Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1). La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo IV) con un temario distinto, no cubierto aquí.
La Administración local se integra por el municipio, la provincia y la isla, entidades territoriales que gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses (arts. 137, 140, 141 y 142 CE). Su régimen jurídico básico se establece en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), que regula también otras entidades locales como las comarcas, las áreas metropolitanas, las mancomunidades de municipios y las entidades de ámbito territorial inferior al municipio. Existen en España 8.132 municipios, 50 provincias y 11 islas con órgano de gobierno propio (7 en Canarias y 4 en Illes Balears).
Marco constitucional de la Administración local (arts. 137, 140, 141 y 142 CE)
El art. 137 CE organiza territorialmente el Estado en municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan, garantizando la autonomía de todas ellas para la gestión de sus respectivos intereses. El art. 140 garantiza la autonomía de los municipios, que gozan de personalidad jurídica plena; su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales; los Concejales son elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley, y los Alcaldes son elegidos por los Concejales o por los vecinos; la ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen de concejo abierto. El art. 141 define la provincia como entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado; cualquier alteración de los límites provinciales debe ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica; el gobierno y la administración autónoma de las provincias corresponde a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo; y en los archipiélagos las islas tienen además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos. El art. 142 garantiza la suficiencia financiera de las Haciendas locales, que se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.
La autonomía local como garantía institucional
El Tribunal Constitucional (desde la STC 32/1981) ha interpretado la autonomía local como una garantía institucional: protege un núcleo esencial e indisponible de la institución local frente a su desnaturalización por el legislador, pero no predetermina un contenido competencial concreto. Es distinta de la autonomía política de las Comunidades Autónomas: municipios y provincias carecen de potestad legislativa y solo cuentan con potestad reglamentaria y de autoorganización (ordenanzas, reglamentos orgánicos) y ejecutiva, dentro del marco de la legislación básica del Estado (LRBRL) y de la legislación sectorial estatal y autonómica. La Carta Europea de la Autonomía Local (Estrasburgo, 15 de octubre de 1985), ratificada por España, refuerza este principio. La LRBRL reconoce a los entes locales las potestades reglamentaria y de autoorganización, tributaria y financiera, de programación o planificación, expropiatoria, de ejecución forzosa y sancionadora, de revisión de oficio de sus actos y prelación de créditos, y las prerrogativas de inembargabilidad, imprescriptibilidad y de presunción de legitimidad (art. 4).
Entidades que integran la Administración local (art. 3 LRBRL)
Son entidades locales territoriales el municipio, la provincia y la isla en los archipiélagos balear y canario (art. 3.1). Gozan asimismo de la condición de entidades locales (art. 3.2): las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, instituidas o reconocidas por las Comunidades Autónomas; las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas de acuerdo con la ley y los Estatutos; las áreas metropolitanas; y las mancomunidades de municipios. Los consorcios no son entidades locales, sino entes instrumentales. En los archipiélagos las islas cuentan con órganos propios de gobierno: los Cabildos Insulares en Canarias y los Consejos Insulares en las Illes Balears.
El municipio: concepto y elementos
El municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado, cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades (art. 1 LRBRL). Sus elementos son el territorio (término municipal, art. 11), la población (art. 15 y ss.) y la organización (el Ayuntamiento). La población son las personas inscritas en el Padrón municipal, que es el registro administrativo donde constan los vecinos del municipio; toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en que resida habitualmente (art. 15). La inscripción en el Padrón atribuye la condición de vecino (art. 15) y sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio. El art. 18 enumera los derechos y deberes de los vecinos (ser elector y elegible, participar en la gestión municipal, utilizar los servicios públicos, ser informado, pedir consulta popular, ejercer la iniciativa popular, y contribuir mediante prestaciones económicas y personales).
Organización del municipio: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local (arts. 19-23 LRBRL)
El gobierno y administración del municipio, salvo en los que funcionan en concejo abierto, corresponde al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales (art. 19). Todos los Ayuntamientos tienen Alcalde, Tenientes de Alcalde y Pleno. La Junta de Gobierno Local existe en los municipios de más de 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento (art. 20.1.b); no se trata, por tanto, de un órgano que exista por regla general en todos los municipios. Se compone del Alcalde y de un número de Concejales no superior al tercio del número legal, nombrados y separados libremente por el Alcalde (art. 23). Los Tenientes de Alcalde son nombrados y cesados libremente por el Alcalde entre los miembros de la Junta de Gobierno Local o, donde no exista, entre los Concejales; sustituyen al Alcalde por el orden de su nombramiento. El Pleno está integrado por todos los Concejales y presidido por el Alcalde (art. 22). Son órganos complementarios las Comisiones Informativas y la Comisión Especial de Cuentas (art. 116).
Elección de Concejales y Alcalde (LOREG)
Los Concejales se eligen por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, con un sistema proporcional (fórmula D'Hondt) con listas cerradas y bloqueadas y una barrera electoral del 5 % de los votos válidos emitidos en el municipio. El número de Concejales depende de la población (art. 179 LOREG): hasta 100 residentes, 3; de 101 a 250, 5; de 251 a 1.000, 7; de 1.001 a 2.000, 9; de 2.001 a 5.000, 11; de 5.001 a 10.000, 13; de 10.001 a 20.000, 17; de 20.001 a 50.000, 21; de 50.001 a 100.000, 25; y a partir de 100.001, uno más por cada 100.000 residentes o fracción, añadiéndose uno más cuando el resultado sea par. El Alcalde es elegido por los Concejales: es proclamado Alcalde el Concejal que encabece la lista que obtenga la mayoría absoluta de los votos de los Concejales; si ninguno la alcanza, el Concejal que encabece la lista más votada (art. 196 LOREG). La moción de censura (art. 197 LOREG) exige la mayoría absoluta del número legal de Concejales. En los municipios con régimen de concejo abierto el Alcalde es elegido directamente por los electores.
Funcionamiento del Pleno (art. 46 LRBRL)
El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada tres meses en los municipios de hasta 5.000 habitantes, cada dos meses en los de 5.001 a 20.000 y mensualmente en los de más de 20.000 habitantes. Las sesiones extraordinarias pueden convocarse por el Alcalde o por la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros. Para la validez de las sesiones se requiere un quórum de un tercio del número legal de miembros, nunca inferior a tres. Los acuerdos se adoptan, como regla general, por mayoría simple de los miembros presentes; se exige mayoría absoluta del número legal de miembros para determinados asuntos (art. 47.2 LRBRL), como la creación y supresión de municipios y la alteración de términos municipales, la creación o supresión de entidades de ámbito inferior al municipio y la aprobación de los reglamentos orgánicos, entre otros supuestos enumerados en ese precepto.
El concejo abierto (art. 29 LRBRL)
Régimen especial de gobierno y administración para: a) los municipios con menos de cien habitantes y los que tradicionalmente cuenten con este singular régimen de gobierno y administración; y b) aquellos en que su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable. El gobierno y la administración municipal corresponde a un Alcalde y una Asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores, y funcionan conforme a los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a lo dispuesto en la ley. El Alcalde es elegido por los electores y preside la Asamblea.
Competencias municipales (arts. 7, 25, 26 y 27 LRBRL)
Las competencias de las entidades locales son propias (determinadas por ley y ejercidas en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad) o atribuidas por delegación (art. 7). Tras la Ley 27/2013, el art. 25.2 enumera las materias en las que el municipio ejercerá en todo caso competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas: urbanismo, medio ambiente urbano, abastecimiento de agua potable y alcantarillado, infraestructura viaria, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios, tráfico y movilidad, información y promoción turística, ferias y abastos, mercados, protección de la salubridad pública, cementerios, promoción del deporte, promoción de la cultura y participación en la vigilancia de la escolaridad obligatoria. El Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, añadió una nueva letra p) al art. 25.2 LRBRL, incorporando como competencia propia municipal la energía, el autoconsumo y la eficiencia energética. El art. 26 fija servicios mínimos obligatorios: en todos los municipios, alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas; en los de más de 5.000 habitantes, además, parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos; en los de más de 20.000, además, protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público; y en los de más de 50.000, además, transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. Las competencias delegadas (art. 27) por el Estado o la Comunidad Autónoma deben ir acompañadas de la dotación económica correspondiente, y su delegación exige la aceptación del municipio.
La provincia: concepto, fines y competencias (arts. 31 y 36 LRBRL)
La provincia es una entidad local determinada por la agrupación de municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines (art. 31.1). Son fines propios y específicos de la provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y, en particular, asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal y participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado (art. 31.2). Entre sus competencias propias (art. 36) están la coordinación de los servicios municipales para garantizar su prestación integral y adecuada, la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión, la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación del territorio provincial, así como el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal.
El gobierno de la provincia: la Diputación Provincial (arts. 32-35 LRBRL)
El gobierno y la administración autónoma de la provincia corresponden a la Diputación Provincial, cuyos órganos necesarios son el Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno. El Pleno está integrado por el Presidente y los Diputados provinciales, que se eligen de segundo grado, entre y por los Concejales de los municipios de la provincia, distribuyéndose los puestos por partidos judiciales según los resultados de las elecciones municipales (arts. 201 a 205 LOREG). El número de Diputados depende de la población de la provincia: 25 hasta 500.000 residentes, 27 de 500.001 a 1.000.000, 31 de 1.000.001 a 3.500.000 y 51 a partir de 3.500.001. El Presidente es elegido por el Pleno de entre sus miembros. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales las competencias de la Diputación son asumidas por la Comunidad Autónoma. En el País Vasco existen Diputaciones Forales, con Juntas Generales elegidas directamente por los ciudadanos, y en Navarra la Diputación Foral coincide con el Gobierno de Navarra.
Las provincias uniprovinciales, los Cabildos y los Consejos Insulares
En las Comunidades Autónomas uniprovinciales (Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Madrid y Navarra, además de Illes Balears) no existe Diputación Provincial de régimen común: sus competencias las asume la propia Comunidad Autónoma. En Canarias, que tiene dos provincias (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife), el gobierno de cada isla corresponde a los Cabildos Insulares (siete: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro), que asumen las competencias provinciales; en las Illes Balears, el gobierno de cada isla corresponde a los Consejos Insulares (Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, este último denominado Consell Insular de Formentera). Con ello, hay 38 Diputaciones provinciales de régimen común y 3 Diputaciones Forales vascas. El art. 41 LRBRL se refiere al gobierno de las islas.
Otras entidades locales: comarcas, áreas metropolitanas, mancomunidades y entidades locales menores
Las comarcas (art. 42) agrupan varios municipios para la gestión de intereses comunes y se crean por las Comunidades Autónomas. Las áreas metropolitanas (art. 43) son entidades locales integradas por los municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existen vinculaciones económicas y sociales que hacen necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras; se crean por ley autonómica (por ejemplo, el Área Metropolitana de Barcelona). Las mancomunidades (art. 44) son asociaciones voluntarias de municipios para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia, con personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines. Las entidades de ámbito territorial inferior al municipio (art. 45), conocidas como entidades locales menores (parroquias, aldeas, pedanías), gestionan intereses peculiares de un núcleo de población separado dentro del término municipal.
Los municipios de gran población (Título X LRBRL, arts. 121 a 138)
Se aplica el régimen especial del Título X a: a) los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes; b) los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a 175.000 habitantes; c) los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas; y d) los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes y presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales. En los supuestos c) y d) se requiere que así lo decidan las respectivas Asambleas Legislativas a iniciativa de los respectivos Ayuntamientos. Este régimen se caracteriza por una mayor separación entre las funciones deliberantes (Pleno) y ejecutivas (Alcalde y Junta de Gobierno Local, que puede incluir hasta un tercio de miembros no Concejales), la existencia de distritos como divisiones territoriales, un Consejo Social de la Ciudad, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, el Tribunal Económico-Administrativo municipal y una organización específica del control económico-financiero.
Regímenes especiales: Madrid y Barcelona
Por su condición de capital del Estado (art. 5 CE) y sede de las instituciones generales, el municipio de Madrid cuenta con un régimen especial regulado por la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. Barcelona cuenta con una carta municipal propia aprobada por la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, del Parlamento de Cataluña. Ambos regímenes son complementarios del régimen general de los municipios de gran población de la LRBRL.
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
Reformó en profundidad la LRBRL con el objetivo de clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades, racionalizar la estructura organizativa de la Administración local conforme a los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada, en el marco de la estabilidad presupuestaria exigida por el art. 135 CE (desarrollado por la Ley Orgánica 2/2012). Redefinió las competencias propias (art. 25), los servicios mínimos (art. 26), reforzó el papel coordinador de las Diputaciones en los municipios de menos de 20.000 habitantes y creó la figura de las competencias distintas de las propias y de las delegadas (art. 7.4), sujetas a requisitos de sostenibilidad financiera. Fue parcialmente declarada inconstitucional o reinterpretada por el Tribunal Constitucional (STC 41/2016, de 3 de marzo).
El control y la tutela de los actos y acuerdos locales (arts. 61 y 65-67 LRBRL)
Las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas pueden impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa los actos y acuerdos de las entidades locales que infrinjan el ordenamiento jurídico, previo requerimiento de anulación (arts. 65 y 66): el requerimiento, motivado, debe formularse dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación del acuerdo, concediendo a la entidad local un plazo máximo de un mes para anularlo; la impugnación jurisdiccional puede interponerse, alternativamente, sin necesidad de requerimiento previo, dentro del plazo general del recurso contencioso-administrativo (dos meses). Cuando el acto atente gravemente al interés general de España, el Delegado del Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la entidad local, podrá solicitar la suspensión (art. 67). Los órganos de las Corporaciones locales podrán ser disueltos por el Consejo de Ministros, por real decreto, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o a solicitud de este, y en todo caso previo acuerdo favorable del Senado, en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales (art. 61.1).
La autonomía financiera local (art. 142 CE y Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales)
Las Haciendas locales deben disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas, y se nutren fundamentalmente de tributos propios y de participación en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas. Su régimen se contiene en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Los ayuntamientos están obligados a exigir tres impuestos: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica; y pueden establecer el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Existen además tasas, contribuciones especiales y precios públicos.
Los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional
Los puestos de Secretaría, Intervención y Tesorería de las entidades locales están reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional (art. 92 bis LRBRL), cuyo régimen jurídico se regula por el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. Son funciones públicas necesarias la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo, y el control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.
Dimensión del régimen local en España
España cuenta con 8.132 municipios (cifra del Registro de Entidades Locales y del INE), distribuidos por las 50 provincias y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La gran mayoría son municipios pequeños, de menos de 5.000 habitantes, lo que explica el papel de las Diputaciones como instancia de asistencia y cooperación y el relieve de los regímenes de concejo abierto y de mancomunidad.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Entidades locales territoriales: municipio, provincia e isla en los archipiélagos balear y canario (art. 3.1 LRBRL); comarcas, áreas metropolitanas, mancomunidades y entidades de ámbito inferior al municipio son «otras» entidades locales (art. 3.2). Los consorcios no son entidades locales.
Art. 140 CE: los Concejales los eligen los vecinos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; los Alcaldes son elegidos por los Concejales o por los vecinos. En régimen general los elige el Pleno; en concejo abierto, los electores.
Los Diputados provinciales se eligen de segundo grado, entre y por los Concejales de los municipios de la provincia (distribuidos por partidos judiciales); el Presidente de la Diputación lo elige el Pleno de entre sus miembros.
Las islas tienen órganos propios de gobierno: Cabildos Insulares (7, en Canarias) y Consejos Insulares (4, en Illes Balears). Canarias tiene dos provincias pero no Diputaciones.
En las CCAA uniprovinciales no existe Diputación Provincial de régimen común: sus competencias las asume la Comunidad Autónoma. País Vasco: Diputaciones Forales.
Elementos del municipio: territorio (término municipal), población (Padrón municipal, que atribuye la condición de vecino) y organización (Ayuntamiento: Alcalde y Concejales).
La Junta de Gobierno Local existe en los municipios de más de 5.000 habitantes; en los de menos solo si lo dispone el reglamento orgánico o lo acuerda el Pleno (art. 20.1.b). Compuesta por el Alcalde y Concejales hasta un tercio del número legal.
Concejo abierto (art. 29): municipios de menos de 100 habitantes, los que tradicionalmente lo tienen y los que lo aconsejen circunstancias especiales; Asamblea vecinal de todos los electores.
Competencias propias (art. 25.2) y servicios mínimos (art. 26): todos los municipios; más de 5.000 (parque, biblioteca, mercado, tratamiento de residuos); más de 20.000 (protección civil, incendios, instalaciones deportivas, servicios sociales); más de 50.000 (transporte colectivo urbano y medio ambiente urbano).
Municipios de gran población (art. 121): más de 250.000 habitantes; capitales de provincia con más de 175.000; capitales de provincia, autonómicas o sedes de instituciones autonómicas; y más de 75.000 con circunstancias especiales (estos dos últimos, por decisión de la Asamblea Legislativa).
Pleno: sesión ordinaria trimestral (hasta 5.000 hab.), bimensual (5.001-20.000) y mensual (más de 20.000) (art. 46 LRBRL).
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, reformó la LRBRL para evitar duplicidades y reforzar el control financiero, en el marco del art. 135 CE.
El municipio de Madrid tiene régimen especial (Ley 22/2006, de 4 de julio); Barcelona, carta municipal propia (Ley 22/1998 de Cataluña).
La autonomía local es una garantía institucional, distinta de la autonomía política de las CCAA: no atribuye potestad legislativa, solo reglamentaria y de autoorganización.
Control: el Estado y las CCAA pueden impugnar los actos locales ante el contencioso; el Consejo de Ministros, con acuerdo favorable del Senado, puede disolver órganos de Corporaciones locales por gestión gravemente dañosa para los intereses generales (art. 61).
Datos: 8.132 municipios, 50 provincias; 38 Diputaciones de régimen común y 3 Diputaciones Forales.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
El municipio de Madrid cuenta con un régimen especial regulado por:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 10 de Administrativo del Estado?
La Administración local se integra por el municipio, la provincia y la isla, entidades territoriales que gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses (arts. 137, 140, 141 y 142 CE). Su régimen jurídico básico se establece en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), que regula también otras entidades locales como las comarcas, las áreas metropolitanas, las mancomunidades de municipios y las entidades de ámbito territorial inferior al municipio. Existen en España 8.132 municipios, 50 provincias y 11 islas con órgano de gobierno propio (7 en Canarias y 4 en Illes Balears).
¿Qué hay que memorizar del Tema 10 para el examen?
Entidades locales territoriales: municipio, provincia e isla en los archipiélagos balear y canario (art. 3.1 LRBRL); comarcas, áreas metropolitanas, mancomunidades y entidades de ámbito inferior al municipio son «otras» entidades locales (art. 3.2). Los consorcios no son entidades locales. Art. 140 CE: los Concejales los eligen los vecinos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; los Alcaldes son elegidos por los Concejales o por los vecinos. En régimen general los elige el Pleno; en concejo abierto, los electores. Los Diputados provinciales se eligen de segundo grado, entre y por los Concejales de los municipios de la provincia (distribuidos por partidos judiciales); el Presidente de la Diputación lo elige el Pleno de entre sus miembros. Las islas tienen órganos propios de gobierno: Cabildos Insulares (7, en Canarias) y Consejos Insulares (4, en Illes Balears). Canarias tiene dos provincias pero no Diputaciones. En las CCAA uniprovinciales no existe Diputación Provincial de régimen común: sus competencias las asume la Comunidad Autónoma. País Vasco: Diputaciones Forales. Elementos del municipio: territorio (término municipal), población (Padrón municipal, que atribuye la condición de vecino) y organización (Ayuntamiento: Alcalde y Concejales). La Junta de Gobierno Local existe en los municipios de más de 5.000 habitantes; en los de menos solo si lo dispone el reglamento orgánico o lo acuerda el Pleno (art. 20.1.b). Compuesta por el Alcalde y Concejales hasta un tercio del número legal. Concejo abierto (art. 29): municipios de menos de 100 habitantes, los que tradicionalmente lo tienen y los que lo aconsejen circunstancias especiales; Asamblea vecinal de todos los electores. Competencias propias (art. 25.2) y servicios mínimos (art. 26): todos los municipios; más de 5.000 (parque, biblioteca, mercado, tratamiento de residuos); más de 20.000 (protección civil, incendios, instalaciones deportivas, servicios sociales); más de 50.000 (transporte colectivo urbano y medio ambiente urbano). Municipios de gran población (art. 121): más de 250.000 habitantes; capitales de provincia con más de 175.000; capitales de provincia, autonómicas o sedes de instituciones autonómicas; y más de 75.000 con circunstancias especiales (estos dos últimos, por decisión de la Asamblea Legislativa). Pleno: sesión ordinaria trimestral (hasta 5.000 hab.), bimensual (5.001-20.000) y mensual (más de 20.000) (art. 46 LRBRL). La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, reformó la LRBRL para evitar duplicidades y reforzar el control financiero, en el marco del art. 135 CE. El municipio de Madrid tiene régimen especial (Ley 22/2006, de 4 de julio); Barcelona, carta municipal propia (Ley 22/1998 de Cataluña). La autonomía local es una garantía institucional, distinta de la autonomía política de las CCAA: no atribuye potestad legislativa, solo reglamentaria y de autoorganización. Control: el Estado y las CCAA pueden impugnar los actos locales ante el contencioso; el Consejo de Ministros, con acuerdo favorable del Senado, puede disolver órganos de Corporaciones locales por gestión gravemente dañosa para los intereses generales (art. 61). Datos: 8.132 municipios, 50 provincias; 38 Diputaciones de régimen común y 3 Diputaciones Forales.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, Título VIII, Capítulos I y II (arts. 137 y 140-142), BOE-A-1978-31229.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE-A-1985-5392, texto consolidado).
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOE-A-2013-13756).
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (arts. 179, 196, 197 y 201-205).
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Carta Europea de la Autonomía Local, hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985.
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