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Tema 35. El régimen cerrado: Criterios de aplicación y características. Modalidades. El régimen abierto: Objetivos, criterios de aplicación y centros de destino.

Convocatoria 2026, turno libre · Índice oficial del BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226).

Este temario corresponde al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (C1, acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — el cuerpo de acceso masivo (vigilancia, custodia y seguridad interior de los centros), que es el que encaja con el banco de 100 preguntas ya existente en el sitio. No cubre el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias (A2, requiere título universitario, funciones de tratamiento) ni el Cuerpo Superior de Técnicos (A1), que tienen temarios distintos.

Este tema estudia los dos regímenes extremos del sistema de individualización científica: el régimen cerrado (primer grado), reservado a penados de peligrosidad extrema o manifiesta inadaptación, con sus criterios de aplicación, sus dos modalidades (módulos o centros de régimen cerrado y departamentos especiales), sus límites y su revisión periódica; y el régimen abierto (tercer grado), orientado a la última fase de la reinserción social, con sus objetivos, criterios de aplicación, requisitos legales (período de seguridad y responsabilidad civil) y centros de destino (Centros de Inserción Social, Secciones Abiertas y unidades dependientes).

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El régimen cerrado: concepto y fundamento

El art. 10 LOGP prevé la existencia de establecimientos de cumplimiento de régimen cerrado, o de departamentos especiales, para los penados calificados de peligrosidad extrema o para los casos de inadaptación a los regímenes ordinario y abierto, apreciados por causas objetivas en resolución motivada, a no ser que el estudio de la personalidad del sujeto denote la presencia de anomalías o deficiencias que deban determinar su destino al centro especial correspondiente. En ellos el régimen será de mayor control y vigilancia sobre los internos, pero la propia ley impone que se garanticen siempre los derechos que no son incompatibles con la medida, y que no cabe una situación de aislamiento indefinido sin contenido. El régimen cerrado se aplica a los penados clasificados en primer grado y el Reglamento Penitenciario lo desarrolla en los arts. 89 y siguientes. Es una medida excepcional, motivada, revisable periódicamente y sujeta al control del Juez de Vigilancia Penitenciaria.

Criterios de aplicación: la clasificación en primer grado

El art. 102.5 RP establece que serán clasificados en primer grado los internos extremadamente peligrosos o inadaptados a los regímenes comunes, y que para ello se valorarán, entre otros, los siguientes factores: la naturaleza de los delitos cometidos a lo largo de su historial delictivo, que denote una personalidad agresiva, violenta y antisocial; la comisión de actos que atenten contra la vida o la integridad física de las personas, la libertad sexual o la propiedad, cometidos en modo violento o intimidatorio; la pertenencia a organizaciones delictivas o bandas armadas, mientras no haya signos inequívocos de haberse sustraído a su disciplina interna; la participación activa en motines, plantes, agresiones físicas, amenazas o coacciones; y la comisión de infracciones disciplinarias muy graves de manera reiterada y sostenida en el tiempo. Estos factores deben valorarse conjuntamente, no de manera automática, y la resolución debe ser motivada. La clasificación inicial en primer grado exige además propuesta de la Junta de Tratamiento y resolución del Centro Directivo, y es recurrible ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria.

Modalidades del régimen cerrado: módulos y departamentos especiales

El Reglamento Penitenciario (art. 91) distingue dos modalidades. Los centros o módulos de régimen cerrado, destinados a internos clasificados en primer grado que presentan manifiesta inadaptación, con un régimen de vida más estructurado y con oportunidades de actividades en grupos reducidos. Los departamentos especiales, destinados a internos de primer grado de peligrosidad extrema, entre ellos los que hayan sido protagonistas o inductores de alteraciones regimentales muy graves que hayan puesto en peligro la vida o integridad de funcionarios, autoridades, otros internos o personas ajenas a la institución. Su régimen de vida, más restrictivo, lo desarrolla el art. 93 RP. La asignación a esta modalidad requiere resolución motivada del Centro Directivo (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias) y revisión periódica, por afectar de forma especialmente intensa a los derechos del interno. Cabe la clasificación en primer grado sin destino a departamento especial.

Régimen de vida en el régimen cerrado

En los departamentos especiales se fija un régimen de vida de mayor restricción: las actividades en común son muy limitadas, se reduce el número de internos que pueden compartir actividad, se establece un mínimo de tiempo diario de salida al patio y se programa una actividad de tratamiento específica. En los módulos de régimen cerrado la vida en común es más amplia, con grupos reducidos y un mayor número de horas de actividad. En ambos casos hay normas comunes: los internos tienen derecho a la asistencia sanitaria, a las comunicaciones, a la asistencia religiosa y al acceso a actividades formativas, laborales y de ocio compatibles con las medidas de seguridad; se establece un programa de tratamiento individualizado que facilite la superación de la situación; y las limitaciones de derechos deben ser las estrictamente necesarias (principio de mínima limitación). Los plazos y cantidades concretas (horas de patio y de vida en común, número de internos por grupo) están fijados en los arts. 93 y 94 RP y deben consultarse en el texto vigente.

Límites constitucionales del aislamiento

El aislamiento penitenciario prolongado sin contactos humanos significativos puede constituir un trato inhumano o degradante contrario al art. 15 CE y al art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige que cualquier restricción del contacto social tenga base legal, una finalidad legítima, sea necesaria y proporcionada, esté motivada, tenga duración limitada y se someta a revisión periódica, con garantía de la salud física y mental del interno. Las Reglas Mandela (reglas 43 a 45, y en particular la regla 44) definen el aislamiento como el confinamiento de reclusos durante veintidós horas o más al día sin contacto humano significativo, prohíben el aislamiento prolongado (más de quince días consecutivos) y lo consideran medida excepcional de último recurso. La LOGP y el RP no permiten el aislamiento indefinido y obligan a facilitar al interno actividades y contactos.

La revisión periódica del primer grado

La clasificación en primer grado es esencialmente provisional y debe revisarse periódicamente para comprobar si persisten las circunstancias que la motivaron. La LOGP exige estudiar a cada interno al menos cada seis meses para reconsiderar su clasificación (art. 65.4 LOGP), y el Reglamento Penitenciario (art. 105) acorta el plazo para los clasificados en primer grado, cuya situación debe revisarse como máximo cada tres meses. La revisión puede solicitarla también el propio interno y puede acordarse de oficio por el Equipo Técnico si se aprecia un cambio significativo. El objetivo es evitar la perpetuación innecesaria de un régimen de especial intensidad y facilitar la progresión al segundo grado. La Administración está obligada a no mantener a un interno en un grado inferior cuando por la evolución de su tratamiento merezca la progresión (art. 72.4 LOGP). La resolución debe notificarse al interno con indicación de los recursos.

Recursos contra la clasificación en primer grado

La clasificación o regresión a primer grado es recurrible ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria, a quien corresponde resolver por vía de recurso los referentes a clasificación inicial y progresiones y regresiones de grado (art. 76.2.f LOGP). El Juez valora si la decisión se ajusta a los criterios legales y reglamentarios y si la motivación es suficiente y proporcionada, y puede revocarla. Las resoluciones del Juez son recurribles en reforma y apelación (DA 5ª LOPJ) ante la Audiencia Provincial o, para los Juzgados Centrales, la Audiencia Nacional. Además, cabe queja ante el Juez de Vigilancia por las condiciones de vida concretas en el departamento, y recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales, así como acudir al Defensor del Pueblo. El Ministerio Fiscal interviene en estos procedimientos y puede recurrir las resoluciones judiciales.

El régimen abierto: concepto y objetivos

El régimen abierto se aplica a los penados clasificados en tercer grado y se regula en los arts. 80 y siguientes del Reglamento Penitenciario. Su objetivo fundamental es potenciar las capacidades de inserción social positiva que presenten los penados, mediante un modelo de ejecución basado en la confianza y la autorresponsabilidad, con actividades laborales, formativas, familiares y sociales en el exterior, y una intervención regimental mínima compatible con la condena. Es el régimen que más directamente materializa el mandato del art. 25.2 CE. Los internos desarrollan su vida en la comunidad, bajo la supervisión del centro, con control proporcionado al riesgo, y asumen el cumplimiento de las normas del programa y de las obligaciones asumidas. La clasificación en tercer grado exige resolución motivada y puede ser revocada (regresión) si se incumplen las normas del programa.

Fundamento resocializador y clasificación directa en tercer grado

El régimen abierto responde a la lógica del sistema de individualización científica: la clasificación no depende solo del tiempo cumplido sino de la evolución personal del interno. El art. 72.3 LOGP permite que, siempre que de la observación y clasificación resulte que el interno está en condiciones para ello, pueda ser situado inicialmente en un grado superior, salvo el de libertad condicional, sin tener que pasar necesariamente por los que le preceden. En consecuencia, cabe la clasificación inicial directa en tercer grado. Y el art. 72.4 LOGP dispone que en ningún caso se mantendrá a un interno en grado inferior cuando por la evolución de su tratamiento merezca su progresión. Esta flexibilidad se completa con el principio de flexibilidad del art. 100.2 RP (grados combinados), que se estudia en el tema siguiente.

Requisitos y criterios para el tercer grado

Para clasificar en tercer grado el Reglamento Penitenciario (art. 102) exige valorar conjuntamente la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, la duración de la pena y las medidas penales, el medio al que probablemente retornará y los recursos y dificultades para el tratamiento, junto con la capacidad del penado para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad. A ello se suman requisitos legales: el período de seguridad del art. 36.2 del Código Penal (cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el tercer grado no puede concederse hasta cumplir la mitad de la condena, salvo que el Juez de Vigilancia Penitenciaria, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias, acuerde la aplicación del régimen general de cumplimiento); el requisito de responsabilidad civil del art. 72.5 LOGP (haber satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, valorando la conducta de restitución, reparación e indemnización, la capacidad real, presente y futura del penado, las garantías de satisfacción futura y la gravedad del enriquecimiento); y, en delitos de terrorismo y de organizaciones criminales, signos inequívocos de haber abandonado los fines y medios terroristas y colaboración activa con las autoridades (art. 72.6 LOGP). En la prisión permanente revisable, el art. 36.1 CP exige autorización del tribunal con pronóstico favorable y un mínimo de cumplimiento de quince años de prisión efectiva (veinte en los delitos de terrorismo del capítulo VII del título XXII).

Los Centros de Inserción Social y las Secciones Abiertas

El destino ordinario de los clasificados en tercer grado son los Centros de Inserción Social (CIS), establecimientos autónomos y dedicados exclusivamente al régimen abierto (arts. 163 y ss. RP). Las Secciones Abiertas son departamentos de régimen abierto que se encuentran dentro de un establecimiento polivalente, donde conviven con otros regímenes; deben estar físicamente separadas de ellos. Las Secciones Abiertas permiten extender el régimen abierto a territorios sin CIS independiente, con un régimen de vida y de salidas sustancialmente equivalente. Unos y otras están destinados a facilitar el contacto con el entorno social, laboral y familiar y a verificar el cumplimiento del programa de actividades autorizado.

Modalidades y control en el régimen abierto

El Reglamento Penitenciario permite adaptar la intensidad del régimen abierto al perfil del interno. Con carácter general, los internos de tercer grado desarrollan actividades laborales, formativas o de tratamiento en el exterior y pernoctan en el centro, debiendo permanecer en él un número mínimo de horas diarias establecido reglamentariamente, que se computa a efectos de tratamiento (art. 86 RP). Por excepción y con carácter flexible, el art. 86.4 RP permite que el interno pernocte en su domicilio, con control telemático (dispositivos de localización) o presencial, cuando lo justifique un programa de tratamiento y la evolución del interno. Se prevén también las salidas de fin de semana y otras formas de flexibilidad cuando el tratamiento lo aconseje. Para los internos que no reúnan las condiciones de autonomía suficientes se prevé el régimen abierto restringido (art. 82 RP), con salidas limitadas y mayor control.

El régimen abierto restringido

El art. 82 RP regula el régimen abierto restringido como modalidad de tercer grado para los penados que, por su peculiar trayectoria delictiva, personalidad anómala o condiciones personales diversas, necesiten un control mayor que el del régimen abierto ordinario, aunque inferior al del segundo grado. Se materializa mediante la limitación de las salidas al exterior, el establecimiento de controles sobre las actividades que realizan y la sujeción a normas específicas (por ejemplo, controles telemáticos o presenciales, horarios, programas de intervención). Permite una gradación más fina del sistema y evita el salto brusco entre el segundo y el tercer grado cuando el pronóstico es favorable pero aconseja cautela.

El control telemático

El control telemático (pulseras o dispositivos de localización) se utiliza cada vez más en el régimen abierto, especialmente en la modalidad del art. 86.4 RP (pernocta en domicilio), en el régimen abierto restringido y en la libertad condicional. Permite verificar el cumplimiento de horarios y desplazamientos sin control presencial constante, compatibilizando seguridad y semilibertad, y ha ampliado en la práctica el acceso al tercer grado a perfiles que de otro modo no habrían sido considerados idóneos. Su uso exige consentimiento y garantías de protección de datos y de proporcionalidad. El incumplimiento de las condiciones (ausencia no justificada, manipulación del dispositivo, incumplimiento de horarios) puede dar lugar a regresión de grado.

Mujeres con hijos y tratamiento extrapenitenciario

Las internas de tercer grado con hijos menores de tres años pueden cumplir en unidades dependientes o unidades externas de madres, fuera del recinto penitenciario o en un CIS adaptado, a fin de compatibilizar la ejecución de la pena con la atención al menor, en aplicación del art. 38 LOGP, de los arts. 178 y siguientes del RP y del interés superior del menor. Los internos de tercer grado con problemas de drogodependencia u otras patologías pueden seguir tratamiento en instituciones extrapenitenciarias (centros de deshabituación, comunidades terapéuticas), con las condiciones y controles que fije el centro penitenciario del que dependen. Estas fórmulas se apoyan en unidades dependientes gestionadas por entidades sin ánimo de lucro, con convivencia normalizada y apoyo especializado.

Libertad condicional como último estadio

El art. 72.1 LOGP establece que el último grado del sistema es la libertad condicional. Desde la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015 en el Código Penal, la libertad condicional se configura como una modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión (arts. 90 a 92 CP), y no como un periodo de cumplimiento de la pena. Con carácter general se exige estar clasificado en tercer grado, haber extinguido las tres cuartas partes de la condena y observar buena conducta con pronóstico favorable de reinserción social; en determinados casos puede adelantarse a las dos terceras partes o, en penas de hasta tres años en primerizos, a la mitad. El art. 91 CP prevé la libertad condicional de septuagenarios y de enfermos graves con padecimientos incurables, con requisitos propios. La libertad condicional se acuerda por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Régimen cerrado (art. 10 LOGP; arts. 89 y ss. RP): primer grado; peligrosidad extrema o manifiesta inadaptación a los regímenes ordinario y abierto; resolución motivada; control judicial.
  • Dos modalidades (art. 91 RP): módulos o centros de régimen cerrado y departamentos especiales (el más restrictivo, art. 93 RP).
  • Criterios del art. 102.5 RP para el primer grado: naturaleza violenta del historial delictivo, actos contra la vida, integridad, libertad sexual o propiedad con violencia, pertenencia a bandas armadas u organizaciones delictivas, participación en motines o agresiones, infracciones muy graves reiteradas.
  • Revisión obligatoria: la LOGP exige estudio de la clasificación al menos cada seis meses (art. 65.4); el primer grado se revisa como máximo cada tres meses (art. 105 RP, a contrastar con el texto vigente).
  • El aislamiento prolongado sin contacto humano significativo puede constituir trato inhumano o degradante (art. 15 CE y art. 3 CEDH); las Reglas Mandela lo definen como 22 horas o más al día sin contacto humano significativo.
  • Régimen abierto (tercer grado, arts. 80 y ss. RP): inserción social positiva; confianza y autorresponsabilidad; cabe la clasificación directa en tercer grado (art. 72.3 LOGP).
  • Período de seguridad (art. 36.2 CP): pena superior a cinco años, tercer grado solo tras cumplir la mitad, salvo acuerdo del Juez de Vigilancia con pronóstico individualizado y favorable.
  • Requisitos adicionales del tercer grado: responsabilidad civil (art. 72.5 LOGP) y, en terrorismo y organizaciones criminales, signos inequívocos de abandono de la actividad y colaboración activa (art. 72.6 LOGP).
  • CIS (establecimientos autónomos) frente a Secciones Abiertas (departamentos de régimen abierto en un centro polivalente); ambos son destino del tercer grado.
  • Régimen abierto restringido (art. 82 RP): salidas limitadas y mayor control; art. 86.4 RP: pernocta en domicilio con control telemático.
  • Libertad condicional: modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena (arts. 90 a 92 CP); tercer grado y, con carácter general, tres cuartas partes de la condena.
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Pregunta 1 de 100 aciertos

Según el art. 72.3 de la LOGP, el interno que esté en condiciones para ello puede:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 35 de Instituciones Penitenciarias?

Este tema estudia los dos regímenes extremos del sistema de individualización científica: el régimen cerrado (primer grado), reservado a penados de peligrosidad extrema o manifiesta inadaptación, con sus criterios de aplicación, sus dos modalidades (módulos o centros de régimen cerrado y departamentos especiales), sus límites y su revisión periódica; y el régimen abierto (tercer grado), orientado a la última fase de la reinserción social, con sus objetivos, criterios de aplicación, requisitos legales (período de seguridad y responsabilidad civil) y centros de destino (Centros de Inserción Social, Secciones Abiertas y unidades dependientes).

¿Qué hay que memorizar del Tema 35 para el examen?

Régimen cerrado (art. 10 LOGP; arts. 89 y ss. RP): primer grado; peligrosidad extrema o manifiesta inadaptación a los regímenes ordinario y abierto; resolución motivada; control judicial. Dos modalidades (art. 91 RP): módulos o centros de régimen cerrado y departamentos especiales (el más restrictivo, art. 93 RP). Criterios del art. 102.5 RP para el primer grado: naturaleza violenta del historial delictivo, actos contra la vida, integridad, libertad sexual o propiedad con violencia, pertenencia a bandas armadas u organizaciones delictivas, participación en motines o agresiones, infracciones muy graves reiteradas. Revisión obligatoria: la LOGP exige estudio de la clasificación al menos cada seis meses (art. 65.4); el primer grado se revisa como máximo cada tres meses (art. 105 RP, a contrastar con el texto vigente). El aislamiento prolongado sin contacto humano significativo puede constituir trato inhumano o degradante (art. 15 CE y art. 3 CEDH); las Reglas Mandela lo definen como 22 horas o más al día sin contacto humano significativo. Régimen abierto (tercer grado, arts. 80 y ss. RP): inserción social positiva; confianza y autorresponsabilidad; cabe la clasificación directa en tercer grado (art. 72.3 LOGP). Período de seguridad (art. 36.2 CP): pena superior a cinco años, tercer grado solo tras cumplir la mitad, salvo acuerdo del Juez de Vigilancia con pronóstico individualizado y favorable. Requisitos adicionales del tercer grado: responsabilidad civil (art. 72.5 LOGP) y, en terrorismo y organizaciones criminales, signos inequívocos de abandono de la actividad y colaboración activa (art. 72.6 LOGP). CIS (establecimientos autónomos) frente a Secciones Abiertas (departamentos de régimen abierto en un centro polivalente); ambos son destino del tercer grado. Régimen abierto restringido (art. 82 RP): salidas limitadas y mayor control; art. 86.4 RP: pernocta en domicilio con control telemático. Libertad condicional: modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena (arts. 90 a 92 CP); tercer grado y, con carácter general, tres cuartas partes de la condena.

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 148, de 18 de junio de 2026 (Resolución de 14 de junio de 2026, de la Subsecretaría, BOE-A-2026-13226) (Convocatoria 2026, turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (arts. 10, 65, 72, 76).
  • Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario (arts. 80 y ss., 82, 86, 89 a 95, 100, 102, 105, 163 y ss., 178 y ss.).
  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (arts. 36, 90 a 92).
  • Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal (libertad condicional como suspensión).
  • Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, disposición adicional quinta.
  • Constitución Española, arts. 15, 25.2; Convenio Europeo de Derechos Humanos, art. 3.
  • Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela, 2015), reglas 43 a 45.

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