Tema 11. Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. Objeto. Ámbito de aplicación. Concepto de voluntariado: Derechos y deberes. Relaciones entre los voluntarios y las organizaciones en las que se integran. Medidas de fomento del voluntariado.
Este temario corresponde al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (C1, acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — el cuerpo de acceso masivo (vigilancia, custodia y seguridad interior de los centros), que es el que encaja con el banco de 100 preguntas ya existente en el sitio. No cubre el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias (A2, requiere título universitario, funciones de tratamiento) ni el Cuerpo Superior de Técnicos (A1), que tienen temarios distintos.
Este tema desarrolla la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, norma que regula el marco jurídico de la acción voluntaria organizada en España, con especial relevancia para el ámbito penitenciario, donde el voluntariado social colabora en los programas de tratamiento y en la preparación para la vida en libertad. Se estudian su objeto y ámbito de aplicación, el concepto de voluntariado y de acción voluntaria y sus requisitos, las actividades excluidas, los ámbitos de actuación, los derechos y deberes de las personas voluntarias, las entidades de voluntariado, las relaciones entre ambas (acuerdo de incorporación, formación, seguro y responsabilidad), las medidas de fomento y el órgano de participación (Consejo Estatal del Voluntariado), y se distingue el voluntariado de figuras próximas como el trabajo en beneficio de la comunidad.
La Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, tiene por objeto promover y facilitar la participación solidaria de la ciudadanía en actuaciones de voluntariado, en el seno de organizaciones sin ánimo de lucro, tanto en España como fuera de su territorio; establecer el estatuto de las personas voluntarias, sus derechos y deberes, y las bases de su relación con las entidades de voluntariado; determinar las medidas de fomento que corresponde adoptar a las Administraciones Públicas; y establecer los mecanismos de colaboración entre las distintas Administraciones competentes. Sustituye a la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, que queda derogada, y responde a la necesidad de actualizar el marco jurídico del voluntariado a una realidad social más plural y diversificada. Es complementada por la normativa autonómica de voluntariado y por la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social.
Ámbito de aplicación de la Ley de Voluntariado
La Ley 45/2015 es de aplicación a las actuaciones de voluntariado que se desarrollen dentro del territorio del Estado, así como a las que, promovidas desde España, se lleven a cabo fuera de nuestras fronteras, correspondiendo a la Administración General del Estado su fomento y coordinación en dicho ámbito, sin perjuicio de las competencias que en materia de voluntariado hayan asumido las Comunidades Autónomas, que en su mayoría cuentan con normativa propia de desarrollo. Quedan excluidas del ámbito de la ley las actuaciones aisladas o esporádicas de colaboración desinteresada realizadas por buena vecindad o amistad, así como las prestadas fuera de una entidad de voluntariado, que no tienen la consideración de voluntariado a los efectos de la ley.
Concepto de voluntariado y de acción voluntaria
El art. 3 de la Ley 45/2015 define el voluntariado como el conjunto de actividades de interés general desarrolladas por personas físicas, siempre que reúnan los requisitos que la propia ley establece y no se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil o cualquier otra retribuida. Se entiende por acción voluntaria la que se realiza de modo altruista y solidario, libremente decidida, sin contraprestación económica y a través de entidades de voluntariado con arreglo a programas o proyectos concretos. Quedan excluidas las actuaciones aisladas, esporádicas o prestadas al margen de organizaciones, las realizadas por razones familiares, de amistad o buena vecindad, las basadas en una relación laboral o funcionarial, y otras actividades que la ley relaciona expresamente como excluidas del concepto.
Requisitos de la acción voluntaria
El art. 3 de la Ley 45/2015 exige que la actividad de voluntariado reúna cuatro requisitos cumulativos: que tenga carácter solidario; que su realización sea libre, sin que tenga su causa en una obligación personal o deber jurídico y sea asumida voluntariamente; que se lleve a cabo sin contraprestación económica, sin perjuicio del derecho al reembolso de los gastos que el desempeño de la acción voluntaria ocasione; y que se desarrolle a través de entidades de voluntariado y dentro de programas o proyectos concretos. La ley establece, además, que el voluntariado no puede sustituir al trabajo retribuido ni ser causa de extinción de contratos de trabajo, ni a las Administraciones Públicas en el cumplimiento de funciones o servicios públicos obligatorios por ley, para evitar que se convierta en un cauce de precarización o sustitución de puestos que deberían ser remunerados (véanse los arts. 3 a 5; los números exactos de apartado deben contrastarse).
Ámbitos de actuación del voluntariado
El art. 6 de la Ley 45/2015 enumera, con carácter enunciativo, los ámbitos de actuación del voluntariado: social, internacional de cooperación para el desarrollo, ambiental, cultural, deportivo, educativo, socio-sanitario, de ocio y tiempo libre, comunitario y de protección civil, entre otros. Dentro del voluntariado social se incluyen la protección de la infancia y la adolescencia, de las personas mayores y de las personas con discapacidad. El voluntariado penitenciario no figura como ámbito autónomo en esa enumeración: se encuadra en el voluntariado social y comunitario y se orienta a la atención, acompañamiento y reinserción de las personas privadas de libertad y de sus familias.
El voluntariado en el ámbito penitenciario
El voluntariado penitenciario, no recogido como ámbito propio en el art. 6 de la Ley 45/2015, se desarrolla en la práctica en colaboración con la Administración Penitenciaria y comprende actividades como el acompañamiento y apoyo a internos en situación de especial vulnerabilidad, la impartición de talleres formativos, culturales o de alfabetización, el apoyo espiritual y religioso, la mediación con las familias de las personas presas y el acompañamiento en los procesos de reinserción sociolaboral tras la excarcelación. Colaboran habitualmente entidades sociales y religiosas de ámbito estatal y local, como Cruz Roja, Cáritas y la Pastoral Penitenciaria. Su integración en los establecimientos requiere la autorización de la Administración Penitenciaria y se articula normalmente mediante convenios de colaboración entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias o cada centro y las entidades de voluntariado; los voluntarios quedan sometidos a las normas de seguridad, régimen interior y confidencialidad del centro, y su actividad se coordina con el Equipo Técnico y la Junta de Tratamiento.
Las entidades de voluntariado
El art. 13 de la Ley 45/2015 define las entidades de voluntariado como las organizaciones privadas, legalmente constituidas, sin ánimo de lucro, que desarrollen programas o proyectos concretos de voluntariado, con las personas voluntarias necesarias, seleccionadas conforme a criterios de idoneidad, y que organizan su participación de manera estable. Deben, entre otras obligaciones, cumplir los compromisos con las personas voluntarias, formarlas, dotarlas de medios, acreditarlas, suscribir un seguro de accidentes y enfermedad y de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad voluntaria, y llevar un registro de las personas voluntarias que participen en sus programas. Las Administraciones Públicas pueden también desarrollar programas de voluntariado, en los términos que establece la ley, cumpliendo las mismas obligaciones frente a las personas voluntarias.
Derechos de las personas voluntarias
El art. 10 de la Ley 45/2015 reconoce a las personas voluntarias, entre otros, los derechos a recibir información, orientación, formación, apoyo y, en su caso, medios materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones; a ser tratadas sin discriminación y con el debido respeto a su dignidad; a participar activamente en la organización en que se inserten, colaborando en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas; a ser asegurados contra los riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente del ejercicio de la acción voluntaria; a ser reembolsados por la entidad de los gastos realizados en el desempeño de sus actividades; a disponer de una acreditación identificativa de su condición de persona voluntaria; y a que se respete y facilite, cuando resulte necesario, su intimidad.
Deberes de las personas voluntarias
El art. 11 de la Ley 45/2015 establece como deberes de las personas voluntarias, entre otros, cumplir los compromisos adquiridos con las entidades de voluntariado en las que se integren, respetando los fines y la normativa interna de estas; guardar confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de su actividad voluntaria; rechazar cualquier contraprestación material o económica que pudieran recibir del beneficiario o de otras personas relacionadas con su acción voluntaria; respetar los derechos de las personas destinatarias de la acción voluntaria; actuar de forma diligente y solidaria; participar en las tareas formativas previstas por la entidad; seguir las instrucciones adecuadas a los fines que se persiguen; y utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la entidad.
El acuerdo de incorporación de la persona voluntaria
El art. 12 de la Ley 45/2015 exige que la relación entre la entidad de voluntariado y cada persona voluntaria se formalice mediante un acuerdo de incorporación, que debe recoger, al menos, el conjunto de derechos y deberes que corresponden a ambas partes, el contenido de las funciones, actividades y tiempo de dedicación que se compromete a realizar la persona voluntaria, el proceso de formación que se compromete a recibir, la duración del compromiso y las causas y formas de desvinculación de ambas partes, y el proceso a seguir en caso de resolución de conflictos o discrepancias. Este acuerdo, aunque no tiene naturaleza laboral ni genera relación contractual retribuida, formaliza jurídicamente el vínculo y sirve de garantía tanto para la persona voluntaria como para la entidad y, en su caso, para la Administración Penitenciaria cuando la actividad se desarrolle en un centro penitenciario.
Relaciones entre las personas voluntarias y las entidades
La Ley 45/2015 configura la relación entre las personas voluntarias y las entidades de voluntariado como una relación no laboral, presidida por la buena fe y la mutua confianza, en la que ambas partes asumen compromisos recíprocos: la entidad se obliga a facilitar formación, información, medios y cobertura aseguradora; la persona voluntaria, a cumplir el programa asumido y las directrices razonables de la organización. La entidad de voluntariado responde frente a terceros de los daños y perjuicios causados por las personas voluntarias que participen en sus programas como consecuencia de la acción voluntaria, de acuerdo con las reglas generales de la responsabilidad civil, sin perjuicio de las acciones que correspondan a la entidad frente a la persona voluntaria en los supuestos de dolo o negligencia grave.
Medidas de fomento del voluntariado
La Ley 45/2015 dedica un título específico a las medidas de fomento del voluntariado, que encomienda a las Administraciones Públicas en el marco de sus respectivas competencias: sensibilización social sobre el valor de la acción voluntaria, reconocimiento público de la labor de las personas voluntarias y de las entidades, apoyo a la investigación y a la formación, reconocimiento de las competencias adquiridas, promoción del voluntariado de los jóvenes y del voluntariado universitario o de empresa, y fomento de la colaboración mediante convenios y de la financiación de programas de interés general mediante subvenciones u otros instrumentos. Es especialmente relevante en el ámbito penitenciario para sostener la actividad de las entidades sociales que colaboran con los centros.
El Consejo Estatal del Voluntariado
El Consejo Estatal del Voluntariado es un órgano colegiado, de carácter consultivo y asesor, adscrito al departamento ministerial competente en materia de servicios sociales, en el que se integran representantes de las Administraciones Públicas y de las entidades de voluntariado de ámbito estatal, con la función de promover la colaboración entre las Administraciones Públicas y el sector del voluntariado, informar los anteproyectos normativos que afecten al voluntariado, y servir de cauce de participación y diálogo entre el movimiento asociativo del voluntariado y los poderes públicos. Su composición y funcionamiento se regulan reglamentariamente, garantizando la representación equilibrada de las distintas Administraciones y de las organizaciones del tercer sector con actividad de voluntariado.
La formación de las personas voluntarias
La Ley 45/2015 atribuye a las propias entidades de voluntariado, dentro de sus derechos y deberes recíprocos con las personas voluntarias, la responsabilidad de facilitar a estas la formación necesaria para el correcto desarrollo de sus actividades, formación que reviste especial importancia en ámbitos sensibles como el penitenciario, donde el voluntariado entra en contacto con personas en una situación de especial vulnerabilidad y privación de libertad. Las Administraciones Públicas, por su parte, deben promover el acceso de las personas voluntarias a una formación específica y de calidad, tanto inicial como continuada, que les capacite para el ejercicio de sus funciones, pudiendo articularse dicha formación a través de convenios entre las entidades de voluntariado, las universidades, y la propia Administración Penitenciaria cuando la actividad se desarrolle en un centro.
El aseguramiento de las personas voluntarias
El art. 10 de la Ley 45/2015 reconoce a las personas voluntarias el derecho a ser aseguradas por la entidad de voluntariado a la que pertenezcan contra los riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente del ejercicio de la acción voluntaria, con las condiciones y en los términos que se establezcan reglamentariamente, mediante un seguro que garantice una cobertura suficiente y adecuada a las características y circunstancias de la actividad desarrollada. Este aseguramiento constituye una obligación de la entidad de voluntariado y, en el ámbito penitenciario, un requisito habitual de los convenios de colaboración con la Administración Penitenciaria para permitir el acceso del voluntariado a los establecimientos. Además, la entidad debe contar con un seguro de responsabilidad civil frente a terceros.
Valores y principios de la acción voluntaria
La ley inspira la acción voluntaria en valores y principios como la libertad como opción personal del compromiso social, la participación, la solidaridad, la complementariedad respecto de la actuación de los poderes públicos (el voluntariado complementa, nunca sustituye, a los servicios públicos ni al empleo), la autonomía e independencia de las entidades, la gratuidad, el respeto a la dignidad de las personas, la igualdad de trato y no discriminación, y la eficacia y transparencia en la gestión. El listado exacto de principios debe contrastarse con el texto legal.
Requisitos de las personas voluntarias: edad, menores y certificado de delitos sexuales
Pueden ser voluntarias las personas físicas que cumplan los requisitos legales. Los menores de edad pueden participar en actividades de voluntariado en las condiciones que la ley establece (con consentimiento de sus representantes legales y excluyendo actividades que supongan riesgo o que no sean adecuadas a su edad y madurez); la edad mínima, los límites y las condiciones deben contrastarse con el texto legal. Las entidades deben exigir, a quienes vayan a realizar actividades que supongan contacto habitual con menores, la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales (Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, en su redacción vigente).
Voluntariado, trabajo en beneficio de la comunidad y otras figuras próximas
El voluntariado se diferencia del trabajo en beneficio de la comunidad: este es una pena (art. 49 del Código Penal) que consiste en la prestación no retribuida de determinadas actividades de utilidad pública, aunque no puede imponerse sin consentimiento del penado, y es obligatorio una vez impuesto, mientras que el voluntariado nace de una decisión libre y no deriva de ningún deber jurídico. También se distingue de las prácticas formativas, de la beneficencia ocasional, y del servicio de colaboración puntual por amistad o buena vecindad.
Contenido mínimo del acuerdo de incorporación
El acuerdo de incorporación (art. 12) debe formalizarse por escrito y contener, como mínimo: el conjunto de derechos y deberes que corresponden a ambas partes; el contenido de las actividades, funciones, tiempo de dedicación y lugar de realización; el proceso de formación que se prevé; la duración del compromiso y las causas y formas de desvinculación de ambas partes; y el proceso de resolución de conflictos. Cuando la persona voluntaria sea menor de edad, se exige además el consentimiento de sus representantes. Las entidades deben conservar los acuerdos y llevar un registro actualizado de las personas voluntarias.
Voluntariado internacional y acción voluntaria fuera de España
La ley regula también las actuaciones de voluntariado que, promovidas desde España, se realicen en el extranjero, correspondiendo a la Administración General del Estado su fomento y coordinación, sin perjuicio de las competencias autonómicas. En estos supuestos las entidades de voluntariado deben garantizar la formación previa, el seguro adecuado a los riesgos del destino y las condiciones de seguridad de las personas voluntarias, con especial atención al voluntariado en cooperación internacional para el desarrollo.
Voluntariado y protección de datos en el ámbito penitenciario
Las personas voluntarias que colaboren en un centro penitenciario conocen datos personales y situaciones sensibles de los internos, por lo que el deber de confidencialidad que la Ley 45/2015 impone a las personas voluntarias se complementa con la normativa de protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018) y con las normas internas del centro. La infracción de la confidencialidad o de las normas de seguridad puede dar lugar a la retirada de la autorización de acceso al establecimiento y a la resolución del acuerdo de incorporación, además de a la responsabilidad que proceda.
Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas y cooperación interadministrativa
El voluntariado es una materia en la que concurren competencias estatales y autonómicas: la mayoría de las Comunidades Autónomas cuentan con ley propia de voluntariado y con registros de entidades. La Ley 45/2015 atribuye a la Administración General del Estado el fomento y la coordinación del voluntariado de ámbito estatal y del que se desarrolla fuera de España, y establece mecanismos de cooperación con las Comunidades Autónomas, entre ellos el Consejo Estatal del Voluntariado y los instrumentos de planificación que se acuerden (planes o estrategias del voluntariado). Las entidades que desarrollan programas en el ámbito penitenciario estatal deben, además, cumplir las condiciones que fije la Administración Penitenciaria para el acceso a los centros, salvo en Cataluña y el País Vasco, donde la ejecución penitenciaria está transferida y rigen sus propias autoridades.
Desvinculación y suspensión del voluntario; selección y formación
La persona voluntaria puede desvincularse de la entidad en las condiciones previstas en el acuerdo de incorporación, y la entidad puede dejar de contar con sus servicios por incumplimiento grave de sus deberes, por falta de idoneidad o por incumplir las normas de seguridad y confidencialidad. En los programas con colectivos vulnerables, como el penitenciario, las entidades deben seleccionar a las personas voluntarias con criterios de idoneidad, informarles de los riesgos y de las normas del centro y proporcionarles formación específica (inicial y continua) sobre el medio penitenciario, la relación con personas privadas de libertad, el respeto a sus derechos y la prevención de situaciones de riesgo. La entidad es responsable de acreditar a su personal voluntario ante la Administración Penitenciaria y de comunicar las altas y bajas.
Voluntariado y empleo: conciliación y reconocimiento
La ley prevé que las Administraciones Públicas y las entidades promuevan el reconocimiento de las competencias, aptitudes y conocimientos adquiridos por las personas voluntarias, que pueden acreditarse a efectos de acceso al empleo, formación profesional o actividades formativas, y que se fomenten medidas de compatibilidad de la actividad voluntaria con los estudios y con las obligaciones laborales y familiares, en los términos que determine la normativa de cada ámbito. Estas medidas no alteran el carácter gratuito de la acción voluntaria ni permiten sustituir empleo por voluntariado. En el ámbito penitenciario, la experiencia del voluntariado es un recurso importante para la inserción laboral y social de las personas que cumplen condena.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, sustituye a la Ley 6/1996 y regula la acción voluntaria en entidades sin ánimo de lucro, dentro y fuera de España.
Requisitos cumulativos de la actividad de voluntariado (art. 3): solidaria, libre, sin contraprestación económica (con derecho a reembolso de gastos) y realizada a través de entidades de voluntariado con programas o proyectos concretos.
El voluntariado no puede sustituir al trabajo retribuido ni a servicios públicos obligatorios por ley; las actuaciones aisladas, esporádicas o al margen de una entidad no son voluntariado a efectos de la ley.
El art. 6 enumera ámbitos de actuación (social, cooperación internacional, ambiental, cultural, deportivo, educativo, socio-sanitario, ocio y tiempo libre, comunitario, protección civil); el voluntariado penitenciario no figura como ámbito propio y se encuadra en el social.
El vínculo entre persona voluntaria y entidad NO es laboral; se formaliza en un acuerdo de incorporación (art. 12) con derechos, deberes, funciones, formación, duración y vías de desvinculación.
Derechos de la persona voluntaria (art. 10): información, formación, apoyo, trato sin discriminación, participación, seguro, reembolso de gastos, acreditación e intimidad.
Deberes de la persona voluntaria (art. 11): cumplir compromisos, confidencialidad, rechazar contraprestaciones, respetar a los destinatarios, actuar con diligencia, formarse y usar la acreditación.
La entidad de voluntariado responde frente a terceros de los daños causados por sus voluntarios en el marco de la acción voluntaria; debe suscribir un seguro de accidentes y enfermedad y de responsabilidad civil.
El Consejo Estatal del Voluntariado es el órgano consultivo estatal de participación entre Administraciones Públicas y entidades de voluntariado.
El trabajo en beneficio de la comunidad (art. 49 CP) es una pena, no voluntariado.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
El voluntariado no puede:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 11 de Instituciones Penitenciarias?
Este tema desarrolla la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, norma que regula el marco jurídico de la acción voluntaria organizada en España, con especial relevancia para el ámbito penitenciario, donde el voluntariado social colabora en los programas de tratamiento y en la preparación para la vida en libertad. Se estudian su objeto y ámbito de aplicación, el concepto de voluntariado y de acción voluntaria y sus requisitos, las actividades excluidas, los ámbitos de actuación, los derechos y deberes de las personas voluntarias, las entidades de voluntariado, las relaciones entre ambas (acuerdo de incorporación, formación, seguro y responsabilidad), las medidas de fomento y el órgano de participación (Consejo Estatal del Voluntariado), y se distingue el voluntariado de figuras próximas como el trabajo en beneficio de la comunidad.
¿Qué hay que memorizar del Tema 11 para el examen?
La Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, sustituye a la Ley 6/1996 y regula la acción voluntaria en entidades sin ánimo de lucro, dentro y fuera de España. Requisitos cumulativos de la actividad de voluntariado (art. 3): solidaria, libre, sin contraprestación económica (con derecho a reembolso de gastos) y realizada a través de entidades de voluntariado con programas o proyectos concretos. El voluntariado no puede sustituir al trabajo retribuido ni a servicios públicos obligatorios por ley; las actuaciones aisladas, esporádicas o al margen de una entidad no son voluntariado a efectos de la ley. El art. 6 enumera ámbitos de actuación (social, cooperación internacional, ambiental, cultural, deportivo, educativo, socio-sanitario, ocio y tiempo libre, comunitario, protección civil); el voluntariado penitenciario no figura como ámbito propio y se encuadra en el social. El vínculo entre persona voluntaria y entidad NO es laboral; se formaliza en un acuerdo de incorporación (art. 12) con derechos, deberes, funciones, formación, duración y vías de desvinculación. Derechos de la persona voluntaria (art. 10): información, formación, apoyo, trato sin discriminación, participación, seguro, reembolso de gastos, acreditación e intimidad. Deberes de la persona voluntaria (art. 11): cumplir compromisos, confidencialidad, rechazar contraprestaciones, respetar a los destinatarios, actuar con diligencia, formarse y usar la acreditación. La entidad de voluntariado responde frente a terceros de los daños causados por sus voluntarios en el marco de la acción voluntaria; debe suscribir un seguro de accidentes y enfermedad y de responsabilidad civil. El Consejo Estatal del Voluntariado es el órgano consultivo estatal de participación entre Administraciones Públicas y entidades de voluntariado. El trabajo en beneficio de la comunidad (art. 49 CP) es una pena, no voluntariado.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226) (Convocatoria 2026, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado (arts. 1-3, 6, 10-13)
Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado (derogada por la Ley 45/2015)
Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social
Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria y Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, Reglamento Penitenciario (colaboración de entidades en el medio penitenciario)
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (art. 49, trabajos en beneficio de la comunidad)
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (certificación del Registro Central de Delincuentes Sexuales)
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