Tema 8. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Derechos y deberes del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Régimen de incompatibilidades. La responsabilidad disciplinaria: Faltas, sanciones y ejecución de las mismas. Prescripción y cancelación.
Este temario corresponde al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (C1, acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — el cuerpo de acceso masivo (vigilancia, custodia y seguridad interior de los centros), que es el que encaja con el banco de 100 preguntas ya existente en el sitio. No cubre el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias (A2, requiere título universitario, funciones de tratamiento) ni el Cuerpo Superior de Técnicos (A1), que tienen temarios distintos.
Este tema desarrolla el régimen jurídico general del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con eje en el Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre): su objeto y ámbito, las clases de personal, los derechos y deberes (individuales y colectivos) y el Código de Conducta. Se estudia el régimen de incompatibilidades de la Ley 53/1984 y, con especial detenimiento por su relevancia práctica, la responsabilidad disciplinaria: principios, faltas muy graves (art. 95.2 EBEP), graves y leves (remitidas a la legislación de desarrollo, en la AGE el Real Decreto 33/1986), sanciones, procedimiento, ejecución, prescripción de faltas y sanciones y cancelación de anotaciones.
El Estatuto Básico del Empleado Público (RDL 5/2015): objeto y ámbito
El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que sustituye a la Ley 7/2007, de 12 de abril, que lo aprobó originariamente. Su objeto es establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación y fijar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas (art. 1). Sus fundamentos de actuación son: el servicio a los ciudadanos y a los intereses generales; la igualdad, mérito y capacidad en el acceso y la promoción profesional; la objetividad, profesionalidad e imparcialidad; la transparencia; la evaluación y responsabilidad en la gestión; la jerarquía en la atribución y desempeño de las funciones; la negociación colectiva y participación de los representantes en la determinación de las condiciones de trabajo; y la cooperación entre las Administraciones Públicas (art. 1.3). Según el art. 2, se aplica al personal funcionario y, en lo que proceda, al personal laboral de la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, las Entidades Locales, los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquier Administración Pública, y las Universidades Públicas. El art. 4 relaciona colectivos con legislación específica propia a los que el Estatuto solo se aplica directamente cuando así lo disponga esa legislación (entre otros, personal de las Cortes Generales, jueces, magistrados, fiscales y personal al servicio de la Administración de Justicia, personal militar, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y personal del Centro Nacional de Inteligencia). El personal de Instituciones Penitenciarias no está en ese listado y se rige directamente por el EBEP.
Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas
El art. 8 EBEP clasifica a los empleados públicos en cuatro clases: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (fijo, por tiempo indefinido o temporal) y personal eventual. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente (art. 9). Los funcionarios interinos son nombrados, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera cuando concurre alguna de las causas tasadas del art. 10. El personal laboral está vinculado por un contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación previstas en la legislación laboral (art. 11). El personal eventual desempeña funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, no permanentes, y es retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin; cesa automáticamente cuando cesa la autoridad a la que presta la función de confianza o asesoramiento (art. 12).
Funcionarios de carrera, interinos, personal laboral y eventual
El art. 10 EBEP tasa las causas de nombramiento de funcionarios interinos: a) la existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, con una duración máxima de tres años desde el nombramiento, salvo que se haya incluido en una oferta de empleo público y el proceso selectivo esté en trámite; b) la sustitución transitoria de los titulares; c) la ejecución de programas de carácter temporal, de duración máxima de tres años ampliable hasta doce meses más; y d) el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses. Estos plazos y la regulación del abuso de la temporalidad (compensación económica, responsabilidades) proceden de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. El cese del interino se produce, además de por las causas del art. 63, cuando finaliza la causa que dio lugar a su nombramiento. El personal laboral puede ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. El personal eventual solo puede ocupar puestos expresamente calificados como de confianza o asesoramiento especial; su número y retribuciones los determina el órgano de gobierno de cada Administración, y esa condición no puede constituir mérito para el acceso a la función pública o la promoción interna.
Derechos individuales de los empleados públicos
El art. 14 EBEP reconoce a los empleados públicos, en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio, derechos individuales entre los que figuran: la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera; el desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y la progresión en la carrera profesional; la percepción de las retribuciones e indemnizaciones por razón del servicio; la participación en la consecución de los objetivos de la unidad en la que presten sus servicios; la defensa jurídica y protección de la Administración en los procedimientos que se sigan ante cualquier órgano jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones; la formación continua; el respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual, por razón de sexo, moral y laboral; la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social; la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico; la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo; las vacaciones, descansos, permisos y licencias; la jubilación; las prestaciones de la Seguridad Social; y la libre asociación profesional.
Derechos colectivos: libertad sindical, negociación colectiva y huelga
El art. 15 EBEP reconoce como derechos individuales ejercidos colectivamente: la libertad sindical; la negociación colectiva y la participación en la determinación de las condiciones de trabajo; el ejercicio de la huelga, con garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad; el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo; y el derecho de reunión. La huelga no está reconocida a todos los colectivos: está vedada, por su legislación específica, a jueces, magistrados y fiscales, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias no es Fuerza ni Cuerpo de Seguridad (Ley Orgánica 2/1986) y no tiene vetado el derecho de huelga, que debe ejercerse garantizando los servicios mínimos esenciales de custodia y seguridad; no atender los servicios esenciales en caso de huelga y coartar el libre ejercicio del derecho de huelga son faltas muy graves (art. 95.2 EBEP). La representación se articula a través de los Delegados de Personal (unidades con entre 6 y 49 funcionarios) y las Juntas de Personal (50 o más) y la negociación a través de las Mesas de Negociación (Mesa General de las Administraciones Públicas y mesas generales y sectoriales de cada Administración).
Deberes de los empleados públicos y código de conducta
El art. 52 EBEP dispone que los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los arts. 53 y 54 EBEP.
Principios éticos y de conducta del EBEP
Los arts. 53 y 54 EBEP desarrollan el Código de Conducta. El art. 53 recoge los principios éticos: los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico; su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio; ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios; resolverán los asuntos por motivos de interés público; no contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público; se abstendrán de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses; no aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada; actuarán con eficacia, economía y eficiencia; y guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente. El art. 54 recoge los principios de conducta: tratar con atención y respeto a los ciudadanos, superiores y restantes empleados públicos; desempeñar diligentemente las tareas; obedecer las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes; informar a los ciudadanos; administrar los recursos y bienes públicos con austeridad; rechazar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos y costumbres sociales y de cortesía; garantizar la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a los responsables posteriores; y mantener actualizada su formación.
El régimen de incompatibilidades (Ley 53/1984)
La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, desarrolla el mandato del art. 103.3 de la Constitución, que reserva a la ley la regulación del sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Su regla general es que el personal comprendido en su ámbito no puede compatibilizar su puesto con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los supuestos que la propia ley prevé (por ejemplo, determinadas actividades docentes o sanitarias), y tampoco con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. Además, el personal no puede percibir más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas, salvo las excepciones legales. Para la AGE, la Ley se desarrolla por el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril. Se distingue entre actividades públicas (segunda actividad pública, que solo cabe en los supuestos tasados) y actividades privadas, que requieren, con carácter general, el previo reconocimiento de compatibilidad y están sujetas a prohibiciones absolutas.
Actividades compatibles e incompatibles con el empleo público
El art. 12 de la Ley 53/1984 prohíbe en todo caso al personal incluido en su ámbito: ejercer actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, por cuenta propia o ajena, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público; pertenecer a consejos de administración u órganos rectores de empresas o entidades privadas cuya actividad esté directamente relacionada con las que gestione el Departamento u organismo en que preste servicios; y participar en más de un 10 por ciento del capital de empresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros al sector público. Por el contrario, el art. 19 exceptúa del régimen de incompatibilidades (no se requiere reconocimiento de compatibilidad) las siguientes actividades: la administración del patrimonio personal o familiar; la dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en centros oficiales destinados a la formación de funcionarios cuando no tengan carácter permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco horas al año; la participación en tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones Públicas; el ejercicio no retribuido de cargos en mutualidades o patronatos de funcionarios; la colaboración y asistencia ocasional a congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional; la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios; y la participación ocasional en coloquios y programas en medios de comunicación social.
La autorización de compatibilidad
El reconocimiento de compatibilidad para una actividad privada, o para un segundo puesto o actividad pública en los casos en que la ley lo permite, exige resolución expresa y previa del órgano competente. No puede modificar la jornada y el horario del interesado y queda automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público. Existen límites objetivos: de manera general, no puede reconocerse compatibilidad para actividades privadas a quien desempeñe puestos que comporten la percepción de complemento específico (o concepto equiparable) cuya cuantía supere el 30 por ciento de la retribución básica, excluida la antigüedad (art. 16 de la Ley 53/1984; contrastar redacción exacta), lo que en la práctica limita mucho las compatibilidades en puestos con retribuciones complementarias elevadas, como los de vigilancia penitenciaria. La concesión o denegación debe motivarse atendiendo al cumplimiento estricto del horario y a la salvaguarda de la imparcialidad e independencia. El incumplimiento del régimen de incompatibilidades puede constituir falta disciplinaria: es falta muy grave el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad (art. 95.2.n EBEP) y falta grave en los supuestos menos intensos que prevea la normativa de desarrollo.
La responsabilidad disciplinaria: concepto y principios
El art. 93 EBEP establece que los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el Título VII del propio Estatuto y en las normas que las Leyes de Función Pública dicten en desarrollo del mismo. Las Administraciones Públicas corrigen disciplinariamente las infracciones, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda derivar de los mismos hechos. El art. 94.2 enumera los principios de la potestad disciplinaria: legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación normativa; irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y retroactividad de las favorables al presunto infractor; proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación; culpabilidad; y presunción de inocencia. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulten indicios fundados de criminalidad, se suspende su tramitación y se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal, y los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vinculan a las Administraciones Públicas.
Faltas disciplinarias muy graves
El art. 95.2 EBEP tipifica como faltas muy graves: a) el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía; b) toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por esos motivos y el acoso moral, sexual y por razón de sexo; c) el abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones encomendadas; d) la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos; e) la publicación o utilización indebida de la documentación o información a que se tenga acceso por razón del cargo o función; f) la negligencia en la custodia de secretos oficiales que sea causa de su publicidad o difusión indebida; g) el notorio incumplimiento de las funciones esenciales encomendadas; h) la violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales; i) la desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del ordenamiento jurídico; j) la prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro; k) la obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales; l) la realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga; m) el incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga; n) el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando dé lugar a una situación de incompatibilidad; ñ) la incomparecencia injustificada en las comisiones de investigación de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas; o) el acoso laboral; y p) las que queden tipificadas como muy graves en ley o, para el personal laboral, en convenio colectivo. Nota: la «notoria falta de rendimiento» pertenece a la regulación anterior (Real Decreto 33/1986) y no figura en el listado del art. 95.2 EBEP.
Faltas disciplinarias graves
El art. 95.3 EBEP remite a las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto el régimen de faltas graves y leves, atendiendo al grado en que se haya vulnerado la legalidad, la gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la Administración o de los ciudadanos y el descrédito para la imagen pública de la Administración. Mientras no existan esas leyes, en la Administración General del Estado sigue siendo aplicable, en lo no contrario al EBEP, el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la AGE (Real Decreto 33/1986, de 10 de enero). Entre las faltas graves de ese reglamento figuran, por ejemplo, la falta de obediencia debida a los superiores y autoridades, el abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, la grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados, no guardar el debido sigilo respecto de los asuntos que se conozcan por razón del cargo cuando se cause perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio, y la falta de asistencia al trabajo de tres días en el periodo de un mes sin causa justificada. La concreta tipificación y los plazos deben contrastarse con el texto vigente del reglamento.
Faltas disciplinarias leves
Las faltas leves se regulan, como las graves, en la legislación de desarrollo (en la AGE, el Real Decreto 33/1986). Tradicionalmente son leves: el incumplimiento injustificado del horario de trabajo cuando no suponga falta grave; la falta de asistencia injustificada de un día; la incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados; el descuido en el cumplimiento de los deberes y tareas o en la conservación de los locales, material o documentos del servicio; y, en general, el incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario siempre que no deba calificarse como falta grave o muy grave. Su sanción típica es el apercibimiento o, en su caso, la deducción proporcional de retribuciones por el tiempo no trabajado; la suspensión de funciones se reserva a faltas graves y muy graves.
Las sanciones disciplinarias
El art. 96.1 EBEP enumera las sanciones: a) separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento, y que solo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves; b) despido disciplinario del personal laboral, que solo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban; c) suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de seis años; d) traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el periodo que en cada caso se establezca; e) demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria; f) apercibimiento; y g) cualquier otra que se establezca por ley. El alcance de cada sanción se establece teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia y el grado de participación (art. 96.2). La suspensión firme de funciones de más de seis meses determina la pérdida del puesto de trabajo (art. 90.3).
El procedimiento disciplinario
El art. 98 EBEP dispone que no puede imponerse sanción por faltas muy graves o graves sino mediante el procedimiento previamente establecido, y que las sanciones por faltas leves se imponen por procedimiento sumario con audiencia al interesado. La regulación del procedimiento debe garantizar la separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendadas a órganos distintos, y los derechos del presunto responsable a la presunción de inocencia, a la información, a la defensa y a la audiencia. Cuando la normativa lo prevea, podrán adoptarse medidas provisionales mediante resolución motivada en los procedimientos por faltas graves o muy graves, con respeto al principio de proporcionalidad. En la AGE el procedimiento disciplinario ordinario se estructura en las fases de incoación, nombramiento de instructor y secretario, pliego de cargos con alegaciones, prueba, propuesta de resolución, audiencia y resolución motivada, que debe expresar los hechos, la falta apreciada y la sanción impuesta, con indicación de los recursos que procedan (Real Decreto 33/1986; contrastar plazos y órganos competentes).
La ejecución de las sanciones disciplinarias
Las sanciones disciplinarias son de obligado cumplimiento una vez que son ejecutivas, y su ejecución corresponde al órgano competente conforme a la resolución sancionadora, que adopta las medidas materiales necesarias (separación del servicio, traslado forzoso, suspensión de funciones, con la correspondiente baja en nómina y cotizaciones durante la suspensión). En cuanto a la ejecutividad, el art. 98.1.b de la Ley 39/2015 establece que no son inmediatamente ejecutivas las resoluciones de procedimientos sancionadores contra las que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición; el art. 90.3 de la misma ley permite adoptar mientras tanto las medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia. Una vez firme en vía administrativa, la interposición del recurso contencioso-administrativo no suspende por sí sola su ejecución: el interesado puede solicitar la suspensión como medida cautelar (arts. 129 y siguientes de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa), ponderando los perjuicios para el recurrente frente al interés público.
La prescripción de faltas y sanciones disciplinarias
El art. 97 EBEP fija los plazos de prescripción: las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años, por faltas graves a los dos años y por faltas leves al año. El plazo de prescripción de las faltas comienza a contarse desde que se hubieran cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas; el de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora. Las reglas de interrupción de la prescripción por la iniciación del procedimiento, y de su reanudación si el expediente permanece paralizado por causa no imputable al presunto responsable, se contienen en la normativa de desarrollo (en la AGE, Real Decreto 33/1986) y en la Ley 40/2015 con carácter supletorio; el plazo de paralización exacto debe contrastarse con la norma aplicable.
La cancelación de las anotaciones por faltas disciplinarias
Las anotaciones desfavorables que como consecuencia de sanciones disciplinarias consten en el expediente personal se cancelan de oficio o a instancia del interesado, una vez transcurridos los plazos previstos por la normativa de desarrollo desde el cumplimiento de la sanción sin haber incurrido en nueva responsabilidad disciplinaria, que son más largos cuanto más grave fue la falta. En la AGE el Real Decreto 33/1986 los fija en seis meses para las faltas leves, dos años para las graves y seis años para las muy graves (contrastar). La cancelación implica que la anotación desaparece del expediente y no puede tenerse en cuenta a efectos de reincidencia en nuevas infracciones.
Las situaciones administrativas y su relación con el régimen disciplinario
Las situaciones administrativas de los funcionarios (servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de funciones; art. 85 EBEP) se relacionan con el régimen disciplinario porque la suspensión de funciones puede ser consecuencia de una sanción: la suspensión firme de funciones es a la vez sanción (art. 96.1.c) y situación administrativa (art. 90), con una duración máxima de seis años, durante la cual el funcionario queda privado del ejercicio de sus funciones y de los derechos inherentes a su condición. Es distinta de la suspensión provisional, que puede acordarse preventivamente durante la tramitación de un procedimiento judicial o disciplinario (en el disciplinario, por un periodo máximo de seis meses, salvo paralización del procedimiento imputable al interesado), sin naturaleza sancionadora; el funcionario en suspensión provisional percibe las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Si la suspensión provisional se eleva a firme, el tiempo de cumplimiento computa a efectos de la sanción; si el procedimiento termina sin sanción, se reincorpora y se le restituyen los derechos económicos retenidos.
Estructura del Estatuto Básico del Empleado Público
El texto refundido se organiza en ocho títulos: I (objeto y ámbito de aplicación), II (clases de personal), III (derechos y deberes, Código de Conducta; incluye derechos individuales, carrera, retribuciones, negociación colectiva y representación, jornada, permisos y vacaciones, y deberes), IV (adquisición y pérdida de la relación de servicio, con el acceso al empleo público), V (ordenación de la actividad profesional, planificación y provisión de puestos), VI (situaciones administrativas), VII (régimen disciplinario, arts. 93 a 98) y VIII (cooperación entre las Administraciones Públicas). Es una norma básica dictada al amparo del art. 149.1.18.ª de la Constitución, de modo que las Comunidades Autónomas y el Estado la desarrollan mediante sus leyes de función pública.
Derechos retributivos, jornada, permisos y vacaciones
El EBEP distingue entre retribuciones básicas (sueldo, que corresponde al subgrupo de clasificación del cuerpo, y trienios, además de las pagas extraordinarias) y retribuciones complementarias, que son el complemento de destino, el complemento específico, el complemento de productividad y las gratificaciones por servicios extraordinarios (arts. 22 a 24). Las vacaciones anuales son de veintidós días hábiles por año completo de servicio, o los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo servido fue menor (art. 50). La jornada, los permisos y las licencias se concretan en la normativa de cada Administración: en el sector público estatal la jornada general es de 37,5 horas semanales de promedio en cómputo anual (contrastar la norma vigente). En los centros penitenciarios la jornada se organiza por turnos, sin perjuicio del cómputo anual.
Negociación colectiva y representación del personal
La negociación colectiva de los funcionarios se realiza en las Mesas de Negociación (art. 31 y siguientes EBEP): la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, la Mesa General de Negociación de la AGE y las mesas sectoriales. Los resultados de la negociación se plasman en Pactos y Acuerdos (art. 38): los Pactos versan sobre materias de la competencia del órgano que los suscribe y vinculan directamente; los Acuerdos, cuando afectan a materias de competencia de los órganos de gobierno, requieren su aprobación expresa y formal. Los órganos de representación son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal (art. 39), elegidos por el personal, con mandato de cuatro años, conforme a la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Responsabilidad patrimonial, civil y penal del empleado público
La responsabilidad disciplinaria es independiente de la responsabilidad penal, civil y patrimonial. Los particulares exigen directamente a la Administración la indemnización por los daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos (responsabilidad patrimonial de la Administración, arts. 32 y siguientes de la Ley 40/2015), y esta puede exigir de oficio a sus autoridades y empleados públicos, en vía de regreso, la responsabilidad en que hayan incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento (art. 36 de la Ley 40/2015). Cuando los hechos constituyan delito, la sentencia penal firme vincula a la Administración respecto de los hechos probados y puede conllevar la pena de inhabilitación, que determina la pérdida de la condición de funcionario (art. 63 EBEP). Rige el principio non bis in idem: no se pueden sancionar dos veces los mismos hechos, sujeto y fundamento.
Régimen disciplinario del personal laboral
El personal laboral queda sujeto al régimen disciplinario del Título VII del EBEP (art. 93) en lo que le es aplicable y, en lo no previsto, al Estatuto de los Trabajadores y al convenio colectivo. Para este personal el EBEP prevé como sanción el despido disciplinario, que solo puede sancionar faltas muy graves y comporta la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato con funciones similares (art. 96.1.b), y la suspensión de empleo y sueldo con el límite máximo de seis años. Las faltas graves y leves se tipifican en el convenio colectivo (en la AGE, el Convenio Único para el personal laboral). Las faltas muy graves del art. 95.2 EBEP se aplican también a este personal, salvo las que por su naturaleza solo puedan cometer los funcionarios.
Cuadro de plazos de prescripción y sanciones por tipo de falta (resumen para memorizar)
Muy graves: la prescripción de la falta es de tres años y la de la sanción de tres años; pueden sancionarse con separación del servicio o despido (solo muy graves), suspensión firme de funciones hasta seis años, traslado forzoso, demérito o apercibimiento. Graves: la falta prescribe a los dos años y la sanción a los dos años; la normativa de desarrollo determina las sanciones aplicables (suspensión, traslado, demérito, apercibimiento). Leves: la falta prescribe a los seis meses y la sanción al año; se sancionan por procedimiento sumario con audiencia del interesado, con apercibimiento como sanción típica. Regla mnemotécnica: las faltas prescriben a 3 años, 2 años y 6 meses; las sanciones a 3 años, 2 años y 1 año.
Competencia y recursos frente a las sanciones
La competencia para imponer las sanciones disciplinarias se determina en la normativa de desarrollo y varía según la gravedad: las más severas (separación del servicio) se reservan a los órganos de mayor rango, y las leves a los jefes de unidad o de centro. Contra la resolución sancionadora cabe recurso de alzada o, en su caso, el potestativo de reposición, si no pone fin a la vía administrativa, y el recurso contencioso-administrativo ante los órganos de la jurisdicción competente una vez agotada la vía administrativa (Ley 39/2015 y Ley 29/1998). En los casos de separación del servicio de funcionarios de la AGE, la sanción solo puede ser adoptada por el órgano que la normativa determine y, si es firme, determina la pérdida de la condición de funcionario (art. 63.d EBEP).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El EBEP (RDL 5/2015) distingue cuatro clases de personal: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual (art. 8). Sustituye en su forma refundida a la Ley 7/2007.
Causas de nombramiento de interinos (art. 10 EBEP): vacante (máx. 3 años), sustitución transitoria, programas temporales (máx. 3 años + 12 meses) y exceso o acumulación de tareas (máx. 9 meses en 18). Ley 20/2021 sobre temporalidad.
Derecho de huelga (art. 15 EBEP): con garantía de servicios esenciales. Vedado a jueces, fiscales, Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; el Cuerpo de Ayudantes de IIPP no tiene vetado el derecho.
Principios de la potestad disciplinaria (art. 94.2): legalidad y tipicidad, irretroactividad de las no favorables, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia.
Faltas muy graves (art. 95.2 EBEP): discriminación y acoso, abandono del servicio, desobediencia abierta, violación de la imparcialidad, coartar la huelga, incumplir servicios esenciales en huelga, incompatibilidades con situación de incompatibilidad, acoso laboral. La «notoria falta de rendimiento» ya no figura en el EBEP.
Las faltas graves y leves se regulan en la legislación de desarrollo (art. 95.3); en la AGE, Real Decreto 33/1986 todavía aplicable en lo no contrario al EBEP.
Sanciones (art. 96.1 EBEP): separación del servicio o despido (solo muy graves), suspensión firme (máximo 6 años), traslado forzoso, demérito, apercibimiento y otras por ley. La suspensión firme de más de 6 meses determina pérdida del puesto.
Prescripción (art. 97 EBEP): faltas 3 años (muy graves), 2 años (graves) y 6 meses (leves); sanciones 3 años, 2 años y 1 año.
Procedimiento (art. 98 EBEP): obligatorio para faltas graves y muy graves, con separación entre instrucción y sanción y audiencia; las leves, procedimiento sumario con audiencia.
Suspensión provisional: medida cautelar de hasta 6 meses en el procedimiento disciplinario, salvo paralización imputable al interesado; el funcionario percibe retribuciones básicas y prestaciones familiares.
Incompatibilidades (Ley 53/1984): regla general de no compatibilizar un segundo puesto público ni actividades que comprometan la imparcialidad; requieren reconocimiento previo y expreso de compatibilidad; prohibiciones absolutas (art. 12, incluido más de un 10 por ciento del capital de contratistas) y actividades exceptuadas (art. 19, entre otras tribunales de oposiciones y cursos ocasionales de hasta 75 horas al año).
No ejecutividad de la sanción mientras quepa recurso administrativo, incluida la reposición potestativa (art. 98.1.b Ley 39/2015); el contencioso no suspende automáticamente la ejecución.
La cancelación de las anotaciones desfavorables borra la falta a efectos de reincidencia tras el plazo correspondiente sin nueva sanción (RD 33/1986: 6 meses, 2 años y 6 años; contrastar).
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Pregunta 1 de 120 aciertos
Las faltas disciplinarias leves de los funcionarios prescriben, según el art. 97 del EBEP, a los:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 8 de Instituciones Penitenciarias?
Este tema desarrolla el régimen jurídico general del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con eje en el Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre): su objeto y ámbito, las clases de personal, los derechos y deberes (individuales y colectivos) y el Código de Conducta. Se estudia el régimen de incompatibilidades de la Ley 53/1984 y, con especial detenimiento por su relevancia práctica, la responsabilidad disciplinaria: principios, faltas muy graves (art. 95.2 EBEP), graves y leves (remitidas a la legislación de desarrollo, en la AGE el Real Decreto 33/1986), sanciones, procedimiento, ejecución, prescripción de faltas y sanciones y cancelación de anotaciones.
¿Qué hay que memorizar del Tema 8 para el examen?
El EBEP (RDL 5/2015) distingue cuatro clases de personal: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual (art. 8). Sustituye en su forma refundida a la Ley 7/2007. Causas de nombramiento de interinos (art. 10 EBEP): vacante (máx. 3 años), sustitución transitoria, programas temporales (máx. 3 años + 12 meses) y exceso o acumulación de tareas (máx. 9 meses en 18). Ley 20/2021 sobre temporalidad. Derecho de huelga (art. 15 EBEP): con garantía de servicios esenciales. Vedado a jueces, fiscales, Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; el Cuerpo de Ayudantes de IIPP no tiene vetado el derecho. Principios de la potestad disciplinaria (art. 94.2): legalidad y tipicidad, irretroactividad de las no favorables, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia. Faltas muy graves (art. 95.2 EBEP): discriminación y acoso, abandono del servicio, desobediencia abierta, violación de la imparcialidad, coartar la huelga, incumplir servicios esenciales en huelga, incompatibilidades con situación de incompatibilidad, acoso laboral. La «notoria falta de rendimiento» ya no figura en el EBEP. Las faltas graves y leves se regulan en la legislación de desarrollo (art. 95.3); en la AGE, Real Decreto 33/1986 todavía aplicable en lo no contrario al EBEP. Sanciones (art. 96.1 EBEP): separación del servicio o despido (solo muy graves), suspensión firme (máximo 6 años), traslado forzoso, demérito, apercibimiento y otras por ley. La suspensión firme de más de 6 meses determina pérdida del puesto. Prescripción (art. 97 EBEP): faltas 3 años (muy graves), 2 años (graves) y 6 meses (leves); sanciones 3 años, 2 años y 1 año. Procedimiento (art. 98 EBEP): obligatorio para faltas graves y muy graves, con separación entre instrucción y sanción y audiencia; las leves, procedimiento sumario con audiencia. Suspensión provisional: medida cautelar de hasta 6 meses en el procedimiento disciplinario, salvo paralización imputable al interesado; el funcionario percibe retribuciones básicas y prestaciones familiares. Incompatibilidades (Ley 53/1984): regla general de no compatibilizar un segundo puesto público ni actividades que comprometan la imparcialidad; requieren reconocimiento previo y expreso de compatibilidad; prohibiciones absolutas (art. 12, incluido más de un 10 por ciento del capital de contratistas) y actividades exceptuadas (art. 19, entre otras tribunales de oposiciones y cursos ocasionales de hasta 75 horas al año). No ejecutividad de la sanción mientras quepa recurso administrativo, incluida la reposición potestativa (art. 98.1.b Ley 39/2015); el contencioso no suspende automáticamente la ejecución. La cancelación de las anotaciones desfavorables borra la falta a efectos de reincidencia tras el plazo correspondiente sin nueva sanción (RD 33/1986: 6 meses, 2 años y 6 años; contrastar).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226) (Convocatoria 2026, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (arts. 1-12, 14-15, 22-24, 31-39, 50, 52-54, 63, 85-90, 93-98)
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (arts. 1, 3, 12, 16, 19)
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los entes, organismos y empresas dependientes
Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado (vigente en lo no contrario al EBEP)
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 90 y 98)
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 32-37)
Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas
Constitución Española, arts. 103.3 y 149.1.18.ª
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