Tema 14. La actividad de las Administraciones Públicas. Normas generales de actuación: Derechos y obligaciones de las personas en sus relaciones con la Administración Pública. Registro y archivos. Obligación de resolver. El silencio administrativo.
Este temario corresponde al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (C1, acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — el cuerpo de acceso masivo (vigilancia, custodia y seguridad interior de los centros), que es el que encaja con el banco de 100 preguntas ya existente en el sitio. No cubre el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias (A2, requiere título universitario, funciones de tratamiento) ni el Cuerpo Superior de Técnicos (A1), que tienen temarios distintos.
Este tema desarrolla las normas generales de actuación de las Administraciones Públicas reguladas en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común: los derechos y obligaciones de las personas en sus relaciones con la Administración, el funcionamiento de registros y archivos, y dos instituciones centrales del Derecho Administrativo con enorme trascendencia práctica: la obligación de resolver de la Administración y el silencio administrativo, mecanismo que suple la falta de resolución expresa dentro de plazo.
La actuación de las Administraciones Públicas se rige por los principios generales del art. 3 de la Ley 40/2015 (servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad y proximidad, participación, objetividad y transparencia, racionalización y agilidad de los procedimientos, buena fe, confianza legítima y responsabilidad por la gestión pública, planificación y dirección por objetivos, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, cooperación, coordinación y colaboración entre Administraciones), que se concretan procedimentalmente en la Ley 39/2015 mediante el reconocimiento de un catálogo de derechos y obligaciones a los ciudadanos y de reglas comunes para la tramitación de cualquier procedimiento administrativo.
Derechos de las personas en sus relaciones con la Administración (art. 13 Ley 39/2015)
El art. 13 de la Ley 39/2015 reconoce a las personas, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, el derecho a comunicarse con ellas a través de un Punto de Acceso General electrónico; a ser asistidas en el uso de medios electrónicos; a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma; al acceso a la información pública, archivos y registros; a ser tratadas con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos; a exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio cuando así corresponda legalmente; a la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica; a la protección de datos de carácter personal; y a cualesquiera otros derechos que les reconozcan la Constitución y las leyes.
Obligaciones de las personas en sus relaciones con la Administración
El art. 14 de la Ley 39/2015 regula la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración para determinados sujetos: las personas jurídicas; las entidades sin personalidad jurídica; quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria (para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional); quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración; y los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público. Reglamentariamente pueden establecerse otros colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, puedan ser también obligados.
La capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas
El art. 3 de la Ley 39/2015 dispone que tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: a) las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles; b) los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela, con las excepciones legalmente previstas cuando la extensión de la limitación de capacidad afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate (conviene consultar la redacción vigente tras la reforma civil de apoyo a las personas con discapacidad); y c) cuando la ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. La capacidad de obrar es distinta de la capacidad jurídica y de la legitimación para ser interesado en un procedimiento concreto (art. 4).
Los interesados en el procedimiento administrativo
El art. 4 de la Ley 39/2015 considera interesados en el procedimiento administrativo a quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; a los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte; y a aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales son titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca, y la condición de interesado determina, entre otros efectos, el derecho a ser notificado de las resoluciones y actos que afecten a sus derechos e intereses.
La representación ante la Administración
El art. 5 de la Ley 39/2015 permite que los interesados con capacidad de obrar puedan actuar por medio de representante, entendiéndose con este las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona debe acreditarse la representación por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna, o mediante su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración competente; para los actos y gestiones de mero trámite se presume la representación. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impide que se tenga por realizado el acto, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo.
La identificación y firma de los interesados
La Ley 39/2015 distingue entre identificación y firma. El art. 9 regula la identificación de los interesados: las Administraciones están obligadas a verificar su identidad mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el documento nacional de identidad o documento identificativo equivalente. Los sistemas admitidos para la identificación electrónica son: a) sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica; b) sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico; y c) sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan (como Cl@ve). El art. 10 regula los sistemas de firma admitidos (firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada, sello electrónico y otros). El art. 11 establece el uso de los medios de identificación y firma: con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento basta con la identificación, y las Administraciones solo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. Estos preceptos sustentan la tramitación segura de cualquier procedimiento por vía electrónica.
El registro electrónico general
El art. 16 de la Ley 39/2015 regula el registro electrónico general de cada Administración, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad vinculada o dependiente, así como la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. Los organismos públicos vinculados o dependientes pueden disponer de su propio registro electrónico, plenamente interoperable e interconectado con el registro electrónico general. Los asientos deben contener, como mínimo, un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente y persona u órgano al que se envía, y referencia al contenido del documento. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones pueden presentarse (art. 16.4): a) en el registro electrónico de la Administración u organismo a que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de las demás Administraciones; b) en las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca; c) en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero; d) en las oficinas de asistencia en materia de registros; y e) en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. Los documentos presentados de manera presencial deben ser digitalizados por la oficina de asistencia en materia de registros y devueltos al interesado, sin perjuicio de que algunos documentos puedan conservarse en soporte físico. Los registros electrónicos de todas las Administraciones deben ser interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos presentados en cualquiera de los registros.
Los registros de apoderamientos
El art. 6 de la Ley 39/2015 prevé que la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales dispongan de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. También pueden existir registros mercantiles, de la propiedad y de apoderamientos notariales. Los poderes inscritos tienen una validez máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción, pudiendo ser revocados en cualquier momento o prorrogados por el interesado durante los dos últimos años de vigencia. Los poderes para procedimientos específicos pueden acreditarse mediante documento normalizado sin necesidad de inscripción registral. Estos registros deben ser plenamente interoperables entre sí, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la comprobación de la validez de los poderes inscritos por las distintas Administraciones intervinientes en un procedimiento.
Los archivos administrativos
Los archivos administrativos son el conjunto organizado de documentos producidos o recibidos por las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones, conservados y organizados para su gestión, información, custodia y uso, tanto en la fase de tramitación activa como una vez concluidos los procedimientos correspondientes. El art. 17 de la Ley 39/2015 exige que cada Administración mantenga un archivo electrónico único de los documentos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable, debiendo los documentos electrónicos que formen parte de un expediente administrativo conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión.
El derecho de acceso a archivos y registros
El derecho de acceso a archivos y registros administrativos, reconocido con carácter general en el art. 13.d) de la Ley 39/2015, se ejerce de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y permite a los ciudadanos consultar los documentos que obren en poder de la Administración, con los límites derivados de la protección de datos personales, de la seguridad y defensa del Estado, de la investigación de los delitos y de la intimidad de las personas. Debe distinguirse del derecho del interesado en un procedimiento a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en el mismo (art. 53.1.a), que goza de un régimen propio y más amplio. En el ámbito penitenciario, el acceso al expediente personal del interno está sujeto a un régimen específico y reforzado de protección, dado el carácter especialmente sensible de la información que contiene (datos penales, sanitarios y de conducta), limitándose en general el acceso al propio interesado, a su representación legal y a las autoridades judiciales y administrativas competentes.
La obligación de resolver de la Administración
El art. 21.1 de la Ley 39/2015 establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consiste en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Se exceptúan de la obligación de resolver los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la Administración. La Administración no puede abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá acordarse motivadamente la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, salvo que se trate de peticiones de gracia. Según el art. 21.6, el personal al servicio de las Administraciones que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos competentes para instruir y resolver, son directamente responsables del cumplimiento de la obligación de dictar resolución expresa en plazo, y su incumplimiento dará lugar a responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que proceda conforme a otra normativa aplicable.
El plazo máximo para resolver y notificar
El art. 21.2 y 3 de la Ley 39/2015 establece que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, que no podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea; y que, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen un plazo máximo, este será de tres meses, computado desde la fecha del acuerdo de iniciación en los procedimientos iniciados de oficio, o desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración competente para su tramitación, en los iniciados a solicitud del interesado. Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa opera el régimen del silencio administrativo.
El silencio administrativo: concepto y efectos
El silencio administrativo es la ficción jurídica mediante la cual la ley atribuye determinados efectos jurídicos, positivos o negativos, al transcurso del plazo máximo para resolver un procedimiento administrativo sin que la Administración haya dictado y notificado resolución expresa, permitiendo así al interesado conocer, aunque sea de forma presunta, la situación de su solicitud y ejercer, en su caso, las acciones que procedan en Derecho frente a esa inactividad administrativa. La configuración del silencio como positivo o negativo, y sus efectos concretos, dependen de lo que establezca la norma reguladora de cada procedimiento en particular, sin perjuicio de las reglas generales y supletorias que fija el art. 24 de la Ley 39/2015 para los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
El silencio administrativo positivo
El art. 24.1 de la Ley 39/2015 establece que, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el silencio tendrá efecto estimatorio (positivo) como regla general, salvo que una norma con rango de ley o de Derecho de la Unión Europea establezca lo contrario. El silencio positivo tiene la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento, eficaz, susceptible de producir todos sus efectos jurídicos desde el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, pudiendo hacerse valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada, mediante la simple certificación del acto presunto expedida por el órgano competente, sin que la Administración pueda dictar posteriormente una resolución contraria al sentido del silencio salvo a través de los cauces de revisión de oficio legalmente previstos.
El silencio administrativo negativo
El art. 24.1 de la Ley 39/2015 establece que el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición (art. 29 CE), en aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, en los que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Asimismo, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones; no obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud, se entenderá estimado si, llegado el plazo de resolución del recurso, el órgano competente no dictase y notificase resolución expresa, salvo que el recurso afecte a una de las materias en que el silencio es negativo. Además, el silencio es negativo siempre que una norma con rango de ley o de Derecho de la Unión Europea así lo establezca. A diferencia del silencio positivo, el negativo es una mera ficción legal que permite al interesado acudir a la vía de recurso administrativo o jurisdiccional, sin que vincule a la Administración: según el art. 24.3.b), la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adopta sin vinculación alguna al sentido del silencio. La obligación de resolver subsiste, por tanto, aunque haya transcurrido el plazo.
La certificación de actos presuntos
El art. 24.3.a) de la Ley 39/2015 dispone que, en los casos de estimación por silencio administrativo (positivo), la resolución expresa posterior a la producción del acto solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo, y el art. 24.4 añade que, para acreditar el silencio positivo ante la propia Administración o ante terceros, el interesado puede solicitar del órgano competente para resolver el correspondiente certificado acreditativo del silencio producido, que dicho órgano está obligado a expedir en el plazo máximo de quince días desde que se formule la solicitud. Este certificado de acto presunto sirve como instrumento probatorio de la existencia y del contenido del acto estimatorio producido por el transcurso del plazo, garantizando así la seguridad jurídica del interesado frente a la falta de resolución expresa por parte de la Administración.
La ampliación y suspensión del plazo para resolver
Los arts. 22 y 23 de la Ley 39/2015 regulan, respectivamente, la suspensión del plazo máximo para resolver y su ampliación. Se suspende el plazo, entre otros supuestos, cuando deba requerirse al interesado para subsanar deficiencias o aportar documentos (por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su cumplimiento o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido); cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea; cuando se soliciten informes preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a un órgano de la misma o distinta Administración (por tiempo máximo de tres meses); cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, mientras se ejecutan; cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio; o cuando sea indispensable un previo pronunciamiento de un órgano jurisdiccional. Por su parte, la ampliación excepcional del plazo máximo (art. 23) exige que se hayan agotado todos los medios personales y materiales disponibles, se acuerda de forma motivada por el órgano competente para resolver (a propuesta del instructor o del superior jerárquico), no puede ser superior al plazo establecido para la tramitación del procedimiento, y contra el acuerdo no cabe recurso alguno. La suspensión y la ampliación deben notificarse a los interesados. Estos mecanismos permiten adaptar el rígido plazo legal a las circunstancias reales de tramitación sin dejar sin efecto la obligación de resolver.
Los términos y plazos en el procedimiento administrativo
El art. 30 de la Ley 39/2015 establece las reglas generales de cómputo de plazos: siempre que por ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos; si el plazo se fija en meses o años, estos se computan a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo, y el plazo concluye el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio en el mes o año de vencimiento; si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente, el plazo expirará el último día del mes. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente. Los plazos expresados por horas se cuentan de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación; si están señalados por días, se entiende que son hábiles. El mes de agosto es hábil, salvo previsión en contrario. Los plazos máximos para resolver se cuentan en la forma indicada en el art. 21.3.
La notificación administrativa y la publicación como forma de notificación
La notificación es el acto de comunicación por el cual la Administración pone en conocimiento del interesado el contenido de una resolución o acto administrativo, siendo condición de eficacia de este (art. 40). Debe cursarse dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos. Las notificaciones se practican preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía (art. 41). Cuando la notificación se practica en papel, si el primer intento se hubiera realizado antes de las quince horas, el segundo se realizará después de las quince horas y viceversa, dejando al menos tres horas de diferencia entre ambos intentos y dentro de los tres días siguientes (art. 42). En las notificaciones electrónicas, se entiende rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición sin acceder a su contenido (art. 43.2), lo que da por efectuado el trámite y sigue el procedimiento. Si la notificación es infructuosa, se publica un anuncio en el Boletín Oficial del Estado (art. 44), que sustituye a la notificación individual. La publicación (art. 45) sustituye a la notificación, con los mismos efectos, cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas, cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, o cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo, en cuyo caso la convocatoria debe indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones.
Derechos del interesado en el procedimiento administrativo
Además de los derechos generales del art. 13, el art. 53.1 de la Ley 39/2015 reconoce a quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo: a) conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de los documentos contenidos en ellos; b) identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos; c) no presentar documentos originales salvo que una norma establezca lo contrario, y no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables o que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o hayan sido elaborados por estas (art. 28); d) formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución; e) obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes; y f) actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. En los procedimientos sancionadores el art. 53.2 añade el derecho a ser notificados de los hechos que se les imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, y a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.
La Administración electrónica: sede, punto de acceso general y esquemas nacionales
La Ley 39/2015 se complementa con la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula la sede electrónica (art. 38), dirección electrónica disponible para los ciudadanos cuya titularidad corresponde a una Administración, con responsabilidad sobre la integridad, veracidad y actualización de su contenido, y el portal de internet. El Punto de Acceso General electrónico de la Administración General del Estado facilita el acceso a los servicios y a la información de todas las Administraciones, e incluye la carpeta ciudadana, que permite a los interesados consultar el estado de sus expedientes. Las Administraciones deben utilizar sistemas de identificación y firma compatibles con el Sistema de Identificación y Firma Cl@ve. El funcionamiento electrónico del sector público se desarrolla en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. La seguridad y la interoperabilidad se articulan en el Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 311/2022) y en el Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010). Las Administraciones deben prestar asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados que no estén obligados a relacionarse electrónicamente, y pueden habilitar la identificación o firma de los interesados por un funcionario habilitado (art. 12).
Las oficinas de asistencia en materia de registros y la copia auténtica
Las oficinas de asistencia en materia de registros (art. 16.7 y concordantes) permiten presentar documentos en papel con la garantía de su digitalización y de su incorporación al expediente electrónico. Los documentos presentados de forma presencial se digitalizan, se devuelven los originales al interesado y se anexa al asiento el documento digitalizado, que tiene el valor de copia auténtica. La copia auténtica (art. 27) es la realizada por la Administración con valor probatorio equivalente al original, con indicación expresa de su carácter de copia, y puede ser electrónica o en papel. Además, el art. 28 prohíbe exigir documentos ya aportados o elaborados por cualquier Administración: los interesados no deben aportar datos o documentos que obren en poder de las Administraciones, salvo oposición expresa o ley especial, y la Administración los recaba por medios electrónicos a través de plataformas de intermediación de datos. Las Administraciones deben, además, aceptar la aportación de copias digitalizadas de documentos y solo en caso de duda fundada pueden solicitar el cotejo del original.
El cómputo de plazos en el registro electrónico y la ampliación de plazos
El art. 31 de la Ley 39/2015 establece reglas específicas de cómputo en la Administración electrónica: los registros electrónicos se rigen, a efectos del cómputo de los plazos imputables tanto a los interesados como a las Administraciones, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que debe figurar visible y contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad; permiten la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas; y la presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. El art. 32 permite que la Administración, salvo precepto en contrario, conceda de oficio o a petición de los interesados una ampliación de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros; la ampliación debe solicitarse antes del vencimiento del plazo, y contra su denegación no cabe recurso. El art. 33 regula la tramitación de urgencia, que reduce a la mitad los plazos del procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
El silencio administrativo en los procedimientos iniciados de oficio
El art. 25 de la Ley 39/2015 regula el silencio en los procedimientos iniciados de oficio. Si de ellos pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo cuando se produzca el vencimiento del plazo máximo sin que se dicte y notifique resolución expresa, sin perjuicio de la obligación de resolver. En cambio, en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se produce la caducidad: la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el art. 95. La caducidad no produce por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción. Esta distinción tiene gran importancia práctica en el régimen disciplinario y sancionador, incluido el penitenciario.
Cuadro comparativo: efectos del silencio
Silencio positivo: es la regla general en procedimientos iniciados a solicitud del interesado (art. 24.1); equivale a un acto administrativo finalizador del procedimiento; la resolución expresa posterior solo puede dictarse si es confirmatoria; se acredita mediante certificado de acto presunto (quince días). Silencio negativo: se aplica a derecho de petición, transferencia de facultades sobre dominio público o servicio público, actividades que puedan dañar el medio ambiente, responsabilidad patrimonial, impugnación de actos y disposiciones, y cuando una ley o el Derecho de la Unión lo establezca; no es acto, sino ficción para abrir la vía de recurso; la resolución expresa posterior no está vinculada. Procedimientos iniciados de oficio: silencio negativo para quienes pretenden derechos; caducidad en los procedimientos sancionadores o de intervención (art. 25). Plazos para recurrir un acto presunto: para el recurso de alzada, en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio (art. 122.1); para la vía contencioso-administrativa, seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto (art. 46.1 de la Ley 29/1998). Además, el interesado puede acudir al recurso por inactividad (art. 29 de la Ley 29/1998) cuando la Administración esté obligada a una prestación concreta y no la realice transcurridos tres meses desde la reclamación.
Los archivos administrativos: ciclo vital y acceso
El archivo administrativo se organiza conforme al ciclo vital de los documentos: archivo de gestión o de oficina (documentos en tramitación), archivo central (documentos de uso poco frecuente), archivo intermedio y archivo histórico (conservación permanente, con valor histórico). Los documentos electrónicos se conservan en el archivo electrónico único (art. 17 de la Ley 39/2015), aplicando criterios de conservación y de valoración documental establecidos por las comisiones calificadoras. La normativa de referencia es la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español (régimen de archivos y de consulta) y el Real Decreto 1708/2011, que establece el Sistema Español de Archivos y regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos y su régimen de acceso. En materia de consulta, la Ley 16/1985 (art. 57) establece que los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años a partir de la fecha de los documentos. Estas cautelas son especialmente relevantes para los expedientes penitenciarios.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 13 Ley 39/2015: derechos generales de los ciudadanos frente a la Administración (Punto de Acceso General, asistencia electrónica, uso de lenguas cooficiales, acceso a información pública, protección de datos).
Art. 14: colectivos obligados a relacionarse electrónicamente: personas jurídicas, entidades sin personalidad, colegiados en el ejercicio profesional, y empleados públicos en trámites por razón de su condición.
La obligación de resolver (art. 21) no admite excepción salvo pacto/convenio o mero deber de comunicación; su incumplimiento puede generar responsabilidad disciplinaria.
Plazo máximo para resolver: el fijado por cada norma (máximo 6 meses salvo ley que diga lo contrario); si no se fija, 3 meses, contados desde la entrada en registro (a solicitud de parte) o desde el acuerdo de inicio (de oficio).
Silencio administrativo POSITIVO: regla general en procedimientos a solicitud de parte, salvo excepción legal; el acto presunto se puede acreditar mediante certificación.
Los plazos por días se entienden hábiles (se excluyen sábados, domingos y festivos) salvo indicación en contrario; los plazos por meses/años se cuentan de fecha a fecha.
La publicación sustituye a la notificación individual en actos con pluralidad indeterminada de destinatarios o en procedimientos selectivos/de concurrencia competitiva.
Silencio administrativo NEGATIVO (art. 24.1): derecho de petición, transferencia de facultades sobre dominio o servicio público, actividades que puedan dañar el medio ambiente, responsabilidad patrimonial, impugnación de actos y disposiciones (salvo alzada contra desestimación por silencio) y cuando lo disponga una ley o el Derecho de la UE.
Registro electrónico (art. 31): fecha y hora oficial de la sede electrónica, abierto 24 horas todos los días del año; lo presentado en día inhábil se entiende hecho en la primera hora del primer día hábil siguiente.
Lugares de presentación (art. 16.4): registro electrónico, oficinas de Correos, representaciones diplomáticas y consulares, oficinas de asistencia en materia de registros y otros que establezca la normativa.
Identificación (art. 9), sistemas de firma (art. 10) y uso de identificación y firma (art. 11): la firma solo es obligatoria para solicitudes, declaraciones responsables y comunicaciones, recursos, desistimiento y renuncia.
Los poderes inscritos en el registro de apoderamientos tienen una validez máxima de cinco años, prorrogable en los dos últimos años.
Subsanación de solicitudes (art. 68) y de la representación (art. 5.6): plazo de diez días.
Notificaciones electrónicas: se entienden rechazadas a los diez días naturales de la puesta a disposición sin acceso (art. 43.2). Notificación en papel: dos intentos con tres horas de diferencia (art. 42.2).
Art. 21.6: los responsables de la tramitación y los titulares de los órganos competentes responden directamente del cumplimiento del deber de resolver en plazo; el incumplimiento da lugar a responsabilidad disciplinaria.
Ampliación del plazo máximo para resolver (art. 23): excepcional, motivada, nunca superior al plazo inicial y sin recurso. Ampliación general de plazos (art. 32): hasta la mitad del plazo, solicitada antes de su vencimiento. Tramitación de urgencia (art. 33): reduce a la mitad los plazos, salvo solicitudes y recursos.
Acto presunto y recurso contencioso: seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto (art. 46.1 Ley 29/1998). En alzada, en cualquier momento (art. 122.1 Ley 39/2015).
Procedimientos iniciados de oficio (art. 25): silencio desestimatorio si se pretenden derechos y caducidad si hay efectos desfavorables (sancionadores). Efectos de la caducidad: archivo (art. 95).
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Qué efecto tiene la presentación de un escrito en el registro electrónico un domingo?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 14 de Instituciones Penitenciarias?
Este tema desarrolla las normas generales de actuación de las Administraciones Públicas reguladas en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común: los derechos y obligaciones de las personas en sus relaciones con la Administración, el funcionamiento de registros y archivos, y dos instituciones centrales del Derecho Administrativo con enorme trascendencia práctica: la obligación de resolver de la Administración y el silencio administrativo, mecanismo que suple la falta de resolución expresa dentro de plazo.
¿Qué hay que memorizar del Tema 14 para el examen?
Art. 13 Ley 39/2015: derechos generales de los ciudadanos frente a la Administración (Punto de Acceso General, asistencia electrónica, uso de lenguas cooficiales, acceso a información pública, protección de datos). Art. 14: colectivos obligados a relacionarse electrónicamente: personas jurídicas, entidades sin personalidad, colegiados en el ejercicio profesional, y empleados públicos en trámites por razón de su condición. La obligación de resolver (art. 21) no admite excepción salvo pacto/convenio o mero deber de comunicación; su incumplimiento puede generar responsabilidad disciplinaria. Plazo máximo para resolver: el fijado por cada norma (máximo 6 meses salvo ley que diga lo contrario); si no se fija, 3 meses, contados desde la entrada en registro (a solicitud de parte) o desde el acuerdo de inicio (de oficio). Silencio administrativo POSITIVO: regla general en procedimientos a solicitud de parte, salvo excepción legal; el acto presunto se puede acreditar mediante certificación. Los plazos por días se entienden hábiles (se excluyen sábados, domingos y festivos) salvo indicación en contrario; los plazos por meses/años se cuentan de fecha a fecha. La publicación sustituye a la notificación individual en actos con pluralidad indeterminada de destinatarios o en procedimientos selectivos/de concurrencia competitiva. Silencio administrativo NEGATIVO (art. 24.1): derecho de petición, transferencia de facultades sobre dominio o servicio público, actividades que puedan dañar el medio ambiente, responsabilidad patrimonial, impugnación de actos y disposiciones (salvo alzada contra desestimación por silencio) y cuando lo disponga una ley o el Derecho de la UE. Registro electrónico (art. 31): fecha y hora oficial de la sede electrónica, abierto 24 horas todos los días del año; lo presentado en día inhábil se entiende hecho en la primera hora del primer día hábil siguiente. Lugares de presentación (art. 16.4): registro electrónico, oficinas de Correos, representaciones diplomáticas y consulares, oficinas de asistencia en materia de registros y otros que establezca la normativa. Identificación (art. 9), sistemas de firma (art. 10) y uso de identificación y firma (art. 11): la firma solo es obligatoria para solicitudes, declaraciones responsables y comunicaciones, recursos, desistimiento y renuncia. Los poderes inscritos en el registro de apoderamientos tienen una validez máxima de cinco años, prorrogable en los dos últimos años. Subsanación de solicitudes (art. 68) y de la representación (art. 5.6): plazo de diez días. Notificaciones electrónicas: se entienden rechazadas a los diez días naturales de la puesta a disposición sin acceso (art. 43.2). Notificación en papel: dos intentos con tres horas de diferencia (art. 42.2). Art. 21.6: los responsables de la tramitación y los titulares de los órganos competentes responden directamente del cumplimiento del deber de resolver en plazo; el incumplimiento da lugar a responsabilidad disciplinaria. Ampliación del plazo máximo para resolver (art. 23): excepcional, motivada, nunca superior al plazo inicial y sin recurso. Ampliación general de plazos (art. 32): hasta la mitad del plazo, solicitada antes de su vencimiento. Tramitación de urgencia (art. 33): reduce a la mitad los plazos, salvo solicitudes y recursos. Acto presunto y recurso contencioso: seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto (art. 46.1 Ley 29/1998). En alzada, en cualquier momento (art. 122.1 Ley 39/2015). Procedimientos iniciados de oficio (art. 25): silencio desestimatorio si se pretenden derechos y caducidad si hay efectos desfavorables (sancionadores). Efectos de la caducidad: archivo (art. 95).
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226) (Convocatoria 2026, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 3 a 6, 9 a 11, 13, 14, 16, 17, 21 a 25, 28, 30 a 33, 40 a 45 y 53)
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 3 y 38)
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (arts. 29 y 46)
Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos
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