Tema 9. El acceso al empleo público: Principios rectores y requisitos generales. Sistemas selectivos. La adquisición y pérdida de la condición de funcionario público. La provisión de los puestos de trabajo. Las situaciones administrativas de los funcionarios.
Este temario corresponde al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (C1, acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — el cuerpo de acceso masivo (vigilancia, custodia y seguridad interior de los centros), que es el que encaja con el banco de 100 preguntas ya existente en el sitio. No cubre el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias (A2, requiere título universitario, funciones de tratamiento) ni el Cuerpo Superior de Técnicos (A1), que tienen temarios distintos.
Este tema desarrolla el acceso al empleo público: los principios rectores constitucionales (igualdad, mérito y capacidad) y los requisitos generales; los sistemas selectivos (oposición, concurso-oposición y concurso), la oferta de empleo público, las bases y los órganos de selección; la adquisición y la pérdida de la condición de funcionario de carrera; la provisión de puestos de trabajo (concurso, libre designación y otras formas de provisión temporal y de movilidad); y las situaciones administrativas de los funcionarios (servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de funciones), con especial atención a la excedencia y a la suspensión.
Principios rectores del acceso al empleo público: igualdad, mérito y capacidad
El art. 23.2 CE reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes, mientras que el art. 103.3 CE remite a la ley la regulación del acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. El art. 55 EBEP concreta estos principios: publicidad de las convocatorias y de sus bases, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de estos, adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones a desarrollar, y agilidad en los procesos de selección, sin perjuicio de la objetividad. Estos principios constituyen la garantía básica frente a cualquier forma de arbitrariedad o discriminación en el acceso a la función pública.
Requisitos generales para el acceso al empleo público
El art. 56 EBEP exige, para participar en los procesos selectivos: a) tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo previsto en el art. 57 EBEP (acceso de nacionales de otros Estados: nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, sus cónyuges y descendientes en los términos del precepto, y nacionales de Estados con acuerdos de libre circulación de trabajadores); b) poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas; c) tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa; d) no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial; y e) poseer la titulación exigida, que para el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias es el título de Bachiller o Técnico (o equivalente), según la convocatoria. El acceso a cuerpos que impliquen ejercicio directo o indirecto de potestades públicas, como el de Ayudantes, queda reservado a nacionales españoles (art. 57 EBEP y Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre acceso a determinados sectores de la función pública de nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea). Las personas con discapacidad pueden participar en condiciones de igualdad, con adaptaciones de tiempo y medios, y las ofertas de empleo público reservan un cupo no inferior al 7 por ciento de las vacantes (art. 59).
Sistemas selectivos: oposición, concurso y concurso-oposición
El art. 61 EBEP dispone que los procesos selectivos deben tener carácter abierto y garantizar la libre concurrencia, sin perjuicio de las medidas de discriminación positiva previstas. Los sistemas selectivos de los funcionarios de carrera son la oposición y el concurso-oposición, que deben incluir en todo caso una o varias pruebas para evaluar los conocimientos y capacidades, orales o escritas o ambas, y podrán completarse con cursos, periodos de prácticas, exposición curricular, pruebas psicotécnicas o médicas, entrevistas y otros sistemas que resulten adecuados para asegurar la objetividad, racionalidad y adecuación al puesto. Solo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso, que consiste únicamente en la valoración de méritos. La oposición consiste en la superación de una o varias pruebas para determinar la capacidad y aptitud de los aspirantes y establecer su orden de prelación; el concurso-oposición combina ambas fases. La oposición es el sistema ordinario de acceso al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, con un curso selectivo y periodo de prácticas posteriores. Para el personal laboral fijo, los procedimientos son oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos.
La oferta de empleo público
La oferta de empleo público (art. 70 EBEP) es el instrumento de planificación mediante el cual las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que deban proveerse con personal de nuevo ingreso se hacen públicas. Comporta la obligación de convocar los procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por ciento adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria, y su ejecución debe desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años. La oferta se aprueba dentro de los límites de la tasa de reposición y demás medidas de contención que fijen anualmente las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, y se publica en el diario oficial correspondiente. Debe incluir las plazas reservadas a promoción interna y el cupo de reserva para personas con discapacidad (no inferior al 7 por ciento, art. 59, con una parte para discapacidad intelectual conforme a la normativa vigente).
Las bases de la convocatoria
Las bases de la convocatoria constituyen la ley del proceso selectivo, vinculante tanto para la Administración convocante como para el órgano de selección y para los propios aspirantes, en aplicación del principio de vinculación a las bases de la convocatoria propio del Derecho Administrativo. Deben determinar, entre otros extremos, el número y características de las plazas convocadas, los requisitos exigidos a los aspirantes, el sistema selectivo y el contenido y estructura de las pruebas, el temario aplicable, la composición del tribunal calificador, el sistema de calificación, el plazo y forma de presentación de solicitudes, y el régimen de recursos frente a los actos de desarrollo del proceso selectivo. Cualquier acto del proceso selectivo que se aparte de lo previsto en las bases sin haberlas modificado previamente conforme a Derecho es susceptible de impugnación.
Los órganos de selección: tribunales calificadores
El art. 60 EBEP exige que los órganos de selección sean colegiados y que su composición se ajuste a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no pueden formar parte de los órganos de selección. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse en representación o por cuenta de nadie. En la AGE, el Reglamento General de Ingreso (Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo) exige además que sus miembros posean titulación igual o superior a la exigida para el ingreso. Rigen las causas de abstención y recusación de la Ley 40/2015. Los tribunales actúan con discrecionalidad técnica en la valoración de las pruebas y de los méritos, lo que limita el control jurisdiccional a los aspectos reglados, a la motivación suficiente y a la ausencia de arbitrariedad o error manifiesto.
La adquisición de la condición de funcionario de carrera
El art. 62.1 EBEP establece que la condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: a) superación del proceso selectivo; b) nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el diario oficial correspondiente; c) acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico; y d) toma de posesión dentro del plazo que se establezca. En la AGE, la normativa de desarrollo (Real Decreto 364/1995) fija el plazo de toma de posesión del nombramiento inicial y establece que quien no tome posesión en plazo, salvo causa justificada, pierde todos los derechos derivados de la superación del proceso selectivo. Mientras no adquiere la condición de funcionario de carrera, el aspirante nombrado funcionario en prácticas tiene derecho a una retribución específica y se rige por la convocatoria.
Fases de la adquisición: superación del proceso selectivo, nombramiento y toma de posesión
Una vez superado el proceso selectivo (fase de oposición y, en su caso, curso selectivo), el órgano competente procede al nombramiento como funcionario en prácticas o directamente de carrera, según prevea la convocatoria, publicándose dicho nombramiento en el diario oficial correspondiente para su general conocimiento y eficacia frente a terceros. El nombrado debe realizar el acto de acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, requisito de naturaleza formal pero jurídicamente exigido, y proceder a la toma de posesión de su destino dentro del plazo señalado en la resolución de nombramiento, momento a partir del cual se despliegan plenamente los derechos y obligaciones inherentes a la condición de funcionario de carrera, incluida la percepción de las retribuciones correspondientes.
El período de prácticas y curso selectivo
En numerosos cuerpos de la Administración General del Estado, entre ellos el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, la superación de las pruebas de oposición no comporta directamente la adquisición de la condición de funcionario de carrera, sino el nombramiento como funcionario en prácticas, que debe superar un curso selectivo de formación teórico-práctica, normalmente impartido en un centro de formación específico de la Administración Penitenciaria, y un periodo de prácticas tuteladas en un centro penitenciario, evaluado conforme a los criterios que fije la convocatoria. Solo la superación conjunta de esta fase de formación y del periodo de prácticas permite acceder a la condición de funcionario de carrera mediante el nombramiento definitivo, siendo la calificación negativa en esta fase causa de exclusión del proceso selectivo sin adquirir la condición de funcionario.
La pérdida de la condición de funcionario
La pérdida de la condición de funcionario de carrera comporta la extinción definitiva de la relación de servicio, a diferencia de las situaciones administrativas (como la excedencia), que suponen solo una modificación temporal de la forma de prestar o no los servicios, con posibilidad de reingreso. Perdida la condición de funcionario, para volver a adquirirla es necesario superar un nuevo proceso selectivo, salvo en los supuestos de rehabilitación previstos por la ley (art. 68 EBEP): quien perdió la condición por pérdida de la nacionalidad puede solicitarla una vez recuperada; y en los supuestos de pérdida por pena de inhabilitación o por sanción disciplinaria de separación, la rehabilitación solo se concede de manera excepcional, por el órgano de gobierno competente (en la AGE, el Consejo de Ministros), atendiendo a las circunstancias y a la entidad del delito cometido o la infracción disciplinaria.
Causas de pérdida de la condición de funcionario
El art. 63 EBEP enumera las causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera: a) la renuncia a la condición de funcionario (art. 64: formalizada por escrito, no inhabilita para el ingreso posterior en la función pública y no puede aceptarse cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o se haya dictado auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones); b) la pérdida de la nacionalidad conforme a lo dispuesto en el art. 56 (art. 65); c) la jubilación total del funcionario (art. 67), ya sea forzosa, voluntaria o por incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones; d) la sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme; y e) la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme (art. 66). La jubilación forzosa se declara al cumplir los sesenta y cinco años, aunque el funcionario puede solicitar voluntariamente prolongar su permanencia en el servicio activo hasta, como máximo, los setenta años, si la Administración lo autoriza en los términos legales.
La provisión de puestos de trabajo: concurso y libre designación
El art. 78 EBEP establece que las Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del Estatuto regularán los procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria pública. El concurso (art. 79) es el procedimiento normal de provisión, y consiste en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos por órganos colegiados de carácter técnico. La libre designación con convocatoria pública (art. 80) consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. La determinación de los puestos que se cubren por uno u otro sistema se realiza en las relaciones de puestos de trabajo, atendiendo a la naturaleza de sus funciones. Los puestos provistos por libre designación se reservan a funciones directivas o de especial responsabilidad y confianza.
El concurso de méritos
El concurso es el sistema normal de provisión: consiste en la comprobación y valoración de los méritos exigidos en la convocatoria y en la fijación del orden de prelación de los aspirantes según la puntuación obtenida. Puede ser concurso general (para los funcionarios que reúnan los requisitos de la convocatoria, con un baremo de méritos generales) o concurso específico (que valora además la adecuación de los méritos y capacidades del candidato al contenido específico del puesto, con posibilidad de memoria o entrevista). Se resuelve por orden o resolución del órgano competente, previo informe de una Comisión de Valoración. Con carácter general, para participar en los concursos se exige haber permanecido un mínimo de dos años en el puesto de destino definitivo (RD 364/1995, a contrastar), salvo excepciones, y el tiempo para tomar posesión del destino obtenido es de tres días hábiles si no implica cambio de localidad y de un mes si comporta cambio de residencia o reingreso al servicio activo. Es el sistema por excelencia para la movilidad voluntaria dentro y entre Administraciones Públicas.
La libre designación
La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto, previa convocatoria pública. A diferencia del concurso, no exige la valoración baremada de méritos, sino un juicio de confianza y adecuación profesional, aunque la discrecionalidad no equivale a arbitrariedad: deben respetarse los requisitos objetivos de la convocatoria y motivarse la resolución. Los titulares de puestos provistos por libre designación pueden ser cesados discrecionalmente, con la motivación referida a la competencia para seleccionar o a la adecuación del funcionario al puesto, y el funcionario cesado tiene derecho a ser adscrito a otro puesto conforme a las reglas de la normativa de desarrollo.
La comisión de servicios
La comisión de servicios es una forma de provisión temporal de un puesto de trabajo. En la AGE, el Real Decreto 364/1995 prevé que cuando un puesto quede vacante pueda ser cubierto, en caso de urgente e inaplazable necesidad, en comisión de servicios de carácter voluntario con un funcionario que reúna los requisitos establecidos en la relación de puestos de trabajo; tiene una duración máxima de un año, prorrogable por otro año más si no se hubiera cubierto con carácter definitivo, y el funcionario conserva la reserva del puesto de origen. Existen también comisiones de servicios para el desempeño de funciones especiales distintas de las del puesto, con carácter forzoso cuando lo requiera la Administración y esté previsto en la normativa. No puede prolongarse indefinidamente sin cubrir el puesto de manera reglamentaria y definitiva.
La redistribución de efectivos
Junto a los procedimientos de provisión existen técnicas de movilidad por razones organizativas ligadas a la ordenación de los recursos humanos (art. 69 EBEP: planes de ordenación de recursos humanos), como la redistribución y reasignación de efectivos, mediante las cuales la Administración adscribe a un funcionario a un puesto distinto del que desempeñaba, correspondiente a su cuerpo, escala o categoría, para racionalizar el reparto de personal según las necesidades del servicio. Se diferencian del traslado forzoso, que es una sanción disciplinaria (art. 96.1.d EBEP) y del cese o remoción en un puesto obtenido por concurso por causas objetivas (supresión del puesto, falta de capacidad). El régimen concreto de la redistribución de efectivos en la AGE y sus garantías (mantenimiento del nivel y de las retribuciones, localidad) debe contrastarse con la normativa de desarrollo vigente.
Las situaciones administrativas: servicio activo
El art. 85 EBEP regula las situaciones administrativas de los funcionarios de carrera: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de funciones. El servicio activo es la situación ordinaria del funcionario, en la que se encuentran quienes prestan servicios efectivos en su Administración de origen, ya sea en su puesto de trabajo, en comisión de servicios, en misiones oficiales o de cooperación, o en cualquier otra circunstancia en que se mantenga la relación de servicio activo con la Administración. En esta situación el funcionario tiene plenos derechos y obligaciones inherentes a su condición, incluida la percepción íntegra de sus retribuciones y el cómputo de la antigüedad y de la carrera profesional a todos los efectos.
La situación de servicios especiales
El art. 87 EBEP regula la situación de servicios especiales, en la que se declara a los funcionarios de carrera en supuestos como los siguientes (listado no exhaustivo): ser designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas o altos cargos; ser elegidos para el Parlamento Europeo, las Cortes Generales o las Asambleas Legislativas autonómicas; desempeñar cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Corporaciones Locales, con las condiciones legales; adquirir la condición de funcionario al servicio de organizaciones internacionales o ser autorizado para realizar una misión por periodo superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional; ser designado para formar parte de órganos constitucionales o estatutarios; y otros supuestos legales. Quienes están en servicios especiales perciben las retribuciones del puesto o cargo que efectivamente desempeñan y no las de su cuerpo de origen, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos; tienen derecho a la reserva del puesto de trabajo y el tiempo se computa a efectos de carrera, ascensos, trienios y derechos pasivos como si se hubiera prestado servicio activo.
La excedencia: clases
El art. 89 EBEP regula la excedencia de los funcionarios de carrera, que puede ser voluntaria o forzosa por razones familiares y de protección. Modalidades: a) excedencia voluntaria por interés particular, que exige haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores; se concede subordinada a las necesidades del servicio, no puede declararse cuando al funcionario se le instruya expediente disciplinario y no da derecho a retribución ni a reserva de puesto de trabajo; b) excedencia voluntaria por agrupación familiar, sin necesidad de haber prestado servicios previos, cuando el cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de carácter definitivo como funcionario de carrera o laboral fijo en cualquier Administración u organismo público; c) excedencia por cuidado de familiares, con una duración no superior a tres años para el cuidado de cada hijo, por naturaleza, adopción o acogimiento, y de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida; el tiempo se computa a efectos de antigüedad y se tiene derecho a reserva del puesto durante, al menos, los dos primeros años (dato a contrastar con el texto vigente), pasando después la reserva a un puesto en la misma localidad y de igual retribución; d) excedencia por razón de violencia de género, sin necesidad de servicios previos ni plazo de permanencia, con reserva del puesto de trabajo durante los seis primeros meses, prorrogable por periodos de tres meses hasta un máximo de dieciocho cuando las actuaciones judiciales lo exijan; y e) excedencia por razón de violencia terrorista. En la AGE existe además la excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público, desarrollada en el Reglamento de Situaciones Administrativas (Real Decreto 365/1995).
Los servicios en otras Administraciones Públicas
El art. 88 EBEP regula la situación de servicio en otras Administraciones Públicas, en la que se declara a los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencia o por los procedimientos de movilidad previstos en el propio Estatuto, obtengan destino en una Administración Pública distinta de la de origen. Se mantienen en esta situación aunque por disposición legal de la Administración de destino se integren como personal propio de esta. Los funcionarios en esta situación se rigen por la legislación de la Administración en la que estén destinados de forma efectiva, conservando su condición de funcionarios de la Administración de origen y el derecho a participar en las convocatorias de provisión de puestos que ésta efectúe en igualdad de condiciones con el resto de los funcionarios. Los funcionarios transferidos a las Comunidades Autónomas se integran plenamente en su organización de la función pública.
La suspensión de funciones
El art. 90 EBEP regula la suspensión de funciones, que puede ser provisional o firme. La suspensión provisional se acuerda preventivamente durante la tramitación de un procedimiento judicial o disciplinario (en el disciplinario, por un periodo máximo de seis meses, salvo paralización del procedimiento imputable al interesado), con carácter cautelar y no sancionador; el funcionario percibe las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo, y si la suspensión se eleva a firme se computa el tiempo de cumplimiento. La suspensión firme se impone como sanción disciplinaria por resolución firme o por sentencia penal firme, con una duración máxima de seis años; determina la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses, y el funcionario suspenso firme no puede prestar servicios en ninguna Administración Pública ni en los organismos, agencias, entidades y universidades de ellas dependientes durante el tiempo de cumplimiento. En ambos casos, el funcionario queda privado del ejercicio de sus funciones y de los derechos inherentes a la condición de funcionario.
La carrera profesional y la promoción interna
El EBEP reconoce a los funcionarios de carrera el derecho a la progresión en la carrera profesional (arts. 16 a 18), que puede ser carrera horizontal (consolidación del grado, categoría, escalón u otros conceptos sin cambiar de puesto), carrera vertical (ascenso en la estructura de puestos), promoción interna vertical (ascenso a un cuerpo o escala del subgrupo superior) y promoción interna horizontal (acceso a cuerpos o escalas del mismo subgrupo). La promoción interna se realiza mediante procesos selectivos que garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad, con exigencia de titulación y antigüedad (dos años de servicio activo en el cuerpo de procedencia) y con posibles exenciones de pruebas ya superadas. Es una vía para que los Ayudantes (C1) accedan a cuerpos del subgrupo A2 o equivalentes si se convocan.
Cuadro comparativo de las situaciones administrativas
Servicio activo: percibe las retribuciones del puesto, con todos los derechos de carrera. Servicios especiales: reserva de puesto, retribuciones del cargo que ejerce, cómputo de tiempo a todos los efectos. Servicio en otras Administraciones: se rige por la legislación de la Administración de destino, conservando su condición de funcionario de la de origen. Excedencia voluntaria por interés particular: sin retribución, sin reserva de puesto y sin cómputo de antigüedad; exige cinco años de servicios previos y no tener expediente disciplinario en instrucción. Excedencia por agrupación familiar: sin servicios previos, sin reserva de puesto. Excedencia por cuidado de familiares: hasta tres años, con reserva de puesto en los términos del EBEP y cómputo de antigüedad. Excedencia por violencia de género o terrorismo: sin servicios previos, con reserva inicial de seis meses prorrogable hasta dieciocho. Suspensión firme: hasta seis años, sin ejercicio de funciones; provisional: cautelar, máximo seis meses en el disciplinario.
El reingreso al servicio activo
El funcionario que cesa en una situación sin reserva de puesto (por ejemplo, la excedencia voluntaria por interés particular o por agrupación familiar) solicita el reingreso al servicio activo, que se produce, de existir vacante dotada presupuestariamente, mediante adscripción provisional a un puesto, con la obligación de participar en los concursos convocados para obtener destino definitivo. Si cumple las condiciones, el reingreso puede producirse también por concurso. Quienes están en situaciones con reserva de puesto (servicios especiales, excedencia por cuidado de familiares durante el periodo de reserva) se reincorporan al puesto reservado. El Reglamento de Situaciones Administrativas de la AGE (Real Decreto 365/1995) concreta los plazos para solicitar el reingreso y sus efectos.
La toma de posesión y el cese en un puesto de trabajo
La toma de posesión es el acto formal por el que el funcionario se incorpora al puesto obtenido; tiene que producirse dentro del plazo posesorio (en la AGE, tres días hábiles si el destino no comporta cambio de residencia y un mes si comporta cambio de residencia o reingreso, según el RD 364/1995; a contrastar), y el cese en el puesto anterior debe realizarse en los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución. La toma de posesión determina el inicio del cómputo de derechos y obligaciones del nuevo destino. La falta de toma de posesión sin causa justificada puede dar lugar a la pérdida del destino y, en su caso, a la declaración de excedencia voluntaria de oficio.
La movilidad por razón de violencia de género, terrorismo y discapacidad
El EBEP prevé supuestos especiales de movilidad: las funcionarias víctimas de violencia de género que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tienen derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, con análogas funciones, que la Administración tenga vacante y cuya provisión sea necesaria (art. 82 EBEP). Un régimen similar se establece para las víctimas del terrorismo. Para los funcionarios con discapacidad, la Administración debe adaptar el puesto o permitir el cambio a otro puesto con condiciones compatibles con su situación (art. 59 y 83 EBEP; a contrastar numeración).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Principios rectores del acceso: igualdad, mérito y capacidad (arts. 23.2 y 103.3 CE), publicidad, transparencia, imparcialidad, independencia y discrecionalidad técnica, adecuación a las funciones y agilidad (art. 55 EBEP).
Requisitos (art. 56 EBEP): nacionalidad española (con excepciones del art. 57), capacidad funcional, 16 años cumplidos, no separado por expediente disciplinario ni inhabilitado, titulación exigida. Cupo de discapacidad: no inferior al 7 por ciento (art. 59).
Sistemas selectivos (art. 61 EBEP): oposición y concurso-oposición; el concurso, solo con carácter excepcional y por ley. La oposición es el sistema ordinario del Cuerpo de Ayudantes.
La oferta de empleo público (art. 70 EBEP) obliga a convocar las plazas comprometidas y hasta un 10 por ciento adicional, y debe ejecutarse en un plazo improrrogable de tres años.
Órganos de selección (art. 60 EBEP): colegiados, imparciales y profesionales, tendencia a la paridad, a título individual; no pueden formar parte ni el personal de elección o designación política, ni los interinos, ni el personal eventual.
Adquisición de la condición de funcionario de carrera (art. 62 EBEP): superación del proceso selectivo, nombramiento publicado, acatamiento de la Constitución y toma de posesión en plazo. Orden sucesivo.
El Cuerpo de Ayudantes exige, además de superar la oposición, un curso selectivo y un periodo de prácticas; solo la superación de ambos da la condición de funcionario de carrera.
Causas de pérdida (art. 63): renuncia, pérdida de la nacionalidad, jubilación total, separación del servicio por sanción firme e inhabilitación absoluta o especial por sentencia firme. La jubilación forzosa es a los 65 años, prorrogable hasta los 70.
Provisión de puestos (arts. 78-80 EBEP): concurso (procedimiento normal, méritos y capacidades valorados por órganos colegiados técnicos) y libre designación con convocatoria pública (discrecional, para puestos directivos o de especial responsabilidad).
Comisión de servicios en la AGE (RD 364/1995): urgente e inaplazable necesidad, duración máxima de un año prorrogable por otro, con reserva del puesto de origen.
Situaciones administrativas (art. 85 EBEP): servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones, excedencia y suspensión de funciones.
Excedencia voluntaria por interés particular: cinco años de servicios previos, sin retribución ni reserva de puesto, y no puede declararse si hay expediente disciplinario en instrucción; por agrupación familiar: sin servicios previos.
Suspensión firme: sanción de hasta seis años; si excede de seis meses determina pérdida del puesto. Suspensión provisional: cautelar, máximo seis meses en el procedimiento disciplinario salvo paralización imputable al interesado.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
No pueden formar parte de los órganos de selección:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 9 de Instituciones Penitenciarias?
Este tema desarrolla el acceso al empleo público: los principios rectores constitucionales (igualdad, mérito y capacidad) y los requisitos generales; los sistemas selectivos (oposición, concurso-oposición y concurso), la oferta de empleo público, las bases y los órganos de selección; la adquisición y la pérdida de la condición de funcionario de carrera; la provisión de puestos de trabajo (concurso, libre designación y otras formas de provisión temporal y de movilidad); y las situaciones administrativas de los funcionarios (servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de funciones), con especial atención a la excedencia y a la suspensión.
¿Qué hay que memorizar del Tema 9 para el examen?
Principios rectores del acceso: igualdad, mérito y capacidad (arts. 23.2 y 103.3 CE), publicidad, transparencia, imparcialidad, independencia y discrecionalidad técnica, adecuación a las funciones y agilidad (art. 55 EBEP). Requisitos (art. 56 EBEP): nacionalidad española (con excepciones del art. 57), capacidad funcional, 16 años cumplidos, no separado por expediente disciplinario ni inhabilitado, titulación exigida. Cupo de discapacidad: no inferior al 7 por ciento (art. 59). Sistemas selectivos (art. 61 EBEP): oposición y concurso-oposición; el concurso, solo con carácter excepcional y por ley. La oposición es el sistema ordinario del Cuerpo de Ayudantes. La oferta de empleo público (art. 70 EBEP) obliga a convocar las plazas comprometidas y hasta un 10 por ciento adicional, y debe ejecutarse en un plazo improrrogable de tres años. Órganos de selección (art. 60 EBEP): colegiados, imparciales y profesionales, tendencia a la paridad, a título individual; no pueden formar parte ni el personal de elección o designación política, ni los interinos, ni el personal eventual. Adquisición de la condición de funcionario de carrera (art. 62 EBEP): superación del proceso selectivo, nombramiento publicado, acatamiento de la Constitución y toma de posesión en plazo. Orden sucesivo. El Cuerpo de Ayudantes exige, además de superar la oposición, un curso selectivo y un periodo de prácticas; solo la superación de ambos da la condición de funcionario de carrera. Causas de pérdida (art. 63): renuncia, pérdida de la nacionalidad, jubilación total, separación del servicio por sanción firme e inhabilitación absoluta o especial por sentencia firme. La jubilación forzosa es a los 65 años, prorrogable hasta los 70. Provisión de puestos (arts. 78-80 EBEP): concurso (procedimiento normal, méritos y capacidades valorados por órganos colegiados técnicos) y libre designación con convocatoria pública (discrecional, para puestos directivos o de especial responsabilidad). Comisión de servicios en la AGE (RD 364/1995): urgente e inaplazable necesidad, duración máxima de un año prorrogable por otro, con reserva del puesto de origen. Situaciones administrativas (art. 85 EBEP): servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones, excedencia y suspensión de funciones. Excedencia voluntaria por interés particular: cinco años de servicios previos, sin retribución ni reserva de puesto, y no puede declararse si hay expediente disciplinario en instrucción; por agrupación familiar: sin servicios previos. Suspensión firme: sanción de hasta seis años; si excede de seis meses determina pérdida del puesto. Suspensión provisional: cautelar, máximo seis meses en el procedimiento disciplinario salvo paralización imputable al interesado.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226) (Convocatoria 2026, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 23.2, 103.3 y 149.1.18.ª
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (arts. 16-18, 55-68, 69-70, 76, 78-80, 85-90, 96)
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la AGE
Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado
Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre acceso a determinados sectores de la función pública de los nacionales de los demás Estados miembros de la Comunidad Económica Europea
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (abstención y recusación, arts. 23-24)
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