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Tema 24. Delitos contra la Administración Pública. La prevaricación. El abandono de destino y la omisión del deber de perseguir delitos. De la desobediencia y denegación de auxilio. De la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos. Del cohecho. Tráfico de influencias. La malversación. Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función.

Convocatoria 2026, turno libre · Índice oficial del BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226).

Este temario corresponde al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (C1, acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — el cuerpo de acceso masivo (vigilancia, custodia y seguridad interior de los centros), que es el que encaja con el banco de 100 preguntas ya existente en el sitio. No cubre el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias (A2, requiere título universitario, funciones de tratamiento) ni el Cuerpo Superior de Técnicos (A1), que tienen temarios distintos.

Este tema estudia los delitos contra la Administración Pública, título del Código Penal que agrupa las conductas delictivas cometidas por autoridades y funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o con abuso de su cargo: la prevaricación, el abandono de destino, la desobediencia y denegación de auxilio, la infidelidad en la custodia de documentos, la violación de secretos, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, y las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios. Su conocimiento es especialmente relevante para cualquier funcionario público, dada la aplicación directa que estos tipos pueden tener sobre su propia actuación profesional.

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Delitos contra la Administración Pública: bien jurídico protegido

El Título XIX del Libro II del Código Penal (arts. 404 a 445) tipifica los delitos contra la Administración Pública, cuyo bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la Administración conforme a los principios constitucionales de objetividad, imparcialidad, eficacia, jerarquía, legalidad y sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103.1 CE), así como la confianza de los ciudadanos en dicho correcto funcionamiento. Se trata, en su mayoría, de delitos especiales propios, que solo pueden ser cometidos por quien ostenta la condición de autoridad o funcionario público, si bien algunos de ellos (cohecho activo, tráfico de influencias en su vertiente de quien influye) admiten también la comisión por particulares que se relacionan con la Administración, en cuanto inductores o cooperadores necesarios de la conducta del funcionario.

El concepto penal de funcionario público (art. 24 CP)

El art. 24.2 del Código Penal, a efectos penales, considera funcionario público a todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas, definición mucho más amplia que la propia del Derecho Administrativo, que incluye tanto a los funcionarios de carrera e interinos en sentido estricto como al personal laboral, eventual o incluso a particulares que ejerzan puntualmente funciones públicas (peritos designados judicialmente, miembros de mesas electorales). El art. 24.1 CP define paralelamente, a efectos penales, a la autoridad, como quien por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia, reputándose autoridad a los miembros del Congreso, Senado, Asambleas Legislativas autonómicas y del Parlamento Europeo.

Esquema de los delitos contra la Administración Pública y relación con el régimen disciplinario

El Título XIX del Libro II se ordena en capítulos: prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos (arts. 404-406); abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos (arts. 407-409); desobediencia y denegación de auxilio (arts. 410-412); infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (arts. 413-418); cohecho (arts. 419-427 bis); tráfico de influencias (arts. 428-431); malversación (arts. 432-435); fraudes y exacciones ilegales (arts. 436-438); negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (arts. 439-444). La mayoría de las penas incluyen la inhabilitación especial para empleo o cargo público, lo que repercute directamente en la relación de servicio (pérdida de la condición de funcionario por pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial, conforme al Estatuto Básico del Empleado Público). Debe distinguirse la responsabilidad penal de la disciplinaria: una misma conducta puede constituir infracción disciplinaria muy grave y delito, rigiendo el principio non bis in idem (el procedimiento disciplinario se suspende si se tramita causa penal por los mismos hechos, y los hechos declarados probados en sentencia firme vinculan a la Administración). El personal penitenciario está además sujeto al régimen disciplinario de los funcionarios (Estatuto Básico del Empleado Público y normativa de desarrollo aplicable a la Administración General del Estado).

Delitos de los funcionarios en el ámbito penitenciario: aplicación práctica

Los tipos del Título XIX tienen una proyección práctica directa en el ámbito penitenciario. La relación de sujeción especial de los internos (art. 25.2 CE y LOGP) coloca al personal en posición de garante de su vida, integridad y salud; de ahí que la omisión de actuar ante un riesgo conocido pueda dar lugar a responsabilidad (comisión por omisión, art. 11 CP) y que la omisión del deber de perseguir delitos (art. 408), la denegación de auxilio (art. 412) y la infidelidad en la custodia de documentos (arts. 413-415) resulten especialmente relevantes. El tráfico de objetos, sustancias o comunicaciones prohibidas a cambio de dádivas encaja en el cohecho (arts. 419 y ss.) y, si afecta a drogas, en el art. 369 CP (agravante por funcionario y por establecimiento penitenciario). La utilización de la condición de funcionario para influir en la clasificación, los permisos o los destinos interiores puede constituir tráfico de influencias (art. 428). Las dádivas simples de escaso valor, ofrecidas en consideración al cargo, se tratan en el art. 422 CP, y el Código de Conducta de los empleados públicos (arts. 52 a 54 del Estatuto Básico del Empleado Público) y las normas deontológicas del Cuerpo prohíben aceptar regalos que superen los usos habituales, sociales y de cortesía. Todo ello sin perjuicio de que el personal esté amparado cuando actúe en el ejercicio legítimo de su cargo (art. 20.7º CP).

La prevaricación administrativa

El art. 404 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo, con pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años, exigiéndose que la resolución sea manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico (arbitrariedad, no mera ilegalidad) y que el autor actúe con conocimiento de dicha injusticia (elemento subjetivo doloso, incompatible con la mera negligencia o error). Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la mera ilegalidad administrativa no basta: la resolución ha de ser objetivamente contraria al Derecho, de forma clara, patente y grosera, sin posible explicación razonable, y desprovista de toda argumentación jurídica admisible. Se trata de un delito de mera actividad que se consuma con el dictado de la resolución, sin necesidad de que llegue a producir un resultado lesivo efectivo, y que no exige ánimo de lucro ni perjuicio patrimonial alguno, bastando el ataque al correcto funcionamiento de la Administración. El art. 405 CP castiga la propuesta, nombramiento o toma de posesión para el ejercicio de un cargo público de persona en quien no concurran los requisitos legalmente exigibles (prevaricación en materia de personal), y el art. 406 CP, la prevaricación de quien acepta o ejerce el cargo conociendo la ilegalidad. La prevaricación omisiva (el funcionario que se niega a resolver) puede apreciarse cuando se desatiende el deber de resolver de forma arbitraria.

La prevaricación judicial

El art. 446 del Código Penal, dentro del Título XX dedicado a los delitos contra la Administración de Justicia, castiga al Juez o Magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta, con penas más graves cuando se trate de una sentencia injusta contra el reo en causa criminal por delito (prisión e inhabilitación) que en otros casos (multa e inhabilitación especial), distinguiéndose así claramente de la prevaricación administrativa, reservada a autoridades y funcionarios del Poder Ejecutivo y de las demás Administraciones. El art. 447 CP castiga con pena inferior (inhabilitación especial para empleo o cargo público) la prevaricación imprudente, esto es, la cometida por el Juez o Magistrado que por imprudencia grave o ignorancia inexcusable dicte sentencia o resolución manifiestamente injusta, modalidad que no tiene equivalente en la prevaricación administrativa, que exige siempre dolo. El art. 448 CP castiga además al Juez que se niegue a juzgar sin alegar causa legal o so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley (denegación de justicia).

El abandono de destino

El art. 407 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que abandonare su destino con el propósito de no impedir o no perseguir cualquiera de los delitos de especial gravedad que el propio precepto enumera, con pena de prisión e inhabilitación. El elemento común es el abandono efectivo y voluntario del puesto de trabajo o de la función encomendada, sin causa justificada y con el propósito específico de no impedir o no perseguir determinados delitos. La mera ausencia del puesto sin esa finalidad constituye, en su caso, una infracción disciplinaria (falta de asistencia, abandono del servicio) sancionada conforme al régimen disciplinario aplicable a los funcionarios (Estatuto Básico del Empleado Público, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y la normativa específica del Cuerpo), pero no un delito.

La omisión del deber de perseguir delitos

El art. 408 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario que, teniendo noticia por razón de su cargo de algún delito público, dejare intencionadamente de promover su persecución o de la de los responsables, con pena de inhabilitación especial de seis meses a dos años, delito que resulta de especial relevancia para cualquier funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, tome conocimiento de la comisión de un delito por parte de otra persona, incluido el personal penitenciario respecto de hechos delictivos que puedan producirse dentro del establecimiento (agresiones entre internos, introducción de sustancias prohibidas, entre otros), estando obligado a poner tales hechos en conocimiento de las autoridades competentes (Dirección del centro, Fiscalía, autoridad judicial) sin poder desatender intencionadamente dicha obligación.

La desobediencia de los funcionarios públicos

El art. 410 del Código Penal castiga a las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, con pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. El art. 410.2 CP exceptúa expresamente el caso de que la orden constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de ley o de cualquier otra disposición general, en cuyo caso el subordinado no incurre en responsabilidad criminal por desobedecerla (obediencia debida frente a órdenes manifiestamente ilegales). Debe distinguirse esta desobediencia del delito de desobediencia de los particulares (art. 556 CP), que castiga a quienes desobedezcan gravemente a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones.

La denegación de auxilio

El art. 412 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro servicio público, con pena de multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público; y prevé penas agravadas cuando el requerimiento procediera de un particular para evitar un delito contra la vida o integridad de las personas, o cuando de la negativa derive un grave daño para la causa pública o para un tercero. El elemento esencial es la omisión de la colaboración requerida, estando obligado el funcionario por razón de su cargo a prestarla. Este delito resulta especialmente relevante para el personal penitenciario en aquellos supuestos de requerimiento de colaboración por parte de autoridades judiciales, policiales o sanitarias para el cumplimiento de sus funciones dentro o en relación con el establecimiento penitenciario, sin perjuicio del deber general de socorro (art. 195 CP) que incumbe a todo ciudadano.

La infidelidad en la custodia de documentos

El art. 413 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, con pena de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años. El art. 414 CP castiga a la autoridad o funcionario que, por razón de su cargo, tenga encomendada la custodia de documentos respecto de los que la autoridad competente haya restringido el acceso y que, a sabiendas, destruya o inutilice los medios puestos para impedir ese acceso o consienta su destrucción o inutilización; el particular que destruyere o inutilizare esos medios se castiga con pena de multa. El art. 415 CP castiga a la autoridad o funcionario que, a sabiendas y sin la debida autorización, accediere o permitiere acceder a documentos secretos cuya custodia le esté confiada por razón de su cargo. Estos preceptos protegen específicamente el correcto funcionamiento del sistema documental de la Administración, con especial trascendencia en el ámbito penitenciario en relación con la custodia del expediente personal de los internos, cuya sustracción, destrucción, inutilización u ocultación por el personal encargado podría constituir este delito.

La violación de secretos por funcionario público

El art. 417 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, con pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años; si de la revelación resultare grave daño para la causa pública o para tercero, la pena es de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de tres a cinco años; y si se tratare de secretos de un particular, las penas son de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. Los arts. 418 y 442 CP sancionan el uso de un secreto o de una información privilegiada, con ánimo de obtener un beneficio económico, por parte del funcionario y del particular que se aprovecha de ella. En el ámbito penitenciario, este precepto protege la confidencialidad de datos especialmente sensibles como el expediente personal, la situación penal o el historial clínico de los internos (con el deber de sigilo del personal y la normativa de protección de datos personales).

El cohecho: concepto y modalidades

El delito de cohecho, regulado en los arts. 419 a 427 bis del Código Penal, consiste en la solicitud o aceptación por parte de una autoridad o funcionario público de dádivas, favores o retribuciones de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo, o un acto contrario a los deberes inherentes al mismo, o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debería practicar. El art. 419 CP castiga el cohecho cuando el acto a realizar constituya delito (pena de prisión de tres a seis años, multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público y sufragio pasivo de nueve a doce años, sin perjuicio de la pena del delito cometido). Los arts. 420 y 421 CP regulan los demás supuestos de cohecho propio e impropio según la naturaleza del acto (contrario a los deberes del cargo sin ser delictivo, o propio del cargo), con penas inferiores; el cohecho subsiguiente (dádiva recibida como recompensa por una conducta ya realizada) se castiga con las mismas penas que los precedentes; y el art. 422 CP castiga con multa a la autoridad o funcionario que admitiere dádiva o regalo ofrecido en consideración a su cargo o función. Se trata de un delito pluriofensivo que protege tanto el correcto funcionamiento como la imagen de imparcialidad de la Administración Pública. El art. 426 CP exime de pena al particular que, habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva, denunciare el hecho a la autoridad antes de la apertura del procedimiento, siempre que no haya transcurrido más de dos meses desde la fecha de los hechos.

El cohecho activo y pasivo

El cohecho pasivo es el cometido por la autoridad o funcionario público que solicita o recibe la dádiva, o acepta el ofrecimiento o promesa (arts. 419 a 422 CP), mientras que el cohecho activo es el cometido por el particular que ofrece o entrega dádiva o retribución de cualquier clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo, para que no realice o retrase el que debiera practicar, o en consideración a su cargo o función (art. 424.1 CP), con las mismas penas de prisión y multa que la autoridad o funcionario corrompido. Cuando el particular entrega la dádiva atendiendo la solicitud de la autoridad o funcionario, se le impone la misma pena de prisión que a este (art. 424.2 CP). Si la actuación pretendida tiene relación con un procedimiento de contratación, subvenciones o subastas convocados por las Administraciones o entes públicos, se impone al particular y, en su caso, a la sociedad, asociación u organización a que represente, la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un tiempo de cinco a diez años (art. 424.3 CP). El art. 427 bis CP regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de cohecho. Ambas conductas (la del funcionario y la del particular) son autónomamente punibles.

El tráfico de influencias

El art. 428 del Código Penal castiga al funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con este o con otro funcionario o autoridad, para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, con pena de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años. El art. 429 CP extiende esta figura al particular que influya en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico, con prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido (las penas se imponen en su mitad superior si se obtiene el beneficio). El art. 430 CP castiga a quienes, ofreciendo hacer uso de las influencias descritas, solicitaren de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración, o aceptaren ofrecimiento o promesa, y prevé la responsabilidad de las personas jurídicas. Se protege así tanto el correcto funcionamiento de la Administración como la igualdad de trato de los ciudadanos frente a esta.

La malversación de caudales públicos

El art. 432 del Código Penal, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad sexual y de malversación, castiga a la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga el patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, con pena de prisión e inhabilitación absoluta, con subtipos agravados cuando concurran circunstancias de especial gravedad (grave daño o entorpecimiento del servicio público, valor elevado del perjuicio). La ley revirtió así el criterio introducido por la Ley Orgánica 1/2015, que configuraba la malversación por remisión a la administración desleal (apropiación indebida de patrimonio público). El art. 432 bis CP castiga el uso de ese patrimonio con fines privados o ajenos a la función pública sin ánimo de apropiación definitiva (malversación de uso), con pena menor, y el art. 433 CP la desviación de fondos a una finalidad pública diferente de la legalmente prevista. El art. 433 bis CP sanciona la falsedad en la contabilidad o en la información económica, patrimonial o financiera de entidades públicas que cause un perjuicio. El art. 434 CP contiene una cláusula premial: cuando el culpable repare de modo efectivo e íntegro el perjuicio causado al patrimonio público o colabore activamente en la investigación, los jueces y tribunales podrán imponer una pena inferior en uno o dos grados. El art. 435 CP extiende las disposiciones del capítulo a quienes estén encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de las Administraciones públicas, a los depositarios de caudales o efectos públicos y a los administradores o depositarios de bienes embargados o depositados por autoridad pública.

Los tipos de malversación y la evolución de la reforma de 2015 a la de 2022

La reforma de la Ley Orgánica 1/2015 había modificado sustancialmente el delito de malversación, sustituyendo el sistema anterior por una remisión al régimen de la administración desleal (art. 252 CP) y de la apropiación indebida del patrimonio de particulares. La Ley Orgánica 14/2022 reinstauró el ánimo de lucro como elemento nuclear del tipo de apropiación y reorganizó el capítulo: se castiga la apropiación con ánimo de lucro (art. 432 CP), el uso o distracción del patrimonio público sin ánimo de apropiación definitiva (art. 432 bis CP), la desviación presupuestaria a una finalidad pública distinta de la legalmente prevista (art. 433 CP) y la falsedad contable o de la información económica (art. 433 bis CP); con atenuación por reparación o colaboración (art. 434 CP). La distinción entre el tipo de apropiación (432) y el de uso (432 bis) radica en el ánimo de apropiación definitiva. La pena es más grave cuanto mayor es el valor del perjuicio y cuando el delito produce un grave daño o entorpecimiento al servicio público. Los sujetos activos son la autoridad o funcionario público y las personas equiparadas por el art. 435 CP; el delito se consuma con la sustracción o la disposición del patrimonio público.

Las negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos

El art. 439 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que, debiendo intervenir por razón de su cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, con las penas que el precepto prevé (multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público). El art. 440 CP extiende la prohibición a los peritos, árbitros y contadores partidores que se aprovechen de su cargo para forzar o facilitarse participación en los bienes o asuntos objeto de su intervención. El art. 441 CP castiga al funcionario público que, fuera de los casos admitidos por las leyes o reglamentos, realizare, por sí o por persona interpuesta, una actividad profesional o de asesoramiento permanente o accidental, bajo la dependencia o al servicio de entidades privadas o de particulares, en asunto en que deba intervenir o haya intervenido por razón de su cargo, o que se tramite, informe o resuelva en la oficina o centro directivo en que estuviere destinado o del que dependa (multa y suspensión de empleo o cargo público). Estos preceptos, íntimamente conectados con el régimen de incompatibilidades (Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas) y de abstención y recusación del Derecho Administrativo, protegen la objetividad e imparcialidad de la actuación administrativa frente al riesgo de que el funcionario aproveche su posición institucional para obtener un beneficio personal, con independencia de que se cause o no un perjuicio patrimonial directo.

Los abusos en el ejercicio de la función pública

El art. 443 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que solicitare sexualmente a una persona que, para sí misma o para su cónyuge u otra persona con la que se halle ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, ascendiente, descendiente, hermano, por naturaleza, adopción o afinidad en los mismos grados, tenga pretensiones pendientes de la resolución de aquel o acerca de las cuales deba evacuar informe o elevar consulta a su superior, con pena de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público. El apartado 2 del art. 443 CP castiga específicamente, con pena de prisión e inhabilitación especial, al funcionario de Instituciones Penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que solicitare sexualmente a una persona sujeta a su guarda, mención de especial relevancia para el ámbito penitenciario, dada la particular situación de sujeción y vulnerabilidad de los internos frente al personal que ejerce funciones de autoridad sobre ellos, que justifica una protección penal reforzada. Cuando la solicitud se acompaña de violencia, intimidación o prevalimiento y se consuma un acto sexual sin consentimiento, podrán concurrir los tipos de agresión sexual del Título VIII (tema anterior), con la agravante de prevalimiento del carácter público (art. 22.7ª CP).

El delito de exacciones ilegales

El art. 437 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, exigiere, directa o indirectamente, derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos o en cuantía mayor a la legalmente señalada, con las penas previstas en el precepto (entre ellas, la inhabilitación especial para empleo o cargo público), que se agravan según las circunstancias del hecho. Esta figura, próxima a la extorsión y a la malversación, protege específicamente la corrección del sistema de percepción de tasas, aranceles o derechos por parte de la Administración, evitando que los funcionarios exijan al ciudadano cantidades superiores a las legalmente establecidas, con abuso de su condición y posición de autoridad.

La responsabilidad civil derivada de los delitos cometidos por funcionarios

Los delitos cometidos por autoridades y funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones pueden generar, además de la correspondiente responsabilidad penal, responsabilidad civil derivada del delito (arts. 109 y siguientes CP). El art. 121 CP establece que el Estado, la Comunidad Autónoma, la provincia, la isla, el municipio y demás entes públicos, según los casos, responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando estos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones, siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios exigible conforme a las normas de procedimiento administrativo, y sin que en ningún caso pueda darse una duplicidad indemnizatoria. Cuando la Administración haya indemnizado, dispone del derecho de repetición frente al funcionario cuando este hubiera actuado con dolo, culpa o negligencia graves, conforme al régimen de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Este esquema de doble responsabilidad garantiza que el perjudicado por la conducta delictiva no quede desprotegido patrimonialmente.

El fraude a la Administración Pública

El art. 436 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público, con pena de prisión, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo; al particular que se haya concertado con la autoridad o funcionario se le impone la misma pena de prisión y la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, y para contratar con el sector público. Este delito protege la correcta gestión de los fondos públicos en el ámbito de la contratación administrativa, resultando de aplicación directa a las conductas fraudulentas que pudieran producirse en la adjudicación o ejecución de contratos suscritos por la Administración Penitenciaria o por el organismo estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Se relaciona con la normativa de contratación del sector público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El concepto penal de funcionario público (art. 24.2 CP) es más amplio que el administrativo: incluye a quien por disposición inmediata de la ley, elección o nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas.
  • Prevaricación administrativa (art. 404 CP): resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia en asunto administrativo; inhabilitación especial de 9 a 15 años; distinta de la prevaricación judicial (art. 446) y de la imprudente (art. 447, solo jueces).
  • Omisión del deber de perseguir delitos (art. 408 CP: inhabilitación especial de 6 meses a 2 años) y denegación de auxilio (art. 412 CP): relevantes para cualquier funcionario, incluido el penitenciario, que conozca hechos delictivos o sea requerido para colaborar.
  • Desobediencia de funcionarios (art. 410 CP): negativa abierta al cumplimiento de resoluciones u órdenes; no hay delito si la orden es una infracción manifiesta, clara y terminante de la ley (art. 410.2).
  • Infidelidad en la custodia de documentos (arts. 413-415 CP): sustracción, destrucción, inutilización u ocultación (413), destrucción de medios de acceso restringido (414) y acceso a documentos secretos (415); aplicable al expediente personal del interno.
  • Violación de secretos (art. 417 CP): revelar secretos o informaciones que no deben divulgarse; más grave si hay grave daño para la causa pública o para tercero.
  • Cohecho: pasivo (funcionario solicita/acepta dádiva, arts. 419-422 CP) frente a activo (particular ofrece/entrega, art. 424); el art. 419 (acto constitutivo de delito) prevé prisión de 3 a 6 años; el art. 426 exime al particular que denuncia en dos meses.
  • Tráfico de influencias (art. 428: funcionario; art. 429: particular; art. 430: ofrecimiento): influir prevaliéndose del cargo o de relación personal/jerárquica para conseguir una resolución que genere beneficio económico.
  • Malversación (art. 432 CP, tras la LO 14/2022): exige ánimo de lucro en el tipo de apropiación; el uso sin ánimo de apropiación definitiva es el art. 432 bis; la desviación a otra finalidad pública, el art. 433; cláusula de reparación en el art. 434.
  • Abusos en el ejercicio de la función pública (art. 443 CP): solicitud sexual a persona con pretensiones pendientes (443.1); el funcionario de Instituciones Penitenciarias que solicita sexualmente a una persona sujeta a su guarda comete el delito específico del 443.2.
  • La Administración responde civilmente de forma subsidiaria por los delitos de sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones (art. 121 CP), con derecho de repetición si hubo dolo, culpa o negligencia graves (Ley 40/2015).
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A efectos penales, según el art. 24.2 del Código Penal, se considera funcionario público:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 24 de Instituciones Penitenciarias?

Este tema estudia los delitos contra la Administración Pública, título del Código Penal que agrupa las conductas delictivas cometidas por autoridades y funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o con abuso de su cargo: la prevaricación, el abandono de destino, la desobediencia y denegación de auxilio, la infidelidad en la custodia de documentos, la violación de secretos, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, y las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios. Su conocimiento es especialmente relevante para cualquier funcionario público, dada la aplicación directa que estos tipos pueden tener sobre su propia actuación profesional.

¿Qué hay que memorizar del Tema 24 para el examen?

El concepto penal de funcionario público (art. 24.2 CP) es más amplio que el administrativo: incluye a quien por disposición inmediata de la ley, elección o nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas. Prevaricación administrativa (art. 404 CP): resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia en asunto administrativo; inhabilitación especial de 9 a 15 años; distinta de la prevaricación judicial (art. 446) y de la imprudente (art. 447, solo jueces). Omisión del deber de perseguir delitos (art. 408 CP: inhabilitación especial de 6 meses a 2 años) y denegación de auxilio (art. 412 CP): relevantes para cualquier funcionario, incluido el penitenciario, que conozca hechos delictivos o sea requerido para colaborar. Desobediencia de funcionarios (art. 410 CP): negativa abierta al cumplimiento de resoluciones u órdenes; no hay delito si la orden es una infracción manifiesta, clara y terminante de la ley (art. 410.2). Infidelidad en la custodia de documentos (arts. 413-415 CP): sustracción, destrucción, inutilización u ocultación (413), destrucción de medios de acceso restringido (414) y acceso a documentos secretos (415); aplicable al expediente personal del interno. Violación de secretos (art. 417 CP): revelar secretos o informaciones que no deben divulgarse; más grave si hay grave daño para la causa pública o para tercero. Cohecho: pasivo (funcionario solicita/acepta dádiva, arts. 419-422 CP) frente a activo (particular ofrece/entrega, art. 424); el art. 419 (acto constitutivo de delito) prevé prisión de 3 a 6 años; el art. 426 exime al particular que denuncia en dos meses. Tráfico de influencias (art. 428: funcionario; art. 429: particular; art. 430: ofrecimiento): influir prevaliéndose del cargo o de relación personal/jerárquica para conseguir una resolución que genere beneficio económico. Malversación (art. 432 CP, tras la LO 14/2022): exige ánimo de lucro en el tipo de apropiación; el uso sin ánimo de apropiación definitiva es el art. 432 bis; la desviación a otra finalidad pública, el art. 433; cláusula de reparación en el art. 434. Abusos en el ejercicio de la función pública (art. 443 CP): solicitud sexual a persona con pretensiones pendientes (443.1); el funcionario de Instituciones Penitenciarias que solicita sexualmente a una persona sujeta a su guarda comete el delito específico del 443.2. La Administración responde civilmente de forma subsidiaria por los delitos de sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones (art. 121 CP), con derecho de repetición si hubo dolo, culpa o negligencia graves (Ley 40/2015).

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226) (Convocatoria 2026, turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (arts. 24, 121, 404-445)
  • Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
  • Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad sexual y de malversación
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
  • Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas
  • Constitución Española de 1978 (art. 103)

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