Tema 29. El Derecho Penitenciario: Concepto, contenido y fuentes. Breve referencia a la evolución histórica de la legislación penitenciaria en España. La normativa penitenciaria vigente. Las líneas generales de la ejecución en nuestro ordenamiento fijadas por el artículo 25.2 de la Constitución.
Este temario corresponde al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (C1, acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — el cuerpo de acceso masivo (vigilancia, custodia y seguridad interior de los centros), que es el que encaja con el banco de 100 preguntas ya existente en el sitio. No cubre el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias (A2, requiere título universitario, funciones de tratamiento) ni el Cuerpo Superior de Técnicos (A1), que tienen temarios distintos.
Este tema constituye la puerta de entrada al Derecho Penitenciario en sentido estricto: su concepto, contenido y fuentes; un repaso a la evolución histórica de la legislación penitenciaria española desde sus antecedentes hasta la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979; la normativa penitenciaria vigente, con su sistema de fuentes y su reparto competencial; y el estudio detallado del art. 25.2 de la Constitución, precepto que fija las líneas maestras de la ejecución penal española (orientación a la reeducación y reinserción social, prohibición de trabajos forzados, conservación de los derechos fundamentales del condenado con tres límites y derechos de contenido laboral, de Seguridad Social y cultural). Debe conocerse con absoluta precisión de cara al examen.
El Derecho Penitenciario puede definirse como el conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad, la organización y el funcionamiento de la Administración Penitenciaria encargada de esa ejecución y la situación jurídica de las personas sometidas a ella. Su contenido abarca la organización penitenciaria, el régimen penitenciario (seguridad, disciplina, relaciones con el exterior), el tratamiento (clasificación, programas de intervención), los derechos y deberes de los internos, y el sistema de garantías judiciales frente a la actuación de la Administración, canalizado fundamentalmente a través del Juez de Vigilancia Penitenciaria. La rama jurídica se vincula con el Derecho Penal (del que trae causa, en aplicación de la garantía de ejecución del art. 3.2 del Código Penal, según el cual no podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, y de la forma prescrita por la ley y reglamentos que la desarrollan, bajo el control de los Jueces y Tribunales) y con el Derecho Administrativo. Conviene distinguir el Derecho Penitenciario (norma) de la Ciencia Penitenciaria (estudio científico de la ejecución) y de la Penología.
Naturaleza jurídica del Derecho Penitenciario
La naturaleza jurídica del Derecho Penitenciario ha sido objeto de debate doctrinal, oscilando entre su consideración como rama autónoma, con principios y técnicas propias, y su caracterización como rama mixta o de frontera entre el Derecho Penal (fase final de ejecución de sus consecuencias jurídicas) y el Derecho Administrativo (ya que la ejecución material de la pena corresponde a un órgano administrativo, la Administración Penitenciaria). La doctrina mayoritaria actual le reconoce sustantividad propia, dada la especificidad de sus instituciones (régimen, tratamiento, clasificación en grados) y la existencia de un órgano de control jurisdiccional específico (el Juez de Vigilancia Penitenciaria), sin perjuicio de su carácter tributario de ambas ramas. La Administración Penitenciaria es una Administración Pública sujeta, en lo no previsto por la normativa penitenciaria, a la legislación general de procedimiento administrativo y de régimen jurídico del sector público, lo que se refleja, por ejemplo, en el carácter supletorio de la legislación administrativa en el procedimiento disciplinario.
Fuentes del Derecho Penitenciario
Las fuentes del Derecho Penitenciario, siguiendo la jerarquía normativa, son: la Constitución Española, en particular su art. 25.2 (y también los arts. 15, 17, 18, 24, 25.1 y 25.3, 53.2, 117.3 y 149.1.6ª); los tratados internacionales ratificados por España en la materia (art. 96 CE) y, como criterio interpretativo de los derechos, la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 10.2 CE); la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (LOGP), marco legal básico; el Código Penal (LO 10/1995), en cuanto fija la naturaleza y duración de las penas cuya ejecución se desarrolla, junto con la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo que afecta a la ejecución; el Reglamento Penitenciario (Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero); otras normas reglamentarias específicas (como las que regulan la relación laboral de carácter especial de los penados que trabajan en talleres penitenciarios o las penas y medidas alternativas) y, en el escalón inferior, las Instrucciones y Circulares de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y las resoluciones y acuerdos de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria son fuente complementaria de interpretación.
Competencia en materia penitenciaria: Estado y Comunidades Autónomas
El art. 149.1.6ª CE atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación penal y penitenciaria. Por tanto, el Derecho Penitenciario es siempre de ámbito estatal: no existen leyes penitenciarias autonómicas. Lo que pueden asumir las Comunidades Autónomas, mediante sus Estatutos, es la ejecución de la legislación penitenciaria del Estado. Han asumido esa competencia de ejecución Cataluña (desde los años ochenta, tras el correspondiente traspaso de servicios) y el País Vasco (cuyo traspaso se hizo efectivo en 2021). En el resto del territorio, la Administración Penitenciaria es la estatal, bajo la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, órgano directivo dependiente del Ministerio del Interior. Las Comunidades con competencias de ejecución aplican la misma LOGP y el mismo Reglamento Penitenciario, y sus funcionarios penitenciarios son personal propio; el control jurisdiccional corresponde al Juez de Vigilancia Penitenciaria, que forma parte del Poder Judicial estatal.
Evolución histórica de la legislación penitenciaria en España: visión de conjunto
La evolución de la legislación penitenciaria española discurre paralela a la evolución general del Derecho Penal y de las concepciones sobre el sentido de la pena privativa de libertad. En los antecedentes premodernos, la prisión servía fundamentalmente como medida de aseguramiento previa a la ejecución de penas corporales o capitales. A lo largo del siglo XIX se consolida la privación de libertad como pena autónoma y aparecen las primeras normas sistemáticas: las Ordenanzas Generales de los Presidios del Reino de 1834, vinculadas al coronel Manuel Montesinos (precursor del sistema progresivo y del trabajo penitenciario), y las reformas de mediados de siglo. En el siglo XX destacan la reforma impulsada por Victoria Kent (Directora General de Prisiones en 1931) y, durante el régimen franquista, el Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1956 y sus reformas posteriores. La etapa democrática arranca con la Constitución de 1978 y la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979, que supuso la incorporación plena de los principios constitucionales de reeducación y reinserción y de respeto a los derechos fundamentales de los internos.
Concepción Arenal y los precedentes del pensamiento penitenciario reformista
Concepción Arenal (1820-1893), nombrada Visitadora de Prisiones de Mujeres en 1864, es una figura fundacional del pensamiento penitenciario reformista español, precursora de la concepción resocializadora de la pena. Defendió la individualización del tratamiento, la separación de los reclusos por categorías, la importancia del trabajo y la educación como instrumentos de reforma moral del penado, la visita y el apoyo al preso y la humanización de las condiciones de reclusión, en un contexto de prisiones hacinadas e insalubres. Su obra penitenciaria incluye «El visitador del preso» y «Estudios penitenciarios». Junto a ella, otros precursores del pensamiento reformista son John Howard (informes sobre el estado de las prisiones europeas), Jeremy Bentham (el panóptico), Manuel Montesinos (director del presidio de Valencia, donde ensayó un sistema progresivo basado en la disciplina, el trabajo y la confianza), Walter Crofton (sistema irlandés) y Alexander Maconochie (sistema de marcas).
El sistema progresivo histórico
El sistema progresivo es un modelo de cumplimiento de la pena de prisión articulado en periodos sucesivos de progresiva atenuación del rigor, en el que el penado avanza de un periodo a otro en función del tiempo cumplido y de su conducta. Procede de modelos europeos (Maconochie en Norfolk, Crofton en Irlanda) y en España se asocia a Montesinos. Los periodos típicos eran un periodo inicial de aislamiento o de observación, un periodo de trabajo en común, un periodo de libertad intermedia o prelibertad y, finalmente, la libertad condicional. Frente a este esquema, rígido y poco individualizado, la LOGP de 1979 adopta el sistema de individualización científica, separado en grados, el último de los cuales es la libertad condicional (art. 72 LOGP): la clasificación depende de la personalidad y evolución de cada interno y no del mero transcurso de plazos, y se permite la clasificación inicial directa en cualquier grado, salvo el último, siempre que se den las condiciones. El sistema progresivo es el precedente del actual sistema de grados.
La legislación penitenciaria del siglo XIX y comienzos del XX
Durante el siglo XIX la legislación penitenciaria se caracteriza por el paso de los presidios a las prisiones modernas. Se suceden la Ordenanza General de Presidios de 1834, las reformas de mediados de siglo (entre ellas las que organizan los establecimientos de cumplimiento de penas y de detención y el régimen de las prisiones) y el Código Penal de 1870, que consolida las penas privativas de libertad. Su contenido, propio de la época, se centraba en cuestiones de organización material de los establecimientos (separación por sexos, clasificación elemental de reclusos) y en un régimen disciplinario de marcado carácter aflictivo. A comienzos del siglo XX se consolidan el cuerpo de funcionarios de prisiones, la libertad condicional y los sucesivos reglamentos de servicios de prisiones, que preparan la reforma de la etapa republicana, inspirada en la humanización del tratamiento y la individualización. La fecha y denominación exactas de cada norma de esta etapa deben contrastarse con las fuentes históricas.
El Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1956
El Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1956, dictado durante el régimen franquista, fue la norma reglamentaria de referencia en materia penitenciaria durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, hasta su sustitución, ya en democracia, por el Reglamento Penitenciario de 1981. Incorporó elementos del sistema progresivo y cierta preocupación por el tratamiento, pero respondía a una concepción autoritaria y de amplia discrecionalidad de la Administración Penitenciaria, sin garantías de control judicial ni reconocimiento de un catálogo de derechos de los internos. Fue objeto de reformas sucesivas que humanizaron algunos aspectos del régimen y del tratamiento, y fue la norma vigente durante la Transición. Los graves conflictos penitenciarios de 1977 (motines y protestas de reclusos) aceleraron la reforma legislativa.
La Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979: aprobación y rasgos principales
La Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, fue la primera ley orgánica aprobada tras la Constitución de 1978, apenas nueve meses después de su entrada en vigor, en directo desarrollo del mandato del art. 25.2 CE. Su elaboración se atribuye al impulso del entonces Director General de Instituciones Penitenciarias, Carlos García Valdés. Fue en su momento una de las legislaciones penitenciarias más avanzadas de su entorno, al incorporar el principio de legalidad penitenciaria, un catálogo de derechos de los internos, la figura del Juez de Vigilancia Penitenciaria como garante judicial, y el sistema de individualización científica del tratamiento. Su art. 1 establece que las instituciones penitenciarias tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados, además de una labor asistencial y de ayuda para internos y liberados. Su art. 2 sujeta la actividad penitenciaria a las garantías y límites de la ley, los reglamentos y las sentencias judiciales.
Estructura y reformas de la LOGP
La LOGP se estructura en un título preliminar y seis títulos: de los establecimientos y medios materiales, del régimen penitenciario, del tratamiento, de la asistencia postpenitenciaria, del Juez de Vigilancia y de los funcionarios, con ochenta artículos. Es una ley extraordinariamente escueta, cuyo desarrollo detallado se remite al reglamento. Ha sido objeto de reformas puntuales, entre las que destacan la LO 5/2003, de 27 de mayo (que modificó la LOPJ y la LOGP en materia de Juez de Vigilancia Penitenciaria, creando los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria) y la LO 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas (que introdujo el periodo de seguridad y modificó los requisitos de clasificación en tercer grado y de libertad condicional). Otras modificaciones menores se han producido por reformas del Código Penal. La numeración y el contenido de los preceptos deben consultarse siempre en el texto consolidado.
El carácter de ley orgánica de la LOGP
La Ley General Penitenciaria de 1979 tiene rango de ley orgánica por exigencia del art. 81.1 CE, que reserva a esta clase de normas el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas (Sección 1ª del Capítulo II del Título I), entre ellos el derecho a la libertad (art. 17 CE). La reserva de ley orgánica alcanza al núcleo del régimen penitenciario en cuanto restringe derechos fundamentales. Su aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81.2 CE), lo que dota a la norma de especial rigidez y estabilidad. El Tribunal Constitucional ha precisado que no todo el contenido de una ley orgánica tiene que ser materia reservada, y que la reserva de ley no impide que el reglamento colabore en la regulación de materias penitenciarias cuando existe cobertura legal suficiente y la ley fija los elementos esenciales, en particular en el ámbito de las relaciones de sujeción especial.
El Reglamento Penitenciario de 1981 y el vigente de 1996
El Reglamento Penitenciario de 1981, aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, constituyó el primer desarrollo reglamentario de la LOGP. Fue objeto de reformas parciales a lo largo de los años ochenta y principios de los noventa, hasta su sustitución íntegra por el vigente Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que refundió y actualizó de forma sistemática todo el desarrollo reglamentario, adaptándolo a la evolución jurisprudencial, al nuevo Código Penal de 1995 y a las necesidades del sistema. El Reglamento de 1996 regula con detalle las materias que la LOGP solo esboza: organización general de los establecimientos (tipos de centros, órganos colegiados y unipersonales), ingreso, régimen (comunicaciones, seguridad, medios coercitivos, régimen disciplinario), tratamiento (clasificación, permisos, trabajo), asistencia sanitaria y régimen económico-administrativo. Ha sido modificado parcialmente en varias ocasiones sin ser sustituido por un texto íntegro nuevo, por lo que se mantiene vigente, con más de trescientos artículos.
Otra normativa penitenciaria vigente
Junto a la LOGP y el Reglamento Penitenciario, el ordenamiento penitenciario incluye otras normas relevantes. El Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de los liberados condicionales. El Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, regula las circunstancias de ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de localización permanente, de determinadas medidas de seguridad, así como la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y la sustitución de penas, parcialmente modificado por el Real Decreto 840/2011. El Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero, aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Completan el sistema la LO 5/2000 (responsabilidad penal de los menores) respecto de los menores internados, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y las Instrucciones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
La normativa penitenciaria vigente: jerarquía normativa
En aplicación del principio de jerarquía normativa (art. 9.3 CE), el sistema normativo penitenciario se articula en los siguientes niveles: la Constitución (art. 25.2, principalmente); los tratados internacionales ratificados por España, que forman parte del ordenamiento interno una vez publicados oficialmente (art. 96 CE); las leyes orgánicas, entre ellas la LOGP y el Código Penal, que tienen el mismo rango y entre las que no hay jerarquía sino distribución material de competencias (el Código Penal fija las penas y la LOGP regula su ejecución); el Reglamento Penitenciario (Real Decreto 190/1996), norma con rango reglamentario que no puede contradecir a la ley ni al Código Penal; y, en el último escalón, las Instrucciones y Circulares de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que no son normas jurídicas sino disposiciones internas de organización (instrucciones y órdenes de servicio del art. 6 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público): vinculan a los órganos jerárquicamente dependientes pero no crean derechos ni obligaciones para los internos, y su infracción no equivale, por sí sola, a la de una norma con rango de ley o reglamento.
Instrucciones y circulares de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
Las Instrucciones y Circulares de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias son disposiciones de organización interna dictadas en ejercicio de la potestad de dirección jerárquica que corresponde a este órgano directivo sobre el conjunto de los establecimientos penitenciarios. Su finalidad es unificar los criterios de interpretación y aplicación práctica de la normativa penitenciaria por parte de todos los centros, evitando disparidades de trato. A diferencia de los reglamentos, carecen de eficacia normativa externa directamente vinculante frente a terceros: no pueden crear derechos ni obligaciones nuevas para los internos que no tengan cobertura en la LOGP o el Reglamento. Los Jueces de Vigilancia Penitenciaria controlan su legalidad y pueden dejar de aplicarlas si contradicen una norma superior (art. 6 LOPJ). Su publicación en la intranet institucional y su divulgación al personal es lo habitual.
El artículo 25.2 de la Constitución Española: texto y estructura
El art. 25.2 CE dispone: «Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad». Este precepto, piedra angular del sistema penitenciario constitucional, tiene tres contenidos: un mandato orientador (reeducación y reinserción social) dirigido al legislador y a la Administración, una prohibición (trabajos forzados), la declaración de que el condenado conserva los derechos fundamentales con tres límites, y un catálogo de derechos específicos (trabajo remunerado, Seguridad Social, acceso a la cultura y desarrollo integral de la personalidad). Se complementa con el art. 25.1 (legalidad penal) y el art. 25.3 (la Administración civil no puede imponer sanciones que impliquen privación de libertad), y con el art. 15 CE (prohibición de torturas y de penas o tratos inhumanos o degradantes).
El principio de reeducación y reinserción social
El principio de reeducación y reinserción social del art. 25.2 CE ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional desde sus primeras resoluciones (entre otras, SSTC 2/1987 y 19/1988) en el sentido de que no configura un derecho fundamental autónomo del condenado, directamente accionable en amparo, sino un mandato dirigido al legislador para orientar la política penal y penitenciaria y un principio informador de la interpretación del ordenamiento penitenciario. Debe guiar la actuación del legislador al diseñar el sistema de penas y beneficios, y la de la Administración Penitenciaria y de los Jueces de Vigilancia al aplicarlo, pero no excluye la legitimidad de otros fines de la pena (retribución, prevención general y especial), que pueden coexistir con el resocializador. Del precepto la jurisprudencia deduce que la orientación hacia la reinserción no es la única finalidad de las penas y que el art. 25.2 CE no puede ser invocado como fundamento autónomo de un recurso de amparo, aunque sí puede servir de parámetro de constitucionalidad en el control de las leyes y, junto con otros derechos, en la tutela de los internos.
Los derechos fundamentales del condenado y sus tres límites
El art. 25.2 CE establece que el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma goza de los derechos fundamentales del Capítulo II del Título I, con la única excepción de los expresamente limitados por tres títulos habilitantes: el contenido del fallo condenatorio (la propia privación de libertad que la prisión comporta y las penas accesorias impuestas en la sentencia, por ejemplo la inhabilitación para el derecho de sufragio, que solo opera si se impone expresamente), el sentido de la pena (limitaciones inherentes y necesarias a la reclusión, como la restricción de la libertad de circulación y de residencia) y la ley penitenciaria (limitaciones expresamente previstas en la LOGP y su Reglamento, como las restricciones a las comunicaciones por razones de seguridad o la intimidad en la celda por los registros y cacheos). Fuera de estos tres títulos, ningún derecho fundamental del interno puede ser restringido. El Tribunal Constitucional exige que las limitaciones respeten el principio de proporcionalidad y estén motivadas, y ha aplicado la doctrina en casos como los registros con desnudo integral (STC 57/1994) o la huelga de hambre de reclusos (SSTC 120/1990 y 137/1990).
Trabajo remunerado, Seguridad Social, cultura y desarrollo integral de la personalidad
El art. 25.2 CE reconoce al interno, en todo caso, el derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como el acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. La jurisprudencia constitucional ha matizado que estos derechos no son derechos fundamentales de la Sección 1ª susceptibles de amparo por sí mismos, sino derechos de configuración legal cuya efectividad depende del desarrollo normativo y de los recursos disponibles de la Administración Penitenciaria (por ejemplo, de la existencia de puestos de trabajo en cada centro). La LOGP declara que el trabajo es un derecho y un deber del interno y un elemento fundamental del tratamiento (art. 26 y siguientes LOGP) y regula la relación laboral especial penitenciaria. En el ámbito cultural y educativo, la LOGP y el Reglamento reconocen la enseñanza reglada y la formación profesional. El desarrollo integral de la personalidad se proyecta en la oferta de actividades culturales, deportivas y de ocio.
Los principios inspiradores de la LOGP
La Exposición de Motivos de la LOGP y su articulado explicitan los principios que inspiran la norma: el principio de legalidad como garantía frente a la arbitrariedad de la Administración (art. 2); la concepción del interno como sujeto de derechos y no como mero objeto de la ejecución (art. 3); la individualización científica del tratamiento, que supera el rígido sistema progresivo anterior (art. 72); la importancia de las relaciones con el exterior (comunicaciones, permisos) como instrumento resocializador frente al aislamiento tradicional de la prisión; el principio de judicialización de la ejecución mediante la creación del Juez de Vigilancia Penitenciaria (arts. 76 y 77); la separación de los internos por categorías (arts. 8 y siguientes) y el principio celular (cada interno ocupará una celda individual, art. 19). Estos principios se completan con el principio de humanización y de proporcionalidad en las medidas de seguridad y disciplina (arts. 41 y siguientes), y con la mención de que los internos preventivos están sometidos a un régimen propio acorde con su presunción de inocencia.
El sistema de individualización científica y los grados de clasificación
El art. 72 LOGP establece que las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema de individualización científica, separado en grados, el último de los cuales será el de libertad condicional. Los grados son cuatro: primer grado (régimen cerrado), segundo grado (régimen ordinario), tercer grado (régimen abierto) y cuarto grado (libertad condicional). La clasificación se realiza mediante un estudio científico de la personalidad del penado y se revisa periódicamente; el sistema permite la clasificación inicial en cualquier grado, salvo el último, y la progresión o regresión según la evolución del interno. La LO 7/2003 introdujo el periodo de seguridad como requisito para acceder al tercer grado en penas superiores a cinco años. Desde la LO 1/2015, la libertad condicional se configura como una modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena (art. 90 CP), sin perjuicio de que el art. 72 LOGP siga denominando cuarto grado a esa fase. Este sistema de grados es el heredero del antiguo sistema progresivo y el núcleo del tratamiento penitenciario.
Penas privativas de libertad y medidas de seguridad: nociones del Código Penal
Para situar el Derecho Penitenciario conviene recordar el marco penal. La pena de prisión tiene una duración mínima de tres meses y máxima de veinte años, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos del Código Penal (art. 36.1 CP), y la LO 1/2015 introdujo la prisión permanente revisable para los delitos de especial gravedad que el propio Código enumera. Las penas privativas de libertad son la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa (art. 35 CP). Las medidas de seguridad privativas de libertad, para inimputables y semiimputables, se cumplen en centros psiquiátricos o de deshabituación; su ejecución, cuando se cumplen en establecimiento penitenciario, se rige por la normativa penitenciaria. El cumplimiento de las penas privativas de libertad se somete a límites como el periodo de seguridad y al sistema de refundición (arts. 76 y 78 CP). La suspensión de la ejecución y la sustitución de la pena permiten evitar el ingreso en prisión cuando se dan los requisitos legales, y las penas y medidas alternativas se ejecutan con el apoyo de los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas.
La Administración Penitenciaria: organización general
La Administración Penitenciaria estatal se integra en el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, órgano directivo del que dependen los establecimientos penitenciarios, los Centros de Inserción Social y los servicios de gestión de penas y medidas alternativas, y a la que se adscribe el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Cataluña y el País Vasco ejercen sus propias competencias de ejecución mediante administraciones penitenciarias autonómicas. Los establecimientos penitenciarios se clasifican en establecimientos de preventivos, de cumplimiento de penas y especiales (arts. 7 y siguientes LOGP). El personal funcionario penitenciario se integra, en el ámbito estatal, en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias y en otros cuerpos, y su régimen se rige por el art. 79 LOGP y la legislación de función pública. La organización detallada se estudia en temas posteriores del temario.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Derecho Penitenciario: normas sobre ejecución de penas y medidas privativas de libertad, organización de la Administración Penitenciaria y situación jurídica de los internos; tributario del Derecho Penal (art. 3.2 CP) y del Derecho Administrativo.
Jerarquía: Constitución (art. 25.2) > tratados internacionales > LOGP y Código Penal (ambos ley orgánica, mismo rango) > Reglamento Penitenciario (RD 190/1996) > Instrucciones y Circulares de la SGIP (sin eficacia normativa externa).
Competencia: legislación penitenciaria exclusiva del Estado (art. 149.1.6ª CE); la ejecución puede asumirse por las CCAA (la tienen Cataluña y el País Vasco).
Concepción Arenal (1820-1893), Visitadora de Prisiones de Mujeres en 1864, precursora del pensamiento reformista; Manuel Montesinos, precursor del sistema progresivo (presidio de Valencia, Ordenanzas de 1834).
LOGP: LO 1/1979, de 26 de septiembre; primera ley orgánica tras la Constitución; ochenta artículos; título preliminar y seis títulos. Art. 1: fin primordial la reeducación y reinserción social, además de retención y custodia.
Rango de ley orgánica de la LOGP por el art. 81.1 CE; su modificación exige mayoría absoluta del Congreso en votación final de conjunto (art. 81.2 CE).
Reglamento Penitenciario vigente: RD 190/1996, de 9 de febrero, que sustituyó al RD 1201/1981, de 8 de mayo; modificado parcialmente, nunca sustituido por un texto íntegro nuevo.
Reformas de la LOGP: LO 5/2003 (Juez de Vigilancia Penitenciaria, Juzgados Centrales) y LO 7/2003 (cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, periodo de seguridad).
Art. 25.2 CE: penas y medidas de seguridad orientadas a la reeducación y reinserción social; NO pueden consistir en trabajos forzados.
El condenado conserva los derechos fundamentales salvo los limitados por TRES títulos: fallo condenatorio, sentido de la pena y ley penitenciaria.
El art. 25.2 CE no crea un derecho subjetivo a la reinserción exigible en amparo (SSTC 2/1987 y 19/1988): es un mandato al legislador y un principio informador.
Derecho a un trabajo remunerado, a la Seguridad Social, al acceso a la cultura y al desarrollo integral de la personalidad: derechos de configuración legal, condicionados a la disponibilidad de recursos.
Las Instrucciones y Circulares de la SGIP son instrucciones u órdenes de servicio (art. 6 Ley 40/2015): vinculan a los funcionarios, no a los internos.
Art. 25.3 CE: la Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Según el art. 25.2 de la Constitución, las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 29 de Instituciones Penitenciarias?
Este tema constituye la puerta de entrada al Derecho Penitenciario en sentido estricto: su concepto, contenido y fuentes; un repaso a la evolución histórica de la legislación penitenciaria española desde sus antecedentes hasta la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979; la normativa penitenciaria vigente, con su sistema de fuentes y su reparto competencial; y el estudio detallado del art. 25.2 de la Constitución, precepto que fija las líneas maestras de la ejecución penal española (orientación a la reeducación y reinserción social, prohibición de trabajos forzados, conservación de los derechos fundamentales del condenado con tres límites y derechos de contenido laboral, de Seguridad Social y cultural). Debe conocerse con absoluta precisión de cara al examen.
¿Qué hay que memorizar del Tema 29 para el examen?
Derecho Penitenciario: normas sobre ejecución de penas y medidas privativas de libertad, organización de la Administración Penitenciaria y situación jurídica de los internos; tributario del Derecho Penal (art. 3.2 CP) y del Derecho Administrativo. Jerarquía: Constitución (art. 25.2) > tratados internacionales > LOGP y Código Penal (ambos ley orgánica, mismo rango) > Reglamento Penitenciario (RD 190/1996) > Instrucciones y Circulares de la SGIP (sin eficacia normativa externa). Competencia: legislación penitenciaria exclusiva del Estado (art. 149.1.6ª CE); la ejecución puede asumirse por las CCAA (la tienen Cataluña y el País Vasco). Concepción Arenal (1820-1893), Visitadora de Prisiones de Mujeres en 1864, precursora del pensamiento reformista; Manuel Montesinos, precursor del sistema progresivo (presidio de Valencia, Ordenanzas de 1834). LOGP: LO 1/1979, de 26 de septiembre; primera ley orgánica tras la Constitución; ochenta artículos; título preliminar y seis títulos. Art. 1: fin primordial la reeducación y reinserción social, además de retención y custodia. Rango de ley orgánica de la LOGP por el art. 81.1 CE; su modificación exige mayoría absoluta del Congreso en votación final de conjunto (art. 81.2 CE). Reglamento Penitenciario vigente: RD 190/1996, de 9 de febrero, que sustituyó al RD 1201/1981, de 8 de mayo; modificado parcialmente, nunca sustituido por un texto íntegro nuevo. Reformas de la LOGP: LO 5/2003 (Juez de Vigilancia Penitenciaria, Juzgados Centrales) y LO 7/2003 (cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, periodo de seguridad). Art. 25.2 CE: penas y medidas de seguridad orientadas a la reeducación y reinserción social; NO pueden consistir en trabajos forzados. El condenado conserva los derechos fundamentales salvo los limitados por TRES títulos: fallo condenatorio, sentido de la pena y ley penitenciaria. El art. 25.2 CE no crea un derecho subjetivo a la reinserción exigible en amparo (SSTC 2/1987 y 19/1988): es un mandato al legislador y un principio informador. Derecho a un trabajo remunerado, a la Seguridad Social, al acceso a la cultura y al desarrollo integral de la personalidad: derechos de configuración legal, condicionados a la disponibilidad de recursos. Las Instrucciones y Circulares de la SGIP son instrucciones u órdenes de servicio (art. 6 Ley 40/2015): vinculan a los funcionarios, no a los internos. Art. 25.3 CE: la Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.
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Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (arts. 9.3, 10.2, 15, 17, 25, 81, 96, 117.3 y 149.1.6ª)
Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (arts. 1 a 4, 72, 76 y 77)
Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario
Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario (derogado)
Ley Orgánica 5/2003, de 27 de mayo, y Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de modificación de la LOGP y del Código Penal
Real Decreto 782/2001, de 6 de julio; Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo; Real Decreto 840/2011; Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (art. 6, instrucciones y órdenes de servicio)
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (art. 3.2)
Sentencias del Tribunal Constitucional 2/1987, 19/1988, 57/1994 y 120/1990
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