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Tema 13. El Gobierno abierto. Especial referencia a la transparencia y el acceso a la información pública, a la participación en la rendición de cuentas y al buen gobierno.

Convocatoria 2026, turno libre · Índice oficial del BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226).

Este temario corresponde al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (C1, acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — el cuerpo de acceso masivo (vigilancia, custodia y seguridad interior de los centros), que es el que encaja con el banco de 100 preguntas ya existente en el sitio. No cubre el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias (A2, requiere título universitario, funciones de tratamiento) ni el Cuerpo Superior de Técnicos (A1), que tienen temarios distintos.

Este tema desarrolla el concepto de Gobierno abierto y sus tres pilares clásicos: transparencia y acceso a la información pública, participación ciudadana en la rendición de cuentas, y buen gobierno, tomando como eje normativo la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Se trata de una materia transversal a toda la Administración, incluida la penitenciaria, que también está sujeta a las obligaciones de publicidad activa y al régimen de acceso a la información pública que esta ley establece. Se incluyen también el ámbito subjetivo, los límites y la protección de datos personales, el procedimiento y los recursos, el estatuto de los altos cargos, la protección de los informantes y los instrumentos de participación y evaluación.

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Concepto de Gobierno abierto

El Gobierno abierto es un modelo de relación entre los poderes públicos y la ciudadanía basado en tres pilares fundamentales: la transparencia de la actividad pública, la participación efectiva de la ciudadanía en el diseño y evaluación de las políticas públicas, y la rendición de cuentas y el buen gobierno, todo ello facilitado por el uso intensivo de las tecnologías de la información. Frente al modelo tradicional de Administración cerrada y opaca, el Gobierno abierto propugna que la información pública sea accesible por defecto, que los datos públicos se publiquen en formatos reutilizables (open data), y que los ciudadanos puedan participar activamente en la formación de las decisiones públicas y fiscalizar su cumplimiento, incrementando así la confianza social en las instituciones.

La Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE de 10 de diciembre de 2013), tiene por objeto (art. 1) ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a dicha actividad, y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Se estructura en un Título Preliminar (disposiciones generales, arts. 1 a 4), el Título I (Transparencia de la actividad pública), que comprende tres capítulos: ámbito de aplicación, publicidad activa y derecho de acceso a la información pública; el Título II (Buen gobierno); y el Título III (Consejo de Transparencia y Buen Gobierno). Por tanto, el derecho de acceso NO es un título autónomo, sino un capítulo del Título I. Es legislación básica en la mayor parte de su contenido, por lo que se aplica a todas las Administraciones, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas hayan aprobado leyes propias de transparencia, más exigentes en muchos casos. En cuanto a su entrada en vigor, el Título II (buen gobierno) lo hizo al día siguiente de su publicación, mientras que las obligaciones de publicidad activa y el derecho de acceso se aplicaron a los órganos de la Administración General del Estado al año de la publicación y a los de las Comunidades Autónomas y entidades locales en el plazo máximo de dos años.

El principio de transparencia en la actividad pública

El principio de transparencia, eje vertebrador de la Ley 19/2013, obliga a los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación a publicar de forma periódica y actualizada, de manera clara, estructurada y comprensible, la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad, sin necesidad de que medie solicitud previa (publicidad activa). Este principio se complementa con el derecho de acceso a la información pública, que opera a solicitud del interesado respecto de aquella información que no haya sido objeto de publicidad activa, configurando así un sistema de doble vía: información que se publica proactivamente y información que se facilita reactivamente a petición de cualquier persona, sin necesidad de motivar su solicitud.

El derecho de acceso a la información pública

El art. 12 de la Ley 19/2013 reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el art. 105.b) de la Constitución. El art. 13 define la información pública como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Titular del derecho es cualquier persona, física o jurídica, nacional o extranjera, sin necesidad de acreditar un interés legítimo. El ejercicio del derecho no está sujeto a motivación (art. 17.3), aunque el solicitante puede exponer los motivos, que serán tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución; la ausencia de motivación no es por sí sola causa de rechazo de la solicitud. Conviene distinguir este derecho del derecho de acceso a archivos y registros del art. 13.d) de la Ley 39/2015 y del derecho de acceso del interesado a los documentos de su propio procedimiento (art. 53.1.a de la Ley 39/2015), que tienen un régimen propio y reforzado por la condición de interesado.

Límites al derecho de acceso a la información pública

El art. 14 de la Ley 19/2013 permite limitar el acceso cuando este suponga un perjuicio para: la seguridad nacional; la defensa; las relaciones exteriores; la seguridad pública; la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva; las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; los intereses económicos y comerciales; la política económica y monetaria; el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión; y la protección del medio ambiente. Los límites no operan de forma automática: según el art. 14.2 se aplicarán de manera justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección, atendiendo a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso (test del daño y test del interés público). La doctrina del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la jurisprudencia del Tribunal Supremo insisten en que las causas de denegación son de interpretación restrictiva, y que la Administración debe motivar el perjuicio concreto que se derivaría de la divulgación. Si la limitación afecta solo a una parte de la información, debe concederse el acceso parcial (art. 16).

El procedimiento de acceso a la información pública

El procedimiento se inicia mediante solicitud (art. 17), que debe contener la identidad del solicitante, la información que se solicita, una dirección de contacto (preferentemente electrónica) y, en su caso, la modalidad de acceso preferida; puede presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad, de la fecha y del contenido. Cuando la solicitud se refiera a información que afecte a derechos o intereses de terceros debidamente identificados, se les concede un plazo de quince días para alegaciones, que suspende el plazo para resolver (art. 19). La resolución debe notificarse al solicitante y a los terceros afectados en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, ampliable por otro mes cuando el volumen o la complejidad de la información lo hagan necesario, previa notificación al solicitante (art. 20.1). Transcurrido el plazo sin resolución expresa, la solicitud se entiende DESESTIMADA por silencio administrativo negativo (art. 20.4). El acceso se materializa preferentemente por vía electrónica y es gratuito, sin perjuicio de que las copias y la transposición de la información a formato distinto del original puedan dar lugar a una exacción (art. 22). Cada Administración cuenta con unidades de información de transparencia encargadas de tramitar las solicitudes (art. 21). Frente a la resolución, expresa o presunta, cabe reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (art. 24), con carácter previo al recurso contencioso-administrativo.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), regulado en el Título III de la Ley 19/2013 y en su Estatuto (Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre), es un organismo público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que actúa con autonomía e independencia en el cumplimiento de sus fines y está adscrito al ministerio competente en materia de Administraciones Públicas según la estructura ministerial vigente en cada momento. Sus fines son promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno. Entre sus funciones destacan: velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa; resolver las reclamaciones frente a las resoluciones en materia de acceso (art. 24); asesorar en materia de transparencia, acceso y buen gobierno; adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones; informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter general que desarrollen la ley o afecten a su ámbito; adoptar criterios de interpretación uniforme (con la Agencia Española de Protección de Datos, en lo relativo al art. 15); y evaluar el grado de aplicación de la ley. El Presidente es designado entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional, con intervención del Congreso de los Diputados, y su mandato es de cinco años, no renovable. Cuenta con una Comisión de Transparencia y Buen Gobierno en la que participan, entre otros, representantes del Congreso, del Senado, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de la Agencia Española de Protección de Datos y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa y son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

La publicidad activa

La publicidad activa, regulada en el Capítulo II del Título I (arts. 5 a 11) de la Ley 19/2013, obliga a los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación a publicar de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad, sin necesidad de solicitud previa. El art. 5 fija los principios: la información debe ser clara, estructurada y entendible, de acceso fácil y gratuito, publicada en las sedes electrónicas o páginas web, en formatos reutilizables, y respetando los límites de los arts. 14 y 15. Se distinguen tres bloques: información institucional, organizativa y de planificación (art. 6: funciones, normativa aplicable, estructura organizativa, organigrama, planes y programas anuales y plurianuales con objetivos y resultados); información de relevancia jurídica (art. 7: directrices, instrucciones, circulares y respuestas a consultas con efectos jurídicos, anteproyectos de ley y proyectos de decreto legislativo, proyectos de reglamento y documentos sometidos a información pública); e información económica, presupuestaria y estadística (art. 8: contratos, convenios, encomiendas de gestión, subvenciones y ayudas públicas, presupuestos, cuentas anuales e informes de fiscalización, retribuciones de altos cargos y máximos responsables, resoluciones de compatibilidad, declaraciones anuales de bienes y actividades de los altos cargos, y estadísticas de cumplimiento de los servicios públicos). El control del cumplimiento corresponde al CTBG y a los órganos autonómicos equivalentes (art. 9), y el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa se considera infracción grave a efectos disciplinarios.

El Portal de Transparencia

El Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado (art. 10 de la Ley 19/2013) es el instrumento a través del cual se facilita el acceso a la información sujeta a publicidad activa de la AGE y se canaliza la información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. Depende del ministerio competente en materia de Administraciones Públicas y se apoya en el sistema electrónico de presentación de solicitudes de acceso a la información pública. Cada Administración puede disponer de su propio portal y la Administración General del Estado ofrece, además, la posibilidad de integrar los datos de otras Administraciones mediante convenio. Con carácter paralelo, el Portal de Datos Abiertos (datos.gob.es) constituye el punto nacional de acceso a los conjuntos de datos reutilizables del sector público.

La participación ciudadana en los asuntos públicos

La participación ciudadana en los asuntos públicos, reconocida constitucionalmente en el art. 23.1 CE (participación directa o por medio de representantes) y en el art. 9.2 CE (deber de los poderes públicos de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social), se articula en el modelo de Gobierno abierto mediante mecanismos como la información pública de los proyectos normativos con carácter previo a su aprobación, las consultas públicas previas a la elaboración de anteproyectos de ley y reglamentos, los procesos de participación en la elaboración de planes estratégicos y presupuestos, y el uso de plataformas digitales de participación ciudadana que permiten a cualquier persona formular observaciones y sugerencias sobre las políticas públicas en tramitación.

La rendición de cuentas

La rendición de cuentas es el principio conforme al cual los responsables públicos deben justificar sus decisiones y actuaciones ante la ciudadanía y ante los órganos de control correspondientes, y asumir las consecuencias, incluida la responsabilidad política, jurídica o disciplinaria, que de ellas se deriven. Se articula a través de mecanismos como los informes anuales de gestión y de cumplimiento de objetivos, el control parlamentario de la acción del Gobierno, la fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la gestión económica del sector público, y la propia publicidad activa de la información relevante que permite a la ciudadanía y a los medios de comunicación evaluar el desempeño de las Administraciones Públicas y de sus responsables, cerrando así el ciclo de la transparencia con la exigencia efectiva de responsabilidades.

Los principios de buen gobierno

El Título II de la Ley 19/2013 (arts. 25 a 32) establece los principios de buen gobierno aplicables, según el art. 25, a los miembros del Gobierno, los Secretarios de Estado y demás altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades de su sector público, así como a los altos cargos o asimilados de las Comunidades Autónomas y de la Administración Local (con las peculiaridades de su normativa propia). El art. 26 distingue los principios generales (actuar con transparencia, conforme a los principios de eficacia, economía y eficiencia y para satisfacer el interés general; ejercer las funciones con dedicación al servicio público; respetar la imparcialidad y el trato igual; actuar con diligencia; mantener una conducta digna y tratar a los ciudadanos con esmero y deferencia; abstenerse de intervenir en asuntos con interés personal; no aceptar regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía; y poner en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular) y los principios de actuación en la gestión de fondos públicos (gestión austera, sujeción a los principios de eficacia, eficiencia y economía, y rendición de cuentas). Estos principios se desarrollan en el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la AGE (aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005, que enumera valores como objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honestidad y respeto al ordenamiento jurídico) y, sobre todo, en la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. La mayoría de estos principios actúan como pauta de interpretación; su infracción grave puede dar lugar a las infracciones y sanciones tipificadas en la propia ley.

El régimen sancionador en materia de buen gobierno

El Título II de la Ley 19/2013 (arts. 27 a 32) tipifica como infracciones, en materia de conflicto de intereses, de gestión económico-presupuestaria y disciplinarias, determinadas conductas de los altos cargos incluidos en su ámbito, clasificándolas en muy graves, graves y leves. Se tipifican, entre otras, las infracciones en materia de conflictos de intereses (incumplimiento de las normas de incompatibilidades, de abstención o de las obligaciones de declaración) y las infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria (compromisos de gasto sin crédito, incumplimiento de las normas de estabilidad presupuestaria, falta de cobro de ingresos o de justificación de fondos, entre otras). Las sanciones incluyen, según los casos, la amonestación, la declaración del incumplimiento y su publicación en el Boletín Oficial correspondiente, la destitución o cese en el cargo, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y la pérdida del derecho a determinadas indemnizaciones por cese. Este régimen es independiente de la responsabilidad penal, civil o disciplinaria que pudiera derivarse de los mismos hechos. En el caso de los altos cargos de la AGE, la Ley 3/2015 completa el régimen con un sistema propio de incompatibilidades, declaraciones de actividades y bienes, y un régimen sancionador específico, cuya aplicación corresponde a la Oficina de Conflictos de Intereses, sin perjuicio de las competencias de otros órganos.

El open data y la reutilización de la información del sector público

El open data, o apertura de datos públicos, es la práctica de poner a disposición de la ciudadanía la información y los datos que obran en poder de las Administraciones Públicas en formatos abiertos, estructurados y reutilizables, de manera que puedan ser reutilizados libremente por terceros con fines comerciales o no comerciales, generando valor económico y social añadido. La norma de referencia es la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, que traspuso la Directiva 2003/98/CE y que ha sido modificada para incorporar las sucesivas directivas europeas en la materia, la última de ellas la Directiva (UE) 2019/1024 relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público, incorporada mediante el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre. La Ley 19/2013 se complementa con ella en la medida en que la información objeto de publicidad activa debe difundirse, siempre que sea posible, en formatos que permitan su reutilización (art. 5.4). El portal nacional de referencia es datos.gob.es. Entre sus ventajas se citan el desarrollo de aplicaciones y servicios de valor añadido por investigadores, periodistas y empresas, y el control social de la actividad pública.

La evaluación de las políticas públicas

La evaluación de las políticas públicas es el proceso sistemático de análisis del diseño, la implementación y los resultados de una determinada política o programa público, con el objetivo de valorar su eficacia, eficiencia, pertinencia y sostenibilidad, y de generar aprendizaje institucional para la mejora continua de la acción de gobierno. Se configura como un componente esencial del Gobierno abierto y de la rendición de cuentas. En el ámbito estatal, la Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad de los Servicios y de las Políticas Públicas (AEVAL) fue extinguida en 2017 y sus funciones asumidas por un instituto en el Ministerio de Hacienda y Función Pública; posteriormente, la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, creó la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y reguló las evaluaciones y el sistema de seguimiento. A nivel normativo, la evaluación ex ante se plasma en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (Real Decreto 931/2017) y la evaluación ex post en los planes anuales normativos y en los informes de evaluación (art. 130 de la Ley 39/2015). Constituye un instrumento imprescindible para la mejora de la calidad regulatoria y de la gestión de los servicios públicos, incluidos los penitenciarios.

Ámbito subjetivo de la Ley 19/2013

El Capítulo I del Título I delimita los sujetos obligados. El art. 2.1 incluye a la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, y las entidades que integran la Administración Local; las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y las mutuas colaboradoras; los organismos autónomos, agencias estatales, entidades públicas empresariales y entidades de derecho público con funciones de regulación o supervisión; las corporaciones de Derecho público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo; las sociedades mercantiles en las que la participación directa o indirecta de las entidades públicas sea superior al 50 por ciento, las fundaciones del sector público y las asociaciones constituidas por Administraciones y organismos públicos; y las Universidades públicas. También se aplica, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, a la Casa de Su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas. El art. 3 impone obligaciones de publicidad activa a los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, y a las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 por ciento del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cifra de 5.000 euros. El art. 4 obliga a las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas a suministrar a la Administración, previo requerimiento, la información necesaria para el cumplimiento de la ley, en el plazo de quince días.

Causas de inadmisión de las solicitudes de acceso

El art. 18 de la Ley 19/2013 enumera, de forma tasada, las causas por las que una solicitud de acceso puede ser inadmitida a trámite mediante resolución motivada: a) las referidas a información que esté en curso de elaboración o de publicación general; b) las referidas a información de carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas; c) las relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración; d) las dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente; y e) las que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la ley. En el supuesto de la letra d), el órgano que acuerde la inadmisión indicará en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente. La inadmisión se notifica en el plazo de un mes. Cuando la información solicitada afecte a datos personales, deben ponderarse los intereses en juego conforme a los arts. 15 y 16.

Protección de datos personales y acceso parcial

El art. 15 de la Ley 19/2013 regula la relación entre acceso a la información y protección de datos personales. Si la información contiene datos especialmente protegidos (ideología, afiliación sindical, religión o creencias), el acceso solo puede autorizarse con consentimiento expreso y por escrito del afectado, salvo que este los hubiera hecho manifiestamente públicos. Si contiene datos relativos al origen racial, la salud o la vida sexual, datos genéticos o biométricos, o datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se autoriza con consentimiento expreso o si está amparado por una norma con rango de ley. Para el resto de datos personales, el órgano concede el acceso previa ponderación suficientemente razonada entre el interés público en la divulgación y los derechos de los afectados, atendiendo, entre otros criterios, al menor perjuicio de los afectados, la justificación por los solicitantes de su petición con fines históricos, estadísticos o científicos, y el carácter de personas con responsabilidad pública de los afectados. El art. 16 impone el acceso parcial: si alguno de los límites afecta solo a una parte de la información, se concede el acceso al resto, indicando al solicitante qué parte ha sido omitida. Estas reglas son especialmente relevantes en el ámbito penitenciario, donde los expedientes de los internos contienen datos penales, sanitarios y de conducta.

La reclamación ante el Consejo de Transparencia y los recursos jurisdiccionales

La reclamación del art. 24 de la Ley 19/2013 tiene naturaleza sustitutiva de los recursos administrativos (no cabe recurso de alzada ni de reposición en esta materia), es potestativa y es previa a la impugnación en vía contencioso-administrativa. Se interpone por escrito ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo; el plazo máximo para resolver y notificar es de tres meses, transcurridos los cuales la reclamación se entiende desestimada. Tienen derecho a ser oídas las personas afectadas. En el ámbito de las Comunidades Autónomas y entidades locales, la competencia corresponde al órgano independiente que determine cada Comunidad o, mediante convenio, al propio Consejo estatal. Las resoluciones del Consejo, y las de la Administración cuando no se hubiera interpuesto reclamación, son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa; en el ámbito estatal conocen los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo cuando se recurren resoluciones del CTBG. Debe distinguirse esta reclamación del derecho de petición (art. 29 CE y Ley Orgánica 4/2001), que no genera derecho a una resolución sobre el fondo, y de la solicitud de acceso como interesado en un procedimiento.

El régimen de los altos cargos: la Ley 3/2015

La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, desarrolla el buen gobierno con un estatuto jurídico propio: exige dedicación exclusiva con un régimen de incompatibilidades (no pueden compatibilizar su actividad con otro puesto, cargo o actividad en el sector público o privado, salvo excepciones tasadas, como la administración del patrimonio personal o familiar y la docencia o investigación sin retribución adicional relevante); impone la obligación de formular declaraciones de actividades, de bienes y derechos patrimoniales y, en su caso, de intereses, que se inscriben en registros gestionados por la Oficina de Conflictos de Intereses (adscrita al ministerio competente en materia de Administraciones Públicas); regula la abstención y los conflictos de intereses; y establece limitaciones tras el cese: durante los dos años posteriores no pueden prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hubieran participado, ni hacerlo en sociedades relacionadas con sus competencias. Dispone también un régimen de infracciones y sanciones propio y la obligación de publicar las retribuciones y declaraciones. Es la norma de desarrollo que se cita junto al Título II de la Ley 19/2013 en cuanto a las obligaciones de los responsables públicos.

Integridad pública y protección de los informantes

El buen gobierno se completa con las políticas de integridad y los canales de denuncia. La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, traspone la Directiva (UE) 2019/1937 y obliga a las entidades del sector público (todas las que lo integran) y a las entidades privadas con cincuenta o más trabajadores a disponer de un sistema interno de información. Ofrece protección frente a represalias a quienes comuniquen infracciones del Derecho de la Unión o infracciones penales o administrativas graves o muy graves, y crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) como autoridad administrativa independiente. Los canales de información deben garantizar la confidencialidad y la ausencia de represalias; el acuse de recibo se envía en un plazo de siete días naturales y las actuaciones deben concluir, con carácter general, en un plazo máximo de tres meses, prorrogable por otros tres en casos de especial complejidad. Estas obligaciones se proyectan sobre la Administración Penitenciaria como parte del sector público estatal y se vinculan con los planes de medidas antifraude y los códigos éticos de los empleados públicos (arts. 52 a 54 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público).

Instrumentos de participación ciudadana

Además del derecho de acceso, el Gobierno abierto exige canales efectivos de participación. Los principales instrumentos son: el derecho de participación política del art. 23.1 CE y los mecanismos de democracia directa, como la iniciativa legislativa popular (art. 87.3 CE y Ley Orgánica 3/1984), que exige un mínimo de 500.000 firmas acreditadas, y el referéndum consultivo (art. 92 CE); el derecho de petición del art. 29 CE (Ley Orgánica 4/2001), que permite dirigir peticiones, individuales o colectivas, a los poderes públicos, que deben acusar recibo y contestar en un plazo máximo de tres meses, sin que genere derecho a una resolución favorable; la consulta pública previa a la elaboración de normas (art. 133.1 de la Ley 39/2015), que recaba la opinión de los sujetos y organizaciones más representativas sobre los problemas que se pretenden solucionar, la necesidad y oportunidad de la norma, sus objetivos y las posibles soluciones alternativas; el trámite de audiencia e información públicas sobre el proyecto normativo (art. 133.2 de la Ley 39/2015 y art. 26 de la Ley 50/1997), con un plazo mínimo de quince días hábiles, que puede reducirse a siete por razones debidamente motivadas; los consejos sectoriales y los foros de participación (como el Foro de Gobierno Abierto); y los presupuestos participativos y plataformas digitales. España forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership) desde 2011 y ha aprobado sucesivos Planes de Acción de Gobierno Abierto, que concretan compromisos en transparencia, participación, rendición de cuentas e integridad, por lo que conviene consultar cuál es el plan vigente en cada momento.

Rendición de cuentas: mecanismos políticos, administrativos y jurídicos

La rendición de cuentas (accountability) se articula en varios planos complementarios. El plano político: el control parlamentario del Gobierno mediante preguntas, interpelaciones, comparecencias y comisiones de investigación (arts. 66.2, 108 y 109 CE), y la responsabilidad política solidaria del Gobierno ante el Congreso. El plano financiero: la función interventora y el control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado y la fiscalización externa del Tribunal de Cuentas (art. 136 CE). El plano administrativo: las cartas de servicios (reguladas en el Real Decreto 951/2005, marco general para la mejora de la calidad en la AGE), los informes de seguimiento de planes y programas, los planes anuales normativos y la evaluación de políticas públicas. El plano jurídico: el control judicial de la actuación administrativa (art. 106.1 CE), la responsabilidad patrimonial de las Administraciones (art. 106.2 CE) y la responsabilidad penal y disciplinaria de las autoridades y empleados públicos. A ello se suman las instituciones de garantía, como el Defensor del Pueblo (art. 54 CE), que supervisa la actividad de la Administración, y en el ámbito penitenciario, el Juez de Vigilancia Penitenciaria y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que ejerce el Defensor del Pueblo. La publicidad activa y el acceso a la información son la condición para que este control social sea efectivo.

Transparencia y Administración penitenciaria

La Administración penitenciaria, como parte de la Administración General del Estado, está sometida a las obligaciones de publicidad activa y al régimen de acceso a la información. Sin embargo, su actividad presenta particularidades: buena parte de su información afecta a datos especialmente protegidos de las personas privadas de libertad (datos penales, de salud y de conducta, art. 15), a la seguridad pública y a las funciones de vigilancia, inspección y control (art. 14.1.d y g), y a la prevención de ilícitos (art. 14.1.e), por lo que es habitual que se aplique acceso parcial o se denieguen informaciones sobre dispositivos de seguridad. En cambio, resultan plenamente accesibles, y se publican, la estructura organizativa, los presupuestos, los contratos, las instrucciones de carácter general con trascendencia jurídica y la estadística penitenciaria. Debe distinguirse del derecho de los internos a ser informados de su situación procesal y penitenciaria y a acceder a su expediente personal conforme a la legislación penitenciaria, régimen especial que prevalece sobre el general de la Ley 19/2013 cuando el solicitante es el propio interno. Las instrucciones y circulares de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias con efectos jurídicos para terceros deben publicarse (art. 7.a).

Diferencias entre figuras confusas

Publicidad activa y publicidad pasiva: la primera es la que la Administración realiza por propia iniciativa (arts. 5 a 11); la segunda, el derecho de acceso, se activa a solicitud de cualquier persona (arts. 12 a 24). Acceso a la información pública y derecho de acceso como interesado: el primero lo tiene cualquiera sin motivar ni acreditar interés; el segundo corresponde al interesado en un procedimiento en curso sobre los documentos de ese expediente (art. 53.1.a Ley 39/2015). Reclamación ante el CTBG y recurso de alzada: la reclamación del art. 24 sustituye a los recursos administrativos, es potestativa y la resuelve el CTBG en tres meses; no hay alzada ni reposición. Plazo de resolución y plazo de reclamación: la Administración dispone de un mes, ampliable a otro, y el solicitante dispone de un mes para reclamar. Silencio: en acceso a la información pública el silencio es NEGATIVO, a diferencia de la regla general de la Ley 39/2015 en procedimientos a solicitud, que es positivo. Información reutilizable y acceso: la reutilización (Ley 37/2007) permite usar la información para fines posteriores; el acceso se limita a conocerla. Principios de buen gobierno y régimen sancionador: los primeros tienen carácter ético y orientativo; el segundo tipifica las infracciones concretas.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El Gobierno abierto se asienta en tres pilares: transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas/buen gobierno.
  • El derecho de acceso a la información pública (art. 12) NO exige motivación ni interés legítimo; puede inadmitirse por causas tasadas (información auxiliar, en elaboración, solicitudes abusivas).
  • Plazo de resolución de la solicitud de acceso: 1 mes, ampliable a otro mes por volumen o complejidad; transcurrido sin respuesta, silencio administrativo NEGATIVO.
  • Frente a la denegación de acceso cabe reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, previa a la vía contencioso-administrativa.
  • Publicidad activa: información institucional, de relevancia jurídica, y económica-presupuestaria y estadística, publicada sin necesidad de solicitud, en formatos reutilizables.
  • El Portal de Transparencia es el punto único de acceso electrónico a la información sujeta a publicidad activa de la Administración General del Estado.
  • Los límites al derecho de acceso (art. 14) son tasados: seguridad nacional, defensa, seguridad pública, investigación de ilícitos, tutela judicial efectiva, secreto profesional, entre otros; se aplican de forma justificada y proporcionada.
  • El régimen sancionador de buen gobierno (Título II) tipifica infracciones de altos cargos en materia de conflicto de intereses y gestión presupuestaria, independiente de la responsabilidad penal o disciplinaria.
  • La Ley 19/2013 se estructura en un Título Preliminar y tres títulos: I (transparencia: ámbito, publicidad activa y derecho de acceso), II (buen gobierno) y III (Consejo de Transparencia y Buen Gobierno). El derecho de acceso es un CAPÍTULO del Título I, no un título aparte.
  • Art. 12: reconoce el derecho de acceso a todas las personas; art. 13: define la información pública; art. 17.3: no hay que motivar la solicitud; art. 18: causas de inadmisión (en curso de elaboración, auxiliar o de apoyo, reelaboración, órgano no competente, repetitiva o abusiva).
  • Art. 14: doce límites tasados (seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, ilícitos, igualdad de armas y tutela judicial, vigilancia e inspección, intereses económicos y comerciales, política económica y monetaria, secreto profesional y propiedad intelectual, confidencialidad en la toma de decisiones, medio ambiente); se aplican con test del daño y del interés público; art. 16: acceso parcial.
  • Art. 15: datos personales. Ideología, afiliación sindical, religión y creencias exigen consentimiento expreso y por escrito; salud, origen racial, vida sexual, genéticos, biométricos y penales exigen consentimiento o norma con rango de ley; el resto requiere ponderación.
  • Reclamación del art. 24: potestativa, sustitutiva de recursos administrativos, plazo de UN MES, resolución en TRES MESES, silencio desestimatorio. Contra la resolución cabe recurso contencioso-administrativo.
  • El Presidente del CTBG tiene un mandato de cinco años no renovable; el CTBG actúa con autonomía e independencia. Su Estatuto es el Real Decreto 919/2014.
  • Art. 3 Ley 19/2013: las entidades privadas están obligadas a publicidad activa si perciben más de 100.000 euros en ayudas o subvenciones públicas en un año, o si al menos el 40 por ciento de sus ingresos anuales procede de ellas con un mínimo de 5.000 euros. Art. 4: suministro de información en quince días.
  • Error típico: confundir los principios de buen gobierno de la Ley 19/2013 con los valores del Código de Buen Gobierno de 2005 (objetividad, integridad, neutralidad, credibilidad, ejemplaridad, etc.), que es una norma distinta.
  • Buen gobierno: la Ley 3/2015 regula el estatuto de los altos cargos de la AGE (incompatibilidades, declaraciones, Oficina de Conflictos de Intereses, limitaciones de dos años tras el cese). La Ley 2/2023 protege a los informantes y crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.).
  • Participación: consulta pública previa (art. 133.1 Ley 39/2015), audiencia e información públicas (mínimo 15 días hábiles, reducible a 7 por urgencia), iniciativa legislativa popular (500.000 firmas) y derecho de petición (LO 4/2001).
  • Reutilización de la información del sector público: Ley 37/2007, modificada para incorporar la Directiva (UE) 2019/1024 mediante el Real Decreto-ley 24/2021. Evaluación de políticas públicas: Ley 27/2022.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

¿Cuál de los siguientes NO es un límite al derecho de acceso previsto en el art. 14 de la Ley 19/2013?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 13 de Instituciones Penitenciarias?

Este tema desarrolla el concepto de Gobierno abierto y sus tres pilares clásicos: transparencia y acceso a la información pública, participación ciudadana en la rendición de cuentas, y buen gobierno, tomando como eje normativo la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Se trata de una materia transversal a toda la Administración, incluida la penitenciaria, que también está sujeta a las obligaciones de publicidad activa y al régimen de acceso a la información pública que esta ley establece. Se incluyen también el ámbito subjetivo, los límites y la protección de datos personales, el procedimiento y los recursos, el estatuto de los altos cargos, la protección de los informantes y los instrumentos de participación y evaluación.

¿Qué hay que memorizar del Tema 13 para el examen?

El Gobierno abierto se asienta en tres pilares: transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas/buen gobierno. El derecho de acceso a la información pública (art. 12) NO exige motivación ni interés legítimo; puede inadmitirse por causas tasadas (información auxiliar, en elaboración, solicitudes abusivas). Plazo de resolución de la solicitud de acceso: 1 mes, ampliable a otro mes por volumen o complejidad; transcurrido sin respuesta, silencio administrativo NEGATIVO. Frente a la denegación de acceso cabe reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, previa a la vía contencioso-administrativa. Publicidad activa: información institucional, de relevancia jurídica, y económica-presupuestaria y estadística, publicada sin necesidad de solicitud, en formatos reutilizables. El Portal de Transparencia es el punto único de acceso electrónico a la información sujeta a publicidad activa de la Administración General del Estado. Los límites al derecho de acceso (art. 14) son tasados: seguridad nacional, defensa, seguridad pública, investigación de ilícitos, tutela judicial efectiva, secreto profesional, entre otros; se aplican de forma justificada y proporcionada. El régimen sancionador de buen gobierno (Título II) tipifica infracciones de altos cargos en materia de conflicto de intereses y gestión presupuestaria, independiente de la responsabilidad penal o disciplinaria. La Ley 19/2013 se estructura en un Título Preliminar y tres títulos: I (transparencia: ámbito, publicidad activa y derecho de acceso), II (buen gobierno) y III (Consejo de Transparencia y Buen Gobierno). El derecho de acceso es un CAPÍTULO del Título I, no un título aparte. Art. 12: reconoce el derecho de acceso a todas las personas; art. 13: define la información pública; art. 17.3: no hay que motivar la solicitud; art. 18: causas de inadmisión (en curso de elaboración, auxiliar o de apoyo, reelaboración, órgano no competente, repetitiva o abusiva). Art. 14: doce límites tasados (seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, ilícitos, igualdad de armas y tutela judicial, vigilancia e inspección, intereses económicos y comerciales, política económica y monetaria, secreto profesional y propiedad intelectual, confidencialidad en la toma de decisiones, medio ambiente); se aplican con test del daño y del interés público; art. 16: acceso parcial. Art. 15: datos personales. Ideología, afiliación sindical, religión y creencias exigen consentimiento expreso y por escrito; salud, origen racial, vida sexual, genéticos, biométricos y penales exigen consentimiento o norma con rango de ley; el resto requiere ponderación. Reclamación del art. 24: potestativa, sustitutiva de recursos administrativos, plazo de UN MES, resolución en TRES MESES, silencio desestimatorio. Contra la resolución cabe recurso contencioso-administrativo. El Presidente del CTBG tiene un mandato de cinco años no renovable; el CTBG actúa con autonomía e independencia. Su Estatuto es el Real Decreto 919/2014. Art. 3 Ley 19/2013: las entidades privadas están obligadas a publicidad activa si perciben más de 100.000 euros en ayudas o subvenciones públicas en un año, o si al menos el 40 por ciento de sus ingresos anuales procede de ellas con un mínimo de 5.000 euros. Art. 4: suministro de información en quince días. Error típico: confundir los principios de buen gobierno de la Ley 19/2013 con los valores del Código de Buen Gobierno de 2005 (objetividad, integridad, neutralidad, credibilidad, ejemplaridad, etc.), que es una norma distinta. Buen gobierno: la Ley 3/2015 regula el estatuto de los altos cargos de la AGE (incompatibilidades, declaraciones, Oficina de Conflictos de Intereses, limitaciones de dos años tras el cese). La Ley 2/2023 protege a los informantes y crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.). Participación: consulta pública previa (art. 133.1 Ley 39/2015), audiencia e información públicas (mínimo 15 días hábiles, reducible a 7 por urgencia), iniciativa legislativa popular (500.000 firmas) y derecho de petición (LO 4/2001). Reutilización de la información del sector público: Ley 37/2007, modificada para incorporar la Directiva (UE) 2019/1024 mediante el Real Decreto-ley 24/2021. Evaluación de políticas públicas: Ley 27/2022.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226) (Convocatoria 2026, turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978 (arts. 9.2, 23.1, 29, 87.3, 105.b y 106)
  • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
  • Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
  • Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado
  • Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción
  • Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, y Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 53, 133 y 130)
  • Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado
  • Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, y Ley Orgánica 3/1984, reguladora de la iniciativa legislativa popular

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