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Tema 3. El Gobierno: El Consejo de Ministros, el Presidente del Gobierno, los Ministros, otros miembros. La Administración Periférica del Estado: Los Delegados de Gobierno, Subdelegados del Gobierno y Directores Insulares, breve referencia a sus competencias.

Convocatoria 2026, turno libre · Índice oficial del BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226).

Este temario corresponde al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (C1, acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — el cuerpo de acceso masivo (vigilancia, custodia y seguridad interior de los centros), que es el que encaja con el banco de 100 preguntas ya existente en el sitio. No cubre el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias (A2, requiere título universitario, funciones de tratamiento) ni el Cuerpo Superior de Técnicos (A1), que tienen temarios distintos.

Este tema desarrolla la organización del Poder Ejecutivo en su doble vertiente: el Gobierno como órgano constitucional colegiado (Consejo de Ministros, Presidente, Ministros y demás miembros), regulado principalmente en el Título IV CE y en la Ley 50/1997, del Gobierno; y la Administración Periférica del Estado, es decir, los órganos que representan y ejecutan la acción del Gobierno en el territorio —Delegados y Subdelegados del Gobierno y Directores Insulares—, piezas clave de la organización territorial de la Administración General del Estado.

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El Gobierno: composición y funciones (art. 97 CE)

El art. 97 CE dispone que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. El art. 98.1 lo compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley. Es un órgano constitucional de naturaleza dual: como órgano colegiado (Consejo de Ministros) y como conjunto de órganos individuales (Presidente y cada Ministro). Dirige tanto la política interior como la exterior, ostenta la superior dirección de la Administración Pública, y su acción se somete al control político de las Cortes Generales (art. 108) y al control jurídico de los Tribunales, incluida la jurisdicción contencioso-administrativa respecto de los actos y reglamentos que dicte.

El Consejo de Ministros: naturaleza y competencias

El Consejo de Ministros es el órgano colegiado del Gobierno, integrado por el Presidente, los Vicepresidentes en su caso y los Ministros, presidido por el Presidente del Gobierno. La Ley 50/1997, del Gobierno, le atribuye competencias como aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso o, en su caso, al Senado; aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado; aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos; acordar la negociación y firma de Tratados internacionales; declarar el estado de alarma (art. 116.2 CE) y el de excepción, este último con autorización previa del Congreso (art. 116.3), y proponer al Congreso la declaración del estado de sitio (art. 116.4); acordar la emisión de Deuda Pública; y aprobar los reglamentos para el desarrollo y ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado en los casos en que éste sea preceptivo (reglamentos ejecutivos). Sus deliberaciones son secretas. Pueden asistir a sus reuniones, cuando son convocados, los Secretarios de Estado y otros altos cargos, pero sin ser miembros del órgano. El Rey puede presidir sus sesiones, a petición del Presidente del Gobierno, a los solos efectos de ser informado de los asuntos de Estado (art. 62.g CE).

El Presidente del Gobierno: nombramiento e investidura

El art. 99 CE regula la investidura: tras cada renovación del Congreso de los Diputados y en los demás supuestos constitucionales en que proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, propone un candidato a la Presidencia del Gobierno. El candidato expone ante el Congreso el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicita la confianza de la Cámara, que se otorga en primera votación por mayoría absoluta; de no obtenerse, se somete la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después, bastando la mayoría simple. Si transcurrido el plazo de dos meses desde la primera votación de investidura ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones, refrendadas por el Presidente del Congreso.

Estatuto personal de los miembros del Gobierno

El art. 98.3 CE establece que los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. El régimen de incompatibilidades y de conflicto de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado se contiene en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que impone además deberes de transparencia (declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales) y limitaciones tras el cese. Los miembros del Gobierno pueden ser Diputados o Senadores simultáneamente (a diferencia de otros altos cargos). Cesan por dimisión, separación acordada por el Rey a propuesta del Presidente, o por las causas de cese de todo el Gobierno (art. 101 CE). La responsabilidad individual de cada Ministro es política (directa en su departamento) y, en su caso, penal ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 102 CE).

Funciones del Presidente del Gobierno

El art. 98.2 CE atribuye al Presidente dirigir la acción del Gobierno y coordinar las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los Ministros en su gestión. La Ley 50/1997 desarrolla estas funciones: representar al Gobierno; establecer el programa político y determinar las directrices de la política interior y exterior; proponer al Rey la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales; plantear ante el Congreso la cuestión de confianza; proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del Congreso; dirigir la política de defensa; convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros; y proponer al Rey el nombramiento y separación de los demás miembros del Gobierno.

El cese del Gobierno y del Presidente

El art. 101 CE enumera las causas de cese del Gobierno: la celebración de elecciones generales, la pérdida de la confianza parlamentaria en los casos previstos en la Constitución (aprobación de una moción de censura o denegación de una cuestión de confianza), y la dimisión o fallecimiento de su Presidente. El Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno (art. 101.2). La Ley 50/1997 limita al Gobierno en funciones su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar cualesquiera otras medidas, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, y establece que no podrá aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado ni presentar proyectos de ley al Congreso o al Senado; el Presidente en funciones no puede proponer la disolución de las Cámaras, plantear la cuestión de confianza ni proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo. Estas limitaciones se interpretan en función de la urgencia y del interés general acreditado.

La moción de censura

El art. 113 CE regula la moción de censura como mecanismo por el que el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno, adoptando por mayoría absoluta la correspondiente moción, que debe ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados y ha de incluir necesariamente un candidato a la Presidencia del Gobierno (moción de censura constructiva): si prospera, el candidato incluido queda investido de la confianza de la Cámara, evitándose así vacíos de poder; el Gobierno presenta su dimisión al Rey y el candidato es nombrado Presidente (art. 114.2). No puede ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación, y durante los dos primeros de ese plazo pueden presentarse mociones alternativas. Si la moción no es aprobada, sus signatarios no pueden presentar otra durante el mismo período de sesiones. Hasta 2023 se habían debatido seis mociones de censura (1980, 1987, 2017, 2018, 2020 y 2023), de las cuales solo había prosperado la de 2018, que llevó a la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez.

Comparación investidura, cuestión de confianza y moción de censura

Conviene memorizar el cuadro comparativo. Investidura (art. 99): la inicia el Rey con la propuesta de candidato; mayoría absoluta en primera votación, simple 48 horas después; si en dos meses desde la primera votación nadie obtiene la confianza, disolución y elecciones. Cuestión de confianza (art. 112): la plantea el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, sobre su programa o una declaración de política general; se otorga por mayoría simple; si se deniega, el Gobierno dimite y se abre nuevo proceso de investidura. Moción de censura (art. 113): la presenta al menos una décima parte de los Diputados con candidato alternativo; mayoría absoluta; no puede votarse hasta pasados cinco días; los firmantes no pueden presentar otra en el mismo período de sesiones si fracasa. Las tres figuras se tramitan en el Congreso de los Diputados, y la investidura y la moción exigen siempre un candidato, mientras que la cuestión de confianza no.

La cuestión de confianza

El art. 112 CE regula la cuestión de confianza como el instrumento por el que el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, plantea ante el Congreso de los Diputados su programa o una declaración de política general. La confianza se entiende otorgada cuando vote a favor de ella la mayoría simple de los Diputados, a diferencia de la investidura, que exige mayoría absoluta en primera votación. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, este presenta su dimisión al Rey, procediéndose a la designación de nuevo Presidente del Gobierno según lo dispuesto en el art. 99. Se diferencia de la moción de censura en que la iniciativa corresponde al propio Presidente del Gobierno, no a la oposición parlamentaria.

Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (Título V CE)

El Título V (arts. 108 a 116) regula los instrumentos de control político: la responsabilidad solidaria del Gobierno ante el Congreso (art. 108); la facultad de las Cámaras de recabar información y ayuda del Gobierno y de sus Departamentos (art. 109); el derecho de las Cámaras y de sus Comisiones de reclamar la presencia de los miembros del Gobierno (art. 110) y de estos de asistir a las sesiones y ser oídos; las interpelaciones y preguntas, con una sesión semanal al menos dedicada a ellas (art. 111); la cuestión de confianza (art. 112); la moción de censura (art. 113); las consecuencias de la pérdida de la confianza (art. 114); la disolución anticipada (art. 115); y los estados de alarma, excepción y sitio (art. 116, desarrollado por la LO 4/1981). Esta regulación configura un parlamentarismo racionalizado: el Presidente del Gobierno tiene una posición reforzada (investidura individual, moción de censura constructiva, disolución a su iniciativa) para garantizar la estabilidad gubernamental.

Los Vicepresidentes del Gobierno

Los Vicepresidentes del Gobierno son miembros eventuales del Gobierno, cuya existencia no es obligatoria constitucionalmente sino que depende de la organización que decida cada Presidente del Gobierno al formar su equipo. Cuando existen, a la Vicepresidencia o Vicepresidencias del Gobierno se les puede atribuir la titularidad de uno o varios Departamentos Ministeriales, o bien ejercer sus funciones sin cartera ministerial. Sus funciones específicas son las que les encomienda el Real Decreto de su nombramiento y las que expresamente les delegue el Presidente del Gobierno, entre las que suele incluirse la coordinación de la acción de determinados Ministerios o la sustitución del Presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad, conforme al orden establecido en el Real Decreto de estructura del Gobierno.

Los Ministros: nombramiento y funciones

Los Ministros son nombrados y separados por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno (art. 100 CE). Como titulares de un Departamento Ministerial, tienen competencia y responsabilidad directa en la esfera específica de su Ministerio, y como miembros del Gobierno, ostentan las competencias que les atribuye la Ley 50/1997: desarrollar la acción del Gobierno en el ámbito de su Departamento, ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Ministerio, refrendar los actos del Rey en su ámbito de competencia, y ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones. Pueden existir también Ministros sin cartera, a los que se atribuye la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales sin frente de un Departamento Ministerial concreto.

Otros miembros del Gobierno y Secretarios de Estado

El art. 98.1 CE permite que la ley establezca la existencia de otros miembros del Gobierno además del Presidente, Vicepresidentes y Ministros, aunque en la práctica la Ley 50/1997 no ha desarrollado esta previsión y el Gobierno se compone hoy únicamente de esos tres tipos de cargos. Distintos de los miembros del Gobierno, aunque de rango superior dentro de la Administración General del Estado, son los Secretarios de Estado, órganos superiores directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica de un Departamento o de la Presidencia del Gobierno, que actúan bajo la dirección del titular del Ministerio al que pertenecen, pero que no son miembros del Gobierno ni asisten como tales al Consejo de Ministros, sin perjuicio de que puedan ser convocados a sus reuniones.

La Administración General del Estado: principios y órganos

El art. 103.1 CE establece que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. La Ley 40/2015 organiza la Administración General del Estado en órganos superiores (Ministros y Secretarios de Estado) y órganos directivos (Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales). Los Ministros son los jefes superiores del Departamento y los Secretarios de Estado dirigen un sector de actividad; los Subsecretarios dirigen los servicios comunes del Ministerio y los Secretarios Generales (como el de Instituciones Penitenciarias, que tiene rango de Subsecretario) ejercen funciones análogas en sus ámbitos. El Consejo de Estado, regulado por el art. 107 CE, es el supremo órgano consultivo del Gobierno; su Presidente es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno y su régimen se contiene en la LO 3/1980. Los reglamentos ejecutivos y ciertos otros asuntos exigen su dictamen preceptivo. El art. 103.3 CE dispone que la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad y las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación.

Las Comisiones Delegadas del Gobierno

Las Comisiones Delegadas del Gobierno son órganos colegiados de coordinación de la acción de varios Ministerios en asuntos de interés común, creadas, modificadas y suprimidas mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno. Cada Real Decreto de creación determina su composición, las funciones que se le atribuyen y el régimen de convocatorias. Ejercen, entre otras, funciones de examen de asuntos de competencia de varios Ministerios antes de su elevación al Consejo de Ministros, de resolución de asuntos que, afectando a más de un Ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros, y de estudio de aquellas cuestiones que el Presidente del Gobierno considere necesarias. Un ejemplo estable es la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis.

La Ley 50/1997, del Gobierno

La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, desarrolla el Título IV de la Constitución regulando la composición, organización y competencias del Gobierno y de sus miembros; su funcionamiento; las relaciones del Gobierno con las Cortes Generales; la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria; el Gobierno en funciones; y el estatuto de los miembros del Gobierno, incluido su régimen de incompatibilidades y de responsabilidad. Distingue con claridad las funciones que corresponden al Gobierno como órgano colegiado (Consejo de Ministros) de las que corresponden a sus miembros individualmente considerados, y regula también los órganos de colaboración y apoyo del Gobierno: las Comisiones Delegadas, la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el Secretariado del Gobierno y los Gabinetes.

La responsabilidad política y penal de los miembros del Gobierno

El art. 108 CE establece la responsabilidad solidaria del Gobierno de su gestión política ante el Congreso de los Diputados, exigible mediante la moción de censura. El art. 102 CE regula la responsabilidad penal del Presidente y los demás miembros del Gobierno: es exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo; y la prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos de este artículo. Se trata de un fuero especial que garantiza que los miembros del Gobierno no sean sometidos a persecuciones penales infundadas.

El refrendo de los actos del Gobierno

Aunque el refrendo se estudia habitualmente en relación con los actos del Rey (art. 64 CE), su lógica también alcanza a determinados actos del Gobierno respecto de actuaciones formalmente atribuidas a la Corona pero decididas por el Ejecutivo: el nombramiento de altos cargos, la disolución de las Cámaras a propuesta del Presidente, o la sanción de las leyes son refrendados por el Presidente del Gobierno o por el Ministro competente por razón de la materia, asumiendo estos la responsabilidad jurídica y política del acto refrendado. Este mecanismo articula la irresponsabilidad del Rey (art. 56.3 CE) trasladando la responsabilidad al Gobierno, que sí responde ante las Cortes Generales por su gestión política y, en su caso, ante los Tribunales por su responsabilidad penal (art. 102 CE).

La Administración Periférica del Estado: concepto

La Administración Periférica del Estado es el conjunto de órganos de la Administración General del Estado que, a diferencia de los órganos centrales con competencia en todo el territorio nacional, ejercen sus funciones en un ámbito territorial determinado, inferior al del conjunto del Estado, normalmente coincidente con el de una Comunidad Autónoma o una provincia. Su regulación básica se encuentra en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que derogó la anterior LOFAGE (Ley 6/1997). Sus principales órganos son los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla, los Subdelegados del Gobierno en las provincias y los Directores Insulares en las islas donde no exista Subdelegación del Gobierno. Representan al Gobierno de la Nación en su respectivo territorio y dirigen y supervisan los servicios territoriales de la Administración General del Estado (los llamados servicios integrados), sin perjuicio de que algunos servicios, por su especialidad, no se integren en la Delegación. La dependencia orgánica de los Delegados es del Presidente del Gobierno, y su dependencia funcional corresponde al Ministerio competente en política territorial.

Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas

El art. 154 CE dispone que un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad. Los Delegados del Gobierno son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno, y tienen rango de Subsecretario. Representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma (y en Ceuta y Melilla), y mantienen las relaciones de cooperación y coordinación de la Administración General del Estado y sus organismos públicos con la de la Comunidad Autónoma y con las entidades locales de su ámbito territorial. Se distinguen del Presidente de la Comunidad Autónoma, que ostenta la representación ordinaria del Estado en el territorio de la Comunidad (art. 152.1 CE), si bien esa representación es institucional y no sustituye la dirección de la Administración del Estado, que corresponde al Delegado. La Delegación del Gobierno cuenta con servicios integrados de los Ministerios y organismos que determine la ley, y el Delegado cuenta con un Gabinete y, en su caso, una Secretaría General.

Competencias del Delegado del Gobierno

Corresponde al Delegado del Gobierno dirigir y supervisar todos los servicios de la Administración General del Estado y sus organismos públicos situados en su territorio, e impulsar, coordinar y, en su caso, supervisar la información a los ciudadanos en el conjunto de dichos servicios; comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano del que dependan y la Comunidad Autónoma; mantener las relaciones de cooperación y coordinación con la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales; y, especialmente relevante en materia de seguridad, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, dirigiendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad Autónoma, de acuerdo con las instrucciones del Ministro del Interior, y coordinando su actuación con la de las Policías de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales. En las Comunidades con policía autonómica integral, la coordinación se articula a través de las Juntas de Seguridad. También ejercen las competencias sancionadoras que las leyes les atribuyen.

Los Subdelegados del Gobierno en las provincias

En cada provincia existe un Subdelegado del Gobierno, salvo en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, en las que sus funciones son asumidas por el Delegado, y en la provincia donde radique la sede de la Delegación del Gobierno, donde el Delegado asume sus funciones, sin perjuicio de la organización concreta que resulte de la normativa vigente. Son nombrados por el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales pertenecientes a cuerpos clasificados en el subgrupo A1, y están bajo la dependencia del Delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma (la autoridad que formaliza el nombramiento es la que señale la Ley 40/2015 y debe contrastarse en el texto vigente). Ejercen, bajo esa dependencia, las competencias que la ley atribuye al Delegado en el ámbito de la provincia, con las salvedades de las materias que se reserven expresamente a este último.

Competencias del Subdelegado del Gobierno

Corresponde al Subdelegado del Gobierno en la provincia dirigir los servicios integrados de la Administración General del Estado, de acuerdo con las instrucciones del Delegado del Gobierno, e impulsar la coordinación de la Administración periférica del Estado, comprobando el cumplimiento de sus objetivos; mantener las relaciones de comunicación, cooperación y coordinación con los órganos de la Comunidad Autónoma y con las entidades locales de la provincia; ejercer las competencias sancionadoras y cualesquiera otras que le confieran las leyes; y proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades garantizando la seguridad ciudadana, dirigiendo a estos efectos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia, con la coordinación adecuada con el Delegado del Gobierno cuando se trate de actuaciones que trasciendan el ámbito estrictamente provincial.

Los Directores Insulares y sus competencias

En las islas donde no radique la sede de la Delegación o Subdelegación del Gobierno existen Directores Insulares de la Administración General del Estado, nombrados por el Delegado del Gobierno por el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales pertenecientes a cuerpos del subgrupo A1, dependiendo del Delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma o del Subdelegado del Gobierno en la provincia, según proceda. Ejercen en su ámbito insular, bajo esa dependencia, las competencias atribuidas con carácter general a los Subdelegados del Gobierno, adaptadas a la singularidad de la organización territorial de los archipiélagos balear y canario, donde la insularidad exige una representación de la Administración del Estado más cercana al territorio que la meramente provincial.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El Gobierno (art. 97 CE) se compone de Presidente, Vicepresidentes (si los hay) y Ministros; dirige la política interior y exterior y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria.
  • Investidura (art. 99): mayoría absoluta en primera votación; si no se logra, mayoría simple 48 horas después. Si en 2 meses ningún candidato es investido, el Rey disuelve las Cortes.
  • Moción de censura (art. 113): constructiva, propuesta por 1/10 de Diputados, incluye candidato alternativo, mayoría absoluta, no se vota hasta 5 días después de su presentación.
  • Cuestión de confianza (art. 112): la plantea el propio Presidente del Gobierno sobre su programa; se otorga por mayoría simple (no absoluta, a diferencia de la investidura).
  • Causas de cese del Gobierno (art. 101): elecciones generales, pérdida de confianza parlamentaria (moción de censura o cuestión de confianza), dimisión o fallecimiento del Presidente; el Gobierno cesante queda en funciones con competencias limitadas.
  • Responsabilidad penal del Gobierno (art. 102): se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; por traición o delitos contra la seguridad del Estado, solo a iniciativa de 1/4 del Congreso y con mayoría absoluta; no cabe indulto.
  • La Ley 50/1997, del Gobierno, distingue las funciones del Consejo de Ministros (órgano colegiado) de las de cada miembro individualmente.
  • Art. 154 CE: un Delegado del Gobierno dirige la Administración del Estado en cada Comunidad Autónoma y la coordina con la administración autonómica; tiene rango de Subsecretario.
  • El Delegado del Gobierno dirige las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad Autónoma; los Subdelegados, en la provincia, bajo dependencia del Delegado.
  • Los Subdelegados y Directores Insulares se nombran por libre designación entre funcionarios de carrera del subgrupo A1; los Directores Insulares existen en islas sin sede de Delegación o Subdelegación.
  • Los Secretarios de Estado NO son miembros del Gobierno (art. 98.1 CE: Presidente, Vicepresidentes, Ministros y los demás miembros que establezca la ley): son órganos superiores de la AGE (Ley 40/2015).
  • Incompatibilidades de los miembros del Gobierno (art. 98.3 CE): sin otras funciones representativas que las del mandato parlamentario, sin función pública ajena ni actividad profesional o mercantil; régimen en la Ley 3/2015 del alto cargo.
  • Estado de alarma: lo declara el Gobierno mediante decreto en Consejo de Ministros (15 días, prórroga con autorización del Congreso). Excepción: Gobierno con autorización previa del Congreso. Sitio: mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno.
  • Gobierno en funciones: limitado al despacho ordinario de los asuntos públicos; no puede aprobar el proyecto de PGE ni presentar proyectos de ley (Ley 50/1997).
  • Mociones de censura debatidas hasta 2023: 1980, 1987, 2017, 2018, 2020 y 2023; solo prosperó la de 2018 (constructiva, mayoría absoluta).
  • Los Delegados del Gobierno dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y tienen rango de Subsecretario; en las CCAA uniprovinciales no hay Subdelegado.
  • La Ley 40/2015 sustituyó a la LOFAGE (Ley 6/1997) como norma básica de la Administración General del Estado y de su organización periférica.
  • Consejo de Estado (art. 107 CE): supremo órgano consultivo del Gobierno; dictamen preceptivo en los reglamentos ejecutivos.
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Según el art. 154 CE, un Delegado nombrado por el Gobierno:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 3 de Instituciones Penitenciarias?

Este tema desarrolla la organización del Poder Ejecutivo en su doble vertiente: el Gobierno como órgano constitucional colegiado (Consejo de Ministros, Presidente, Ministros y demás miembros), regulado principalmente en el Título IV CE y en la Ley 50/1997, del Gobierno; y la Administración Periférica del Estado, es decir, los órganos que representan y ejecutan la acción del Gobierno en el territorio —Delegados y Subdelegados del Gobierno y Directores Insulares—, piezas clave de la organización territorial de la Administración General del Estado.

¿Qué hay que memorizar del Tema 3 para el examen?

El Gobierno (art. 97 CE) se compone de Presidente, Vicepresidentes (si los hay) y Ministros; dirige la política interior y exterior y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Investidura (art. 99): mayoría absoluta en primera votación; si no se logra, mayoría simple 48 horas después. Si en 2 meses ningún candidato es investido, el Rey disuelve las Cortes. Moción de censura (art. 113): constructiva, propuesta por 1/10 de Diputados, incluye candidato alternativo, mayoría absoluta, no se vota hasta 5 días después de su presentación. Cuestión de confianza (art. 112): la plantea el propio Presidente del Gobierno sobre su programa; se otorga por mayoría simple (no absoluta, a diferencia de la investidura). Causas de cese del Gobierno (art. 101): elecciones generales, pérdida de confianza parlamentaria (moción de censura o cuestión de confianza), dimisión o fallecimiento del Presidente; el Gobierno cesante queda en funciones con competencias limitadas. Responsabilidad penal del Gobierno (art. 102): se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; por traición o delitos contra la seguridad del Estado, solo a iniciativa de 1/4 del Congreso y con mayoría absoluta; no cabe indulto. La Ley 50/1997, del Gobierno, distingue las funciones del Consejo de Ministros (órgano colegiado) de las de cada miembro individualmente. Art. 154 CE: un Delegado del Gobierno dirige la Administración del Estado en cada Comunidad Autónoma y la coordina con la administración autonómica; tiene rango de Subsecretario. El Delegado del Gobierno dirige las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad Autónoma; los Subdelegados, en la provincia, bajo dependencia del Delegado. Los Subdelegados y Directores Insulares se nombran por libre designación entre funcionarios de carrera del subgrupo A1; los Directores Insulares existen en islas sin sede de Delegación o Subdelegación. Los Secretarios de Estado NO son miembros del Gobierno (art. 98.1 CE: Presidente, Vicepresidentes, Ministros y los demás miembros que establezca la ley): son órganos superiores de la AGE (Ley 40/2015). Incompatibilidades de los miembros del Gobierno (art. 98.3 CE): sin otras funciones representativas que las del mandato parlamentario, sin función pública ajena ni actividad profesional o mercantil; régimen en la Ley 3/2015 del alto cargo. Estado de alarma: lo declara el Gobierno mediante decreto en Consejo de Ministros (15 días, prórroga con autorización del Congreso). Excepción: Gobierno con autorización previa del Congreso. Sitio: mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno. Gobierno en funciones: limitado al despacho ordinario de los asuntos públicos; no puede aprobar el proyecto de PGE ni presentar proyectos de ley (Ley 50/1997). Mociones de censura debatidas hasta 2023: 1980, 1987, 2017, 2018, 2020 y 2023; solo prosperó la de 2018 (constructiva, mayoría absoluta). Los Delegados del Gobierno dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y tienen rango de Subsecretario; en las CCAA uniprovinciales no hay Subdelegado. La Ley 40/2015 sustituyó a la LOFAGE (Ley 6/1997) como norma básica de la Administración General del Estado y de su organización periférica. Consejo de Estado (art. 107 CE): supremo órgano consultivo del Gobierno; dictamen preceptivo en los reglamentos ejecutivos.

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Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229), Títulos IV y V
  • Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
  • Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado
  • Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado
  • Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio

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