Tema 3. El procedimiento administrativo de ejecución del presupuesto de gasto. Órganos competentes. Fases del procedimiento y sus documentos contables. Compromisos de gasto para ejercicios posteriores. La ordenación del pago: concepto y competencia. Realización del pago: modos y perceptores. Control del gasto público. Clases. Especial referencia al control de legalidad. El Tribunal de Cuentas.
Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1). La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo IV) con un temario distinto, no cubierto aquí.
La ejecución del presupuesto de gasto se articula en un procedimiento administrativo con cuatro fases (autorización, disposición o compromiso, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago), cada una documentada contablemente y sometida a control. Los órganos competentes se distribuyen entre los ordenadores de gastos, los ordenadores de pagos y la Intervención, y el pago material se realiza principalmente por transferencia, con modalidades especiales (pagos a justificar y anticipos de caja fija). El control del gasto público es interno (IGAE: función interventora, control financiero permanente y auditoría pública) y externo (Tribunal de Cuentas: función fiscalizadora y jurisdiccional, art. 136 CE).
El procedimiento de ejecución del presupuesto de gasto: fases
La gestión de los presupuestos de gasto se desarrolla en cuatro fases sucesivas (arts. 73 y siguientes de la Ley 47/2003, General Presupuestaria): a) Autorización (A): acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto determinado, por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario; inicia el procedimiento y no supone todavía una relación jurídica con terceros. b) Disposición o compromiso (D): acto por el que se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legales, la realización de gastos previamente autorizados, por un importe exactamente determinado; vincula a la Hacienda Pública frente a un tercero (por ejemplo, la adjudicación de un contrato). c) Reconocimiento de la obligación (O): acto por el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública, derivado de un gasto autorizado y comprometido, previa acreditación documental de la realización de la prestación o del derecho del acreedor; es el momento en que nace la obligación de pago y se imputa al presupuesto. d) Ordenación del pago (P): acto por el que el ordenador de pagos, en base a una obligación reconocida, expide la orden de pago contra la Tesorería. El pago material es la ejecución de esa orden, que extingue la deuda.
Fase previa: retención de crédito y fiscalización
Antes de la autorización suele realizarse una retención de crédito (documento RC), que reserva el saldo de un crédito para un gasto o expediente concreto y acredita que existe crédito adecuado y suficiente. En todas las fases, el gasto debe contar con crédito adecuado y suficiente en el ejercicio, y todo expediente de gasto está sometido a la función interventora o al control que corresponda. La falta de crédito suficiente determina la nulidad de los actos que lo infrinjan y es causa de reparo suspensivo por la Intervención. El procedimiento debe seguir el expediente que fijen las normas aplicables a cada tipo de gasto (contratos, subvenciones, personal, etc.).
Documentos contables y acumulación de fases
A cada fase le corresponde un documento contable (contabilidad pública, Plan General de Contabilidad Pública, Orden EHA/1037/2010): documento A (autorización), D (disposición), O (reconocimiento de la obligación) y el documento de pago (en la AGE se identifica con la letra K en el sistema contable SIC; en otros sistemas, P). Varias fases pueden acumularse en un único acto administrativo y documento contable cuando el órgano competente es el mismo y se dan las circunstancias: AD (autorización y disposición, por ejemplo al adjudicar un contrato cuyo importe es conocido), DO (disposición y reconocimiento) y ADO (autorización, disposición y reconocimiento, habitual en gastos de pequeña cuantía o en los que la prestación se realiza de inmediato). Puede acumularse también el pago (ADOK). La acumulación no debe afectar a las garantías de control ni a la competencia de cada órgano.
Órganos competentes en la ejecución del gasto
Intervienen tres tipos de órganos con funciones separadas, lo que garantiza el control del gasto: a) El ordenador de gastos (titular del centro gestor: ministro, secretario de estado, subsecretario, director de organismo, etc.), competente para autorizar y comprometer gastos dentro de los créditos de su presupuesto. Los ministros y los titulares de organismos autónomos y entidades son los órganos de contratación y de gasto, y pueden delegar. Las competencias para autorizar y comprometer gastos se distribuyen entre los ministros, los titulares de organismos y el Consejo de Ministros (este último, cuando se superan determinados umbrales de cuantía que fija la ley; contrastar). b) El ordenador de pagos: expide las órdenes de pago contra la Tesorería; existe una ordenación general de pagos del Estado y ordenaciones secundarias en los departamentos y organismos. c) La Intervención (IGAE y sus intervenciones delegadas), que ejerce el control interno de legalidad. La separación de funciones entre quien gestiona, quien ordena el pago y quien controla es una garantía esencial.
Compromisos de gasto con cargo a ejercicios posteriores
El art. 47 LGP permite adquirir compromisos de gasto que se extiendan a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y se trate de inversiones y transferencias de capital, contratos de suministro, servicios u obras que no puedan estipularse o resulten antieconómicos por un año, arrendamientos de inmuebles, cargas financieras de la deuda y determinadas transferencias corrientes. Límites: máximo cuatro ejercicios posteriores y porcentajes sobre el crédito inicial del 70 por ciento en el ejercicio siguiente, 60 por ciento en el segundo y 50 por ciento en el tercero y cuarto. El Consejo de Ministros puede modificar porcentajes y anualidades en casos excepcionales. Estos compromisos deben registrarse contablemente (autorización y disposición plurianual) y se imputan a los presupuestos de los ejercicios futuros cuando se reconozcan las obligaciones. En cada ejercicio, el reconocimiento de obligaciones queda condicionado a la existencia de crédito en el presupuesto de ese año.
La ordenación del pago: concepto y competencia
La ordenación del pago es el acto por el que el ordenador de pagos, sobre la base de una obligación reconocida, expide la orden de pago contra la Tesorería. Es la última fase del procedimiento de gasto. Para el Estado existe una ordenación general de pagos y ordenaciones secundarias en los departamentos ministeriales y organismos, que actúan por delegación o por atribución legal (el titular concreto se determina por la normativa de estructura orgánica y las resoluciones de delegación vigentes; contrastar). La ordenación se acomoda al plan de disposición de fondos de la Tesorería, y debe respetar el orden de prioridades legal, entre los que destacan los pagos de intereses y capital de la deuda pública, que gozan de prioridad absoluta (art. 135.3 CE). La propuesta de pago, previa a la orden, la realiza el órgano que reconoce la obligación.
La realización del pago: modos y perceptores
La realización del pago es la salida material de fondos de la Tesorería, que se produce a favor del acreedor o perceptor, normalmente mediante transferencia bancaria a su cuenta; también cabe el cheque o, excepcionalmente, el efectivo, en los términos previstos por la normativa. Los pagos se realizan, en general, a favor del acreedor directo (perceptor); como excepciones, los pagos a justificar y los anticipos de caja fija se libran a favor de habilitados o cajeros pagadores. Los acreedores deben ser identificados y acreditar su derecho (factura electrónica en los contratos, conforme a la Ley 25/2013 y su registro contable de facturas). En los contratos públicos, la Administración debe abonar el precio en el plazo de 30 días desde la fecha de expedición de las certificaciones o documentos que acrediten la conformidad (Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, y Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad); transcurrido el plazo se devengan intereses de demora.
Pagos a justificar
Son libramientos que se expiden sin que se justifique previamente la realización del gasto, cuando los documentos justificativos no pueden aportarse antes de la propuesta de pago o por razones de eficacia y urgencia. Quedan sometidos a un régimen de justificación posterior: los perceptores deben rendir cuenta de la inversión en el plazo de tres meses, y los fondos no invertidos deben reintegrarse. Se regulan en el Real Decreto 640/1987, de 8 de mayo, sobre pagos librados a justificar y en la LGP. Mientras no se justifique, el perceptor no puede recibir nuevos libramientos a justificar para los mismos conceptos presupuestarios, y las cantidades no justificadas pueden reclamarse por vía de reintegro.
Anticipos de caja fija
Son provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se realizan a las cajas pagadoras para la atención inmediata y posterior aplicación al presupuesto de gastos corrientes de carácter repetitivo, como los de reparación, conservación y material no inventariable. Se regulan en el Real Decreto 725/1989, de 16 de junio. A diferencia de los pagos a justificar, los fondos se reponen a medida que se justifican y aplican al presupuesto, de modo que el anticipo permanece a disposición del cajero pagador a lo largo del ejercicio. Tienen límites por concepto y cuantía, y su cancelación se realiza al cierre del ejercicio o cuando cesa la necesidad. Mientras que en los pagos a justificar los fondos se imputan al presupuesto al librarse, en los anticipos de caja fija la imputación se produce con la reposición de fondos tras la justificación de los gastos.
Clases de control del gasto público
Pueden distinguirse varias clasificaciones. Por el órgano que lo ejerce: control interno (realizado por la propia Administración mediante órganos especializados, la IGAE), control externo (Tribunal de Cuentas), control parlamentario o político (Cortes Generales), control jurisdiccional (jueces y tribunales, incluida la jurisdicción contable del Tribunal de Cuentas). Por el momento: previo, concomitante y posterior. Por el contenido: control de legalidad (conformidad con la norma), control financiero (verificación del correcto funcionamiento económico-financiero y contable) y control de eficacia o de resultados (grado de cumplimiento de objetivos y economía, eficacia y eficiencia en el uso de los recursos, principios del art. 31.2 CE). El control de legalidad es el propio de la función interventora.
El control interno: la IGAE
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) es el órgano que ejerce el control interno de la gestión económica y financiera del sector público estatal, con dependencia funcional del Ministerio de Hacienda y con las intervenciones delegadas en ministerios, organismos y entidades. Se regula en el Título VI de la LGP (control interno) y en el Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, que desarrolla el régimen del control interno ejercido por la IGAE (contrastar si ha sido sustituido o modificado por normativa posterior). El control interno se ejerce mediante tres modalidades: la función interventora, el control financiero permanente y la auditoría pública. La IGAE es también el centro directivo de la contabilidad pública y forma la Cuenta General del Estado.
La función interventora: el control de legalidad
La función interventora tiene por objeto controlar, antes de que se dicten, los actos del sector público estatal que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación de sus fondos, con el fin de asegurar que su gestión se ajusta a las disposiciones aplicables. Comprende: la fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos, aprueben gastos o dispongan; la intervención del reconocimiento de la obligación; la intervención formal de la ordenación del pago; y la intervención material del pago. La fiscalización puede ser plena o limitada (sobre requisitos básicos), en este último caso complementada con un control posterior más amplio. Se aprecia así la expresión «especial referencia al control de legalidad»: la función interventora es, en esencia, el control de legalidad del gasto.
El reparo y la discrepancia
Si la Intervención se manifiesta en desacuerdo con el contenido de los actos examinados o con el procedimiento seguido, debe formular su reparo por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución. El reparo suspende la tramitación del expediente hasta que sea solventado, entre otros, en los casos de insuficiencia o inadecuación de crédito, cuando se prescinda de requisitos esenciales o cuando la continuación del expediente pueda causar quebrantos económicos. Si el órgano gestor no acepta el reparo, plantea discrepancia, que se resuelve según el procedimiento fijado en la LGP, hasta llegar, según los casos, al Interventor General o al Consejo de Ministros. La omisión de la función interventora, cuando fuera preceptiva, no impide el reconocimiento de la obligación, pero obliga a un informe previo de la Intervención y a un procedimiento de convalidación para no incurrir en enriquecimiento injusto de la Administración.
Control financiero permanente y auditoría pública
El control financiero permanente es el control posterior, continuado y planificado de la actividad económico-financiera, verificando el funcionamiento económico-financiero y el cumplimiento de la legalidad, eficacia y eficiencia, y se ejerce sobre los órganos y entidades que no están sometidos a función interventora y también como complemento posterior de la fiscalización limitada. La auditoría pública es la verificación, realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la actividad económico-financiera del sector público, mediante la aplicación de los procedimientos de revisión selectivos contenidos en las normas de auditoría e instrucciones que dicte la IGAE, y comprende la auditoría de cuentas anuales, la auditoría de cumplimiento y la auditoría operativa. Los resultados se plasman en informes dirigidos a los gestores y a la IGAE, que elabora un informe general anual para el Consejo de Ministros.
El control externo: el Tribunal de Cuentas (art. 136 CE)
El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Depende directamente de las Cortes Generales y ejerce sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado (art. 136.1 CE). Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rinden al Tribunal y son censuradas por este; sin perjuicio de su propia jurisdicción, remite a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido (art. 136.2 CE). Sus miembros gozan de la misma independencia e inamovilidad e incompatibilidades que los jueces (art. 136.3 CE). Se rige por la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y por la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional, sin perjuicio de los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas.
Composición y organización del Tribunal de Cuentas
El Pleno está formado por el Presidente y doce Consejeros de Cuentas, designados por las Cortes Generales (seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado) por mayoría de tres quintos de cada Cámara, para un mandato de nueve años. El Presidente es elegido por el Pleno entre sus miembros y nombrado por el Rey, por un período de tres años. Los Consejeros tienen la independencia, inamovilidad e incompatibilidades de los jueces. Se organiza en el Pleno, la Comisión de Gobierno, la Sección de Fiscalización y la Sección de Enjuiciamiento (esta última integrada por Consejeros, con una Sala de Justicia para la resolución de recursos). Cuenta con el Ministerio Fiscal y con una Secretaría General. Las normas de funcionamiento y el estatuto de su personal se regulan en las leyes citadas.
Funciones fiscalizadora y jurisdiccional del Tribunal de Cuentas
La función fiscalizadora consiste en el examen y comprobación de la actividad económico-financiera del sector público, con sometimiento a los principios de legalidad, eficiencia y economía, y su resultado se plasma en informes, memorias, mociones y notas que se remiten a las Cortes Generales; destaca la declaración definitiva sobre la Cuenta General del Estado. La función jurisdiccional consiste en el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. Se ejerce a través de los procedimientos jurisdiccionales previstos en la Ley de Funcionamiento: el juicio de cuentas, el procedimiento de reintegro por alcance y el expediente de cancelación de fianzas. El alcance es el saldo deudor injustificado de una cuenta, o la ausencia de numerario o de justificación en las cuentas que deban rendirse. Las resoluciones de primera instancia admiten apelación ante la Sala de Justicia del propio Tribunal y, en los casos legalmente previstos, casación ante el Tribunal Supremo.
La responsabilidad contable
Quienes por acción u omisión contraria a la ley originen menoscabo en los caudales o efectos públicos quedan obligados a la indemnización de los daños y perjuicios causados cuando concurra dolo, culpa o negligencia grave (art. 38 LO 2/1982). Es una responsabilidad de naturaleza reparatoria, que se exige mediante el juicio contable ante las Secciones de Enjuiciamiento, y que es compatible con la responsabilidad penal y la disciplinaria, aunque distinta de ellas. En el caso de alcance, el procedimiento de reintegro persigue la restitución de lo sustraído o no justificado. La responsabilidad contable es una de las funciones jurisdiccionales del Tribunal y se exige a cualquier persona (empleados públicos o no) que tenga a su cargo el manejo de fondos públicos.
La Cuenta General del Estado
Es el documento que refleja la situación económica, financiera y patrimonial del sector público estatal al cierre del ejercicio y la ejecución del presupuesto. La forma la IGAE a partir de las cuentas rendidas por los distintos órganos y entidades, se remite al Tribunal de Cuentas, y este la examina y comprueba, elevando a las Cortes Generales el informe o declaración definitiva sobre ella (art. 136 CE). Con ella se cierra el ciclo presupuestario. El plazo legal para su formación y remisión debe consultarse en el texto vigente de la LGP.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Cuatro fases del gasto: Autorización (A), Disposición o compromiso (D), reconocimiento de la Obligación (O) y ordenación del Pago (P). Se pueden acumular en un solo acto (AD, DO, ADO, ADOK).
La autorización no genera todavía relación jurídica con terceros; la disposición sí vincula a la Administración con un tercero concreto; el reconocimiento de la obligación exige acreditación documental de la prestación y es cuando se imputa al presupuesto.
Separación de funciones: ordenador de gastos (gestión), ordenador de pagos (Tesorería) e Intervención (control). Es garantía esencial del control del gasto.
Gastos plurianuales (art. 47 LGP): ejecución iniciada en el propio ejercicio, máximo 4 ejercicios posteriores y porcentajes del 70, 60, 50 y 50 por ciento sobre el crédito inicial.
Pagos a justificar (Real Decreto 640/1987): se libran sin justificación previa; justificación posterior en tres meses. Anticipos de caja fija (Real Decreto 725/1989): provisiones de fondos extrapresupuestarias y permanentes para gastos corrientes repetitivos, que se reponen conforme se justifican.
Control interno (IGAE): función interventora (legalidad, previo), control financiero permanente y auditoría pública. Control externo: Tribunal de Cuentas (posterior).
La función interventora es el control de legalidad: el reparo suspende la tramitación del expediente hasta que se solventa; si no se acepta, se plantea discrepancia.
El Tribunal de Cuentas depende directamente de las Cortes Generales (art. 136 CE), es único en su orden y ejerce función fiscalizadora y jurisdiccional (responsabilidad contable).
Composición: Presidente y 12 Consejeros de Cuentas (6 elegidos por el Congreso y 6 por el Senado, por 3/5), mandato de 9 años; el Presidente es elegido por el Pleno, nombrado por el Rey, por 3 años.
Responsabilidad contable: menoscabo de caudales públicos por dolo, culpa o negligencia grave; se exige por juicio de cuentas o reintegro por alcance; compatible con la penal y la disciplinaria.
Pagos de intereses y capital de la deuda pública: prioridad absoluta (art. 135.3 CE). En contratos públicos, la Administración paga en 30 días desde la conformidad.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Quién nombra al Presidente del Tribunal de Cuentas y por cuánto tiempo?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 3 de Administrativo del Estado?
La ejecución del presupuesto de gasto se articula en un procedimiento administrativo con cuatro fases (autorización, disposición o compromiso, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago), cada una documentada contablemente y sometida a control. Los órganos competentes se distribuyen entre los ordenadores de gastos, los ordenadores de pagos y la Intervención, y el pago material se realiza principalmente por transferencia, con modalidades especiales (pagos a justificar y anticipos de caja fija). El control del gasto público es interno (IGAE: función interventora, control financiero permanente y auditoría pública) y externo (Tribunal de Cuentas: función fiscalizadora y jurisdiccional, art. 136 CE).
¿Qué hay que memorizar del Tema 3 para el examen?
Cuatro fases del gasto: Autorización (A), Disposición o compromiso (D), reconocimiento de la Obligación (O) y ordenación del Pago (P). Se pueden acumular en un solo acto (AD, DO, ADO, ADOK). La autorización no genera todavía relación jurídica con terceros; la disposición sí vincula a la Administración con un tercero concreto; el reconocimiento de la obligación exige acreditación documental de la prestación y es cuando se imputa al presupuesto. Separación de funciones: ordenador de gastos (gestión), ordenador de pagos (Tesorería) e Intervención (control). Es garantía esencial del control del gasto. Gastos plurianuales (art. 47 LGP): ejecución iniciada en el propio ejercicio, máximo 4 ejercicios posteriores y porcentajes del 70, 60, 50 y 50 por ciento sobre el crédito inicial. Pagos a justificar (Real Decreto 640/1987): se libran sin justificación previa; justificación posterior en tres meses. Anticipos de caja fija (Real Decreto 725/1989): provisiones de fondos extrapresupuestarias y permanentes para gastos corrientes repetitivos, que se reponen conforme se justifican. Control interno (IGAE): función interventora (legalidad, previo), control financiero permanente y auditoría pública. Control externo: Tribunal de Cuentas (posterior). La función interventora es el control de legalidad: el reparo suspende la tramitación del expediente hasta que se solventa; si no se acepta, se plantea discrepancia. El Tribunal de Cuentas depende directamente de las Cortes Generales (art. 136 CE), es único en su orden y ejerce función fiscalizadora y jurisdiccional (responsabilidad contable). Composición: Presidente y 12 Consejeros de Cuentas (6 elegidos por el Congreso y 6 por el Senado, por 3/5), mandato de 9 años; el Presidente es elegido por el Pleno, nombrado por el Rey, por 3 años. Responsabilidad contable: menoscabo de caudales públicos por dolo, culpa o negligencia grave; se exige por juicio de cuentas o reintegro por alcance; compatible con la penal y la disciplinaria. Pagos de intereses y capital de la deuda pública: prioridad absoluta (art. 135.3 CE). En contratos públicos, la Administración paga en 30 días desde la conformidad.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (art. 47; arts. 73 y siguientes, gestión de los gastos; Título VI, control interno).
Constitución Española, arts. 135.3 y 136.
Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado.
Real Decreto 640/1987, de 8 de mayo, sobre pagos librados a justificar.
Real Decreto 725/1989, de 16 de junio, sobre anticipos de caja fija.
Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública.
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