Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1). La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo IV) con un temario distinto, no cubierto aquí.
El régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas se regula en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y su Reglamento de desarrollo para la AGE (Real Decreto 598/1985); su finalidad es garantizar la dedicación al puesto público y la imparcialidad e independencia del empleado. El régimen disciplinario se contiene en el Título VII del TREBEP (arts. 93 a 99), que tipifica directamente las faltas muy graves, remite a las leyes de función pública la tipificación de las graves y leves, enumera las sanciones y fija las reglas de prescripción y procedimiento; en la AGE se aplica, en lo no contradictorio con el TREBEP, el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado (Real Decreto 33/1986).
El régimen de incompatibilidades: fundamento y norma básica
La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, es norma básica y está plenamente vigente; su desarrollo reglamentario para la AGE es el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril. El TREBEP no regula el régimen de incompatibilidades de forma completa: se remite a la Ley 53/1984, y lo conecta con los principios éticos del Código de Conducta (art. 53: abstención en asuntos de interés personal y de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de conflicto de intereses con el puesto público) y con el régimen disciplinario (art. 95.2: es falta muy grave el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando dé lugar a una situación de incompatibilidad). El régimen no persigue sancionar sino prevenir: garantizar la dedicación exigible al puesto y salvaguardar la imparcialidad e independencia, evitando la utilización de la posición pública en beneficio privado.
Ámbito de aplicación de la Ley 53/1984
Se aplica al personal al servicio de las Administraciones públicas, tanto funcionario como laboral y de cualquier otra naturaleza, y comprende, entre otros, el personal de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes, de la Seguridad Social, y de los órganos constitucionales, en los términos de su art. 2. Es independiente de la naturaleza de la relación jurídica: se aplica igual al funcionario de carrera, al interino y al laboral. Los altos cargos de la AGE tienen un régimen propio, más estricto, en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
Principio general: incompatibilidad con otro puesto o actividad pública
El personal incluido en el ámbito de la Ley no puede compatibilizar su puesto con un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los supuestos tasados y previa autorización o reconocimiento expreso de compatibilidad. Las excepciones principales se refieren a la actividad docente en régimen de profesor universitario asociado, a tiempo parcial y con duración determinada, a determinadas actividades sanitarias asociadas, a algunos puestos de investigación o a los cargos electivos locales sin dedicación exclusiva. Con carácter general, el desempeño del puesto es incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de los deberes o comprometer la imparcialidad o independencia (art. 1.3).
Consecuencias del acceso a un segundo puesto público sin compatibilidad
Cuando un funcionario accede a otro cuerpo o escala o pasa a prestar servicios en otro puesto del sector público sin haber obtenido compatibilidad, no puede ocupar ambos: la regla es la excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público en el puesto de origen (art. 89 TREBEP y Real Decreto 365/1995). Si el interesado ejerce de hecho actividades incompatibles, incurre en falta disciplinaria, que será muy grave cuando dé lugar a una situación de incompatibilidad (art. 95.2 TREBEP). Quien se encuentre incurso en incompatibilidad debe ser requerido para que opte entre los puestos o actividades en los plazos reglamentarios.
Actividades privadas: reconocimiento previo y prohibiciones
El ejercicio de actividades privadas, incluidas las profesionales, por cuenta propia o ajena, exige el reconocimiento previo de compatibilidad por la autoridad competente (en la AGE, mediante resolución expresa), con la condición de que la actividad no impida o menoscabe el estricto cumplimiento de los deberes del puesto, no comprometa la imparcialidad e independencia y no modifique la jornada y horario del puesto público. En todo caso, el personal no puede ejercer actividades privadas, por sí o mediante sustitución o apoderamiento, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público; ni pertenecer a consejos de administración u órganos rectores de empresas o entidades privadas, salvo que representen al sector público; ni desempeñar cargos de todo orden en empresas concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, o con participación o aval del sector público; ni participar en más del 10 por 100 del capital de tales empresas (art. 12).
Límite retributivo para el reconocimiento de compatibilidad
Con carácter general, no puede reconocerse compatibilidad para actividades privadas al personal que desempeñe puestos que comporten la percepción de complemento específico, o concepto equiparable, cuya cuantía supere el 30 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad, ni al personal retribuido por arancel (art. 16 de la Ley 53/1984). Este límite constituye una de las reglas más preguntadas en los exámenes.
Actividades exceptuadas del régimen de incompatibilidades (art. 19 Ley 53/1984)
Quedan exceptuadas, entre otras, las actividades derivadas de la administración del patrimonio personal o familiar (con los límites del art. 12); la dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o a su perfeccionamiento, cuando no tengan carácter permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco horas al año, así como la preparación para el acceso a la función pública; la participación en tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones públicas; el ejercicio de cargos de presidente, vocal o miembro de juntas rectoras de mutualidades o patronatos de funcionarios siempre que no sean retribuidos; la colaboración y asistencia ocasional a congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional; la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios; y la participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social.
Altos cargos y limitaciones posteriores al cese (Ley 3/2015)
La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la AGE, establece un régimen de dedicación exclusiva, incompatibilidades con cualquier otro puesto o actividad, y limitaciones al ejercicio de actividades privadas durante los dos años siguientes al cese cuando guarden relación con las competencias del cargo desempeñado, además de obligaciones de declaración de actividades y bienes. Es conveniente distinguirla de la Ley 53/1984, que se aplica al personal ordinario.
Principios de la potestad disciplinaria (arts. 93 y 94 TREBEP)
Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el Título VII del TREBEP y en las normas que las leyes de función pública dicten en desarrollo del Estatuto. Los funcionarios que induzcan a otros a la realización de actos constitutivos de falta incurren en la misma responsabilidad, y también los jefes que toleren o encubran faltas muy graves o graves de las que se deriven graves daños para la Administración o los ciudadanos (art. 93). La potestad disciplinaria se ejerce de acuerdo con los principios de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones; irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y retroactividad de las favorables; proporcionalidad, tanto en la clasificación de infracciones y sanciones como en su aplicación; culpabilidad; y presunción de inocencia (art. 94). El non bis in idem, la concurrencia de sanciones y la prescripción tienen su régimen general en los arts. 25 a 31 de la Ley 40/2015, supletorios en lo no previsto.
Faltas muy graves (art. 95.2 TREBEP)
El TREBEP tipifica directamente las faltas muy graves. Son, entre otras: el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía; toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación o identidad sexual, sexo o cualquier otra condición; el abandono del servicio; la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos; la publicación o utilización indebida de secretos oficiales; la notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas encomendadas; la violación de la neutralidad o independencia políticas; el incumplimiento del deber de sigilo respecto a asuntos que conozca por razón de su cargo, si causa perjuicio a la Administración o se utiliza en provecho propio; el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando dé lugar a una situación de incompatibilidad; la obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales; los actos limitativos de la libre expresión del pensamiento, ideas y opiniones; haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves en un año; el acoso laboral; y los actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga o el incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales.
Faltas graves y leves: remisión a la normativa de desarrollo
El TREBEP solo fija el contenido directo de las faltas muy graves. Las faltas graves y leves se tipifican por las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del Estatuto. Mientras esas leyes no se aprueban para la AGE, continúa aplicándose el cuadro de faltas graves y leves del Real Decreto 33/1986 (arts. 7 y 8), cuya compatibilidad con el TREBEP debe valorarse en cada caso. Entre las graves de ese Reglamento se encuentran, por ejemplo, la falta de obediencia debida a los superiores, el abuso de autoridad, la grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados, el causar daños graves en locales, material o documentos, la intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna causa de abstención legalmente señalada, y el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando no suponga falta muy grave; entre las leves, el incumplimiento injustificado del horario de trabajo cuando no suponga falta grave, la incorrección con el público o con compañeros, y el descuido en la conservación de locales, material o documentos. Estas listas deben contrastarse en el texto vigente.
Sanciones disciplinarias (art. 96 TREBEP)
Por razón de las faltas cometidas pueden imponerse: a) separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comporta la revocación de su nombramiento, y que solo puede sancionar la comisión de faltas muy graves; b) despido disciplinario del personal laboral, que solo puede sancionar faltas muy graves y comporta la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban; c) suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de seis años; d) traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el periodo que en cada caso se establezca; e) demérito, que consiste en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria; f) apercibimiento; g) cualquier otra que se establezca por ley. El alcance de cada sanción se establece teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, la cuantía del perjuicio causado, la reiteración o reincidencia, y el grado de participación.
Prescripción de faltas y sanciones (art. 97 TREBEP)
Las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años, por faltas graves a los dos años y por faltas leves al año. El plazo de prescripción de las faltas comienza a contarse desde que se hubieran cometido y, desde que cesó, si se trata de faltas continuadas. El de las sanciones comienza a contarse desde la firmeza de la resolución sancionadora. Los plazos del Real Decreto 33/1986 (más largos para las muy graves) han quedado superados por el TREBEP, por lo que deben estudiarse los de este último.
El procedimiento disciplinario (art. 98 TREBEP)
No puede imponerse sanción por la comisión de faltas graves o muy graves sino mediante el procedimiento previamente establecido; las faltas leves se sancionan por un procedimiento sumario con audiencia del interesado. La estructura del procedimiento debe asegurar la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a órganos distintos, y garantizar al presunto responsable los derechos a la presunción de inocencia, a la audiencia y a la defensa, así como los mecanismos de abstención y recusación. En la AGE el procedimiento (Real Decreto 33/1986) comprende la incoación (con nombramiento de instructor y secretario), la información reservada previa si procede, el pliego de cargos, la práctica de pruebas, la propuesta de resolución y la resolución motivada, con recurso administrativo o jurisdiccional. Cuando de la instrucción resulten indicios fundados de criminalidad, se suspende la tramitación y se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal; los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vinculan a la Administración.
Medidas provisionales, ejecución de las sanciones y caducidad
Al incoar o durante la tramitación del procedimiento, el órgano competente puede adoptar, mediante resolución motivada, medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final; la suspensión provisional como medida cautelar no puede exceder de seis meses, salvo paralización del procedimiento imputable al interesado. Las sanciones se ejecutan en los términos de la resolución y, con carácter general, en el plazo máximo de un mes salvo causa justificada que establezca otro distinto (art. 99). El procedimiento sancionador está sujeto a plazos máximos de resolución; su incumplimiento determina la caducidad (Ley 39/2015, art. 25), que ordena el archivo de las actuaciones pero no impide iniciar un nuevo procedimiento si la falta no ha prescrito, aunque el procedimiento caducado no interrumpe la prescripción.
Responsabilidad civil, penal y disciplinaria; responsabilidad patrimonial
La responsabilidad disciplinaria es independiente de la civil o penal en que pueda incurrir el funcionario por los mismos hechos y puede exigirse simultáneamente, con las cautelas del principio non bis in idem cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. La civil persigue la reparación del daño; la penal se exige cuando la conducta constituye delito (cohecho, prevaricación, malversación, tráfico de influencias); la disciplinaria deriva del incumplimiento de deberes estatutarios. La responsabilidad patrimonial frente a terceros corresponde a la Administración; cuando esta ha indemnizado a los lesionados, exige de oficio de sus autoridades y personal la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca (acción de regreso, art. 36 de la Ley 40/2015).
Información previa y abstención en el procedimiento sancionador
Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente puede abrir un periodo de información o actuaciones previas para conocer las circunstancias del caso y la conveniencia de iniciar el procedimiento (Ley 39/2015, art. 55; en el ámbito disciplinario, información reservada). Al instructor le son aplicables las causas de abstención y recusación de la legislación de procedimiento administrativo común (parentesco, amistad íntima o enemistad manifiesta, interés personal en el asunto, entre otras), lo que refuerza la imparcialidad y se suma a la exigencia de que el instructor sea distinto del órgano que resuelve.
Errores típicos en el examen
1) Atribuir al TREBEP la regulación detallada de las incompatibilidades: la norma es la Ley 53/1984. 2) Pensar que el TREBEP tipifica todas las faltas: solo las muy graves. 3) Confundir las sanciones: la separación del servicio y el despido disciplinario son sanciones distintas según el vínculo (funcionario o laboral), solo por falta muy grave; la suspensión firme llega hasta seis años; el apercibimiento es la más leve. 4) Citar el non bis in idem como principio del art. 94 TREBEP: el art. 94 menciona legalidad y tipicidad, irretroactividad, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia; el non bis in idem está en la Ley 40/2015. 5) Mezclar los plazos de prescripción del TREBEP (3 años, 2 años, 6 meses) con los del Real Decreto 33/1986, ya superados. 6) Olvidar el límite del 30 por 100 del complemento específico para la compatibilidad con actividades privadas.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La norma básica de incompatibilidades es la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, desarrollada para la AGE por el Real Decreto 598/1985; el TREBEP se remite a ella y tipifica como falta muy grave el incumplimiento de las normas de incompatibilidades cuando dé lugar a una situación de incompatibilidad.
La Ley 53/1984 se aplica a todo el personal al servicio de las Administraciones públicas, funcionario o laboral, y a las entidades y organismos de ellas dependientes y a los órganos constitucionales en los términos de su art. 2; los altos cargos de la AGE se rigen por la Ley 3/2015.
Como regla, no cabe un segundo puesto público; la compatibilidad solo se reconoce en supuestos tasados y mediante resolución expresa previa.
No se reconoce compatibilidad para actividades privadas a quien perciba complemento específico superior al 30 por 100 de su retribución básica (excluida la antigüedad) ni al retribuido por arancel (art. 16).
Está prohibido en todo caso ejercer actividades privadas en asuntos en que se intervenga, se haya intervenido en los dos últimos años o se deba intervenir por razón del puesto, y participar en más del 10 por 100 del capital de empresas concesionarias, contratistas o con participación o aval público.
Están exceptuadas del régimen de incompatibilidades, entre otras, la administración del patrimonio personal, la creación literaria y científica no derivada de la relación de empleo y las clases o conferencias en centros oficiales de formación de funcionarios (hasta setenta y cinco horas al año si no son permanentes ni habituales).
El TREBEP tipifica directamente solo las faltas muy graves (art. 95.2); las graves y leves se remiten a las leyes de función pública de desarrollo (en la AGE, entre tanto, el Real Decreto 33/1986).
Principios de la potestad disciplinaria (art. 94 TREBEP): legalidad y tipicidad, irretroactividad de lo desfavorable, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia.
Sanciones (art. 96 TREBEP): separación del servicio (funcionarios) o despido disciplinario (laborales), solo por faltas muy graves; suspensión firme de funciones (máximo seis años); traslado forzoso; demérito; apercibimiento.
Prescripción de las faltas: muy graves tres años, graves dos años, leves seis meses; de las sanciones: tres años, dos años y un año respectivamente (art. 97 TREBEP).
No puede imponerse sanción por falta grave o muy grave sin procedimiento previo; las leves se sancionan por procedimiento sumario con audiencia del interesado; debe separarse la fase instructora de la sancionadora.
La responsabilidad disciplinaria es independiente de la civil o penal y puede exigirse simultáneamente; la acción de regreso de la Administración requiere dolo, culpa o negligencia graves (art. 36 Ley 40/2015).
Los hechos declarados probados por resolución judicial penal firme vinculan a la Administración; si hay indicios de criminalidad, se suspende el procedimiento y se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal.
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Pregunta 1 de 100 aciertos
¿Qué ley regula con carácter general el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 6 de Administrativo del Estado?
El régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas se regula en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y su Reglamento de desarrollo para la AGE (Real Decreto 598/1985); su finalidad es garantizar la dedicación al puesto público y la imparcialidad e independencia del empleado. El régimen disciplinario se contiene en el Título VII del TREBEP (arts. 93 a 99), que tipifica directamente las faltas muy graves, remite a las leyes de función pública la tipificación de las graves y leves, enumera las sanciones y fija las reglas de prescripción y procedimiento; en la AGE se aplica, en lo no contradictorio con el TREBEP, el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado (Real Decreto 33/1986).
¿Qué hay que memorizar del Tema 6 para el examen?
La norma básica de incompatibilidades es la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, desarrollada para la AGE por el Real Decreto 598/1985; el TREBEP se remite a ella y tipifica como falta muy grave el incumplimiento de las normas de incompatibilidades cuando dé lugar a una situación de incompatibilidad. La Ley 53/1984 se aplica a todo el personal al servicio de las Administraciones públicas, funcionario o laboral, y a las entidades y organismos de ellas dependientes y a los órganos constitucionales en los términos de su art. 2; los altos cargos de la AGE se rigen por la Ley 3/2015. Como regla, no cabe un segundo puesto público; la compatibilidad solo se reconoce en supuestos tasados y mediante resolución expresa previa. No se reconoce compatibilidad para actividades privadas a quien perciba complemento específico superior al 30 por 100 de su retribución básica (excluida la antigüedad) ni al retribuido por arancel (art. 16). Está prohibido en todo caso ejercer actividades privadas en asuntos en que se intervenga, se haya intervenido en los dos últimos años o se deba intervenir por razón del puesto, y participar en más del 10 por 100 del capital de empresas concesionarias, contratistas o con participación o aval público. Están exceptuadas del régimen de incompatibilidades, entre otras, la administración del patrimonio personal, la creación literaria y científica no derivada de la relación de empleo y las clases o conferencias en centros oficiales de formación de funcionarios (hasta setenta y cinco horas al año si no son permanentes ni habituales). El TREBEP tipifica directamente solo las faltas muy graves (art. 95.2); las graves y leves se remiten a las leyes de función pública de desarrollo (en la AGE, entre tanto, el Real Decreto 33/1986). Principios de la potestad disciplinaria (art. 94 TREBEP): legalidad y tipicidad, irretroactividad de lo desfavorable, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia. Sanciones (art. 96 TREBEP): separación del servicio (funcionarios) o despido disciplinario (laborales), solo por faltas muy graves; suspensión firme de funciones (máximo seis años); traslado forzoso; demérito; apercibimiento. Prescripción de las faltas: muy graves tres años, graves dos años, leves seis meses; de las sanciones: tres años, dos años y un año respectivamente (art. 97 TREBEP). No puede imponerse sanción por falta grave o muy grave sin procedimiento previo; las leves se sancionan por procedimiento sumario con audiencia del interesado; debe separarse la fase instructora de la sancionadora. La responsabilidad disciplinaria es independiente de la civil o penal y puede exigirse simultáneamente; la acción de regreso de la Administración requiere dolo, culpa o negligencia graves (art. 36 Ley 40/2015). Los hechos declarados probados por resolución judicial penal firme vinculan a la Administración; si hay indicios de criminalidad, se suspende el procedimiento y se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los entes, organismos y empresas dependientes.
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: arts. 52-54 y 93-99.
Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: arts. 25-31 y 36.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: arts. 25 y 55.
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