnicas de alteración del ejercicio de la competencia
La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación. La delegación de competencias entre órganos de la misma o distinta Administración se publica en el diario oficial correspondiente, es revocable en cualquier momento y las resoluciones dictadas por delegación se consideran dictadas por el órgano delegante, haciéndose constar esta circunstancia. No son delegables, entre otras, las competencias relativas a asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, Cortes Generales o Asambleas Legislativas, la adopción de disposiciones de carácter general, la resolución de recursos en los órganos que hayan dictado los actos recurridos y las materias en que así se determine por norma con rango de ley. La avocación permite al órgano superior recabar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda ordinariamente a un órgano dependiente, mediante acuerdo motivado, y contra ella no cabe recurso (sin perjuicio de impugnar la resolución final). La delegación de firma no altera la competencia, y la encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia.
Concepto de procedimiento administrativo
Cauce formal, serie ordenada de actos y trámites, a través del cual se forma y exterioriza la voluntad administrativa para un fin de interés general, garantizando el acierto de la decisión y los derechos de los interesados. A diferencia del proceso judicial, la Administración es simultáneamente parte interesada y órgano que instruye y resuelve. El procedimiento sigue una estructura de fases: iniciación, ordenación, instrucción y terminación (a la que se añade la ejecución).
La capacidad de obrar ante la Administración (art. 3 LPAC)
Tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, además de las personas físicas y jurídicas que la ostenten con arreglo a las normas civiles, los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela, y los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos cuando la ley así lo declare expresamente. Se exceptúa el supuesto de menores incapacitados cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa del derecho o interés de que se trate.
Los interesados en el procedimiento (art. 4 LPAC)
Tienen tal condición: quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; quienes, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte; y aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca. La condición de interesado se transmite a los derechohabientes cuando la relación jurídica no se extinga por el fallecimiento.
La representación de los interesados (art. 5 LPAC)
Los interesados con capacidad de obrar pueden actuar por medio de representante, entendiéndose con este las actuaciones administrativas salvo manifestación expresa en contra del interesado. Se presume la representación para los actos y gestiones de mero trámite; para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona debe acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal o electrónica en la correspondiente sede electrónica (apoderamiento apud acta). Los registros electrónicos de apoderamientos permiten inscribir los poderes, que pueden ser generales (para cualquier actuación), especiales para determinados trámites, o para un trámite concreto. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá tener por realizado el acto siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto en el plazo de 10 días que deberá conceder el órgano administrativo.
Derechos generales en las relaciones con la Administración (art. 13 LPAC)
Comunicarse con las Administraciones a través de un Punto de Acceso General electrónico; ser asistidos en el uso de medios electrónicos; utilizar las lenguas cooficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma; acceder a la información pública, archivos y registros; ser tratados con respeto y deferencia; exigir las responsabilidades de las Administraciones y del personal a su servicio cuando así corresponda legalmente; obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos de los proyectos, actuaciones o solicitudes; y la protección de datos de carácter personal y, en particular, la seguridad y confidencialidad de los datos.
Obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración (art. 14 LPAC)
Las personas físicas pueden elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones por medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas. Están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos para la realización de cualquier trámite: las personas jurídicas; las entidades sin personalidad jurídica; quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones en ejercicio de dicha actividad profesional; quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente; y los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público. Reglamentariamente las Administraciones pueden establecer la obligación para determinados colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
Registros y presentación de documentos (art. 16 LPAC)
Cada Administración dispone de un Registro Electrónico General (en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento presentado o recibido), sin perjuicio de que los organismos públicos vinculados o dependientes puedan tener su propio registro, plenamente interoperable. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones podrán presentarse: en el registro electrónico de la Administración u organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos del art. 2.1; en las oficinas de Correos en la forma reglamentariamente establecida; en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero; en las oficinas de asistencia en materia de registros; y en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. Los documentos presentados de manera presencial se digitalizan y los originales se devuelven al interesado. La fecha de entrada en el registro determina el inicio del cómputo de plazos para resolver.
Cómputo de plazos y ampliación (arts. 29 a 32 LPAC)
Los plazos obligan a las autoridades, al personal al servicio de las Administraciones y a los interesados. Salvo que una ley o el Derecho de la Unión Europea disponga otro cómputo, los plazos señalados por días se entienden hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Los plazos expresados en meses o años se computan de fecha a fecha, a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo; si en el mes de vencimiento no hay día equivalente, el plazo expira el último día del mes. Si el último día del plazo es inhábil, se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente. La Administración, salvo precepto en contrario, puede conceder de oficio o a petición de los interesados una ampliación de los plazos que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y no se perjudican derechos de terceros; los acuerdos sobre ampliación de plazos o su denegación no son susceptibles de recurso.
Eficacia de los actos: validez, ejecutividad y nulidad (arts. 38, 39 y 47-52 LPAC)
Los actos de las Administraciones sujetos al Derecho Administrativo se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa, y son inmediatamente ejecutivos, salvo las excepciones legales (principio de autotutela declarativa y ejecutiva). Su eficacia queda demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. Son nulos de pleno derecho los actos que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional; los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio; los de contenido imposible; los constitutivos de infracción penal o dictados como consecuencia de ésta; los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados; los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición; y cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley (art. 47.1). También son nulas las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (art. 47.2). Son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder (art. 48); el defecto de forma sólo determina la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, y la actuación fuera de tiempo sólo cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. La Administración puede convalidar los actos anulables subsanando los vicios de que adolezcan (art. 52).
Derechos específicos de los interesados en el procedimiento (art. 53 LPAC)
Conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y obtener copia de los documentos contenidos en ellos; identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos; no presentar documentos originales salvo que de manera excepcional la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario; no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables o que ya se encuentren en poder de las Administraciones; formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia; obtener información y orientación sobre los requisitos jurídicos o técnicos; actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses; y cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos. En los procedimientos de naturaleza sancionadora se reconocen además los derechos a ser notificado de los hechos imputados, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se pudieran imponer, y a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.
El derecho a no aportar documentos ya en poder de la Administración (art. 28 LPAC)
Los interesados no están obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración ni los originales salvo excepciones. Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. Se presume que la consulta u obtención es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. Las Administraciones consultan o recaban electrónicamente los documentos mediante redes corporativas o consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
La responsabilidad de la tramitación (art. 20 LPAC)
Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos son responsables directos de su tramitación y deben adoptar las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos. Los interesados pueden solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la Administración de que dependa el personal afectado; su incumplimiento puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la patrimonial que proceda.
La obligación de resolver (art. 21 LPAC)
La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Se exceptúan los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.
El plazo máximo para resolver y notificar (art. 21 LPAC)
El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, sin que pueda exceder de 6 meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de 3 meses. Este plazo se cuenta: en los iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación; en los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación. Las Administraciones deben publicar y mantener actualizadas en el portal web las relaciones de procedimientos con indicación de los plazos máximos de duración y de los efectos que produzca el silencio administrativo, e informar a los interesados del plazo máximo y de los efectos del silencio en la comunicación que se les dirija dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la solicitud.
Efectos de la falta de resolución expresa según la forma de iniciación (arts. 24 y 25 LPAC)
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin notificar resolución expresa produce silencio administrativo, estimatorio o desestimatorio según el art. 24. En los procedimientos iniciados de oficio (art. 25): si se trata de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo; si se trata de procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se produce la caducidad, y la resolución que la declare ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el art. 95.
La suspensión del plazo máximo para resolver (art. 22 LPAC)
Puede suspenderse el transcurso del plazo máximo legal para resolver, entre otros supuestos: cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido; cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de las Comunidades Europeas; cuando se soliciten informes preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, con un máximo de 3 meses (si no se recibe en ese plazo, proseguirá el procedimiento); cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados; y cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el art. 86.
La ampliación del plazo para resolver (art. 23 LPAC)
Cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles, el órgano competente para resolver, a propuesta motivada del instructor o del órgano superior jerárquico del instructor, puede acordar de forma excepcional, mediante acuerdo motivado, la ampliación del plazo máximo de resolución, sin que la ampliación pueda ser superior al plazo establecido para la tramitación del procedimiento. De acordarse, se notifica a los interesados. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que pueda cuestionarse al impugnar la resolución final del procedimiento.
El silencio administrativo: concepto, fundamento y efectos (art. 24 LPAC)
Técnica por la que el ordenamiento atribuye un efecto estimatorio o desestimatorio a la falta de resolución expresa en plazo, garantía frente a la inactividad administrativa. Su producción no exime a la Administración de la obligación de resolver expresamente. La estimación por silencio tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento, y la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. La desestimación por silencio es una mera ficción legal con los solos efectos de permitir a los interesados interponer el recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente, y la resolución expresa posterior se adopta sin vinculación alguna al sentido del silencio. Los actos producidos por silencio positivo se pueden hacer valer ante la Administración y ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada, y producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo; su existencia puede acreditarse mediante cualquier medio de prueba, incluido el certificado acreditativo del silencio, que se expide de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de 15 días desde que expire el plazo máximo para resolver, sin perjuicio de que el interesado pueda pedirlo en cualquier momento.
Silencio positivo y silencio negativo (art. 24 LPAC)
Regla general en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado: silencio positivo (estimación), salvo que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezca lo contrario. Excepciones legales con silencio negativo: procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición del art. 29 CE; aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público; los que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente; y los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. El sentido del silencio también es desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados; no obstante, si el recurso de alzada se ha interpuesto contra la desestimación por silencio de una solicitud, se entiende estimado si, llegado el plazo de resolución del recurso, no se dicta y notifica resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias antes enumeradas.
La iniciación del procedimiento: clases (arts. 54 y 58 LPAC)
Los procedimientos pueden iniciarse de oficio o a solicitud del interesado. De oficio: por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. A solicitud de persona interesada: mediante el ejercicio de un derecho o interés legítimo. Con carácter previo, el órgano competente puede abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento (art. 55). La forma de iniciación determina el régimen de silencio y de caducidad aplicable. La denuncia es el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio; el denunciante no es por ello interesado, y debe comunicársele si se ha iniciado o no el procedimiento cuando la denuncia invoque un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas.
Requisitos formales de la solicitud de iniciación (art. 66 LPAC)
Debe contener: nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, así como la identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación; los hechos, razones y petición en que se concrete la solicitud; lugar y fecha; firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio; y órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su código de identificación. Las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas con contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar pueden formularse en una única solicitud. Los solicitantes pueden acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, que deben ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan.
Las medidas provisionales (art. 56 LPAC)
Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver puede adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existen elementos de juicio suficientes para ello. Antes de la iniciación del procedimiento, pueden adoptarse en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, debiendo ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación, que ha de efectuarse dentro de los 15 días siguientes a su adopción (contra el cual cabe el recurso que proceda). Las medidas pierden eficacia si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o el acuerdo de iniciación no contiene pronunciamiento expreso sobre las mismas. No se pueden dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.
La subsanación y mejora de la solicitud (art. 68 LPAC)
Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, se requiere al interesado para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos del art. 21. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo puede ampliarse prudencialmente, hasta 5 días, a petición del interesado o por iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. Las Administraciones pueden requerir en cualquier momento a los interesados la presentación de la documentación original o complementaria cuando sea necesaria.
La declaración responsable y la comunicación previa (art. 69 LPAC)
La declaración responsable es el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. La comunicación es el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. Ambas permiten, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o comunicación, determina la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
La ordenación del procedimiento: impulso de oficio, orden de despacho, concentración y acumulación (arts. 71 a 74 y 57 LPAC)
El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsa de oficio en todos sus trámites. En el despacho de los expedientes se guarda el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia; el incumplimiento puede dar lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deben realizarse en el plazo de 10 días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo que en la norma correspondiente se fije plazo distinto; se concentran en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo (art. 72). Las cuestiones incidentales que se suscitan en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenden la tramitación del mismo, salvo la recusación (art. 74). El órgano que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, puede disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra el acuerdo de acumulación no cabe recurso alguno (art. 57).
Los actos de instrucción (art. 75 LPAC)
Son los necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución. Se realizan de oficio y por medios electrónicos, y por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos. Los interesados pueden proponer actuaciones necesarias, pudiendo el órgano rechazar motivadamente las manifiestamente improcedentes o innecesarias, sin que quepa recurso independiente. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados deben practicarse en la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.
Las alegaciones de los interesados (art. 76 LPAC)
Los interesados pueden, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Unos y otros son tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución. Los interesados pueden, en todo caso, alegar los defectos de tramitación, y en especial los que supongan paralización, infracción de los plazos señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones pueden dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria.
La prueba en el procedimiento administrativo (arts. 77-78 LPAC)
Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realiza de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor acuerda la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a 30 días ni inferior a 10, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. Puede rechazar de forma motivada las pruebas propuestas cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada que no es recurrible de forma independiente. La Administración comunica a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas admitidas, indicando lugar, fecha y hora, con la advertencia de que pueden nombrar técnicos para que les asistan. Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, en los que se recojan los hechos constatados por ellos con los requisitos legales, hacen prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario.
Los informes: preceptivos, facultativos, vinculantes y no vinculantes (arts. 79-80 LPAC)
Salvo disposición expresa en contrario, los informes son facultativos y no vinculantes. Se solicitan con la mayor brevedad posible, concretando la cuestión sobre la que se solicitan, y deben emitirse en el plazo de 10 días, salvo que una disposición permita o exija otro mayor o menor. Cuando un informe sea preceptivo y su emisión sea determinante para la resolución del procedimiento, se puede suspender el plazo máximo para resolver por el tiempo que medie entre la petición y la recepción, con el límite máximo de 3 meses. De no emitirse el informe en plazo, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se pueden proseguir las actuaciones, salvo que se trate de un informe preceptivo y determinante. Distinción conceptual: preceptivo (obligatorio solicitarlo, aunque su contenido no obligue), vinculante (obliga a la Administración a resolver en el sentido que indica, como en el dictamen favorable en la revisión de oficio) y determinante (condiciona el contenido de la resolución).
El trámite de audiencia (art. 82 LPAC)
Instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se ponen de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, para lo que se tiene en cuenta lo previsto en el art. 53.1.a. Los interesados, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15, pueden alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tiene por realizado el trámite. Se puede prescindir del trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. Su omisión, cuando causa indefensión material, determina la anulabilidad del acto.
La información pública (art. 83 LPAC)
El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, puede acordar un período de información pública. A tal efecto se anuncia en el diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento, o la parte del mismo que se acuerde, durante un plazo no inferior a 20 días. El anuncio señala el lugar de exhibición y determina el plazo para formular alegaciones. La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado, pero quien lo haga tiene derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que puede ser común para todas las alegaciones que planteen cuestiones substancialmente iguales. La incomparecencia en este trámite no impide interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.
Formas de terminación del procedimiento (art. 84 LPAC)
Ponen fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad. También produce la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, que debe ser motivada. Pueden añadirse la terminación convencional (art. 86) y, en procedimientos sancionadores, el pago voluntario (art. 85). El silencio administrativo no es forma de terminación propiamente dicha, sino ficción legal que permite acudir a la vía de recurso o entender estimada la solicitud según los casos.
El desistimiento y la renuncia (arts. 93 y 94 LPAC)
Todo interesado puede desistir de su solicitud o, cuando no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. El desistimiento afecta sólo a la pretensión concreta, sin extinguir el derecho sustantivo, pudiendo reiniciarse el procedimiento después; la renuncia afecta al propio derecho material, excluyendo su ejercicio posterior. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afecta a aquellos que la hubiesen formulado. Tanto el desistimiento como la renuncia pueden hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan según la legislación aplicable. La Administración acepta de plano el desistimiento o la renuncia y declara concluso el procedimiento, salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, insten éstos su continuación en el plazo de 10 días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entraña interés general o es conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración puede limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento. En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración puede desistir motivadamente en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes (art. 93).
La caducidad del procedimiento (arts. 25 y 95 LPAC)
Presenta dos supuestos: a) en los procedimientos iniciados de oficio con efectos desfavorables o de gravamen (en particular, sancionadores), se produce por el vencimiento del plazo máximo sin resolución expresa (art. 25.1.b); b) en los iniciados a solicitud del interesado, cuando se produce su paralización por causa imputable al mismo: la Administración le advierte de que, transcurridos 3 meses, se producirá la caducidad; consumido el plazo sin que realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acuerda el archivo de las actuaciones, notificándoselo (art. 95.1). No puede acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución; dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite. Contra la resolución que declare la caducidad proceden los recursos pertinentes. La caducidad no produce por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción. Puede no aplicarse la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. En los casos en que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse extinguido el derecho o la acción de la Administración, pueden incorporarse al nuevo los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad.
La terminación convencional (art. 86 LPAC)
Las Administraciones Públicas pueden celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regula. Pueden tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. No suponen alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos ni de las responsabilidades de las autoridades y funcionarios relativas al funcionamiento de los servicios públicos.
La resolución: contenido y principios (art. 88 LPAC)
La resolución decide todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento. Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente puede pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a 15 días, para que formulen las alegaciones que estimen oportunas y aporten, en su caso, los medios de prueba. Las resoluciones deben ser congruentes con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede. La resolución es motivada en los casos del art. 35 (limitativos de derechos, resolución de recursos, separación de criterio, etc.) y expresa los recursos que contra la misma procedan, el órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen procedente.
La tramitación simplificada del procedimiento (art. 96 LPAC)
Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones pueden acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento. Si se inicia de oficio, el acuerdo se notifica a los interesados y, si alguno manifiesta su oposición expresa, la Administración debe seguir la tramitación ordinaria. Si se inicia a solicitud del interesado, éste puede proponerla en su solicitud. En cualquier momento anterior a la resolución, el órgano competente para la tramitación puede acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria. Los trámites ordinarios se reducen, sustancialmente, a la mitad de los plazos salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. Plazo máximo para resolver: 30 días desde el siguiente a aquel en que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada, sin que pueda excederse del plazo máximo para resolver. Si se excede, se produce el silencio o la caducidad que corresponda.
La revisión de los actos en vía administrativa: panorama
El Título V de la LPAC (arts. 106 a 126) regula la revisión de los actos en vía administrativa mediante dos vías: la revisión de oficio (arts. 106-111: nulidad de pleno derecho, declaración de lesividad de actos anulables, suspensión, revocación de actos de gravamen, rectificación de errores y límites) y los recursos administrativos (arts. 112-126: alzada, reposición potestativa y extraordinario de revisión). La revisión de oficio responde al principio de autotutela y de legalidad; los recursos responden al derecho de los interesados a que la Administración reexamine sus decisiones antes de acudir a los tribunales.
La revisión de oficio de actos nulos (art. 106 LPAC)
Las Administraciones Públicas pueden, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el art. 47.1. El dictamen es preceptivo y vinculante en sentido favorable (si es desfavorable no puede declararse la nulidad). Igualmente, y con el mismo dictamen, pueden declarar de oficio la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos del art. 47.2. Pueden inadmitirse a trámite las solicitudes de revisión, sin necesidad de recabar dictamen, cuando no se basen en alguna de las causas del art. 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. Al declarar la nulidad, la Administración puede establecer en la misma resolución las indemnizaciones que procedan a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en la ley. Si el procedimiento se ha iniciado de oficio, el transcurso de 6 meses desde su inicio sin resolución produce su caducidad; si se ha iniciado a solicitud de interesado, puede entenderse desestimada por silencio.
La declaración de lesividad de actos anulables (art. 107 LPAC)
Las Administraciones Públicas pueden impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme al art. 48, previa su declaración de lesividad para el interés público. La declaración de lesividad no puede adoptarse una vez transcurridos 4 años desde que se dictó el acto administrativo y exige la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. Transcurridos 6 meses desde la iniciación del procedimiento sin que se haya declarado la lesividad, se produce la caducidad. La declaración de lesividad no es susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados para que puedan comparecer en el proceso contencioso-administrativo; este se interpone en el plazo de 2 meses desde la declaración, conforme al art. 46 LJCA. Se diferencia de la nulidad en que se aplica a actos favorables anulables y no a nulos, y exige acudir a los tribunales, que son quienes anulan.
Suspensión, revocación, rectificación de errores y límites de la revisión (arts. 108 a 111 LPAC)
Iniciado un procedimiento de revisión de oficio o de lesividad, el órgano competente puede suspender la ejecución del acto cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación (art. 108). Las Administraciones pueden revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico (art. 109.1). Pueden asimismo rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos (art. 109.2). Las facultades de revisión no pueden ejercerse cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes (art. 110). La competencia para la revisión de oficio y la declaración de lesividad se atribuye (art. 111) a los órganos que la ley determina según la jerarquía administrativa, correspondiendo al Consejo de Ministros respecto de sus propios actos.
Concepto de recurso administrativo
Acto del administrado por el que pide a la propia Administración autora de un acto, o a su superior jerárquico, que lo revoque, sustituya o reforme, dando lugar a un nuevo procedimiento distinto de aquel en que se dictó el acto impugnado. Manifestación de la autotutela administrativa: se ofrece a la Administración revisar sus propias decisiones antes de acudir a los tribunales. Los recursos administrativos pueden fundarse en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 47 y 48 LPAC.
Objeto y actos recurribles en vía administrativa (art. 112 LPAC)
Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, pueden interponer los interesados recurso de alzada y potestativo de reposición. La oposición a los restantes actos de trámite puede alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en vía administrativa (sólo recurso contencioso-administrativo directo o indirecto). Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general pueden interponerse directamente ante el órgano que dictó la disposición. Las leyes pueden sustituir el recurso de alzada por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, respetando los principios, garantías y plazos.
Fin de la vía administrativa (art. 114 LPAC)
Ponen fin a la vía administrativa: las resoluciones de los recursos de alzada; las resoluciones de los procedimientos de impugnación sustitutivos de los recursos; las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario; las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca; y los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. Tras ellos queda abierta la vía contencioso-administrativa, sin perjuicio del recurso potestativo de reposición.
Requisitos de los recursos administrativos (arts. 115 y 116 LPAC)
La interposición del recurso debe expresar: nombre y apellidos del recurrente y, en su caso, de la persona que lo represente; el acto que se recurre y la razón de su impugnación; lugar, fecha, firma y órgano a quien se dirige; y medio y lugar de notificación. El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no es obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no pueden ser alegados por quienes los hubieren causado. Son causas de inadmisión: la incompetencia manifiesta del órgano; la falta de legitimación del recurrente; que el acto no sea susceptible de recurso; haber transcurrido el plazo para interponerlo; y carecer manifiestamente de fundamento.
La suspensión de la ejecución del acto recurrido (art. 117 LPAC)
Regla general: la interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspende la ejecución del acto impugnado (autotutela ejecutiva). El órgano a quien competa resolver el recurso puede suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente por la eficacia inmediata del acto recurrido, cuando concurra alguna de estas circunstancias: que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación; o que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho del art. 47.1. La ejecución del acto se entiende suspendida si transcurrido 1 mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto (suspensión por silencio). Al dictar el acuerdo de suspensión pueden adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado, y puede exigirse caución o garantía.
Audiencia, resolución y reformatio in peius en los recursos (arts. 118 y 119 LPAC)
Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se ponen de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes. Si hay otros interesados, se les da traslado del recurso para que aleguen en el mismo plazo. No se tienen en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos o alegaciones del recurrente que, habiendo podido aportarse en el trámite de alegaciones, no lo hizo. La resolución estima en todo o en parte, desestima las pretensiones o declara la inadmisión. Cuando exista vicio de forma y no se estime procedente resolver sobre el fondo, se ordena la retroacción del procedimiento al momento en que el vicio fue cometido. El órgano que resuelve decide cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados (oyéndoles previamente en este caso), pero la resolución debe ser congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial (prohibición de reformatio in peius).
El recurso de alzada: procedencia, plazo y resolución (arts. 121 y 122 LPAC)
Procede contra resoluciones y actos de trámite cualificados que no ponen fin a la vía administrativa, ante el órgano superior jerárquico del que los dictó (puede presentarse ante el órgano que dictó el acto impugnado, que debe remitirlo al competente para resolver en el plazo de 10 días con su informe y copia completa y ordenada del expediente, o directamente ante este último). Plazo de interposición: 1 mes si el acto es expreso (transcurrido sin interponerlo, la resolución es firme a todos los efectos); si el acto no es expreso, en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Plazo máximo de resolución y notificación: 3 meses, transcurridos los cuales se puede entender desestimado el recurso (salvo en el supuesto de estimación por silencio previsto en el art. 24.1, párrafo tercero). Contra la resolución de un recurso de alzada no cabe ningún otro recurso administrativo, salvo el extraordinario de revisión en los casos del art. 125.
El recurso potestativo de reposición (arts. 123 y 124 LPAC)
Contra actos que ponen fin a la vía administrativa, el interesado elige entre el recurso contencioso-administrativo directo o, con carácter previo y potestativo, el recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto. Plazo de interposición: 1 mes si el acto es expreso; si no lo es, en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Plazo máximo para dictar y notificar la resolución: 1 mes; transcurrido sin resolución expresa, se entiende desestimado. Mientras esté pendiente su resolución expresa o presunta, no puede interponerse recurso contencioso-administrativo. Contra la resolución de un recurso de reposición no puede interponerse de nuevo dicho recurso.
El recurso extraordinario de revisión: motivos tasados (arts. 125 y 126 LPAC)
Contra los actos firmes en vía administrativa, ante el órgano administrativo que los dictó (que también es competente para resolverlo), cuando concurra alguna de estas circunstancias: a) que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente; b) que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida; c) que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución; d) que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. Plazos: 4 años desde la notificación de la resolución impugnada si el motivo es el error de hecho (letra a); 3 meses desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme en los demás casos. El órgano puede acordar motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado, cuando el recurso no se funde en alguna de las causas del art. 125.1 o se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales. Si transcurren 3 meses desde su interposición sin resolución expresa, se entiende desestimado, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.
Las reclamaciones económico-administrativas
Vía de revisión especial en materia tributaria, regulada por la Ley 58/2003, General Tributaria, para actos de contenido tributario (liquidaciones, sanciones tributarias, denegación de devoluciones). Se resuelve por órganos especializados e independientes funcionalmente de los órganos de gestión: el Tribunal Económico-Administrativo Central, los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y los Locales de Ceuta y Melilla. Es alternativa al recurso de reposición tributario, y el acto que resuelve agota la vía administrativa, quedando abierta la vía contencioso-administrativa. El plazo ordinario de interposición es de 1 mes desde el día siguiente a la notificación del acto (art. 235 LGT).
La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: fundamento y ámbito (art. 106.1 CE; arts. 1 a 3 LJCA)
Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como su sometimiento a los fines que la justifican (art. 106.1 CE): garantía última del particular frente a la Administración. Se regula por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA). Los órganos del orden contencioso-administrativo conocen de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación (art. 1). Conocen también de la protección de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones procedentes en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, bienes de dominio público, responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas (cualquiera que sea la naturaleza de la actividad), contratos administrativos y actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación pública, y actos y disposiciones de las corporaciones de derecho público en el ejercicio de funciones públicas (art. 2). No corresponden a este orden las cuestiones de índole civil, penal o social, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración, el recurso contencioso-disciplinario militar y los conflictos jurisdiccionales y de atribuciones entre órganos de una misma Administración (art. 3).
Organización del orden contencioso-administrativo
De menor a mayor rango: Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (provinciales), Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo (Sala Tercera), con competencias diferenciadas según el órgano autor del acto, la materia y, en su caso, la cuantía. Los órganos jurisdiccionales no pueden ejercer su jurisdicción con carácter ilimitado: en todo caso deben controlar la legalidad, sin sustituir a la Administración en el ejercicio de potestades discrecionales.
Competencias de los distintos órganos del orden contencioso-administrativo
Juzgados: actos de Entidades Locales y de las Comunidades Autónomas (salvo los dictados por el Consejo de Gobierno) en determinadas materias, como personal, propiedades especiales o expropiación, y otros asuntos de la Administración periférica. Juzgados Centrales: determinados actos de órganos centrales de la Administración General del Estado con rango inferior a Ministro o Secretario de Estado. TSJ: disposiciones y actos autonómicos y locales no atribuidos a Juzgados, y apelaciones contra sentencias de Juzgados. Audiencia Nacional: actos y disposiciones de Ministros y Secretarios de Estado, en general. Tribunal Supremo (Sala Tercera): actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno, así como el recurso de casación con interés casacional objetivo.
Capacidad procesal y legitimación (arts. 18 a 20 LJCA)
Tienen capacidad procesal, además de quienes la tengan con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil, los menores de edad para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela, así como los grupos de afectados, uniones sin personalidad y patrimonios independientes cuando la ley así lo declare expresamente. Legitimación activa (art. 19): las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo; las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos; la Administración del Estado, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su competencia, originados por la actividad de otras Administraciones; las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquier Administración, para impugnar los actos o disposiciones que afecten al ámbito de sus fines; el Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la ley; y cualquier ciudadano en el ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente previstos por las leyes. No pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración Pública (art. 20): los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una ley lo autorice expresamente; los particulares cuando obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de ella; y las entidades de derecho público dependientes o vinculadas respecto de la Administración de la que dependan, salvo que la ley les reconozca expresamente capacidad procesal.
Partes demandadas y codemandados (art. 21 LJCA)
Se consideran demandados: la Administración Pública o la otra parte contra cuya actividad se dirija el recurso, y las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante. Las aseguradoras de la Administración pueden comparecer como codemandadas cuando la responsabilidad patrimonial se dirija contra aquella. Cuando el recurso se dirija contra una disposición general, se considera demandada la Administración autora de la misma. El Ministerio Fiscal puede intervenir en los procesos que determine la ley.
Representación y defensa en el proceso contencioso-administrativo (arts. 23 y 24 LJCA)
Las partes pueden conferir su representación a un procurador y deben ser asistidas por abogado; también pueden conferir su representación a un abogado. Pueden comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles. La representación y defensa de las Administraciones Públicas y de los órganos constitucionales se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley 52/1997, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas: el Estado y sus organismos autónomos son representados y defendidos por los Abogados del Estado; las Comunidades Autónomas por sus letrados; y las Entidades Locales por letrados de sus servicios jurídicos o por abogados colegiados contratados al efecto.
Actividad administrativa impugnable (arts. 25 a 30 LJCA)
Es admisible el recurso contencioso-administrativo en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración Pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos (art. 25.1). También es admisible contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho (art. 25.2). Impugnación indirecta de reglamentos (art. 26): además de la impugnación directa, es admisible la de los actos que se produzcan en aplicación de las disposiciones generales fundada en que éstas no son conformes a Derecho, aunque no se hubiera impugnado directamente la disposición o se hubiese desestimado el recurso; si el órgano competente para el acto no lo es para la disposición, plantea la cuestión de ilegalidad ante el competente. No es admisible el recurso contra los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma (art. 28). Inactividad (art. 29): si la Administración, en virtud de una disposición general que no precise actos de aplicación o de un acto, convenio o contrato administrativo, está obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas determinadas, éstas pueden reclamar su cumplimiento y, si en el plazo de 3 meses desde la reclamación no se da cumplimiento ni se llega a un acuerdo, pueden recurrir; si se trata de ejecutar actos firmes, el plazo es de 1 mes desde la petición. Vía de hecho (art. 30): el interesado puede formular requerimiento intimando a su cesación y, si no lo hace o la Administración no contesta en el plazo de 10 días, puede recurrir directamente.
Actos no impugnables y control de los actos políticos
Quedan fuera de la jurisdicción contencioso-administrativa las cuestiones civiles, penales y sociales, aunque se relacionen con la actividad administrativa (art. 3 LJCA), y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración. Los actos políticos del Gobierno (dirección política) no están excluidos del control en sus elementos reglados (competencia, forma, procedimiento, fines legalmente determinados) ni en la determinación de las indemnizaciones procedentes ni en la protección de los derechos fundamentales (art. 2.a LJCA). Los actos sometidos al Derecho privado (contratos privados en cuanto a sus efectos y extinción) corresponden al orden civil.
Plazos para interponer el recurso contencioso-administrativo (art. 46 LJCA)
Regla general: 2 meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera (acto presunto), 6 meses, que se cuentan, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Si se ha interpuesto recurso potestativo de reposición, el plazo para el contencioso se cuenta desde la notificación de su resolución expresa o, en su caso, desde que se produzca su desestimación presunta. Inactividad: 2 meses desde que venza el plazo de 3 meses desde la reclamación (o 1 mes en la ejecución de actos firmes). Vía de hecho: 10 días desde que venza el plazo de requerimiento o, si no hubo requerimiento, 20 días desde que se inició la actuación. Lesividad: 2 meses desde la declaración de lesividad. Durante el mes de agosto no corre el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo (salvo para el procedimiento de protección de derechos fundamentales), y los plazos en días son hábiles.
Fases del procedimiento contencioso-administrativo ordinario (arts. 45 a 68 LJCA)
Interposición del recurso mediante escrito (art. 45) al que se acompañan los documentos que acrediten la representación, la legitimación y la copia del acto o disposición impugnada; reclamación y remisión del expediente administrativo, en el plazo improrrogable de 20 días (art. 48); formalización de la demanda en el plazo de 20 días (art. 52); contestación, en 20 días (art. 54); eventual fase de prueba (art. 60); conclusiones o vista (art. 62); y sentencia (art. 67). Los autos y providencias son recurribles en reposición (plazo de 5 días). Cabe terminación anticipada por desistimiento, allanamiento, satisfacción extraprocesal, o por acuerdo en el marco de las vías de solución consensuada de conflictos. La sentencia puede inadmitir el recurso, estimarlo o desestimarlo. Las costas se imponen en primera o única instancia a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el órgano judicial aprecie y razone la concurrencia de serias dudas de hecho o de derecho (principio del vencimiento objetivo, art. 139).
El procedimiento abreviado contencioso-administrativo (art. 78 LJCA)
Se sigue ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en los asuntos sobre cuestiones de personal al servicio de las Administraciones Públicas (salvo nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera), extranjería, disciplina deportiva en materia de dopaje, y cuando la cuantía no supere el límite legal (30.000 euros). Se inicia con demanda; si se admite, se cita a las partes a una vista en la que el demandado contesta y se practican las pruebas y conclusiones, concentrando en una sola vista oral las alegaciones, la prueba y las conclusiones; la sentencia se dicta en 10 días desde la celebración de la vista.
El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales (arts. 114 a 122 LJCA)
Procedimiento especial, preferente y sumario, previsto en el art. 53.2 CE, para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas susceptibles de amparo constitucional frente a actos de la Administración. Se interpone en el plazo de 10 días y se tramita con preferencia; la sentencia que estime el recurso declara la nulidad del acto y restablece al recurrente en el derecho vulnerado. Es la vía previa necesaria para acudir al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (agotamiento de la vía judicial).
Las medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo (arts. 129 a 136 LJCA)
Los interesados pueden solicitar en cualquier estado del proceso la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia. Previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida cautelar puede acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso (periculum in mora), y puede denegarse cuando de ella pudieran seguirse perturbaciones graves de los intereses generales o de tercero que el órgano ponderará en forma circunstanciada. La jurisprudencia aplica también el criterio de la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris). La suspensión de la ejecución es la medida más habitual, sin ser la única posible. Cuando concurran circunstancias de especial urgencia, puede solicitarse la medida con carácter cautelarísimo y el órgano la acuerda sin oír a la parte contraria, mediante auto en el plazo de 2 días (art. 135). Las medidas pueden condicionarse a la prestación de caución o garantía suficiente (art. 133).
Los recursos contra las sentencias contencioso-administrativas (arts. 79 a 93 LJCA)
Contra providencias y autos: recurso de reposición (5 días) y, en su caso, apelación. Contra sentencias de Juzgados: recurso de apelación ante la Sala del TSJ en el plazo de 15 días, salvo las exclusiones por razón de la cuantía y de la materia que fija el art. 81 LJCA. Contra sentencias en única instancia o en apelación de las Salas de los TSJ, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo: recurso de casación ante el Tribunal Supremo, condicionado a que presente interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia (reforma operada por la LO 7/2015). El recurso de casación se prepara ante el órgano que dictó la sentencia en un plazo de 30 días desde la notificación, con escrito en que se justifica el cumplimiento de los requisitos, y la admisión corresponde a la Sección de admisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Existe también un recurso de casación autonómico ante la Sala del TSJ cuando se funda en infracción de normas de Derecho autonómico. Las sentencias firmes producen efecto de cosa juzgada y son ejecutadas por el órgano que las dictó; además, la LO 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha introducido reformas procesales, incluidas las relativas a los medios adecuados de solución de controversias, cuyo alcance concreto en el ámbito contencioso-administrativo conviene contrastar en la LJCA consolidada.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Ley 39/2015 (procedimiento común, actos, revisión y recursos) y Ley 40/2015 (organización y régimen jurídico) sustituyeron a la antigua Ley 30/1992.
El silencio administrativo es positivo con carácter general en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, salvo las excepciones tasadas del art. 24 LPAC: derecho de petición, transferencia de facultades sobre dominio público o servicio público, actividades que puedan dañar el medio ambiente y responsabilidad patrimonial; además, es negativo en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de interesado.
La estimación por silencio tiene la consideración de acto administrativo finalizador: la resolución expresa posterior solo puede ser confirmatoria; la desestimación por silencio es una ficción legal con efecto de poder recurrir, y la resolución expresa posterior no queda vinculada.
En procedimientos de oficio, la falta de resolución produce caducidad con archivo si son susceptibles de efectos desfavorables o de gravamen (art. 25.1.b), o silencio desestimatorio si de ellos pudiera derivarse el reconocimiento de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas (art. 25.1.a).
El plazo máximo para resolver, salvo que la norma reguladora fije otro, no puede exceder de 6 meses (salvo ley o Derecho de la UE); si no se fija plazo, será de 3 meses.
Los plazos por días son hábiles (se excluyen sábados, domingos y festivos); los plazos por meses se computan de fecha a fecha desde el día siguiente a la notificación o publicación.
El derecho a no aportar documentos ya en poder de la Administración (art. 28 LPAC) permite su consulta electrónica mediante plataformas de intermediación, salvo oposición expresa del interesado o exigencia de consentimiento expreso por ley especial.
Obligados a relacionarse electrónicamente (art. 14 LPAC): personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales de colegiación obligatoria en el ejercicio de su actividad, sus representantes y los empleados públicos por su condición; las personas físicas pueden elegir.
Subsanación de la solicitud: 10 días, ampliables hasta 5 más en caso de dificultades especiales (no en procedimientos selectivos ni de concurrencia competitiva); si no se subsana se tiene por desistido.
Las medidas provisionales adoptadas antes de iniciar el procedimiento deben confirmarse, modificarse o levantarse en el acuerdo de iniciación, dentro de los 15 días siguientes a su adopción.
El trámite de audiencia (art. 82 LPAC) se otorga inmediatamente antes de la propuesta de resolución, por un plazo no inferior a 10 ni superior a 15 días, y puede omitirse si no figuran en el procedimiento hechos ni alegaciones distintas de las ya aducidas por el interesado.
La información pública (art. 83 LPAC): plazo no inferior a 20 días; no confiere por sí misma la condición de interesado.
Periodo de prueba (art. 77 LPAC): no superior a 30 días ni inferior a 10; los informes se emiten en 10 días y son facultativos y no vinculantes salvo disposición expresa.
La tramitación simplificada (art. 96 LPAC) reduce a la mitad los plazos ordinarios (salvo presentación de solicitudes y recursos) y fija en 30 días el plazo de resolución.
Caducidad en procedimientos a instancia de parte: paralización imputable al interesado y transcurso de 3 meses desde la advertencia (art. 95 LPAC); la caducidad no interrumpe la prescripción.
Revisión de oficio de actos nulos (art. 106 LPAC): en cualquier momento, con dictamen favorable (vinculante) del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico; plazo de resolución de 6 meses desde el inicio, con caducidad si es de oficio.
Declaración de lesividad (art. 107 LPAC): actos favorables anulables, no más de 4 años desde que se dictó el acto, caducidad a los 6 meses, y posterior recurso contencioso en 2 meses.
Tres recursos administrativos: alzada (actos que no agotan la vía, ante el superior jerárquico, plazo 1 mes), potestativo de reposición (actos que agotan la vía, ante el mismo órgano, plazo 1 mes) y extraordinario de revisión (actos firmes, cuatro motivos tasados del art. 125.1 LPAC).
Recurso extraordinario de revisión: plazo de 4 años si el motivo es el error de hecho; 3 meses desde el conocimiento de los documentos o desde la firmeza de la sentencia en los demás casos; desestimado por silencio a los 3 meses.
El recurso de alzada se resuelve en 3 meses; el de reposición, en 1 mes; transcurridos sin resolución expresa, se entiende desestimado, salvo la estimación por silencio del art. 24.1 tercer párrafo (alzada contra desestimación presunta de una solicitud).
La interposición de un recurso administrativo no suspende por sí sola la ejecución del acto recurrido (autotutela ejecutiva); la suspensión solicitada se entiende concedida si no hay resolución expresa en 1 mes (art. 117.3 LPAC). En la resolución del recurso no puede agravarse la situación inicial del recurrente (prohibición de reformatio in peius).
El recurso contencioso-administrativo se rige por la Ley 29/1998 (LJCA) y cabe frente a disposiciones generales, actos expresos y presuntos que agoten la vía administrativa, la inactividad administrativa y la vía de hecho.
Plazo del recurso contencioso-administrativo: 2 meses (acto expreso), 6 meses (acto presunto); en agosto no corre el plazo (salvo derechos fundamentales).
No son impugnables ante lo contencioso-administrativo las cuestiones civiles, penales y sociales ni los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración; los actos del Gobierno son controlables, al menos, en sus elementos reglados y en cuanto a derechos fundamentales e indemnizaciones.
Legitimación activa (art. 19 LJCA): derecho o interés legítimo, entidades habilitadas para intereses colectivos, Ministerio Fiscal y acción popular en los casos previstos por ley; los órganos de una Administración y los miembros de sus órganos colegiados no pueden recurrir su actividad salvo habilitación legal expresa.
En el proceso contencioso, los funcionarios pueden comparecer por sí mismos en defensa de sus derechos estatutarios en cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados inamovibles; el Estado se defiende por Abogados del Estado (Ley 52/1997).
El recurso de casación ante el Tribunal Supremo está condicionado a la apreciación de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia; se prepara en 30 días.
Las reclamaciones económico-administrativas son una vía de revisión especial para actos de contenido tributario (Ley 58/2003), resuelta por los Tribunales Económico-Administrativos.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Qué ley regula el procedimiento administrativo común y la revisión de los actos en vía administrativa?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 3 de Administrativo del Estado?
La Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPAC), y la Ley 40/2015, de 1 de octubre (LRJSP), dividen el derecho administrativo general en dos grandes leyes que sustituyeron a la Ley 30/1992: la primera regula los actos administrativos y el procedimiento administrativo común, aplicable a todas las Administraciones, con sus fases (iniciación, ordenación, instrucción y terminación) y los mecanismos de revisión de los actos en vía administrativa (revisión de oficio y recursos administrativos); la segunda regula el régimen jurídico del sector público (órganos, competencia, relaciones interadministrativas, sector público institucional, responsabilidad patrimonial y potestad sancionadora). Frente a los actos que agotan la vía administrativa, y frente a las disposiciones generales, cabe además el recurso contencioso-administrativo, regulado por la Ley 29/1998 (LJCA), ante los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
¿Qué hay que memorizar del Tema 3 para el examen?
Ley 39/2015 (procedimiento común, actos, revisión y recursos) y Ley 40/2015 (organización y régimen jurídico) sustituyeron a la antigua Ley 30/1992. El silencio administrativo es positivo con carácter general en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, salvo las excepciones tasadas del art. 24 LPAC: derecho de petición, transferencia de facultades sobre dominio público o servicio público, actividades que puedan dañar el medio ambiente y responsabilidad patrimonial; además, es negativo en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de interesado. La estimación por silencio tiene la consideración de acto administrativo finalizador: la resolución expresa posterior solo puede ser confirmatoria; la desestimación por silencio es una ficción legal con efecto de poder recurrir, y la resolución expresa posterior no queda vinculada. En procedimientos de oficio, la falta de resolución produce caducidad con archivo si son susceptibles de efectos desfavorables o de gravamen (art. 25.1.b), o silencio desestimatorio si de ellos pudiera derivarse el reconocimiento de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas (art. 25.1.a). El plazo máximo para resolver, salvo que la norma reguladora fije otro, no puede exceder de 6 meses (salvo ley o Derecho de la UE); si no se fija plazo, será de 3 meses. Los plazos por días son hábiles (se excluyen sábados, domingos y festivos); los plazos por meses se computan de fecha a fecha desde el día siguiente a la notificación o publicación. El derecho a no aportar documentos ya en poder de la Administración (art. 28 LPAC) permite su consulta electrónica mediante plataformas de intermediación, salvo oposición expresa del interesado o exigencia de consentimiento expreso por ley especial. Obligados a relacionarse electrónicamente (art. 14 LPAC): personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales de colegiación obligatoria en el ejercicio de su actividad, sus representantes y los empleados públicos por su condición; las personas físicas pueden elegir. Subsanación de la solicitud: 10 días, ampliables hasta 5 más en caso de dificultades especiales (no en procedimientos selectivos ni de concurrencia competitiva); si no se subsana se tiene por desistido. Las medidas provisionales adoptadas antes de iniciar el procedimiento deben confirmarse, modificarse o levantarse en el acuerdo de iniciación, dentro de los 15 días siguientes a su adopción. El trámite de audiencia (art. 82 LPAC) se otorga inmediatamente antes de la propuesta de resolución, por un plazo no inferior a 10 ni superior a 15 días, y puede omitirse si no figuran en el procedimiento hechos ni alegaciones distintas de las ya aducidas por el interesado. La información pública (art. 83 LPAC): plazo no inferior a 20 días; no confiere por sí misma la condición de interesado. Periodo de prueba (art. 77 LPAC): no superior a 30 días ni inferior a 10; los informes se emiten en 10 días y son facultativos y no vinculantes salvo disposición expresa. La tramitación simplificada (art. 96 LPAC) reduce a la mitad los plazos ordinarios (salvo presentación de solicitudes y recursos) y fija en 30 días el plazo de resolución. Caducidad en procedimientos a instancia de parte: paralización imputable al interesado y transcurso de 3 meses desde la advertencia (art. 95 LPAC); la caducidad no interrumpe la prescripción. Revisión de oficio de actos nulos (art. 106 LPAC): en cualquier momento, con dictamen favorable (vinculante) del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico; plazo de resolución de 6 meses desde el inicio, con caducidad si es de oficio. Declaración de lesividad (art. 107 LPAC): actos favorables anulables, no más de 4 años desde que se dictó el acto, caducidad a los 6 meses, y posterior recurso contencioso en 2 meses. Tres recursos administrativos: alzada (actos que no agotan la vía, ante el superior jerárquico, plazo 1 mes), potestativo de reposición (actos que agotan la vía, ante el mismo órgano, plazo 1 mes) y extraordinario de revisión (actos firmes, cuatro motivos tasados del art. 125.1 LPAC). Recurso extraordinario de revisión: plazo de 4 años si el motivo es el error de hecho; 3 meses desde el conocimiento de los documentos o desde la firmeza de la sentencia en los demás casos; desestimado por silencio a los 3 meses. El recurso de alzada se resuelve en 3 meses; el de reposición, en 1 mes; transcurridos sin resolución expresa, se entiende desestimado, salvo la estimación por silencio del art. 24.1 tercer párrafo (alzada contra desestimación presunta de una solicitud). La interposición de un recurso administrativo no suspende por sí sola la ejecución del acto recurrido (autotutela ejecutiva); la suspensión solicitada se entiende concedida si no hay resolución expresa en 1 mes (art. 117.3 LPAC). En la resolución del recurso no puede agravarse la situación inicial del recurrente (prohibición de reformatio in peius). El recurso contencioso-administrativo se rige por la Ley 29/1998 (LJCA) y cabe frente a disposiciones generales, actos expresos y presuntos que agoten la vía administrativa, la inactividad administrativa y la vía de hecho. Plazo del recurso contencioso-administrativo: 2 meses (acto expreso), 6 meses (acto presunto); en agosto no corre el plazo (salvo derechos fundamentales). No son impugnables ante lo contencioso-administrativo las cuestiones civiles, penales y sociales ni los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración; los actos del Gobierno son controlables, al menos, en sus elementos reglados y en cuanto a derechos fundamentales e indemnizaciones. Legitimación activa (art. 19 LJCA): derecho o interés legítimo, entidades habilitadas para intereses colectivos, Ministerio Fiscal y acción popular en los casos previstos por ley; los órganos de una Administración y los miembros de sus órganos colegiados no pueden recurrir su actividad salvo habilitación legal expresa. En el proceso contencioso, los funcionarios pueden comparecer por sí mismos en defensa de sus derechos estatutarios en cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados inamovibles; el Estado se defiende por Abogados del Estado (Ley 52/1997). El recurso de casación ante el Tribunal Supremo está condicionado a la apreciación de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia; se prepara en 30 días. Las reclamaciones económico-administrativas son una vía de revisión especial para actos de contenido tributario (Ley 58/2003), resuelta por los Tribunales Económico-Administrativos.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (reclamaciones económico-administrativas).
Constitución Española, arts. 103, 105, 106 y 149.1.18ª.
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