Tema 23. Principales delitos (2): De las torturas y otros delitos contra la integridad moral. Delitos contra la libertad sexual. Delitos contra el honor: calumnia e injuria. Las falsedades: Falsificación de documentos públicos y oficiales. La usurpación de funciones públicas y el intrusismo.
Este temario corresponde al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (C1, acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — el cuerpo de acceso masivo (vigilancia, custodia y seguridad interior de los centros), que es el que encaja con el banco de 100 preguntas ya existente en el sitio. No cubre el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias (A2, requiere título universitario, funciones de tratamiento) ni el Cuerpo Superior de Técnicos (A1), que tienen temarios distintos.
Este segundo tema dedicado a los principales delitos de la Parte Especial recorre las torturas y otros delitos contra la integridad moral, los delitos contra la libertad sexual, los delitos contra el honor (calumnia e injuria), las falsedades documentales con especial atención a la falsificación de documentos públicos y oficiales, y la usurpación de funciones públicas y el intrusismo profesional, materias de particular relevancia para un funcionario que ejerce autoridad sobre personas privadas de libertad.
El art. 174 del Código Penal castiga como reo de tortura a la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o que de cualquier otro modo atenten contra su integridad moral, con pena de prisión de dos a seis años si el atentado fuera grave, y de prisión de uno a tres años si no lo es; además se impone, en todo caso, la inhabilitación absoluta de ocho a doce años. El delito exige, por tanto, la condición de autoridad o funcionario público del sujeto activo y una finalidad específica, siendo de particular relevancia para el ámbito penitenciario por la relación de sujeción especial en que se encuentran los internos. El art. 175 CP castiga el atentado contra la integridad moral cometido por autoridad o funcionario fuera de los supuestos del art. 174 (sin finalidad específica), con prisión de dos a cuatro años si es grave y de seis meses a dos años si no lo es, además de inhabilitación especial. El art. 176 CP aplica las mismas penas a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras personas ejecuten tales hechos (responsabilidad por omisión). El art. 177 CP establece que, si además del atentado contra la integridad moral se produce lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad sexual o bienes, se castigan los hechos separadamente con la pena que corresponda por los delitos cometidos (concurso real). Se complementa con el art. 15 CE (nadie puede ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes) y con el art. 3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y el art. 4 del Reglamento Penitenciario, que imponen el respeto a la personalidad humana de los internos y proclaman su derecho a no ser sometidos a torturas ni a malos tratos de palabra u obra.
Delitos contra la integridad moral
El art. 173.1 del Código Penal castiga, con carácter general y sin exigir la condición de autoridad o funcionario, al que infligiere a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, con pena de prisión de seis meses a dos años. Con la misma pena se castiga a quienes, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima (acoso laboral o mobbing). Este delito, distinto del de torturas (que exige la condición de autoridad o funcionario y una finalidad específica), protege el bien jurídico de la integridad moral, entendida como el derecho de toda persona a no ser humillada ni vejada, con independencia de que el trato se produzca en el ámbito laboral, doméstico o de cualquier otra relación entre particulares. Cuando los hechos se cometan sobre las personas del art. 173.2 CP (ámbito de la violencia de género y doméstica), se aplican las reglas específicas de dicho precepto (art. 173.2) y del art. 173.4 CP para las vejaciones injustas de carácter leve.
El trato degradante
El trato degradante, elemento central tanto del delito de torturas (art. 174 CP) como del delito genérico contra la integridad moral (art. 173.1 CP), se caracteriza jurisprudencialmente por comportar un padecimiento físico o psíquico ilícito e infligido de modo vejatorio para quien lo sufre, y con esa propia intención de vejar y de doblegar la voluntad del sujeto pasivo, generando sentimientos de terror, angustia o inferioridad. La jurisprudencia exige, para su apreciación, un mínimo de gravedad, para excluir del ámbito penal aquellas conductas socialmente inadecuadas pero de escasa entidad, que no alcanzan un umbral objetivo mínimo de padecimiento humillante. En el ámbito penitenciario, la aplicación indebida o desproporcionada de medios coercitivos, o el rigor innecesario en el trato a los internos, pueden llegar a integrar este tipo penal cuando alcancen la gravedad exigida por el mismo.
Delitos contra la libertad sexual: la agresión sexual
El Título VIII del Libro II del Código Penal, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (conocida como «ley del solo sí es sí»), se denomina «Delitos contra la libertad sexual» y agrupa como agresión sexual todo acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento, unificando las anteriores figuras de agresión sexual (con violencia o intimidación) y abuso sexual (sin consentimiento pero sin violencia ni intimidación). El art. 178.1 CP castiga con prisión de uno a cuatro años al que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento, y precisa que solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. El art. 178.2 CP considera en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare, y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad; el art. 178.3 CP agrava la pena cuando se empleen violencia o intimidación o la víctima tenga anulada su voluntad. El art. 179 CP castiga como violación, con penas de prisión de cuatro a doce años, la agresión que consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o en la introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías. El art. 180 CP prevé subtipos agravados (actuación conjunta de dos o más personas, vulnerabilidad extrema, relación de superioridad o parentesco, uso de armas, entre otros). La Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril, modificó posteriormente el Código Penal y la LO 10/2022 para ajustar el marco penal de estos delitos.
El abuso sexual: su integración en el tipo unificado
Tras la reforma operada por la Ley Orgánica 10/2022, la anterior distinción entre abuso sexual (sin violencia ni intimidación) y agresión sexual (con violencia o intimidación) ha desaparecido, integrándose ambas conductas en el único tipo de agresión sexual del art. 178 CP, cuyo elemento nuclear pasa a ser la ausencia de consentimiento de la víctima, con independencia de que este se hubiera obtenido mediante violencia, intimidación, prevalimiento o cualquier otro medio. La antigua figura del abuso sexual sobre persona privada de sentido, con trastorno mental o cuyo consentimiento hubiera sido obtenido prevaliéndose el culpable de una situación de superioridad manifiesta se mantiene hoy comprendida dentro del tipo unificado, y en ciertos casos se consideran supuestos que se reputan «en todo caso» agresión sexual (art. 178.2). Los actos de contenido sexual con menores de dieciséis años (edad del consentimiento sexual) se castigan específicamente en el art. 181 CP como agresiones sexuales a menores. La unificación evita que la calificación de la conducta dependa de la mayor o menor resistencia de la víctima y refuerza el consentimiento como eje del bien jurídico libertad sexual.
Delitos de acoso sexual
El art. 184 del Código Penal castiga al que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, con pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a diez meses, agravándose la pena cuando el culpable hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de la relación. Esta figura resulta especialmente relevante en las relaciones de sujeción especial de carácter jerárquico, como las existentes en el ámbito penitenciario entre distintos niveles de personal.
Otros delitos contra la libertad sexual: exhibicionismo, provocación sexual y contacto con menores por medios tecnológicos
Además de las agresiones sexuales, el Título VIII del Libro II del Código Penal tipifica otras conductas: el exhibicionismo ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección (art. 185 CP, que consiste en ejecutar o hacer ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena) y la provocación sexual, esto es, la venta, difusión o exhibición de material pornográfico entre menores de edad o personas con discapacidad (art. 186 CP). El art. 183 CP castiga a quien, a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación, contacte con un menor de dieciséis años y le proponga concertar un encuentro con el fin de cometer cualquiera de los delitos sexuales contra menores, siempre que la propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento (conocido como child grooming). También son relevantes la agresión sexual a menores de dieciséis años (art. 181 CP), con subtipos agravados, y los delitos relativos a la pornografía infantil (art. 189 CP). A los condenados por delitos de este Título puede imponerse la medida de libertad vigilada (art. 192 CP), de ejecución posterior a la pena de prisión, y penas accesorias de inhabilitación especial para profesiones que impliquen contacto con menores. Estas disposiciones son de especial importancia en el ámbito penitenciario, donde los condenados por delitos sexuales reciben un tratamiento específico dentro del programa de intervención de cada establecimiento.
Delitos relativos a la prostitución y explotación sexual
El Capítulo V del Título VIII del Libro II del Código Penal («De los delitos relativos a la prostitución, a la explotación sexual y a la corrupción de menores») tipifica, entre otros: la determinación, mediante violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a que una persona mayor de edad ejerza la prostitución o se mantenga en ella (art. 187.1 CP); el lucro explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de esta, cuando concurran determinadas circunstancias (situación de vulnerabilidad personal o económica de la víctima, o imposición de condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas); y, en el art. 188 CP, la inducción, promoción, favorecimiento o facilitación de la prostitución de un menor de edad o de una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o la explotación de ellos, con penas más graves. Se prevén subtipos agravados cuando la víctima sea especialmente vulnerable o menor de edad, o cuando el autor sea ascendiente, tutor, curador o guardador de la víctima, o pertenezca a una organización. Estos preceptos fueron reformados por las Leyes Orgánicas 1/2015 y 10/2022. Se completa con el art. 177 bis CP (trata de seres humanos con fines de explotación sexual, laboral u otros).
Delitos contra el honor: la calumnia
El art. 205 del Código Penal define la calumnia como la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. El art. 206 CP la castiga con pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses si se propaga con publicidad y, en otro caso, con multa de seis a doce meses. La calumnia, a diferencia de la injuria, exige siempre la imputación de un hecho concreto constitutivo de delito (ni delito leve ni infracción administrativa, ni una mera valoración despectiva de la conducta o cualidades de la persona ofendida). Se considera que existe publicidad cuando la calumnia o injuria se propaga por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante (art. 211 CP). El acusado de calumnia queda exento de responsabilidad probando el hecho criminal que hubiere imputado (art. 207 CP, «exceptio veritatis»). Los delitos de calumnia e injuria son delitos privados: nadie puede ser penado por ellos sino en virtud de querella de la persona ofendida o de su representante legal, salvo cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos, en cuyo caso se procede de oficio (art. 215 CP).
La injuria
El art. 208 del Código Penal define la injuria como la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves, y las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Conforme al art. 209 CP, las injurias graves hechas con publicidad se castigan con pena de multa de seis a catorce meses y, en otro caso, de tres a siete meses. Las injurias leves ya no constituyen delito, salvo la vejación injusta de carácter leve en el ámbito de las personas del art. 173.2 (art. 173.4 CP). Como en la calumnia, se exige querella del ofendido (delito privado), salvo cuando se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos (art. 215 CP). El art. 212 CP establece la responsabilidad civil solidaria del propietario del medio por medio del cual se haya propagado la calumnia o injuria, y el art. 216 CP permite ordenar la publicación o difusión de la sentencia condenatoria a costa del condenado como reparación.
La «exceptio veritatis»
La exceptio veritatis o prueba de la verdad opera de forma diferente en la calumnia y en la injuria. En la calumnia, el art. 207 del Código Penal dispone que el acusado quedará exento de toda responsabilidad probando el hecho criminal que hubiere imputado: si el delito imputado es cierto, no hay calumnia, pues la sociedad tiene un interés legítimo en que se conozca la verdad. En la injuria, el art. 210 CP restringe la eficacia de la prueba de la verdad: el acusado de injuria quedará exento de responsabilidad probando la verdad de las imputaciones cuando estas se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de infracciones administrativas. Fuera de estos casos, la verdad del hecho injurioso no exime de responsabilidad, porque lo que se protege es la dignidad y no solo la veracidad. Esta institución articula el equilibrio entre el derecho al honor (art. 18 CE) y las libertades de expresión e información (art. 20 CE), que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional pondera atendiendo a la veracidad de la información y a su relevancia pública. El ejercicio legítimo de la libertad de información y de expresión excluye la antijuridicidad de la conducta.
Las falsedades documentales: concepto
Los delitos de falsedades, regulados en el Título XVIII del Libro II del Código Penal, protegen la fe pública y la seguridad del tráfico jurídico, entendida como la confianza social en la autenticidad y veracidad de los documentos que sirven de soporte a las relaciones jurídicas, castigando las conductas de alteración de su contenido, de su fecha o de su firma, de simulación de un documento de manera que induzca a error sobre su autenticidad, o de faltar a la verdad en la narración de los hechos que en él se contienen. El art. 26 CP define el documento a efectos penales como todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica. El Código Penal distingue, con distinto régimen jurídico y penológico, entre la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles (arts. 390 a 394), de documentos privados (arts. 395 y 396), de certificados (arts. 397 a 399) y de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis), además de la falsificación de moneda y efectos timbrados (arts. 386 y siguientes) y de las falsedades personales (arts. 401 a 403).
La falsificación de documentos públicos y oficiales
El art. 390.1 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial; simulando un documento en todo o en parte de manera que induzca a error sobre su autenticidad; suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho; o faltando a la verdad en la narración de los hechos, con pena de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años. El art. 392 CP castiga a los particulares que cometan en documento público, oficial o mercantil alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del art. 390.1 (excluida, por tanto, la falsedad ideológica por faltar a la verdad en la narración de los hechos, que solo puede cometer un funcionario en el ejercicio de sus funciones), con prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses. El art. 393 CP castiga el uso de documento falso a sabiendas, con pena inferior en grado a la de los falsificadores. Se distingue entre documento público (el otorgado o autorizado por funcionario competente: sentencias, escrituras notariales), documento oficial (el emitido por la Administración en el ejercicio de sus funciones: partes, informes, actas) y documento mercantil (cheques, letras de cambio, facturas).
La falsificación de documentos privados
El art. 395 del Código Penal castiga al que, para perjudicar a otro, cometiere en documento privado alguna de las falsedades previstas en los tres primeros números del art. 390.1 CP (alteración, simulación, suposición de intervinientes), con pena de prisión de seis meses a dos años, excluyendo la modalidad de faltar a la verdad en la narración de los hechos, reservada únicamente a la falsedad ideológica cometida por funcionario público en documento público u oficial. Se exige además, a diferencia de la falsedad en documento público, el elemento subjetivo específico de ánimo de perjudicar a un tercero, sin el cual la conducta resultaría atípica, dada la menor trascendencia social y la menor confianza pública depositada en los documentos de naturaleza estrictamente privada. El art. 396 CP castiga el uso en juicio o para perjudicar a otro de un documento privado falso a sabiendas de su falsedad, con pena inferior en grado.
La falsificación de certificados
El Código Penal tipifica de forma diferenciada la falsificación de certificados, con penas inferiores a las de la falsedad documental ordinaria: el art. 397 castiga al facultativo que librare certificado falso con pena de multa de tres a doce meses; el art. 398 castiga a la autoridad o funcionario público que librare certificación falsa con pena de suspensión de seis meses a dos años; y el art. 399 castiga al particular que falsificare un certificado de los designados en los artículos anteriores con pena de multa de tres a seis meses. Esta menor gravedad punitiva de la falsedad en certificados, en comparación con la falsedad documental general, se justifica por la menor eficacia probatoria y jurídica que, en principio, se atribuye a los certificados frente a otros documentos. Debe distinguirse del supuesto en que el certificado es el medio de una falsedad más amplia o en que el documento falso es público u oficial (arts. 390 y ss.).
La usurpación de funciones públicas
El art. 402 del Código Penal castiga al que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, exigiendo que el sujeto activo realice efectivamente actos propios del cargo que se atribuye, no bastando la mera atribución formal del título o cargo sin ejercicio de funciones. Se trata de un delito que protege el correcto funcionamiento de la Administración Pública y la confianza de los ciudadanos en la autenticidad de la actuación de quienes se presentan revestidos de autoridad, cuestión de especial relevancia en el ámbito penitenciario ante eventuales suplantaciones de personal en el acceso a los establecimientos. Debe distinguirse del delito de usurpación del estado civil (art. 401 CP: usurpar el estado civil de otro) y del intrusismo profesional (art. 403 CP), cuyo objeto son las profesiones tituladas y no las funciones públicas. Si el sujeto es un verdadero funcionario que actúa fuera de su competencia o sin los requisitos legales, pueden concurrir otras infracciones (prevaricación, abuso en el ejercicio de la función).
El intrusismo profesional
El art. 403 del Código Penal castiga al que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente, con pena de multa. Si la profesión exigiere un título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se trate de los títulos académicos expedidos por las Universidades, la pena de multa es inferior. Se agrava, con pena de prisión de seis meses a dos años, si el culpable, además, se atribuyese públicamente la cualidad de profesional amparada por el título referido. A diferencia de la usurpación de funciones públicas, el intrusismo se proyecta sobre el ejercicio de profesiones tituladas de carácter privado (medicina, abogacía, arquitectura), no sobre el ejercicio de funciones propias de una autoridad o funcionario público, y protege el interés general en que determinadas actividades de especial trascendencia social sean ejercidas exclusivamente por quienes poseen la cualificación técnica exigida legalmente. En el ámbito penitenciario, resulta relevante para el personal sanitario, pues solo puede prestar asistencia quien posea la titulación exigida.
La falsedad en documento cometida por funcionario público
La falsedad en documento cometida por funcionario público (art. 390 CP) presenta, en el ámbito penitenciario, especial trascendencia respecto de los documentos que los distintos funcionarios elaboran en el ejercicio de sus funciones: partes de incidencias, partes disciplinarios, informes de conducta, actas de recuento o de registro, cuya alteración deliberada, simulación o falseamiento de su contenido por parte de un funcionario del Cuerpo de Ayudantes, en el ejercicio de sus funciones, podría integrar este delito, dada su condición de funcionario público a efectos penales (art. 24 CP) y el carácter de documento oficial que revisten dichos partes e informes. La modalidad de faltar a la verdad en la narración de los hechos resulta aquí especialmente relevante, en la medida en que exige que lo consignado en el documento no se corresponda con la realidad de lo efectivamente sucedido.
El delito de acoso (stalking)
El art. 172 ter del Código Penal, introducido por la Ley Orgánica 1/2015, castiga con pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses a quien acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas tasadas legalmente que alteren gravemente el desarrollo de su vida cotidiana: vigilarla, perseguirla o buscar su cercanía física; establecer o intentar establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas; mediante el uso indebido de sus datos personales, adquirir productos o mercancías, o contratar servicios, o hacer que terceras personas se pongan en contacto con ella; o atentar contra su libertad o su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella. Se agrava la pena (prisión de seis meses a dos años) cuando el ofendido sea una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación, y se prevén penas más graves cuando la víctima sea alguna de las personas del art. 173.2 CP. Estos hechos solo son perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.
Delitos de odio y discriminación
El art. 510 del Código Penal castiga a quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, enfermedad o discapacidad, castigándose con pena de prisión de uno a cuatro años y multa. En el ámbito penitenciario, esta figura conecta directamente con la agravante genérica del art. 22.4 CP (cometer el delito por motivos discriminatorios), aplicable a cualquier otro delito, y con la especial atención que debe prestarse a la convivencia de internos de distintas nacionalidades, etnias y creencias en los centros penitenciarios.
El descubrimiento y revelación de secretos
El art. 197 del Código Penal castiga al que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apoderare de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, o interceptare sus telecomunicaciones o utilizare artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, con pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. El art. 198 CP agrava estas penas (las impone en su mitad superior) y añade la inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años cuando los hechos se realicen por la autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley, sin mediar causa legal por delito, y prevaliéndose de su cargo, realice cualquiera de las conductas descritas. Es un precepto de especial relevancia para el personal penitenciario en relación con la intervención de las comunicaciones de los internos, que solo puede llevarse a cabo dentro del estricto marco legal (art. 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que exige acuerdo motivado del Director, puesta en conocimiento de la autoridad judicial competente, y las garantías reforzadas de las comunicaciones con el abogado defensor y el procurador, que solo pueden suspenderse o intervenirse por orden de la autoridad judicial y en supuestos de terrorismo).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Torturas (art. 174 CP): exige la condición de autoridad o funcionario público y una finalidad específica (obtener confesión o información, castigar, discriminar); prisión de 2 a 6 años si es grave y de 1 a 3 años si no lo es, e inhabilitación absoluta de 8 a 12 años. El art. 175 castiga el atentado contra la integridad moral por funcionario sin esa finalidad; el art. 176 la omisión de impedirlo.
Trato degradante (art. 173.1 CP): cualquier persona; prisión de 6 meses a 2 años; el acoso laboral (mobbing) reiterado se castiga con la misma pena.
LO 10/2022 ('solo sí es sí'): unifica agresión y abuso sexual en un único tipo (art. 178 CP), basado en la ausencia de consentimiento, no en la violencia o intimidación. Violación (art. 179): prisión de 4 a 12 años. Edad del consentimiento sexual: 16 años.
Acoso sexual (art. 184 CP): solicitud de favores sexuales en el ámbito laboral, docente o de servicios, continuada o habitual, que cree una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante.
Calumnia (art. 205: imputación de un DELITO con conocimiento de su falsedad) frente a injuria (art. 208: lesión de la dignidad). Penas: calumnia con publicidad, 6 meses a 2 años o multa de 12 a 24 meses (art. 206); injuria grave con publicidad, multa de 6 a 14 meses (art. 209).
Exceptio veritatis: en la calumnia basta probar el hecho criminal (art. 207); en la injuria solo exime si se dirige contra funcionarios sobre hechos de su cargo o infracciones administrativas (art. 210).
Calumnia e injuria son delitos privados: solo se persiguen mediante querella del ofendido, salvo ofensas a funcionarios, autoridades o agentes sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo (art. 215), que se persiguen de oficio.
Falsedad en documento público/oficial por funcionario (art. 390 CP: prisión de 3 a 6 años) incluye 'faltar a la verdad en la narración de los hechos'; los particulares (art. 392) NO pueden cometer esta modalidad y se castigan con 6 meses a 3 años. Documento privado (art. 395): exige ánimo de perjudicar.
La falsedad de un parte, informe o acta por un funcionario penitenciario puede constituir delito del art. 390 CP, dada su condición de funcionario público a efectos penales (art. 24 CP).
Usurpación de funciones públicas (art. 402 CP): ejercicio de actos propios de autoridad o funcionario atribuyéndose carácter oficial. Intrusismo (art. 403 CP): ejercicio de una profesión titulada sin el título; figuras distintas.
Descubrimiento y revelación de secretos agravado (art. 198 CP) cuando lo comete autoridad o funcionario fuera de los casos permitidos por la ley: inhabilitación absoluta de 6 a 12 años; relevante para la intervención de comunicaciones de internos.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
La Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, se caracteriza, en materia de delitos sexuales, por:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 23 de Instituciones Penitenciarias?
Este segundo tema dedicado a los principales delitos de la Parte Especial recorre las torturas y otros delitos contra la integridad moral, los delitos contra la libertad sexual, los delitos contra el honor (calumnia e injuria), las falsedades documentales con especial atención a la falsificación de documentos públicos y oficiales, y la usurpación de funciones públicas y el intrusismo profesional, materias de particular relevancia para un funcionario que ejerce autoridad sobre personas privadas de libertad.
¿Qué hay que memorizar del Tema 23 para el examen?
Torturas (art. 174 CP): exige la condición de autoridad o funcionario público y una finalidad específica (obtener confesión o información, castigar, discriminar); prisión de 2 a 6 años si es grave y de 1 a 3 años si no lo es, e inhabilitación absoluta de 8 a 12 años. El art. 175 castiga el atentado contra la integridad moral por funcionario sin esa finalidad; el art. 176 la omisión de impedirlo. Trato degradante (art. 173.1 CP): cualquier persona; prisión de 6 meses a 2 años; el acoso laboral (mobbing) reiterado se castiga con la misma pena. LO 10/2022 ('solo sí es sí'): unifica agresión y abuso sexual en un único tipo (art. 178 CP), basado en la ausencia de consentimiento, no en la violencia o intimidación. Violación (art. 179): prisión de 4 a 12 años. Edad del consentimiento sexual: 16 años. Acoso sexual (art. 184 CP): solicitud de favores sexuales en el ámbito laboral, docente o de servicios, continuada o habitual, que cree una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. Calumnia (art. 205: imputación de un DELITO con conocimiento de su falsedad) frente a injuria (art. 208: lesión de la dignidad). Penas: calumnia con publicidad, 6 meses a 2 años o multa de 12 a 24 meses (art. 206); injuria grave con publicidad, multa de 6 a 14 meses (art. 209). Exceptio veritatis: en la calumnia basta probar el hecho criminal (art. 207); en la injuria solo exime si se dirige contra funcionarios sobre hechos de su cargo o infracciones administrativas (art. 210). Calumnia e injuria son delitos privados: solo se persiguen mediante querella del ofendido, salvo ofensas a funcionarios, autoridades o agentes sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo (art. 215), que se persiguen de oficio. Falsedad en documento público/oficial por funcionario (art. 390 CP: prisión de 3 a 6 años) incluye 'faltar a la verdad en la narración de los hechos'; los particulares (art. 392) NO pueden cometer esta modalidad y se castigan con 6 meses a 3 años. Documento privado (art. 395): exige ánimo de perjudicar. La falsedad de un parte, informe o acta por un funcionario penitenciario puede constituir delito del art. 390 CP, dada su condición de funcionario público a efectos penales (art. 24 CP). Usurpación de funciones públicas (art. 402 CP): ejercicio de actos propios de autoridad o funcionario atribuyéndose carácter oficial. Intrusismo (art. 403 CP): ejercicio de una profesión titulada sin el título; figuras distintas. Descubrimiento y revelación de secretos agravado (art. 198 CP) cuando lo comete autoridad o funcionario fuera de los casos permitidos por la ley: inhabilitación absoluta de 6 a 12 años; relevante para la intervención de comunicaciones de internos.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226) (Convocatoria 2026, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (arts. 15, 18 y 20)
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (arts. 24, 26, 172 ter, 173-177, 178-190, 197-198, 205-216, 386-403)
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual
Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril (modificación del Código Penal y de la Ley Orgánica 10/2022 en materia de delitos contra la libertad sexual)
Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (arts. 3 y 51)
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