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Tema 12. Políticas Públicas. Políticas sociales de igualdad de género y no discriminación. Políticas contra la violencia de género. Políticas de integración de las personas con discapacidad. Régimen jurídico de la Dependencia: Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Normativa vigente. Administración Electrónica.

Convocatoria 2026, turno libre · Índice oficial del BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226).

Este temario corresponde al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (C1, acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — el cuerpo de acceso masivo (vigilancia, custodia y seguridad interior de los centros), que es el que encaja con el banco de 100 preguntas ya existente en el sitio. No cubre el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias (A2, requiere título universitario, funciones de tratamiento) ni el Cuerpo Superior de Técnicos (A1), que tienen temarios distintos.

Este tema agrupa varias políticas públicas de carácter transversal: el concepto y ciclo de las políticas públicas y su evaluación; las políticas sociales de igualdad de género y no discriminación (Ley Orgánica 3/2007, Ley 15/2022 y Ley 4/2023); las políticas contra la violencia de género (Ley Orgánica 1/2004 y sus desarrollos); las políticas de integración de las personas con discapacidad (artículo 49 de la Constitución tras su reforma de 2024, Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad); el régimen jurídico de la dependencia (Ley 39/2006); y la Administración Electrónica (Leyes 39/2015 y 40/2015 y normativa de desarrollo). Son políticas con proyección directa en el ámbito penitenciario, donde conviven programas específicos de igualdad, de atención a la discapacidad y a la violencia de género con la progresiva digitalización de la gestión administrativa.

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La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural. Establece los principios de actuación de los Poderes Públicos, regula los planes de igualdad en las empresas y en las Administraciones Públicas, crea la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres, y prevé la transversalidad del principio de igualdad como criterio general de actuación de todos los Poderes Públicos, obligados a integrar el principio de igualdad en la elaboración, ejecución y aplicación de sus normas y políticas.

El principio de igualdad y no discriminación

El principio de igualdad y no discriminación tiene su fundamento constitucional en el art. 14 CE, que reconoce la igualdad de todos los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, y en el art. 9.2 CE, que impone a los poderes públicos el deber de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. En el ámbito penitenciario, este principio se proyecta especialmente sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres privados de libertad, cuya minoría numérica no puede traducirse en peores condiciones de acceso a programas de tratamiento, formación o trabajo.

Políticas contra la violencia de género: la Ley Orgánica 1/2004

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Establece medidas de protección integral que abarcan los ámbitos preventivo, educativo, social, asistencial, sanitario, penal y judicial, incluyendo la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y de un catálogo específico de delitos y agravantes en el Código Penal, con relevancia directa en la calificación de determinadas conductas y en la ejecución penitenciaria de las condenas correspondientes.

Medidas de protección integral contra la violencia de género

La Ley Orgánica 1/2004 articula un conjunto integral de medidas: sensibilización, prevención y detección en el ámbito educativo y sanitario; derechos de las mujeres víctimas de violencia de género (información, asistencia social integral, asistencia jurídica gratuita inmediata, derechos laborales y de Seguridad Social, ayudas económicas); tutela institucional, con la creación de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer; y tutela penal y judicial, con la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la orden de protección de las víctimas. En el ámbito penitenciario, se traduce en programas específicos de intervención con agresores, en la formación especializada del personal penitenciario, y en la coordinación con los servicios de atención a las víctimas durante la ejecución de la pena.

Políticas de integración de las personas con discapacidad

Las políticas de integración de las personas con discapacidad se orientan a garantizar su igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, en desarrollo del art. 49 de la Constitución, que fue objeto de reforma el 15 de febrero de 2024 para sustituir la referencia a los «disminuidos» por la de personas con discapacidad. En su redacción vigente, el art. 49 CE dispone que las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en el Título I en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas, y que se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio; y ordena a los poderes públicos impulsar las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles, fomentando la participación de sus organizaciones y atendiendo particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los niños con discapacidad. España ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006), que forma parte del ordenamiento interno. En el ámbito penitenciario, estas políticas exigen adaptar las instalaciones, los programas de tratamiento y las condiciones de vida regimental a las necesidades de los internos con discapacidad, garantizando su acceso en condiciones de igualdad a permisos, comunicaciones, trabajo y actividades del centro.

La Ley General de derechos de las personas con discapacidad (RDLeg 1/2013)

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que refunde en un único texto tres normas: la Ley 13/1982, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI); la Ley 51/2003, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU); y la Ley 49/2007, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Regula los derechos de las personas con discapacidad y los principios de actuación: vida independiente, normalización, accesibilidad universal, diseño universal o diseño para todas las personas, diálogo civil, transversalidad de las políticas en materia de discapacidad; las medidas contra la discriminación, incluidas las medidas de acción positiva; y el régimen de infracciones y sanciones. Son personas con discapacidad las que presentan deficiencias que, al interactuar con las barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones, y se reconoce legalmente a quienes tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Establece la reserva de un cupo del 2 por ciento de trabajadores con discapacidad en las empresas de cincuenta o más trabajadores (art. 42, con medidas alternativas) y, en el empleo público, una reserva no inferior al 7 por ciento de las vacantes (art. 59 EBEP).

El principio de accesibilidad universal

El principio de accesibilidad universal, definido en la legislación sobre discapacidad, es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, y de la forma más autónoma y natural posible. Se proyecta sobre múltiples ámbitos: accesibilidad física de edificios e instalaciones (incluidos los establecimientos penitenciarios), accesibilidad de la comunicación e información, y accesibilidad de los procedimientos administrativos, exigiendo en este último caso que las Administraciones Públicas garanticen que sus trámites y comunicaciones puedan ser efectivamente comprendidos y utilizados por personas con discapacidad sensorial, física o intelectual, incluidas las personas privadas de libertad.

El régimen jurídico de la Dependencia: la Ley 39/2006

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, regula las condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas. Define la dependencia como el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal. Son titulares del derecho los españoles que residan en territorio español y hayan residido en él durante cinco años, de los cuales dos deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud (art. 5). Reconoce el derecho subjetivo a la promoción de la autonomía personal y a la atención a la dependencia, y su calendario de aplicación progresiva culminó en 2015.

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)

El SAAD es el conjunto de servicios y prestaciones destinados a la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, mediante la cooperación y participación de todas las Administraciones Públicas. La Administración General del Estado fija el nivel mínimo de protección garantizado y lo financia; las Comunidades Autónomas pueden establecer, con convenios, un nivel acordado y desarrollar un nivel adicional; y gestionan de forma efectiva los servicios y prestaciones a las personas beneficiarias, tras el reconocimiento de la situación de dependencia mediante un procedimiento de valoración que aplica el baremo estatal (Real Decreto 174/2011). El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia es el órgano de cooperación interadministrativa del sistema. Tras la valoración, se elabora el Programa Individual de Atención (PIA), en el que se determinan las modalidades de intervención más adecuadas. Los beneficiarios participan en la financiación de las prestaciones según su capacidad económica (art. 33). Los grados I y II se subdividían antes en dos niveles cada uno, que fueron suprimidos por el Real Decreto-ley 20/2012.

Los grados de dependencia

La Ley 39/2006 clasifica la situación de dependencia en tres grados, en función de la intensidad de la ayuda que requiere la persona: grado I, dependencia moderada, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día; grado II, dependencia severa, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador; y grado III, gran dependencia, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona. El reconocimiento de estos grados determina el acceso al catálogo de prestaciones del sistema.

Las prestaciones del sistema de dependencia

El catálogo de servicios de la Ley 39/2006 incluye, entre otros, los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y de promoción de la autonomía personal, el servicio de teleasistencia, el servicio de ayuda a domicilio, el servicio de centro de día y de noche, y el servicio de atención residencial, ya sea en centros para personas mayores o en centros de atención a personas en situación de dependencia por razón de los distintos tipos de discapacidad. Cuando no sea posible el acceso a alguno de estos servicios, se reconoce el derecho a las correspondientes prestaciones económicas: prestación económica vinculada al servicio, prestación económica para cuidados en el entorno familiar, y prestación económica de asistencia personal, destinada a promover la autonomía de las personas con gran dependencia.

La Administración Electrónica: concepto y principios

La Administración Electrónica es el modelo de organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas basado en el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación para la prestación de servicios públicos y para la relación con los ciudadanos, orientado a la mejora de la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios administrativos. Se rige por los principios de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las tecnologías, proporcionalidad en los requisitos de seguridad exigidos, simplificación administrativa, transparencia y publicidad del procedimiento, cooperación e interoperabilidad entre Administraciones, y accesibilidad de la información y de los servicios electrónicos, incluida la accesibilidad de las personas con discapacidad y de las personas mayores.

La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común en su vertiente electrónica

La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, consagra la tramitación electrónica como la actuación administrativa habitual, exigiendo a determinados sujetos (personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, y empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público) la relación electrónica obligatoria con las Administraciones Públicas. Regula, entre otros aspectos, el registro electrónico, la sede electrónica, la identificación y firma electrónica de los interesados y de las Administraciones, la notificación electrónica y el expediente administrativo electrónico, dando cobertura jurídica plena a la actuación administrativa desarrollada por medios electrónicos.

La Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público en su vertiente electrónica

La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, complementa a la Ley 39/2015 regulando el funcionamiento electrónico del sector público desde una perspectiva más organizativa: el funcionamiento electrónico de los órganos colegiados (posibilidad de constituirse, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y elaborar actas por medios electrónicos), la firma electrónica de los órganos administrativos, el sello electrónico de Administración Pública, órgano o entidad de Derecho Público, el Punto de Acceso General electrónico de la Administración, y los sistemas de interoperabilidad y de intercambio electrónico de datos entre Administraciones Públicas, permitiendo que estas se abstengan de solicitar al ciudadano documentos que ya obren en poder de cualquier Administración.

El derecho a relacionarse electrónicamente con la Administración

El art. 14.1 de la Ley 39/2015 reconoce a las personas físicas el derecho, y no la obligación, de elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos; el medio elegido puede modificarse en cualquier momento. Según el art. 14.2, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos: las personas jurídicas; las entidades sin personalidad jurídica; quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites realizados en ejercicio de dicha actividad; quienes representen a un interesado obligado a relacionarse electrónicamente; y los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público. Reglamentariamente puede ampliarse la obligación a ciertos colectivos de personas físicas que por su capacidad económica, técnica o dedicación profesional tengan acceso y disponibilidad de medios electrónicos (art. 14.3). Se complementa con la obligación de las Administraciones de asistir en el uso de medios electrónicos a quienes no dispongan de ellos (art. 12) y de habilitar canales presenciales, lo que es especialmente relevante respecto de las personas privadas de libertad.

El registro electrónico

El Registro Electrónico General (art. 16 de la Ley 39/2015) permite la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a cualquier Administración Pública. Cada Administración dispone de un Registro Electrónico General, sin perjuicio de que los organismos puedan tener registros electrónicos propios, que deben ser plenamente interoperables y estar interconectados con aquél. Los documentos presentados de forma presencial se digitalizan, y también cabe presentar documentos en las oficinas de Correos, en las representaciones diplomáticas y consulares y en las oficinas de asistencia en materia de registros. Conforme al art. 31 de la Ley 39/2015, el registro electrónico se rige por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso y permite la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas; la presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente a efectos del cómputo de plazos. Los plazos expresados en días se cuentan por días hábiles (art. 30).

La sede electrónica

La sede electrónica (art. 38 de la Ley 40/2015) es la dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias. A través de ella se realizan los trámites, se accede a la información administrativa y se garantiza la identidad del titular y la integridad de la información. Está sujeta a los principios de publicidad oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. Deben identificarse mediante certificado de sede o sistema equivalente y garantizar el acceso universal, incluida la accesibilidad para personas con discapacidad. El Punto de Acceso General electrónico de la Administración (art. 7 de la Ley 40/2015) facilita el acceso a los servicios y a la información de todas las Administraciones.

La firma electrónica

La firma electrónica es el conjunto de datos en formato electrónico anexos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con ellos que utiliza el firmante para firmar. El Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS), modificado por el Reglamento (UE) 2024/1183 (que crea el marco europeo de identidad digital), distingue la firma electrónica simple, la avanzada (vinculada al firmante de manera única, que permite identificarlo y detectar cualquier modificación ulterior de los datos firmados) y la cualificada (basada en un certificado cualificado y creada mediante un dispositivo cualificado de creación de firmas), esta última con efecto jurídico equivalente al de una firma manuscrita. En el procedimiento administrativo, los interesados pueden identificarse mediante certificado electrónico, sello electrónico o sistemas de clave concertada como Cl@ve (art. 9 de la Ley 39/2015) y firmar mediante firma electrónica admitida (art. 10). Las Administraciones Públicas actúan mediante sello electrónico (art. 40 Ley 40/2015), código seguro de verificación o firma del personal a su servicio. En España se aplica además la Ley 6/2020, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Políticas de igualdad de género en el ámbito penitenciario

La transversalidad de género impuesta por la Ley Orgánica 3/2007 se proyecta en el ámbito penitenciario a través de programas específicos que atienden a la especial situación de la mujer reclusa, minoritaria en el conjunto de la población penitenciaria y tradicionalmente ubicada en módulos o departamentos de mujeres dentro de establecimientos mixtos, lo que exige garantizar su igualdad efectiva de acceso a programas de formación, trabajo y tratamiento respecto de la población masculina, así como una atención específica a las necesidades derivadas de la maternidad en prisión (Unidades de Madres, Unidades Externas de Madres) y a la victimización previa por violencia de género que presentan muchas mujeres privadas de libertad, incorporando un enfoque de género en el diseño de los programas de intervención.

El teletrabajo en las Administraciones Públicas

El teletrabajo en las Administraciones Públicas se regula en el art. 47 bis del EBEP, introducido por el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre. Se define como aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación. Debe ser expresamente autorizado, es compatible con la modalidad presencial y tiene carácter voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados. Por la naturaleza de las funciones del Cuerpo de Ayudantes (vigilancia y custodia presencial), esta modalidad tiene una aplicación muy limitada o inexistente en este colectivo, a diferencia de determinados puestos administrativos o técnicos de los servicios centrales.

Concepto y ciclo de las políticas públicas

Una política pública es el conjunto de decisiones y acciones, normalmente coordinadas, que las autoridades públicas adoptan para abordar un problema colectivo considerado de interés público. Su ciclo se articula, de forma habitual, en las fases de identificación del problema y entrada en la agenda, formulación de alternativas, decisión, implementación y evaluación. Según su contenido se suelen clasificar en distributivas, regulatorias, redistributivas y constitutivas. Los instrumentos de planificación de las políticas sociales incluyen leyes, planes estratégicos, programas y subvenciones (con el plan estratégico de subvenciones previsto en la Ley 38/2003). La evaluación de políticas públicas ha sido institucionalizada en la Administración General del Estado por la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, que crea un sistema de evaluación y un órgano independiente competente; su desarrollo y puesta en marcha deben contrastarse a 2026. En las políticas sociales de este tema destacan la transversalidad (integrar la perspectiva de igualdad en todas las políticas) y la coordinación entre Administraciones.

Instituciones y planes de igualdad entre mujeres y hombres

En el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres actúan el Ministerio de Igualdad y el Instituto de las Mujeres (organismo autónomo creado por la Ley 16/1983). La Ley Orgánica 3/2007 crea la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres, las Unidades de Igualdad en los Ministerios y el Consejo de Participación de la Mujer. El Gobierno aprueba el Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (el vigente cubría el periodo 2022-2025; contrastar el sucesor) y, de acuerdo con el art. 64, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. En el sector privado, los planes de igualdad son obligatorios para las empresas de cincuenta o más personas trabajadoras, tras la reforma del Real Decreto-ley 6/2019 (la obligación afectaba antes a las de más de doscientos cincuenta). La ley define la composición equilibrada como la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento (disposición adicional primera).

Discriminación directa e indirecta, acoso y acciones positivas

La LO 3/2007 define la discriminación directa por razón de sexo (la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable) y la discriminación indirecta (la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular respecto de personas del otro, salvo justificación objetiva) (art. 6). Considera discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo (art. 7), el trato desfavorable por embarazo o maternidad (art. 8) y las represalias (art. 9). Permite acciones positivas, que han de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido (art. 11). Impone a las Administraciones Públicas el deber de negociar protocolos de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo (art. 62).

La Ley 15/2022 integral para la igualdad de trato y la no discriminación y la Ley 4/2023

La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, desarrolla el art. 14 CE y prohíbe la discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico, predisposición genética, lengua, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Prevé la inversión de la carga de la prueba, la nulidad de los actos discriminatorios, medidas de reparación y un régimen sancionador, y contempla la creación de una Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, completa el marco. En el ámbito penal, la discriminación puede constituir circunstancia agravante (art. 22.4 CP) o delito de odio (art. 510 CP). En el ámbito penitenciario, el art. 3 de la LOGP proscribe cualquier diferencia por razón de raza, opinión política, creencias religiosas, condición social u otras circunstancias análogas.

La Ley Orgánica 1/2004: ámbito subjetivo, instituciones y tutela judicial

La LO 1/2004 se aplica a la violencia que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia, e incluye los actos de violencia física y psicológica, las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. Crea la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (art. 29), el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (art. 30), los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocen de la instrucción de los delitos en la materia y, en determinados supuestos, de asuntos civiles conexos. Prevé la orden de protección (art. 544 ter LECrim) y reforma el Código Penal con tipos agravados (arts. 153, 171 y 172) y penas accesorias de alejamiento. Existe un teléfono 016 de información, y el sistema VioGén realiza el seguimiento integral de los casos. El Real Decreto-ley 9/2018 desarrolló medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2017), ampliando los medios de acreditación de la condición de víctima, y la Ley 4/2015 aprueba el Estatuto de la víctima del delito.

Violencia de género y ejecución penitenciaria

En la ejecución penitenciaria, la violencia de género se aborda mediante programas específicos de intervención con los internos condenados (el Programa de Intervención para Agresores, PRIA, en los centros penitenciarios, y su versión para medidas alternativas), formación especializada del personal y coordinación con los servicios de atención a las víctimas. Las víctimas tienen derecho a ser informadas, en los términos del Estatuto de la víctima (Ley 4/2015), de las resoluciones que afecten a la situación penitenciaria del penado, como la clasificación, los permisos, la libertad condicional o la excarcelación, y a participar en determinados trámites. La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, amplía el marco de protección frente a la violencia sexual y se aplica en la ejecución de las penas correspondientes.

Accesibilidad cognitiva, certificado de discapacidad y capacidad jurídica

El certificado de discapacidad se reconoce mediante un procedimiento regulado por el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, y acredita un grado igual o superior al 33 por ciento. La Ley 6/2022, de 31 de marzo, modificó el texto refundido para establecer y regular la accesibilidad cognitiva, que exige entornos, productos y servicios comprensibles. La Ley 8/2021, de 2 de junio, reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, sustituyendo el modelo de incapacitación por medidas de apoyo (curatela, guarda de hecho, defensor judicial), de conformidad con la Convención de la ONU. En el ámbito penitenciario, existen programas de atención a internos con enfermedad mental, como el Programa Marco de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM), y de atención a personas con discapacidad intelectual, que buscan garantizar apoyos adecuados y la continuidad asistencial tras la excarcelación.

Procedimiento de reconocimiento de la dependencia

El procedimiento se inicia a instancia de la persona interesada o de su representante ante los servicios sociales de la Comunidad Autónoma de residencia. Un equipo valorador aplica el baremo de valoración de la situación de dependencia (BVD) y emite un dictamen sobre el grado de dependencia; el órgano competente de la Comunidad dicta resolución reconociendo la situación y el grado, y a continuación se elabora el Programa Individual de Atención (PIA), con participación de la persona beneficiaria, que determina los servicios y prestaciones. El plazo máximo para resolver es de seis meses desde la solicitud, aunque los retrasos son frecuentes. Las personas dependientes tienen derecho a revisar su grado en caso de variación de su situación. La prestación económica para cuidados en el entorno familiar se concibe con carácter excepcional y el cuidador no profesional se incorpora a la Seguridad Social mediante convenio especial.

La Administración electrónica: marco normativo y principios

El marco normativo de la Administración electrónica está formado, principalmente, por la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común (relaciones con los ciudadanos y procedimiento electrónico) y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (funcionamiento electrónico del sector público), que derogaron la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos; el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, que aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos; el Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010) y el Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo); y las normas de protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018). Las notificaciones electrónicas se practican mediante comparecencia en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única (DEHú), y se entienden rechazadas cuando hayan transcurrido diez días naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda a su contenido (art. 43 de la Ley 39/2015). Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya obren en poder de las Administraciones (art. 28).

Derechos de las personas en sus relaciones electrónicas con la Administración

El art. 13 de la Ley 39/2015 reconoce a quienes se relacionan con las Administraciones, entre otros, los derechos a comunicarse con ellas a través de un Punto de Acceso General electrónico; a ser asistidos en el uso de medios electrónicos; a utilizar las lenguas oficiales; al acceso a la información pública, archivos y registros; a ser tratados con respeto y deferencia; a exigir las responsabilidades de las Administraciones y del personal a su servicio cuando legalmente proceda; a la protección de datos de carácter personal y, en particular, a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas; y a obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica contemplados en la ley. Los datos de los internos y su gestión electrónica están sujetos a las garantías de la normativa de protección de datos y de seguridad.

Actuación administrativa automatizada, copias y archivo electrónico

La Ley 40/2015 regula la actuación administrativa automatizada (art. 41), entendida como cualquier acto o actuación realizado íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público; deben establecerse los órganos competentes para definir las especificaciones, programación, mantenimiento y supervisión, y para la auditoría del sistema y su código fuente. La Ley 39/2015 regula la validez y eficacia de las copias auténticas (art. 27), la obligación de que cada Administración mantenga un archivo electrónico único de los documentos electrónicos correspondientes a procedimientos finalizados (art. 17) y el expediente administrativo electrónico (art. 70), formado por el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento de la resolución administrativa.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • LO 3/2007: transversalidad del principio de igualdad; planes de igualdad obligatorios en empresas de cincuenta o más trabajadores (tras RDL 6/2019); composición equilibrada: ninguno de los sexos por encima del 60 por ciento ni por debajo del 40 por ciento.
  • Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación; Ley 4/2023, de igualdad real y efectiva de personas trans y garantía de derechos LGTBI.
  • LO 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: crea los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Observatorio Estatal; tutela preventiva, asistencial, penal y judicial.
  • Art. 49 CE reformado el 15 de febrero de 2024: habla de personas con discapacidad (ya no de «disminuidos»), con ejercicio de derechos en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas y autonomía e inclusión social.
  • RDLeg 1/2013 refunde la LISMI (Ley 13/1982), la LIONDAU (Ley 51/2003) y la Ley 49/2007 de infracciones y sanciones; grado de discapacidad reconocido: igual o superior al 33 por ciento.
  • Ley 39/2006 de Dependencia: crea el SAAD; tres grados (I moderada, II severa, III gran dependencia); niveles mínimo, acordado y adicional; PIA; participación económica del beneficiario; residencia de cinco años (dos inmediatamente anteriores).
  • Prestaciones de dependencia: servicios (prevención y promoción de la autonomía, teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche, atención residencial) y, en su defecto, prestaciones económicas vinculadas al servicio, para cuidados en el entorno familiar y de asistencia personal.
  • Art. 14 Ley 39/2015: las personas físicas tienen derecho a elegir relacionarse electrónicamente (salvo colectivos obligados: personas jurídicas, entidades sin personalidad, colegiados, representantes, empleados públicos).
  • Registro electrónico: abierto 24 horas todos los días (art. 31 Ley 39/2015); notificaciones electrónicas rechazadas a los diez días naturales (art. 43).
  • Firma electrónica cualificada: efecto equivalente al de la firma manuscrita (Reglamento eIDAS, modificado por el Reglamento (UE) 2024/1183).
  • Teletrabajo en las AAPP: art. 47 bis EBEP (RDL 29/2020); voluntario y reversible, con autorización expresa.
  • En el ámbito penitenciario, las políticas de igualdad atienden la especial situación de la mujer reclusa (minoritaria), la maternidad en prisión y los programas con agresores de violencia de género (PRIA).
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Para ser titular del derecho a las prestaciones de dependencia se exige, entre otros requisitos, residir en España y haberlo hecho durante:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 12 de Instituciones Penitenciarias?

Este tema agrupa varias políticas públicas de carácter transversal: el concepto y ciclo de las políticas públicas y su evaluación; las políticas sociales de igualdad de género y no discriminación (Ley Orgánica 3/2007, Ley 15/2022 y Ley 4/2023); las políticas contra la violencia de género (Ley Orgánica 1/2004 y sus desarrollos); las políticas de integración de las personas con discapacidad (artículo 49 de la Constitución tras su reforma de 2024, Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad); el régimen jurídico de la dependencia (Ley 39/2006); y la Administración Electrónica (Leyes 39/2015 y 40/2015 y normativa de desarrollo). Son políticas con proyección directa en el ámbito penitenciario, donde conviven programas específicos de igualdad, de atención a la discapacidad y a la violencia de género con la progresiva digitalización de la gestión administrativa.

¿Qué hay que memorizar del Tema 12 para el examen?

LO 3/2007: transversalidad del principio de igualdad; planes de igualdad obligatorios en empresas de cincuenta o más trabajadores (tras RDL 6/2019); composición equilibrada: ninguno de los sexos por encima del 60 por ciento ni por debajo del 40 por ciento. Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación; Ley 4/2023, de igualdad real y efectiva de personas trans y garantía de derechos LGTBI. LO 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: crea los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Observatorio Estatal; tutela preventiva, asistencial, penal y judicial. Art. 49 CE reformado el 15 de febrero de 2024: habla de personas con discapacidad (ya no de «disminuidos»), con ejercicio de derechos en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas y autonomía e inclusión social. RDLeg 1/2013 refunde la LISMI (Ley 13/1982), la LIONDAU (Ley 51/2003) y la Ley 49/2007 de infracciones y sanciones; grado de discapacidad reconocido: igual o superior al 33 por ciento. Ley 39/2006 de Dependencia: crea el SAAD; tres grados (I moderada, II severa, III gran dependencia); niveles mínimo, acordado y adicional; PIA; participación económica del beneficiario; residencia de cinco años (dos inmediatamente anteriores). Prestaciones de dependencia: servicios (prevención y promoción de la autonomía, teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche, atención residencial) y, en su defecto, prestaciones económicas vinculadas al servicio, para cuidados en el entorno familiar y de asistencia personal. Art. 14 Ley 39/2015: las personas físicas tienen derecho a elegir relacionarse electrónicamente (salvo colectivos obligados: personas jurídicas, entidades sin personalidad, colegiados, representantes, empleados públicos). Registro electrónico: abierto 24 horas todos los días (art. 31 Ley 39/2015); notificaciones electrónicas rechazadas a los diez días naturales (art. 43). Firma electrónica cualificada: efecto equivalente al de la firma manuscrita (Reglamento eIDAS, modificado por el Reglamento (UE) 2024/1183). Teletrabajo en las AAPP: art. 47 bis EBEP (RDL 29/2020); voluntario y reversible, con autorización expresa. En el ámbito penitenciario, las políticas de igualdad atienden la especial situación de la mujer reclusa (minoritaria), la maternidad en prisión y los programas con agresores de violencia de género (PRIA).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226) (Convocatoria 2026, turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, arts. 9.2, 14 y 49 (redacción dada por la reforma constitucional de 15 de febrero de 2024)
  • Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (arts. 6-11, 62, 64, 76-78 y disposición adicional primera)
  • Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación
  • Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI
  • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
  • Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual
  • Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género; Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito
  • Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social
  • Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad; Ley 6/2022, de 31 de marzo; Ley 8/2021, de 2 de junio
  • Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero (baremo de valoración)
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 9, 10, 12-14, 16-17, 27-31, 43, 70)
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 7, 38-46)
  • Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo (actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos); Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo (Esquema Nacional de Seguridad); Real Decreto 4/2010 (Esquema Nacional de Interoperabilidad)
  • Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS), modificado por el Reglamento (UE) 2024/1183; Ley 6/2020, de 11 de noviembre, de servicios electrónicos de confianza
  • Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (EBEP), art. 47 bis (teletrabajo)
  • Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria, art. 3

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