Tema 5. La Unión Europea: Tratados originarios y modificativos. Las Instituciones Comunitarias: El Parlamento, el Consejo, El Consejo Europeo, la Comisión, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas, el Banco Central Europeo. Efectos de la integración europea sobre la organización del Estado Español.
Este temario corresponde al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (C1, acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — el cuerpo de acceso masivo (vigilancia, custodia y seguridad interior de los centros), que es el que encaja con el banco de 100 preguntas ya existente en el sitio. No cubre el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias (A2, requiere título universitario, funciones de tratamiento) ni el Cuerpo Superior de Técnicos (A1), que tienen temarios distintos.
Este tema aborda el proceso de integración europea desde sus tratados fundacionales hasta el Tratado de Lisboa, y la organización institucional de la Unión Europea (Parlamento, Consejo, Consejo Europeo, Comisión, Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas y Banco Central Europeo). Se cierra con los efectos jurídicos y organizativos que la pertenencia de España a la Unión Europea desde 1986 ha tenido sobre la organización del Estado, especialmente relevantes por los principios de primacía y efecto directo del Derecho de la Unión.
El proceso de integración europea se inició con el Tratado de París de 1951 (firmado el 18 de abril), constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), suscrito por Alemania, Francia, Italia y los tres países del Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo), con el objetivo de poner en común la producción de carbón y acero tras la Segunda Guerra Mundial, evitando así nuevos conflictos bélicos en Europa; entró en vigor en 1952 y se concibió por un plazo de cincuenta años, por lo que se extinguió en 2002. En 1957 (25 de marzo) se firmaron los Tratados de Roma, que crearon la Comunidad Económica Europea (CEE), orientada a la creación de un mercado común y a la unión aduanera entre sus miembros, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM o CEEA), destinada a la cooperación en el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos; entraron en vigor el 1 de enero de 1958. Estas tres Comunidades (CECA, CEE y EURATOM) constituyen los llamados tratados constitutivos u originarios. El Tratado de la CEE, tras sucesivas reformas, es hoy el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); EURATOM sigue existiendo como organización con personalidad propia.
El Tratado de la Unión Europea (Maastricht, 1992)
El Tratado de Maastricht, firmado el 7 de febrero de 1992 y en vigor desde el 1 de noviembre de 1993, creó la Unión Europea, sustituyendo la denominación de Comunidad Económica Europea por la de Comunidad Europea, y estableciendo la célebre estructura de 'tres pilares': el pilar comunitario (las Comunidades Europeas, de naturaleza supranacional), la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y la cooperación en Justicia y Asuntos de Interior, estos dos últimos de naturaleza intergubernamental. Introdujo además la ciudadanía de la Unión Europea, sentó las bases de la Unión Económica y Monetaria que llevaría a la creación del euro, y reforzó las competencias del Parlamento Europeo mediante el procedimiento de codecisión. España se adhirió a las Comunidades Europeas en 1986 y participó ya en la negociación de Maastricht como Estado miembro.
El Tratado de Ámsterdam
El Tratado de Ámsterdam, firmado en 1997 y en vigor desde 1999, reformó el Tratado de la Unión Europea para reforzar la protección de los derechos fundamentales (introduciendo un mecanismo de sanción a los Estados miembros que los violasen gravemente), incorporó el llamado acervo de Schengen al marco jurídico de la Unión (con las excepciones y regímenes especiales de Reino Unido e Irlanda), amplió las competencias comunitarias en materia de empleo, y extendió el procedimiento de codecisión a nuevos ámbitos, reforzando así el papel del Parlamento Europeo en el proceso legislativo. Supuso también una renumeración completa de los artículos de los Tratados constitutivos, lo que explica que las citas de los preceptos varíen según la versión consolidada de los Tratados a la que se haga referencia.
El Tratado de Niza
El Tratado de Niza, firmado el 26 de febrero de 2001 y en vigor desde el 1 de febrero de 2003, tuvo como principal objetivo adaptar el funcionamiento institucional de la Unión Europea a la perspectiva de la gran ampliación hacia el Este que se produciría en 2004 y 2007, con la incorporación de numerosos países de Europa Central y Oriental. Modificó la ponderación de votos en el Consejo, el reparto de escaños en el Parlamento Europeo y la composición de la Comisión Europea, ampliando además el ámbito de las decisiones adoptables por mayoría cualificada en detrimento de la unanimidad. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea fue proclamada solemnemente por el Parlamento, el Consejo y la Comisión en el Consejo Europeo de Niza (diciembre de 2000), sin valor jurídico vinculante en ese momento; adquirió el mismo valor jurídico que los Tratados con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (art. 6 TUE).
El Tratado de Lisboa (2007)
El Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007 y en vigor desde el 1 de diciembre de 2009, tras el fracaso del proyecto de Constitución Europea rechazado en referéndum por Francia y los Países Bajos en 2005, es el tratado que modificó el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que pasó a denominarse Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); ambos tienen el mismo valor jurídico y, junto con la Carta de los Derechos Fundamentales y los protocolos, constituyen el Derecho originario vigente. Suprimió la estructura de pilares de Maastricht, dio a la Unión Europea personalidad jurídica única (sustituyendo a las antiguas Comunidades Europeas), otorgó valor jurídico vinculante a la Carta, creó el Presidente estable del Consejo Europeo y reforzó la figura del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (que es a la vez Vicepresidente de la Comisión), generalizó el procedimiento legislativo ordinario (antigua codecisión), reforzó el papel de los Parlamentos nacionales (control de subsidiariedad), introdujo la iniciativa ciudadana europea y reguló por primera vez de forma expresa el procedimiento de retirada voluntaria de un Estado miembro (art. 50 TUE), aplicado después por el Reino Unido (Brexit; salida efectiva el 31 de enero de 2020, quedando la Unión con 27 Estados miembros).
Valores, principios y competencias de la Unión
El art. 2 TUE enumera los valores de la Unión: respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los de las personas pertenecientes a minorías. La Unión actúa conforme a los principios de atribución (solo tiene las competencias que los Estados le han atribuido), subsidiariedad (en los ámbitos no exclusivos, actúa solo si los objetivos no pueden alcanzarse suficientemente por los Estados) y proporcionalidad (art. 5 TUE). Los arts. 3 a 6 TFUE distinguen las competencias exclusivas (unión aduanera, política comercial común, política monetaria de la zona euro, conservación de los recursos biológicos marinos, normas de competencia), compartidas (mercado interior, espacio de libertad, seguridad y justicia, agricultura, medio ambiente, etc.) y de apoyo, coordinación o complemento (salud humana, industria, cultura, turismo, educación, protección civil). Los criterios de Copenhague (1993) fijan las condiciones políticas, económicas y de acervo para la adhesión. La Unión ha pasado por sucesivas ampliaciones: 1973 (Dinamarca, Irlanda y Reino Unido), 1981 (Grecia), 1986 (España y Portugal), 1995 (Austria, Finlandia y Suecia), 2004 (diez Estados), 2007 (Bulgaria y Rumanía) y 2013 (Croacia); el Reino Unido salió en 2020, de modo que hoy son 27 los Estados miembros.
El Parlamento Europeo: composición y funciones
El Parlamento Europeo representa a los ciudadanos de la Unión y es elegido directamente por estos mediante sufragio universal directo, libre y secreto cada cinco años. El art. 14 TUE fija un máximo de 750 miembros más el Presidente (es decir, 751), con un mínimo de seis y un máximo de noventa y seis escaños por Estado, distribuidos según el principio de proporcionalidad decreciente. Tras las elecciones de junio de 2024, el Parlamento cuenta con 720 escaños (aprobados por decisión del Consejo Europeo para esa legislatura), de los cuales 61 corresponden a España. Sus sedes son Estrasburgo (sesiones plenarias), Bruselas (comisiones y grupos políticos) y Luxemburgo (Secretaría General). Ejerce, junto con el Consejo, la función legislativa y la función presupuestaria, ejerce funciones de control político sobre la Comisión Europea (a la que puede censurar mediante una moción de censura que exige mayoría de dos tercios de los votos emitidos y mayoría de los miembros que lo componen), y elige al Presidente de la Comisión Europea a propuesta del Consejo Europeo, teniendo en cuenta el resultado de las elecciones europeas, por mayoría de los miembros que lo componen. Aprueba además, mediante voto de investidura, el colegio de Comisarios, nombra al Defensor del Pueblo Europeo y recibe peticiones de los ciudadanos.
La elección de los diputados al Parlamento Europeo
En España, la elección de los diputados al Parlamento Europeo se rige por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG, LO 5/1985, de 19 de junio), que establece una circunscripción única para todo el territorio nacional (a diferencia de la circunscripción provincial del Congreso de los Diputados), con un sistema de representación proporcional mediante listas cerradas y bloqueadas, aplicando la fórmula D'Hondt para la atribución de escaños. Las primeras elecciones europeas con participación española tuvieron lugar en 1987, tras la adhesión. La elección se celebra cada cinco años de forma simultánea en todos los Estados miembros de la Unión Europea, si bien cada país conserva su propio sistema electoral interno dentro de unos principios comunes fijados a nivel europeo (representación proporcional, incompatibilidades con determinados cargos nacionales o europeos). Los eurodiputados electos se integran en grupos políticos de ámbito europeo, no en delegaciones nacionales, conforme a su afinidad ideológica.
El Consejo de la Unión Europea: composición y funciones
El Consejo de la Unión Europea, también llamado Consejo de Ministros de la UE (para distinguirlo del Consejo Europeo), está compuesto por un representante de cada Estado miembro de rango ministerial, con capacidad para comprometer al Gobierno del Estado que representa y para ejercer el derecho de voto. Su composición varía según la materia a tratar (Consejo de Asuntos Generales, de Asuntos Exteriores, de Justicia e Interior, de Agricultura y Pesca, entre otras formaciones), y ejerce, junto con el Parlamento Europeo, las funciones legislativa y presupuestaria, además de funciones de definición de políticas y de coordinación conforme a las condiciones establecidas en los Tratados. La Presidencia del Consejo (salvo la formación de Asuntos Exteriores, presidida por el Alto Representante) es rotatoria entre los Estados miembros cada seis meses. Sus decisiones se adoptan, según la materia, por mayoría simple, mayoría cualificada (la regla general desde Lisboa) o unanimidad (reservada a materias especialmente sensibles como la política exterior y de seguridad común o la fiscalidad). La mayoría cualificada exige, desde el 1 de noviembre de 2014 (con un periodo transitorio hasta 2017), el voto favorable de al menos el 55 % de los miembros del Consejo, con un mínimo de quince, que representen Estados que reúnan al menos el 65 % de la población de la Unión; una minoría de bloqueo requiere al menos cuatro miembros del Consejo.
El Consejo Europeo: composición y funciones
El Consejo Europeo, formalizado como institución propia por el Tratado de Lisboa, está compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, junto con su Presidente y el Presidente de la Comisión Europea, participando también el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores en sus trabajos. Da a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y define sus orientaciones y prioridades políticas generales, pero no ejerce función legislativa alguna, a diferencia del Parlamento y el Consejo. Se reúne al menos dos veces cada semestre, convocado por su Presidente, elegido por el propio Consejo Europeo por mayoría cualificada para un mandato de dos años y medio, renovable una vez, cargo que no puede simultanear con ningún mandato nacional.
La Comisión Europea: composición y funciones
La Comisión Europea es la institución que representa y defiende el interés general de la Unión Europea, y se compone de un miembro por cada Estado miembro (incluidos su Presidente y el Alto Representante como Vicepresidente), elegidos por su competencia general y su compromiso europeo, entre personalidades que ofrezcan garantías plenas de independencia. El art. 17.5 TUE preveía una reducción del colegio a dos tercios del número de Estados, pero el Consejo Europeo decidió por unanimidad mantener un Comisario por Estado. El Presidente de la Comisión es propuesto por el Consejo Europeo, por mayoría cualificada y teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo, y elegido por este último; el colegio en su conjunto se somete a un voto de aprobación del Parlamento y es nombrado por el Consejo Europeo. El mandato es de cinco años, coincidiendo con el del Parlamento. La Comisión ostenta, en régimen de práctico monopolio, el derecho de iniciativa legislativa (propone las normas que después aprueban el Parlamento y el Consejo, salvo los casos en que los Tratados prevean otra cosa), vela por la aplicación de los Tratados y del Derecho de la Unión bajo el control del Tribunal de Justicia (es la «guardiana de los Tratados»), ejecuta el presupuesto y gestiona los programas, y ejerce funciones de coordinación, ejecución y gestión conforme a los Tratados. Tiene su sede en Bruselas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, garantiza el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados (art. 19 TUE), y comprende el Tribunal de Justicia propiamente dicho y el Tribunal General (el Tribunal de la Función Pública, que fue el único tribunal especializado, se integró en el Tribunal General en 2016). El Tribunal de Justicia está compuesto por un Juez por cada Estado miembro, asistido por Abogados Generales; el Tribunal General cuenta con dos jueces por Estado. Los jueces son designados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros por un mandato de seis años, renovable, con renovación parcial cada tres años. Ejerce, entre otras, la competencia de conocer de los recursos por incumplimiento de un Estado miembro (arts. 258-260 TFUE), los recursos de anulación contra actos de las instituciones (art. 263), los recursos por omisión (art. 265) y, muy especialmente, la cuestión prejudicial (art. 267 TFUE), mediante la cual los órganos jurisdiccionales nacionales pueden (o, en el caso de los que resuelven en última instancia, deben, salvo excepciones) plantear al Tribunal de Justicia dudas sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión aplicable al litigio del que conocen, asegurando así su aplicación uniforme en todos los Estados miembros. La sentencia Francovich (1991) estableció la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a los particulares por incumplir el Derecho de la Unión.
El Tribunal de Cuentas Europeo
El Tribunal de Cuentas Europeo, con sede en Luxemburgo, es la institución encargada de fiscalizar las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de la Unión Europea, así como de todo organismo creado por esta en la medida en que el acto constitutivo no lo excluya, examinando la legalidad y regularidad de los ingresos y gastos y garantizando la buena gestión financiera. Está compuesto por un miembro de cada Estado miembro, elegidos por el Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo, entre personalidades que pertenezcan o hayan pertenecido en sus respectivos países a los órganos de control externo o que posean una calificación especial para esta función, y que ofrezcan garantías de independencia. Elabora un informe anual tras el cierre de cada ejercicio, que se remite a las demás instituciones y se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea, junto con las respuestas de las instituciones fiscalizadas.
Otras instituciones y órganos de la Unión
El art. 13 TUE enumera las siete instituciones: Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo, Comisión, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Banco Central Europeo y Tribunal de Cuentas. Junto a ellas existen órganos consultivos: el Comité Económico y Social Europeo y el Comité Europeo de las Regiones (con sede en Bruselas), que emiten dictámenes preceptivos o facultativos; el Banco Europeo de Inversiones (Luxemburgo); el Defensor del Pueblo Europeo (Estrasburgo), nombrado por el Parlamento; y numerosas agencias y organismos descentralizados, como Europol y Eurojust. En el ámbito de la cooperación penal, la Fiscalía Europea (EPPO), con sede en Luxemburgo y operativa desde el 1 de junio de 2021 (Reglamento (UE) 2017/1939), investiga y persigue los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión.
El Banco Central Europeo
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort, es la institución responsable de la política monetaria de la zona euro y, junto con los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro, forma el Eurosistema. Su objetivo principal es mantener la estabilidad de precios en la zona euro, y para ello goza de un régimen de independencia especialmente reforzado respecto de cualquier institución de la Unión, de los Gobiernos de los Estados miembros o de cualquier otro organismo, no pudiendo solicitar ni aceptar instrucciones de ninguno de ellos. Tiene personalidad jurídica propia, distinta de la de la Unión Europea, y goza en exclusiva del derecho a autorizar la emisión de billetes de banco en euros dentro de la Unión. Se gobierna a través del Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo (integrado por el Presidente, el Vicepresidente y cuatro vocales, nombrados por el Consejo Europeo por mayoría cualificada para un mandato de ocho años no renovable) y el Consejo General. Desde 2014 ejerce también la supervisión bancaria prudencial de las entidades significativas de la zona euro (Mecanismo Único de Supervisión). La composición de la zona euro ha ido ampliándose con nuevos Estados; el número exacto de miembros debe consultarse en la fuente oficial vigente.
El procedimiento legislativo ordinario de la Unión Europea
El procedimiento legislativo ordinario, introducido como codecisión por el Tratado de Maastricht y generalizado como procedimiento por defecto tras el Tratado de Lisboa, se basa en la igualdad entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea: ambas instituciones deben aprobar el mismo texto legislativo para que este pueda adoptarse. Se inicia con una propuesta de la Comisión Europea, y se desarrolla en hasta tres lecturas sucesivas por cada institución; si tras la segunda lectura persisten discrepancias, se convoca un Comité de Conciliación, integrado paritariamente por representantes del Parlamento y del Consejo, que debe alcanzar un texto conjunto en un plazo tasado; de no lograrse acuerdo, el acto legislativo se considera no adoptado. Este procedimiento se aplica hoy a la inmensa mayoría de la legislación de la Unión Europea.
Fuentes del Derecho de la Unión Europea: reglamentos, directivas y decisiones
El Derecho derivado de la Unión Europea, dictado por sus instituciones en desarrollo de los Tratados (Derecho originario), se articula principalmente en tres tipos de actos jurídicos vinculantes (art. 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea): el reglamento, de alcance general, obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro sin necesidad de norma interna de transposición; la directiva, que obliga a los Estados miembros destinatarios en cuanto al resultado que debe conseguirse, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios, mediante su incorporación al Derecho interno dentro de un plazo determinado; y la decisión, obligatoria en todos sus elementos para sus destinatarios concretos, ya sean Estados, empresas o particulares. Junto a estos, existen recomendaciones y dictámenes, sin efecto vinculante.
El principio de primacía del Derecho de la Unión Europea
El principio de primacía, de creación jurisprudencial por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia Costa contra ENEL, 1964), establece que el Derecho de la Unión Europea prevalece sobre el Derecho interno de los Estados miembros en caso de conflicto, cualquiera que sea el rango de la norma nacional, incluidas las normas constitucionales según la jurisprudencia comunitaria (matizada, en el caso español, por la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los límites de la integración europea respecto de los principios estructurales básicos de la Constitución). En la práctica, esto obliga al juez nacional a inaplicar de oficio cualquier norma interna, de cualquier rango, que resulte contraria al Derecho de la Unión directamente aplicable, sin necesidad de plantear previamente una cuestión de inconstitucionalidad ni esperar a su derogación formal por el legislador nacional.
Primacía, constitucionalidad y límites de la integración (doctrina española)
El Tribunal Constitucional español, en su Declaración 1/2004, de 13 de diciembre (sobre el proyecto de Tratado por el que se establecía una Constitución para Europa), distinguió entre la primacía del Derecho de la Unión, que opera en el ámbito de las competencias atribuidas, y la supremacía de la Constitución, que se mantiene como norma suprema del ordenamiento interno; el art. 93 CE permite la cesión del ejercicio de competencias, pero no de la soberanía ni de los principios y valores básicos de la Constitución. El juez ordinario, ante un conflicto entre una norma interna y una norma de la Unión directamente aplicable, debe inaplicar la norma interna sin plantear cuestión de inconstitucionalidad (sentencia Simmenthal, 1978). El incumplimiento del Derecho de la Unión por un Estado puede dar lugar al recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia y a sanciones pecuniarias.
El principio de efecto directo del Derecho de la Unión
El principio de efecto directo, también de creación jurisprudencial (sentencia Van Gend en Loos, 1963), permite que determinadas normas del Derecho de la Unión Europea generen derechos y obligaciones directamente invocables por los particulares ante los tribunales nacionales, sin necesidad de intermediación de una norma interna de desarrollo. Los reglamentos tienen efecto directo pleno por su propia naturaleza; las directivas, en principio dirigidas a los Estados y necesitadas de transposición, pueden generar un efecto directo vertical (invocable por el particular frente al Estado, no frente a otro particular) cuando su plazo de transposición ha vencido sin que el Estado la haya incorporado correctamente y sus disposiciones son suficientemente claras, precisas e incondicionales. Este efecto directo, combinado con la primacía, es una de las claves de la eficacia práctica del Derecho de la Unión en los ordenamientos internos.
La adhesión de España a las Comunidades Europeas (1986)
España presentó su solicitud de adhesión a las Comunidades Europeas en julio de 1977, tras la Transición democrática, y las negociaciones se desarrollaron entre 1979 y 1985; la pertenencia a las Comunidades Europeas fue percibida entonces como un elemento clave de consolidación democrática y de modernización económica del país. El Tratado de Adhesión se firmó el 12 de junio de 1985 (junto con Portugal) y entró en vigor el 1 de enero de 1986, fecha en la que España se convirtió en Estado miembro de pleno derecho de la Comunidad Económica Europea, la CECA y el EURATOM. La adhesión exigió importantes reformas del ordenamiento interno para adaptarlo al acervo comunitario (Derecho originario y derivado vigente en ese momento), y comportó la asunción por España de las políticas comunes, incluida la posterior integración en el mercado único (1993), en el Espacio Schengen (1995) y en la Unión Económica y Monetaria, con la adopción del euro en 1999 como moneda de cuenta (monedas y billetes en circulación desde 2002).
Efectos de la integración europea en la organización del Estado español
La pertenencia a la Unión Europea ha tenido efectos profundos sobre la organización del Estado español: ha exigido la creación de estructuras administrativas específicas para la coordinación de la política europea (Secretaría de Estado para la Unión Europea, Representación Permanente de España ante la UE); ha desdibujado la clásica distinción entre política interior y exterior, al proyectarse el Derecho de la Unión directamente sobre materias internas; ha obligado a habilitar mecanismos de participación de las Comunidades Autónomas en la formación de la voluntad del Estado ante las instituciones europeas en materias de su competencia (Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea, en su día de las Comunidades Europeas); ha reforzado el papel de las Cortes Generales (Comisión Mixta para la Unión Europea y control del principio de subsidiariedad); y ha supuesto la cesión del ejercicio de competencias soberanas del Estado a favor de organizaciones internacionales, al amparo del art. 93 CE, que constituye la habilitación constitucional para la propia adhesión. Las Comunidades Autónomas ejecutan el Derecho de la Unión en las materias de su competencia, y el Estado responde ante la Unión del incumplimiento. La Constitución se reformó en 1992 (art. 13.2) y en 2011 (art. 135) por razones vinculadas a la integración europea.
La ciudadanía europea
El Tratado de Maastricht introdujo la ciudadanía de la Unión Europea, que se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla: es ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía europea comporta un catálogo de derechos específicos: el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros; el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales del Estado miembro de residencia, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado; el derecho a la protección diplomática y consular por parte de cualquier Estado miembro en terceros países donde el Estado de origen no tenga representación; y el derecho de petición ante el Parlamento Europeo y de recurso ante el Defensor del Pueblo Europeo.
Espacio de libertad, seguridad y justicia y cooperación penal
El Título V del TFUE regula el espacio de libertad, seguridad y justicia, incluidas la cooperación judicial en materia penal basada en el principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones judiciales y la aproximación de las legislaciones penales. Instrumentos relevantes: la orden europea de detención y entrega (Decisión Marco 2002/584/JAI), la transposición al Derecho español del reconocimiento mutuo de resoluciones penales mediante la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, y los instrumentos de traslado de personas condenadas dentro de la Unión (Decisión Marco 2008/909/JAI). Deben distinguirse del marco de la Unión las normas del Consejo de Europa (organización internacional distinta, con sede en Estrasburgo): el Convenio Europeo de Derechos Humanos (Roma, 1950), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las Reglas Penitenciarias Europeas, adoptadas como Recomendación del Comité de Ministros, que sirven de referencia en el tratamiento de los internos.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Tratados originarios: CECA (París, 1951), CEE y EURATOM (Roma, 1957). El Tratado de Maastricht (1992) creó la Unión Europea y la estructura de tres pilares, hoy suprimida.
El Tratado de Lisboa (2007, en vigor 2009) es el vigente: personalidad jurídica única de la UE, valor vinculante a la Carta de Derechos Fundamentales, procedimiento legislativo ordinario generalizado, y art. 50 TUE de retirada voluntaria (usado por el Brexit).
Parlamento Europeo: máximo 751 escaños, elección directa cada 5 años, circunscripción única en España (a diferencia del Congreso, que es provincial).
Consejo (representantes ministeriales por materia) y Parlamento comparten la función legislativa y presupuestaria en el procedimiento legislativo ordinario; el Consejo Europeo (Jefes de Estado/Gobierno) NO legisla, solo da impulso político.
La Comisión Europea tiene el (casi) monopolio de la iniciativa legislativa; su Presidente lo propone el Consejo Europeo y lo elige el Parlamento.
Reglamento: obligatorio y directamente aplicable sin transposición. Directiva: obliga en cuanto al resultado, requiere transposición nacional en plazo. Decisión: obligatoria para destinatarios concretos.
Primacía (STJUE Costa/ENEL, 1964): el Derecho de la UE prevalece sobre cualquier norma interna en conflicto. Efecto directo (STJUE Van Gend en Loos, 1963): genera derechos invocables directamente por los particulares.
España se adhirió a las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986 (Tratado firmado el 12-6-1985), junto con Portugal; adoptó el euro en 1999 (efectivo en 2002).
El art. 93 CE es la habilitación constitucional para ceder el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución a una organización internacional (base jurídica de la integración europea).
La ciudadanía europea (Maastricht) añade a la nacional derechos de libre circulación y residencia, sufragio municipal y europeo en el país de residencia, protección diplomática de otro Estado miembro y petición ante el Parlamento Europeo.
Tratados: París (CECA, 1951), Roma (CEE y EURATOM, 1957), Maastricht (UE, firmado 1992, en vigor 1993), Ámsterdam (en vigor 1999), Niza (en vigor 2003) y Lisboa (firmado 2007, en vigor 1-12-2009). La CECA se extinguió en 2002.
La Carta de los Derechos Fundamentales se proclamó en Niza (2000) y tiene valor jurídico vinculante desde Lisboa (art. 6 TUE).
Mayoría cualificada en el Consejo (art. 16 TUE): 55 % de los Estados (mínimo 15) que representen el 65 % de la población; minoría de bloqueo: al menos 4 Estados.
El Consejo Europeo está presidido por un Presidente estable (2,5 años, renovable una vez) y no legisla; el Consejo de la UE tiene presidencia rotatoria semestral.
Parlamento Europeo: máximo 751 escaños según el Tratado; 720 desde las elecciones de 2024, con 61 para España; mínimo 6 y máximo 96 por Estado.
Tribunal de Justicia: un Juez por Estado y Abogados Generales; cuestión prejudicial (art. 267 TFUE); recurso por incumplimiento (arts. 258-260).
BCE: sede en Fráncfort, independencia, objetivo principal de estabilidad de precios; Comité Ejecutivo de 6 miembros con mandato de 8 años no renovable.
Principios del Derecho de la Unión: atribución, subsidiariedad y proporcionalidad (art. 5 TUE).
La Fiscalía Europea (EPPO) opera desde el 1-6-2021; la Ley 23/2014 regula el reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE.
No confundir UE con Consejo de Europa (CEDH, TEDH, Reglas Penitenciarias Europeas).
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
España ingresó en las Comunidades Europeas el:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 5 de Instituciones Penitenciarias?
Este tema aborda el proceso de integración europea desde sus tratados fundacionales hasta el Tratado de Lisboa, y la organización institucional de la Unión Europea (Parlamento, Consejo, Consejo Europeo, Comisión, Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas y Banco Central Europeo). Se cierra con los efectos jurídicos y organizativos que la pertenencia de España a la Unión Europea desde 1986 ha tenido sobre la organización del Estado, especialmente relevantes por los principios de primacía y efecto directo del Derecho de la Unión.
¿Qué hay que memorizar del Tema 5 para el examen?
Tratados originarios: CECA (París, 1951), CEE y EURATOM (Roma, 1957). El Tratado de Maastricht (1992) creó la Unión Europea y la estructura de tres pilares, hoy suprimida. El Tratado de Lisboa (2007, en vigor 2009) es el vigente: personalidad jurídica única de la UE, valor vinculante a la Carta de Derechos Fundamentales, procedimiento legislativo ordinario generalizado, y art. 50 TUE de retirada voluntaria (usado por el Brexit). Parlamento Europeo: máximo 751 escaños, elección directa cada 5 años, circunscripción única en España (a diferencia del Congreso, que es provincial). Consejo (representantes ministeriales por materia) y Parlamento comparten la función legislativa y presupuestaria en el procedimiento legislativo ordinario; el Consejo Europeo (Jefes de Estado/Gobierno) NO legisla, solo da impulso político. La Comisión Europea tiene el (casi) monopolio de la iniciativa legislativa; su Presidente lo propone el Consejo Europeo y lo elige el Parlamento. Reglamento: obligatorio y directamente aplicable sin transposición. Directiva: obliga en cuanto al resultado, requiere transposición nacional en plazo. Decisión: obligatoria para destinatarios concretos. Primacía (STJUE Costa/ENEL, 1964): el Derecho de la UE prevalece sobre cualquier norma interna en conflicto. Efecto directo (STJUE Van Gend en Loos, 1963): genera derechos invocables directamente por los particulares. España se adhirió a las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986 (Tratado firmado el 12-6-1985), junto con Portugal; adoptó el euro en 1999 (efectivo en 2002). El art. 93 CE es la habilitación constitucional para ceder el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución a una organización internacional (base jurídica de la integración europea). La ciudadanía europea (Maastricht) añade a la nacional derechos de libre circulación y residencia, sufragio municipal y europeo en el país de residencia, protección diplomática de otro Estado miembro y petición ante el Parlamento Europeo. Tratados: París (CECA, 1951), Roma (CEE y EURATOM, 1957), Maastricht (UE, firmado 1992, en vigor 1993), Ámsterdam (en vigor 1999), Niza (en vigor 2003) y Lisboa (firmado 2007, en vigor 1-12-2009). La CECA se extinguió en 2002. La Carta de los Derechos Fundamentales se proclamó en Niza (2000) y tiene valor jurídico vinculante desde Lisboa (art. 6 TUE). Mayoría cualificada en el Consejo (art. 16 TUE): 55 % de los Estados (mínimo 15) que representen el 65 % de la población; minoría de bloqueo: al menos 4 Estados. El Consejo Europeo está presidido por un Presidente estable (2,5 años, renovable una vez) y no legisla; el Consejo de la UE tiene presidencia rotatoria semestral. Parlamento Europeo: máximo 751 escaños según el Tratado; 720 desde las elecciones de 2024, con 61 para España; mínimo 6 y máximo 96 por Estado. Tribunal de Justicia: un Juez por Estado y Abogados Generales; cuestión prejudicial (art. 267 TFUE); recurso por incumplimiento (arts. 258-260). BCE: sede en Fráncfort, independencia, objetivo principal de estabilidad de precios; Comité Ejecutivo de 6 miembros con mandato de 8 años no renovable. Principios del Derecho de la Unión: atribución, subsidiariedad y proporcionalidad (art. 5 TUE). La Fiscalía Europea (EPPO) opera desde el 1-6-2021; la Ley 23/2014 regula el reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE. No confundir UE con Consejo de Europa (CEDH, TEDH, Reglas Penitenciarias Europeas).
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226) (Convocatoria 2026, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Tratado de la Unión Europea (versión consolidada tras el Tratado de Lisboa)
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Tratado de Adhesión de España y Portugal a las Comunidades Europeas, de 12 de junio de 1985
Constitución Española de 1978, art. 93 (BOE-A-1978-31229)
Declaración del Tribunal Constitucional 1/2004, de 13 de diciembre
Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
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