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Tema 41. Formas especiales de ejecución de la pena de prisión: Modos de internamiento, características y criterios para su asignación. El cumplimiento de la pena de prisión permanente revisable. El cumplimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad. Las suspensiones de condenas. El cumplimiento de la pena de localización permanente. Los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas.

Convocatoria 2026, turno libre · Índice oficial del BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226).

Este temario corresponde al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (C1, acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — el cuerpo de acceso masivo (vigilancia, custodia y seguridad interior de los centros), que es el que encaja con el banco de 100 preguntas ya existente en el sitio. No cubre el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias (A2, requiere título universitario, funciones de tratamiento) ni el Cuerpo Superior de Técnicos (A1), que tienen temarios distintos.

Este tema estudia las formas especiales de ejecución de la pena de prisión distintas del cumplimiento ordinario en un centro penitenciario cerrado, con especial atención a los criterios de asignación de cada modalidad de internamiento, al cumplimiento específico de la prisión permanente revisable, de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, de las suspensiones de condena y de la localización permanente, cerrando con el estudio de los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, órgano clave en la ejecución de las penas y medidas que se cumplen fuera del régimen ordinario de internamiento.

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Formas especiales de ejecución de la pena de prisión

Junto al cumplimiento ordinario de la pena de prisión en un establecimiento penitenciario conforme al sistema de individualización científica ya estudiado, el ordenamiento penitenciario español contempla diversas formas especiales de ejecución que responden a la necesidad de adaptar el cumplimiento a las circunstancias particulares de determinados colectivos o de determinadas modalidades penológicas: el cumplimiento en unidades extrapenitenciarias, en unidades de madres, en Centros de Inserción Social, así como el cumplimiento de penas de distinta naturaleza a la prisión ordinaria (prisión permanente revisable, trabajos en beneficio de la comunidad, localización permanente) que exigen mecanismos de gestión y control específicamente adaptados a sus peculiaridades, distintos del régimen de internamiento ordinario en un centro penitenciario.

Modos de internamiento: ordinario, abierto y especial

Los modos de internamiento en el sistema penitenciario español pueden clasificarse, atendiendo a la intensidad del control y al entorno físico, en internamiento ordinario (régimen ordinario, propio del segundo grado), internamiento cerrado (régimen cerrado, primer grado, en módulos o departamentos especiales), internamiento en régimen abierto (tercer grado, con salidas al exterior, en Centros de Inserción Social o Secciones Abiertas) e internamiento especial en unidades extrapenitenciarias o dependientes, ubicadas fuera del recinto penitenciario pero manteniendo la vinculación jurídica del interno con el centro de referencia a todos los efectos administrativos, disciplinarios y de cómputo del tiempo de cumplimiento. Todo ello se articula sobre el sistema de individualización científica separado en grados del art. 72 LOGP.

El cumplimiento en unidades extrapenitenciarias

Las unidades extrapenitenciarias permiten el cumplimiento de la pena, para internos clasificados ordinariamente en tercer grado, en instalaciones ubicadas fuera del recinto penitenciario, gestionadas en colaboración con entidades sociales especializadas, ofreciendo un entorno de convivencia normalizada adecuado para determinados colectivos con necesidades específicas de tratamiento (deshabituación de drogodependencias en fase avanzada, enfermedades graves, mujeres con hijos menores). Constituyen uno de los instrumentos de individualización del cumplimiento más avanzados del sistema penitenciario español, y están previstas en el Reglamento Penitenciario dentro de las formas especiales de ejecución.

El cumplimiento en unidades de madres

El cumplimiento de la pena en Unidades de Madres permite a las internas mantener consigo a sus hijos menores de tres años durante el internamiento (art. 38 LOGP), disponiendo estas unidades de instalaciones adaptadas a las necesidades de la primera infancia. Pueden desarrollarse dentro del recinto penitenciario (Unidades de Madres) o en Unidades Externas de Madres, ubicadas fuera de él, en función del grado de clasificación y de las circunstancias de cada caso. Esta modalidad responde a la ponderación entre el interés superior del menor (que aconseja, dentro de ciertos límites de edad, no separarlo de su madre) y las exigencias del cumplimiento de la pena.

El cumplimiento de la pena en centros de inserción social

El cumplimiento en Centros de Inserción Social constituye la modalidad especial de ejecución característica del régimen abierto, caracterizándose por un régimen de vida de semilibertad, con salidas al exterior para el desarrollo de actividades laborales, formativas o de otra naturaleza y retorno al centro para pernoctar, sujeto a un control de menor intensidad que el del régimen ordinario, orientado a verificar el cumplimiento del programa de actividades autorizado. Los CIS se configuran como el puente entre el cumplimiento en un establecimiento y la libertad condicional o definitiva, y a ellos se añaden las Secciones Abiertas y las Unidades Dependientes. En ellos los internos pueden estar sometidos a control telemático cuando se acuerde la pernocta en el domicilio.

Criterios de asignación de la modalidad de cumplimiento

La asignación de la modalidad específica de cumplimiento entre las distintas formas especiales estudiadas se determina, en cada caso concreto, atendiendo a criterios como el grado de clasificación penitenciaria del interno, sus circunstancias personales y familiares (existencia de hijos menores a su cargo, situación de dependencia a sustancias en tratamiento), la disponibilidad de plazas en cada tipo de unidad especial en el territorio correspondiente, y la valoración técnica del Equipo Técnico y de la Junta de Tratamiento sobre la idoneidad de cada modalidad concreta para las necesidades de tratamiento del interno, correspondiendo la decisión final, en función de la trascendencia de la modalidad de que se trate, bien a la propia Junta de Tratamiento del establecimiento, bien al Centro Directivo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

El cumplimiento de la prisión permanente revisable: fases

El cumplimiento de la prisión permanente revisable, regulada en el Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, se articula penitenciariamente a través del mismo sistema de individualización científica aplicable a cualquier otra pena de prisión (clasificación inicial, progresión o regresión de grado, acceso al régimen abierto), con la particularidad de que el acceso a cada fase exige periodos mínimos de cumplimiento efectivo notablemente superiores. El art. 36.1 CP establece que el penado a prisión permanente revisable no podrá ser clasificado en tercer grado hasta que haya cumplido un mínimo de quince años de prisión efectiva (veinte en caso de terrorismo y delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales), y no podrá disfrutar de permisos de salida hasta haber cumplido ocho años (doce en esos mismos supuestos). La fase final (suspensión de la ejecución del resto de la pena, equivalente a la libertad condicional) se somete al régimen del art. 92 CP, con revisión judicial periódica y de oficio, sin equivalente en el régimen general.

Los períodos mínimos de cumplimiento efectivo de la prisión permanente revisable

El art. 78 bis del Código Penal, introducido por la Ley Orgánica 1/2015, eleva los periodos mínimos de cumplimiento efectivo en determinados supuestos de concurso de delitos especialmente graves en que se hubiera impuesto la prisión permanente revisable, tanto para acceder al tercer grado como para acceder a la suspensión de la ejecución del resto de la pena, por encima de los previstos con carácter general en los arts. 36.1 y 92 CP. Se trata del régimen de ejecución más riguroso del ordenamiento penitenciario español, reservado a los supuestos de mayor gravedad delictiva previstos por el legislador de la reforma de 2015; las cifras exactas deben contrastarse con el texto vigente del art. 78 bis.

El cumplimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad: gestión

El cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad se gestiona, conforme al Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, a través de los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas (SGPMA) de la Administración Penitenciaria, que se encargan de la búsqueda de plazas en entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro colaboradoras, de la elaboración del plan de ejecución individualizado (actividad, calendario y horario) y del seguimiento y control de la asistencia y el aprovechamiento del penado. El Código Penal (art. 49) establece que la ejecución se desarrollará bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria, a quien los servicios competentes remitirán los informes oportunos, y que la pena exige el consentimiento del penado, no puede imponerse sin él y no puede estar retribuida. Su duración se mide en jornadas (la jornada diaria no excederá de ocho horas) y el juez resuelve las incidencias, incluido su eventual incumplimiento.

Las suspensiones de condena: modalidades de control

El control de las suspensiones de la ejecución de la pena (ordinaria, excepcional, por enfermedad muy grave y por dependencia de sustancias, arts. 80 y siguientes CP) se articula en función de las reglas de conducta y prohibiciones que imponga el órgano sentenciador: control judicial directo mediante comparecencias periódicas ante el propio órgano; control a través de los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, que informan al juez o tribunal del cumplimiento; y control mediante dispositivos telemáticos de localización o de detección de consumo de sustancias cuando se hubieran acordado como condición. Corresponde en todo caso al órgano judicial la decisión sobre la revocación de la suspensión ante el incumplimiento de las condiciones impuestas.

El cumplimiento de la pena de localización permanente

La pena de localización permanente (art. 37 CP) tiene una duración de hasta tres meses, y obliga al penado a permanecer en su domicilio o en lugar determinado fijado por el juez en sentencia o en auto motivado posterior; el juez puede acordar, en determinados supuestos, que su cumplimiento se lleve a efecto en sábados, domingos y festivos en el centro penitenciario más próximo. El control de su cumplimiento puede apoyarse en dispositivos telemáticos de seguimiento (pulseras de control de presencia) cuando el juez lo acuerde, con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y el Real Decreto 840/2011 regula las circunstancias de ejecución de la localización permanente en centro penitenciario.

La localización permanente con medios telemáticos

El control telemático se articula mediante la colocación al penado de un dispositivo electrónico de seguimiento conectado a un sistema de monitorización, que emite alertas cuando el penado se aleja del perímetro de permanencia autorizado sin justificación, permitiendo verificar de forma continua el cumplimiento sin comprobaciones presenciales periódicas, y facilitando la detección inmediata de cualquier incumplimiento, con la consiguiente comunicación al órgano judicial competente para valorar las consecuencias, entre ellas la eventual deducción de testimonio por un posible delito de quebrantamiento de condena (art. 468 CP).

Los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas: funciones

Los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas (SGPMA), que sucedieron a los antiguos Servicios Sociales Penitenciarios y dependen de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a través de su Subdirección General de Penas y Medidas Alternativas, constituyen la unidad especializada en la gestión y el seguimiento de las penas y medidas que se cumplen fuera del internamiento ordinario: trabajos en beneficio de la comunidad, localización permanente, suspensiones de condena con reglas de conducta, sustitución de penas, determinadas medidas de seguridad no privativas de libertad y seguimiento de penados en libertad condicional. Desarrollan funciones de búsqueda y gestión de recursos comunitarios, elaboración de planes individualizados de cumplimiento, control y seguimiento de su ejecución efectiva y elaboración de informes de seguimiento dirigidos a los órganos judiciales.

La ejecución de las medidas de seguridad no privativas de libertad

La ejecución de determinadas medidas de seguridad no privativas de libertad, singularmente la libertad vigilada, ya estudiadas en su régimen sustantivo, corresponde igualmente a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, que elaboran el plan individualizado de ejecución, coordinan los recursos sanitarios o sociales necesarios (especialmente en las vinculadas a tratamiento de trastornos mentales o de adicciones) y realizan el seguimiento y el control, con remisión de informes al órgano judicial competente. Otras medidas, como las prohibiciones de residencia o de aproximación o la privación del derecho a conducir o a la tenencia de armas, se controlan principalmente por el órgano judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El seguimiento de penados en medio abierto

El seguimiento de penados en medio abierto, comprendiendo tanto a los sometidos a libertad condicional (suspensión de la ejecución del resto de la pena) como a los sometidos a penas o medidas alternativas cumplidas íntegramente en el exterior, constituye una de las funciones de mayor volumen y trascendencia práctica de los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, exigiendo una coordinación permanente con los recursos comunitarios de apoyo social (servicios sociales, recursos de empleo, recursos sanitarios especializados en adicciones o en salud mental) disponibles en el territorio de residencia de cada penado, con la finalidad de facilitar la efectiva reinserción social de estos, más allá de la mera función de control y verificación del cumplimiento de las condiciones impuestas judicialmente.

La coordinación entre los Servicios de Gestión de Penas y los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria

La coordinación entre los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas y los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria resulta imprescindible para el correcto funcionamiento de todo el sistema de ejecución de penas y medidas en medio abierto, dado que corresponde a estos últimos, conforme a las competencias atribuidas por la LOGP, la decisión última sobre la concesión, modificación o revocación de la libertad condicional y sobre las incidencias que puedan producirse durante el cumplimiento de las penas y medidas alternativas gestionadas por los Servicios de Gestión de Penas, mientras que a estos corresponde la ejecución material y el seguimiento cotidiano de dicho cumplimiento, articulándose esta coordinación mediante el intercambio periódico de información y de informes de seguimiento entre ambas instancias, administrativa y judicial.

El control de la pena de alejamiento

El control del cumplimiento de las penas de alejamiento (prohibición de aproximación y de comunicación, arts. 48 CP y concordantes), cuando se imponen en delitos de violencia de género o doméstica, se articula mediante sistemas de seguimiento por medios telemáticos («pulseras antimaltrato»), que el art. 48.4 CP permite acordar al juez y que se gestionan al margen de la Administración Penitenciaria, a través del sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas y penas de alejamiento en materia de violencia de género impulsado por el Ministerio de Igualdad. Detectan la aproximación del penado a la víctima por debajo de la distancia fijada judicialmente y generan alerta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para su inmediata actuación.

Clases de establecimientos y criterios de separación

El art. 7 LOGP distingue tres clases de establecimientos penitenciarios: de preventivos, de cumplimiento de penas y especiales. El art. 16 LOGP establece criterios de separación: hombres y mujeres, primarios y reincidentes, jóvenes y adultos, enfermos o deficientes y el resto. Estos criterios, junto con el grado de clasificación, la peligrosidad y el vínculo familiar, guían la asignación de cada interno a un establecimiento y a un módulo, que se decide por la Administración Penitenciaria (Centro Directivo) y debe respetar, siempre que sea posible, el principio de cumplimiento cercano al entorno social del interno.

El régimen cerrado y los departamentos especiales

El art. 10 LOGP regula el régimen cerrado, aplicable a los penados calificados de peligrosidad extrema o inadaptados a los regímenes ordinario y abierto, y a los preventivos con los mismos perfiles. Se cumple en centros o módulos de régimen cerrado o en departamentos especiales, con limitación de las actividades en común y mayor control y vigilancia, y sometido a revisión periódica; la clasificación en primer grado exige resolución motivada y puede ser objeto de queja ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria. Su finalidad es lograr la reincorporación al régimen ordinario, por lo que el tratamiento debe mantenerse.

El régimen abierto: modalidades y flexibilidad

El régimen abierto se aplica a los clasificados en tercer grado y puede cumplirse en CIS, Secciones Abiertas o Unidades Dependientes. Existe el régimen abierto restringido (art. 82 RP) para penados con un perfil que lo requiere, con mayor control, y el principio de flexibilidad (art. 100.2 RP), que permite combinar elementos de distintos grados en el programa individualizado de tratamiento. El Reglamento autoriza también el control telemático para permitir la pernocta en el domicilio (art. 86.4 RP). En este régimen la actividad laboral, formativa o terapéutica en el exterior es el eje de la reinserción.

El Real Decreto 840/2011, de 17 de junio

El Real Decreto 840/2011 establece las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y la sustitución de penas. Es la norma de referencia para el funcionamiento de los SGPMA: define sus funciones, el procedimiento para la elaboración de planes de cumplimiento, el contenido de los informes que se remiten al juez y las obligaciones de las entidades colaboradoras. Su estudio detallado es imprescindible para comprender el reparto entre Administración Penitenciaria y órganos judiciales.

Cuadro comparativo de las formas de ejecución

Prisión permanente revisable: decide el tribunal sentenciador (revisión cada dos años); mínimos de 15 o 20 años para el tercer grado y de 8 o 12 años para permisos. Trabajos en beneficio de la comunidad: control del Juez de Vigilancia, gestión por SGPMA, no retribuidos, con consentimiento del penado. Localización permanente: hasta tres meses, en domicilio o lugar fijado por el juez, o fines de semana en centro penitenciario en supuestos legales. Suspensión: decide el tribunal sentenciador; seguimiento por SGPMA si se delega. Alejamiento: control judicial y telemático por vías ajenas a la Administración Penitenciaria.

Garantías y control judicial de las formas especiales

Todas las formas especiales de ejecución se sitúan bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria o del órgano sentenciador, según los casos. El art. 76 LOGP atribuye al Juez de Vigilancia funciones de control de la ejecución, resolución de quejas y recursos de los internos y aprobación de propuestas de permisos y beneficios; las resoluciones se recurren en reforma y apelación (disposición adicional quinta de la LOPJ). La Administración debe ofrecer al penado en medio abierto información sobre sus obligaciones y derechos, y el incumplimiento de las reglas puede dar lugar a revocación de la suspensión, deducción de testimonio o regresión.

Contenido y equivalencias del trabajo en beneficio de la comunidad

El art. 49 CP configura el TBC como una pena que obliga al penado a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así como en la participación del penado en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares. Cuando actúa como sustitutivo de la prisión (art. 88 CP), cada día de prisión equivale a una jornada de trabajo. La Administración debe velar por que el trabajo no atente contra la dignidad del penado y se desarrolle con las medidas de seguridad e higiene exigibles, quedando el penado cubierto por la protección de Seguridad Social prevista en el RD 782/2001.

Establecimientos especiales: hospitales psiquiátricos penitenciarios y unidades de custodia hospitalaria

Entre las formas especiales de ejecución se encuentran los establecimientos especiales del art. 7 LOGP, en particular los Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios, destinados al cumplimiento de medidas de seguridad privativas de libertad impuestas a personas con exención o atenuación de la responsabilidad por trastorno mental, y los internamientos en unidades psiquiátricas o de custodia hospitalaria. El Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM) coordina la atención en el medio ordinario. El internamiento por medida de seguridad se somete al control del Juez de Vigilancia Penitenciaria y a revisiones periódicas, sin que pueda exceder del tiempo de la pena abstracta aplicable al delito.

El cumplimiento de penas por extranjeros

Los extranjeros condenados pueden cumplir en España, con las especialidades de la expulsión (art. 89 CP) o del traslado a su país en virtud del Convenio de Estrasburgo de 1983; en la práctica, su clasificación en tercer grado y su acceso a permisos se ven condicionados por la situación administrativa y por la existencia de arraigo. Para la ejecución en medio abierto, el control es más complejo, por lo que los SGPMA y las entidades colaboradoras cobran especial relevancia como apoyo para evitar la exclusión social y facilitar el cumplimiento.

La incidencia de los medios telemáticos en la ejecución penal

El control telemático se ha consolidado como forma de ejecución y de seguimiento: en el tercer grado (pernocta en domicilio con control electrónico), en la localización permanente cuando se acuerda, en el alejamiento en violencia de género y en la libertad condicional y suspensiones cuando el juez lo impone como regla de conducta. Sus ventajas son la reducción del coste del internamiento y el mantenimiento de los vínculos sociales; sus límites, la necesidad de proporcionalidad, de respeto a la intimidad y de supervisión judicial, así como la exigencia de un domicilio y de medios técnicos adecuados.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Formas especiales de ejecución distintas del internamiento ordinario: unidades extrapenitenciarias, unidades dependientes, unidades de madres (hijos menores de tres años, art. 38 LOGP) y Centros de Inserción Social.
  • Sistema de individualización científica separado en grados (art. 72 LOGP); régimen cerrado (art. 10 LOGP) para peligrosidad extrema o inadaptación; criterios de separación del art. 16 LOGP.
  • Prisión permanente revisable: tercer grado no antes de 15 años (20 en terrorismo y organizaciones criminales) y permisos no antes de 8 años (12 en esos supuestos) (art. 36.1 CP); suspensión del resto tras 25 años (art. 92 CP), con ampliaciones del art. 78 bis CP.
  • Real Decreto 840/2011, de 17 de junio: ejecución de TBC, localización permanente en centro penitenciario, determinadas medidas de seguridad, suspensión y sustitución de penas.
  • Los SGPMA (antes Servicios Sociales Penitenciarios) gestionan TBC, localización permanente, suspensiones con reglas, sustituciones, medidas de seguridad no privativas (libertad vigilada) y seguimiento en medio abierto.
  • TBC: bajo el control del Juez de Vigilancia (art. 49 CP), con consentimiento del penado, no retribuida; jornada diaria máxima de ocho horas.
  • Localización permanente (art. 37 CP): hasta tres meses, en el domicilio o lugar fijado por el juez, o sábados, domingos y festivos en centro penitenciario en los supuestos legales.
  • Las 'pulseras antimaltrato' (art. 48.4 CP) las gestiona el sistema de seguimiento del Ministerio de Igualdad, no la Administración Penitenciaria.
  • La ejecución material corresponde a los SGPMA; la decisión sobre concesión o revocación de la libertad condicional corresponde al Juez de Vigilancia Penitenciaria (o al tribunal sentenciador en la prisión permanente revisable).
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Los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas dependen de:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 41 de Instituciones Penitenciarias?

Este tema estudia las formas especiales de ejecución de la pena de prisión distintas del cumplimiento ordinario en un centro penitenciario cerrado, con especial atención a los criterios de asignación de cada modalidad de internamiento, al cumplimiento específico de la prisión permanente revisable, de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, de las suspensiones de condena y de la localización permanente, cerrando con el estudio de los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, órgano clave en la ejecución de las penas y medidas que se cumplen fuera del régimen ordinario de internamiento.

¿Qué hay que memorizar del Tema 41 para el examen?

Formas especiales de ejecución distintas del internamiento ordinario: unidades extrapenitenciarias, unidades dependientes, unidades de madres (hijos menores de tres años, art. 38 LOGP) y Centros de Inserción Social. Sistema de individualización científica separado en grados (art. 72 LOGP); régimen cerrado (art. 10 LOGP) para peligrosidad extrema o inadaptación; criterios de separación del art. 16 LOGP. Prisión permanente revisable: tercer grado no antes de 15 años (20 en terrorismo y organizaciones criminales) y permisos no antes de 8 años (12 en esos supuestos) (art. 36.1 CP); suspensión del resto tras 25 años (art. 92 CP), con ampliaciones del art. 78 bis CP. Real Decreto 840/2011, de 17 de junio: ejecución de TBC, localización permanente en centro penitenciario, determinadas medidas de seguridad, suspensión y sustitución de penas. Los SGPMA (antes Servicios Sociales Penitenciarios) gestionan TBC, localización permanente, suspensiones con reglas, sustituciones, medidas de seguridad no privativas (libertad vigilada) y seguimiento en medio abierto. TBC: bajo el control del Juez de Vigilancia (art. 49 CP), con consentimiento del penado, no retribuida; jornada diaria máxima de ocho horas. Localización permanente (art. 37 CP): hasta tres meses, en el domicilio o lugar fijado por el juez, o sábados, domingos y festivos en centro penitenciario en los supuestos legales. Las 'pulseras antimaltrato' (art. 48.4 CP) las gestiona el sistema de seguimiento del Ministerio de Igualdad, no la Administración Penitenciaria. La ejecución material corresponde a los SGPMA; la decisión sobre concesión o revocación de la libertad condicional corresponde al Juez de Vigilancia Penitenciaria (o al tribunal sentenciador en la prisión permanente revisable).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226) (Convocatoria 2026, turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (arts. 36, 37, 48, 49, 78 bis, 80 y ss., 92).
  • Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (arts. 7, 10, 16, 38, 72 y 76).
  • Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario (formas especiales de ejecución; arts. 82, 86 y 100).
  • Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, así como la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y sustitución de penas.

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