Tema 4. La protección de datos personales y su régimen jurídico: principios, derechos, responsable y encargado del tratamiento, delegado y autoridades de protección de datos. Derechos digitales.
Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (C1). La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo IV) con un temario distinto, no cubierto aquí.
La protección de datos personales es un derecho fundamental (art. 18.4 CE; art. 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE) regulado, tras la aplicación directa del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), por la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que adapta el marco europeo al ordenamiento español, define el régimen de las figuras del responsable y el encargado del tratamiento y del delegado de protección de datos, regula las autoridades de control (Agencia Española de Protección de Datos y autoridades autonómicas) y reconoce un catálogo de derechos digitales de nueva generación (Título X).
El derecho a la protección de datos tiene su base en el art. 18.4 CE («la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos»), que el Tribunal Constitucional configuró como derecho fundamental autónomo, distinto del derecho a la intimidad, en la STC 292/2000. En el Derecho de la Unión se reconoce en el art. 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales y en el art. 16 TFUE. El Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD), de aplicación directa en todos los Estados miembros desde el 25 de mayo de 2018, y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), que lo completa y adapta en España, configuran el marco vigente. Complementan el sistema la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales (que traspone la Directiva (UE) 2016/680), y la Ley 34/2002 (LSSI) en materia de comunicaciones comerciales y cookies.
El RGPD: ámbito y objetivo
El Reglamento (UE) 2016/679, de aplicación directa desde el 25 de mayo de 2018, protege los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas, en particular su derecho a la protección de datos, y garantiza la libre circulación de estos en el mercado interior. Se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. No se aplica al tratamiento efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas, ni a las actividades que queden fuera del Derecho de la Unión. Tiene ámbito territorial extendido a responsables fuera de la UE que ofrezcan bienes o servicios a interesados en ella o que controlen su comportamiento (art. 3). Protege a las personas físicas, no a las personas jurídicas ni, en principio, a los fallecidos (aunque la LOPDGDD permite a los herederos y personas vinculadas solicitar el acceso, rectificación o supresión de los datos del fallecido, art. 3).
La LOPDGDD: estructura y función
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, adapta el ordenamiento español al RGPD, completando aspectos remitidos a los Estados miembros (edad de consentimiento, tratamiento de datos de fallecidos, DPO en el sector público, régimen sancionador), y deroga la LO 15/1999. Su estructura: Título I (disposiciones generales y principios), Título II (principios de protección de datos), Título III (derechos de las personas), Título IV (disposiciones aplicables a tratamientos concretos), Título V (responsable y encargado), Título VI (transferencias internacionales), Título VII (autoridades de protección de datos), Título VIII (procedimientos en caso de posible vulneración), Título IX (régimen sancionador) y Título X (garantía de los derechos digitales, arts. 79 a 97).
Concepto de dato personal y categorías especiales (arts. 4.1 y 9 RGPD)
Dato personal es toda información sobre una persona física identificada o identificable. Tratamiento es cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales (recogida, registro, conservación, consulta, comunicación, supresión, etc.). Las categorías especiales (origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona, datos relativos a la salud y datos relativos a la vida sexual u orientación sexual) tienen tratamiento en principio prohibido, salvo excepciones tasadas (consentimiento explícito, obligaciones laborales y de seguridad social, intereses vitales, interés público esencial, fines de medicina preventiva, etc.), por su especial riesgo para los derechos del interesado. Los datos relativos a condenas e infracciones penales (art. 10 RGPD) solo pueden tratarse bajo el control de las autoridades públicas o con autorización legal. La seudonimización reduce el riesgo pero no excluye al dato del RGPD; los datos anonimizados quedan fuera de su ámbito.
Los principios del tratamiento (art. 5 RGPD)
Los principios del tratamiento (art. 5 RGPD) son: licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización de datos; exactitud; limitación del plazo de conservación; integridad y confidencialidad; y responsabilidad proactiva (accountability), por el cual el responsable debe ser capaz de demostrar el cumplimiento de todos los anteriores (art. 5.2). Se complementan con la protección de datos desde el diseño y por defecto (art. 25) y con el deber de confidencialidad (art. 5 LOPDGDD).
Principio de licitud, lealtad y transparencia (art. 5.1.a RGPD)
El tratamiento debe fundarse en alguna base jurídica del art. 6 RGPD (licitud), no resultar engañoso ni perjudicial para las expectativas razonables del interesado (lealtad), y facilitar información concisa, inteligible y de fácil acceso sobre el tratamiento (transparencia), presupuesto necesario para el ejercicio del resto de derechos. En la práctica, la información se facilita en capas (art. 11 LOPDGDD): una primera capa con los elementos básicos (identidad del responsable, finalidad y posibilidad de ejercitar los derechos) y una segunda capa con el resto de la información de los arts. 13 y 14 RGPD.
Principios de limitación de la finalidad y minimización de datos
Los datos deben recogerse con fines determinados, explícitos y legítimos, sin tratamiento ulterior incompatible (limitación de la finalidad; se consideran compatibles los fines de archivo en interés público, investigación científica o histórica o estadísticos), y ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para dichos fines (minimización), conectado este último con la protección de datos desde el diseño y por defecto del art. 25 RGPD.
Principios de exactitud, limitación del plazo de conservación e integridad
Los datos deben ser exactos y actualizados, suprimiéndose o rectificándose sin dilación los inexactos. Deben conservarse solo durante el tiempo necesario para los fines del tratamiento (salvo fines de archivo en interés público o investigación). Y deben tratarse garantizando seguridad adecuada (confidencialidad e integridad), incluida protección contra tratamiento no autorizado, pérdida o daño accidental (art. 32 RGPD: seudonimización, cifrado, capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia, restablecimiento y verificación periódica). La LOPDGDD regula el bloqueo de datos (art. 32): conservación de los datos, a disposición de jueces, tribunales, Ministerio Fiscal y Administraciones, durante el plazo de prescripción de las responsabilidades. En el ámbito público, el Esquema Nacional de Seguridad (RD 311/2022) concreta las medidas de seguridad.
El principio de responsabilidad proactiva (accountability, art. 5.2 RGPD)
El responsable debe cumplir todos los principios del art. 5.1 y ser capaz de demostrarlo, sustituyendo el antiguo modelo de inscripción previa de ficheros por uno de autorresponsabilidad: evaluación de riesgos, medidas técnicas y organizativas, y capacidad de acreditar el cumplimiento mediante el registro de actividades, evaluaciones de impacto, códigos de conducta, certificaciones y designación del DPO.
Bases jurídicas del tratamiento (art. 6.1 RGPD)
Consentimiento del interesado; necesidad para ejecutar un contrato o aplicar medidas precontractuales; cumplimiento de obligación legal aplicable al responsable; protección de intereses vitales; cumplimiento de misión de interés público o ejercicio de poderes públicos (base habitual de las Administraciones); e interés legítimo del responsable o de un tercero, esta última no invocable por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones. En España, el tratamiento por obligación legal o por interés público requiere norma con rango de ley (art. 8 LOPDGDD). Para las categorías especiales de datos, además de una base del art. 6, debe concurrir una circunstancia del art. 9.2 RGPD, y en España las referidas a obligaciones, salud o seguridad social deben estar amparadas en norma con rango de ley (art. 9 LOPDGDD).
El consentimiento del interesado: requisitos (arts. 4.11 y 7 RGPD)
Manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca, por la que el interesado acepta, mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de sus datos. No cabe el consentimiento tácito (silencio, casillas premarcadas o inacción). El responsable debe poder demostrarlo; si se da junto a otros asuntos, debe presentarse de forma distinguible; puede retirarse en cualquier momento con la misma facilidad con que se otorgó. La edad de consentimiento del menor para servicios de la sociedad de la información se fija en el RGPD en 16 años, si bien los Estados pueden rebajarla hasta 13; España la fija en 14 años (art. 7 LOPDGDD). Por debajo de esa edad se requiere el consentimiento de los titulares de la patria potestad o tutela.
Derechos de las personas interesadas
El RGPD y la LOPDGDD (arts. 12 a 18) reconocen los derechos de acceso (conocer si se tratan datos propios y a qué finalidad), rectificación (corregir datos inexactos), supresión o «derecho al olvido» (cancelar datos cuando ya no sean necesarios o se retire el consentimiento), limitación del tratamiento, portabilidad (recibir los datos en formato estructurado y transmitirlos a otro responsable) y oposición (oponerse al tratamiento por motivos relacionados con su situación particular). A ellos se añade el derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles (art. 22). Estos derechos son personalísimos, gratuitos con carácter general (el responsable puede cobrar un canon razonable o negarse si las solicitudes son manifiestamente infundadas o excesivas), y deben atenderse en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud, prorrogable por dos meses más en función de la complejidad y el número de solicitudes (art. 12.3 RGPD). Si el responsable no da curso a la solicitud, debe informar en el mismo plazo de las razones y de la posibilidad de reclamar ante la autoridad de control y de ejercitar acciones judiciales.
Derecho de acceso, rectificación y supresión (arts. 15-17 RGPD)
Acceso: confirmación de si se tratan datos y acceso a ellos y a la información del tratamiento (fines, categorías, destinatarios, plazo de conservación, existencia de decisiones automatizadas, origen de los datos), con derecho a obtener una primera copia gratuita. Rectificación: corrección de datos inexactos o incompletos. Supresión o «derecho al olvido»: eliminación cuando concurran motivos tasados (datos ya no necesarios, retirada del consentimiento, oposición, tratamiento ilícito, obligación legal), cediendo ante libertad de expresión e información, obligación legal, interés público en salud pública, fines de archivo o formulación de reclamaciones. El Tribunal de Justicia lo reconoció respecto de los buscadores en la sentencia Google Spain (asunto C-131/12, 2014).
Derecho a la limitación del tratamiento y a la portabilidad (arts. 18 y 20 RGPD)
Limitación: marcar los datos para restringir su tratamiento futuro (por ejemplo, mientras se verifica su exactitud, o cuando el tratamiento es ilícito y el interesado se opone a su supresión). Portabilidad: recibir los datos facilitados por el interesado en formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y transmitirlos a otro responsable, cuando el tratamiento se base en consentimiento o contrato y se efectúe por medios automatizados.
Derecho de oposición y decisiones automatizadas (arts. 21 y 22 RGPD)
Oposición al tratamiento basado en interés público o legítimo, incluida la elaboración de perfiles; absoluta y sin justificación en mercadotecnia directa. Derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en tratamiento automatizado con efectos jurídicos significativos, salvo excepciones tasadas (necesidad contractual, autorización por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros, consentimiento explícito), exigiéndose en tal caso, como mínimo, el derecho a obtener intervención humana, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión.
El responsable y el encargado del tratamiento (arts. 4.7, 4.8, 24, 26 y 28 RGPD)
El responsable del tratamiento es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determina los fines y medios del tratamiento (art. 4.7 RGPD); en el ámbito de las Administraciones públicas, suele coincidir con el propio órgano u organismo titular de la competencia o de la actividad de tratamiento. Debe aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme al RGPD (art. 24). Si dos o más responsables determinan conjuntamente los fines y medios, son corresponsables y deben determinar de modo transparente sus respectivas responsabilidades (art. 26). El encargado del tratamiento trata los datos por cuenta del responsable, en virtud de un contrato u otro acto jurídico vinculante (art. 28 RGPD) que regula objeto, duración, naturaleza, finalidad, tipo de datos, categorías de interesados y obligaciones, sin poder tratarlos para fines propios ni subcontratar sin autorización previa (específica o general) del responsable. Si el encargado determina fines y medios, pasa a ser considerado responsable. Los responsables y encargados establecidos fuera de la UE designan un representante en la Unión (art. 27).
El delegado de protección de datos (DPO, arts. 37-39 RGPD y arts. 34-37 LOPDGDD)
El delegado de protección de datos (DPD o DPO) es la figura de asesoramiento y supervisión interna. Su designación es obligatoria, entre otros supuestos, cuando el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial (art. 37.1.a RGPD), cuando las actividades principales consistan en operaciones de tratamiento que requieran observación habitual y sistemática de interesados a gran escala o en tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos (art. 37.1.b y c). El art. 34 LOPDGDD concreta los supuestos en que han de designarlo, entre otros, determinados centros docentes, entidades de crédito, aseguradoras o prestadores de servicios de la sociedad de la información, y obliga a comunicar su designación o cese a la AEPD o a la autoridad autonómica. Un mismo DPO puede designarse para varios organismos públicos, teniendo en cuenta su estructura (art. 37.3 RGPD). Funciones (art. 39): informar y asesorar al responsable o encargado y a los empleados; supervisar el cumplimiento; ofrecer asesoramiento sobre la evaluación de impacto; cooperar con la autoridad de control y actuar como su punto de contacto. Debe actuar con independencia, no recibir instrucciones sobre el desempeño de sus funciones y no puede ser destituido ni sancionado por desempeñarlas (art. 38.3 RGPD); responde directamente al más alto nivel jerárquico.
El registro de actividades de tratamiento (art. 30 RGPD)
Obligación de cada responsable de documentar sus tratamientos: identidad del responsable y del DPO, fines, categorías de interesados y de datos, destinatarios, transferencias internacionales, plazos de supresión previstos y descripción de las medidas de seguridad, sustituyendo al antiguo sistema de inscripción de ficheros ante la autoridad de control. Las Administraciones públicas deben publicar por medios electrónicos un inventario de sus actividades de tratamiento, accesible por medios electrónicos, con la base jurídica (art. 31 LOPDGDD).
La evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD, arts. 35 y 36 RGPD)
Exigida cuando un tratamiento entrañe probablemente alto riesgo para los derechos de las personas (evaluación sistemática de aspectos personales con efectos jurídicos, tratamiento a gran escala de categorías especiales, observación sistemática a gran escala de zonas públicas), debiendo describir las operaciones, evaluar necesidad, proporcionalidad y riesgos, y prever medidas de mitigación. Si la EIPD revela un riesgo alto que el responsable no puede mitigar, debe consultar previamente a la autoridad de control (art. 36). Las autoridades publican listas de tratamientos que requieren o no EIPD.
Notificación de brechas de seguridad (arts. 33-34 RGPD)
El responsable debe notificar la violación de seguridad de los datos personales a la autoridad de control sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar en 72 horas desde que tuvo constancia de ella, salvo que sea improbable el riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas. El encargado debe notificar la violación al responsable sin dilación indebida. Debe comunicarse también al interesado, sin dilación indebida, cuando el riesgo sea alto, salvo medidas que hagan ininteligibles los datos (cifrado) o esfuerzo desproporcionado (en cuyo caso se opta por una comunicación pública). Todas las brechas deben documentarse.
Autoridades de control: la AEPD y las autoridades autonómicas
La autoridad de control en España es la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), autoridad administrativa independiente con personalidad jurídica propia, que actúa con plena independencia de los poderes públicos (arts. 44 y ss. LOPDGDD; Estatuto aprobado por el Real Decreto 389/2021, de 1 de junio). Está dirigida por una Presidencia y una Adjuntía elegidas por el Congreso de los Diputados, por un mandato de cinco años renovable una sola vez (art. 48 LOPDGDD). Cuenta con un Consejo Consultivo. Funciones: supervisar la aplicación del RGPD y la LOPDGDD, resolver reclamaciones, realizar investigaciones, imponer medidas correctivas y sanciones, y cooperar con otras autoridades europeas en el marco del Comité Europeo de Protección de Datos. En el ámbito autonómico existen agencias propias con competencia sobre los ficheros de las Administraciones autonómicas y locales de su territorio: Cataluña (Autoridad Catalana de Protección de Datos), País Vasco (Agencia Vasca de Protección de Datos) y Andalucía (Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía). A nivel europeo, el Supervisor Europeo de Protección de Datos controla a las instituciones de la UE.
El régimen sancionador
El art. 83 RGPD distingue multas administrativas de hasta 10 millones de euros o, tratándose de una empresa, de hasta el 2% del volumen de negocio total anual global del ejercicio anterior (la de mayor cuantía), para infracciones de obligaciones del responsable y encargado, certificación y organismos de supervisión; y de hasta 20 millones de euros o el 4% para infracciones de principios básicos, derechos de los interesados, transferencias internacionales e incumplimiento de órdenes de la autoridad. La LOPDGDD (arts. 72 a 74) tipifica las infracciones como muy graves (prescriben a los tres años), graves (dos años) y leves (un año). Las Administraciones Públicas y demás entidades enumeradas en el art. 77 LOPDGDD quedan sujetas a un régimen específico: la AEPD dicta resolución sancionadora de apercibimiento, estableciendo las medidas que proceda adoptar, que se notifica al responsable, al órgano del que dependa y a los afectados, sin imposición de multa económica. Los interesados tienen derecho a una indemnización por los daños y perjuicios materiales o inmateriales (art. 82 RGPD).
Transferencias internacionales de datos (arts. 44-50 RGPD)
Solo proceden si se garantiza que el nivel de protección no se menoscaba: decisión de adecuación de la Comisión Europea (art. 45); garantías adecuadas (cláusulas contractuales tipo, normas corporativas vinculantes, códigos de conducta y certificaciones, art. 46); o, subsidiariamente, excepciones tasadas del art. 49 (consentimiento explícito informado de los riesgos, ejecución de contrato, razones de interés público, etc.). Hito jurisprudencial: la sentencia Schrems II (asunto C-311/18, 2020) anuló la decisión sobre el Escudo de Privacidad UE-EE. UU.; en su lugar, la Comisión Europea aprobó en julio de 2023 una nueva decisión de adecuación sobre el marco de privacidad de datos UE-EE. UU. (Data Privacy Framework), confirmada frente a un primer recurso por el Tribunal General de la UE en 2024 (asunto Latombe, T-553/23); su continuidad depende de que Estados Unidos mantenga operativas las garantías asumidas (entre ellas, el mecanismo de supervisión independiente), por lo que conviene verificar su vigencia en la fecha del examen.
Derechos digitales de la LOPDGDD (Título X, arts. 79 a 97)
Los derechos y libertades consagrados en la Constitución y los Tratados son plenamente aplicables en Internet (art. 79). El Título X reconoce: neutralidad de Internet (art. 80); acceso universal a Internet (art. 81); seguridad digital (art. 82); educación digital (art. 83); protección de los menores en Internet (art. 84); rectificación en Internet (art. 85); actualización de informaciones en medios de comunicación digitales (art. 86); intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral (art. 87); desconexión digital en el ámbito laboral, respetando descanso, permisos y vacaciones (art. 88); intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo (art. 89); intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral (art. 90); derechos digitales en la negociación colectiva (art. 91); protección de datos de los menores en Internet (art. 92); derecho al olvido en búsquedas de Internet (art. 93) y en servicios de redes sociales y servicios equivalentes (art. 94); derecho de portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes (art. 95); derecho al testamento digital (art. 96), que permite a herederos o personas designadas acceder a los contenidos digitales de una persona fallecida y dar instrucciones sobre su destino; y políticas públicas para la garantía de los derechos digitales (art. 97).
Protección de menores en internet
Reconocimiento del derecho a la protección de la intimidad de los menores frente al uso indebido de sus datos e imagen en la red, con deber de padres, tutores, curadores o representantes legales de procurar que los menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales (art. 84 LOPDGDD) y de los centros educativos de contribuir a garantizarla, complementado con la edad de 14 años para el consentimiento del menor en servicios de la sociedad de la información. La utilización o difusión de imágenes o datos personales de menores en redes sociales que pueda implicar una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales determina la intervención del Ministerio Fiscal.
El tratamiento de datos por las Administraciones Públicas
Su base jurídica ordinaria es el cumplimiento de una misión de interés público o el ejercicio de poderes públicos, sin necesidad de consentimiento para tratamientos en ejercicio de competencias legalmente atribuidas. Un mismo DPO puede designarse para varios organismos públicos, y el régimen sancionador del sector público sustituye la multa por resolución declarativa con traslado a los órganos de control interno. Las Administraciones deben observar además el principio de «solo una vez» (no exigir datos que ya obren en su poder, art. 28 Ley 39/2015), las medidas del Esquema Nacional de Seguridad y las garantías específicas de la Ley 19/2013 sobre acceso a la información pública (art. 15).
Novedades y entorno regulatorio relacionado
El marco europeo de la economía de datos se ha ampliado con el Reglamento (UE) 2022/868 (Gobernanza de Datos), el Reglamento (UE) 2023/2854 (Ley de Datos) y el Reglamento (UE) 2022/2065 (Ley de Servicios Digitales). El Reglamento (UE) 2024/1689, de inteligencia artificial (Ley de IA), entró en vigor el 1 de agosto de 2024 y establece un marco de riesgos para los sistemas de IA sin perjuicio del RGPD, con aplicación escalonada: las prohibiciones de prácticas de riesgo inaceptable y las disposiciones sobre alfabetización en IA se aplican desde el 2 de febrero de 2025; las obligaciones sobre modelos de IA de uso general y el régimen sancionador, desde el 2 de agosto de 2025; y la mayor parte del Reglamento, incluidas las obligaciones para los sistemas de alto riesgo, desde el 2 de agosto de 2026, con un régimen transitorio más amplio para determinados sistemas de alto riesgo ya introducidos en el mercado. En España la supervisión corresponde a la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA). Conviene consultar el calendario vigente de aplicación de estas normas en la fecha del examen.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Los siete principios del tratamiento (art. 5 RGPD): licitud/lealtad/transparencia, limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, limitación del plazo de conservación, integridad/confidencialidad y responsabilidad proactiva (accountability).
El responsable determina los fines y medios del tratamiento; el encargado trata datos por cuenta del responsable en virtud de un contrato (art. 28 RGPD) sin poder tratarlos para fines propios.
El delegado de protección de datos (DPO) es de designación obligatoria en las Administraciones públicas (art. 37.1.a RGPD), salvo los tribunales en ejercicio de función judicial, y actúa con independencia; la LOPDGDD (art. 34) amplía los supuestos obligatorios a determinadas entidades privadas.
La AEPD es la autoridad de control española, sin perjuicio de agencias autonómicas propias en Cataluña, País Vasco y Andalucía. Su Presidencia y Adjuntía son elegidas por el Congreso para un mandato de cinco años.
La LOPDGDD (Título X, arts. 79-97) añade un catálogo de derechos digitales al RGPD: neutralidad de Internet, acceso universal, desconexión digital en el ámbito laboral, testamento digital, educación digital y protección de menores en internet, entre otros.
La base jurídica ordinaria del tratamiento por las Administraciones públicas es el cumplimiento de una misión de interés público o el ejercicio de poderes públicos, sin necesidad de consentimiento del interesado; la base de interés legítimo no es invocable por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.
Las categorías especiales de datos (origen étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, afiliación sindical, datos genéticos, biométricos, de salud o vida sexual) tienen tratamiento en principio prohibido, salvo excepciones tasadas (art. 9 RGPD).
El consentimiento debe ser libre, específico, informado e inequívoco, y puede retirarse en cualquier momento con la misma facilidad con que se otorgó; el RGPD fija en 16 años la edad de consentimiento del menor y España la rebaja a 14 (art. 7 LOPDGDD).
Los derechos ARSULIPO: acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación del tratamiento, portabilidad y oposición; deben atenderse en el plazo de un mes, prorrogable por dos meses más según complejidad (art. 12.3 RGPD).
El derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en tratamiento automatizado (art. 22 RGPD) exige, como mínimo, el derecho a obtener intervención humana, salvo excepciones tasadas.
El registro de actividades de tratamiento (art. 30 RGPD) sustituyó al antiguo sistema de inscripción de ficheros ante la autoridad de control; las Administraciones deben publicar su inventario (art. 31 LOPDGDD).
La evaluación de impacto (EIPD, art. 35 RGPD) es exigible cuando el tratamiento entrañe probablemente alto riesgo para los derechos de las personas; si persiste el riesgo alto, consulta previa a la autoridad (art. 36).
Las violaciones de seguridad deben notificarse a la autoridad de control sin dilación indebida y, de ser posible, en 72 horas, salvo que sea improbable el riesgo para los afectados; al interesado cuando el riesgo sea alto (arts. 33-34 RGPD).
El régimen sancionador distingue multas de hasta 10 millones o el 2% y de hasta 20 millones o el 4% del volumen de negocio (la cuantía mayor); las Administraciones Públicas españolas quedan sujetas a un régimen específico de apercibimiento (art. 77 LOPDGDD), no de multa.
Prescripción de las infracciones de la LOPDGDD: muy graves 3 años, graves 2 años y leves 1 año.
La protección de datos es un derecho fundamental autónomo (STC 292/2000) que deriva del art. 18.4 CE y se reconoce en el art. 8 de la Carta de la UE.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Qué base jurídica NO puede ser invocada por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, según el art. 6.1 RGPD?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 4 de Administrativo del Estado?
La protección de datos personales es un derecho fundamental (art. 18.4 CE; art. 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE) regulado, tras la aplicación directa del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), por la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que adapta el marco europeo al ordenamiento español, define el régimen de las figuras del responsable y el encargado del tratamiento y del delegado de protección de datos, regula las autoridades de control (Agencia Española de Protección de Datos y autoridades autonómicas) y reconoce un catálogo de derechos digitales de nueva generación (Título X).
¿Qué hay que memorizar del Tema 4 para el examen?
Los siete principios del tratamiento (art. 5 RGPD): licitud/lealtad/transparencia, limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, limitación del plazo de conservación, integridad/confidencialidad y responsabilidad proactiva (accountability). El responsable determina los fines y medios del tratamiento; el encargado trata datos por cuenta del responsable en virtud de un contrato (art. 28 RGPD) sin poder tratarlos para fines propios. El delegado de protección de datos (DPO) es de designación obligatoria en las Administraciones públicas (art. 37.1.a RGPD), salvo los tribunales en ejercicio de función judicial, y actúa con independencia; la LOPDGDD (art. 34) amplía los supuestos obligatorios a determinadas entidades privadas. La AEPD es la autoridad de control española, sin perjuicio de agencias autonómicas propias en Cataluña, País Vasco y Andalucía. Su Presidencia y Adjuntía son elegidas por el Congreso para un mandato de cinco años. La LOPDGDD (Título X, arts. 79-97) añade un catálogo de derechos digitales al RGPD: neutralidad de Internet, acceso universal, desconexión digital en el ámbito laboral, testamento digital, educación digital y protección de menores en internet, entre otros. La base jurídica ordinaria del tratamiento por las Administraciones públicas es el cumplimiento de una misión de interés público o el ejercicio de poderes públicos, sin necesidad de consentimiento del interesado; la base de interés legítimo no es invocable por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones. Las categorías especiales de datos (origen étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, afiliación sindical, datos genéticos, biométricos, de salud o vida sexual) tienen tratamiento en principio prohibido, salvo excepciones tasadas (art. 9 RGPD). El consentimiento debe ser libre, específico, informado e inequívoco, y puede retirarse en cualquier momento con la misma facilidad con que se otorgó; el RGPD fija en 16 años la edad de consentimiento del menor y España la rebaja a 14 (art. 7 LOPDGDD). Los derechos ARSULIPO: acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación del tratamiento, portabilidad y oposición; deben atenderse en el plazo de un mes, prorrogable por dos meses más según complejidad (art. 12.3 RGPD). El derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en tratamiento automatizado (art. 22 RGPD) exige, como mínimo, el derecho a obtener intervención humana, salvo excepciones tasadas. El registro de actividades de tratamiento (art. 30 RGPD) sustituyó al antiguo sistema de inscripción de ficheros ante la autoridad de control; las Administraciones deben publicar su inventario (art. 31 LOPDGDD). La evaluación de impacto (EIPD, art. 35 RGPD) es exigible cuando el tratamiento entrañe probablemente alto riesgo para los derechos de las personas; si persiste el riesgo alto, consulta previa a la autoridad (art. 36). Las violaciones de seguridad deben notificarse a la autoridad de control sin dilación indebida y, de ser posible, en 72 horas, salvo que sea improbable el riesgo para los afectados; al interesado cuando el riesgo sea alto (arts. 33-34 RGPD). El régimen sancionador distingue multas de hasta 10 millones o el 2% y de hasta 20 millones o el 4% del volumen de negocio (la cuantía mayor); las Administraciones Públicas españolas quedan sujetas a un régimen específico de apercibimiento (art. 77 LOPDGDD), no de multa. Prescripción de las infracciones de la LOPDGDD: muy graves 3 años, graves 2 años y leves 1 año. La protección de datos es un derecho fundamental autónomo (STC 292/2000) que deriva del art. 18.4 CE y se reconoce en el art. 8 de la Carta de la UE.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170705 a 170795, Anexo III (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, art. 18.4.
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD).
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.
Real Decreto 389/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos.
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 8; Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, art. 16.
Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre.
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