Tema 12. Legislación básica de régimen jurídico del sector público. Disposiciones generales. Órganos de las administraciones públicas. Principios de la potestad sancionadora. La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.
Policía Local no tiene una convocatoria nacional única: cada ayuntamiento de España convoca su propio proceso selectivo, y el temario depende de la Comunidad Autónoma. Este fichero recoge el temario que la Comunidad Autónoma de Andalucía fija por Decreto para el acceso por turno libre a la categoría de Policía (Escala Básica) — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas actual de esta oposición. Es el más verificable de todos los que existen: el Decreto 8/2026 no solo fija un temario común para todos los ayuntamientos andaluces, sino que unifica el propio proceso selectivo (art. 2.1 y art. 4.2: las pruebas de conocimientos "versarán sobre el temario contenido en el Anexo III del presente decreto", sin margen para que cada ayuntamiento añada materias propias en la prueba de conocimientos). NO cubre: (1) los temarios de las categorías superiores de Andalucía (Oficial, Subinspector, Inspector, Intendente), que están en otros apartados del mismo Anexo III y son distintos y más extensos; (2) los temarios de promoción interna y movilidad (Anexo III.II); (3) el temario común (u otros arreglos equivalentes) del resto de Comunidades Autónomas — Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc. — que tienen su propia normativa autonómica y NO están cubiertos por este fichero; cualquier opositor de Policía Local fuera de Andalucía debe consultar el temario de su propia Comunidad Autónoma.
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), junto con la LPAC (ambas surgidas de la reforma de 2015, que escindió en dos leyes lo que antes regulaba conjuntamente la Ley 30/1992), regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, sus principios generales de actuación, los órganos administrativos y su competencia, los principios de la potestad sancionadora y el régimen de responsabilidad patrimonial, además de la organización y funcionamiento del sector público institucional estatal, los convenios y las relaciones interadministrativas. Este tema es de directa aplicación a la Policía Local tanto en su vertiente organizativa (como parte de la Administración Local) como en la tramitación de expedientes sancionadores derivados de sus denuncias y en los supuestos de responsabilidad patrimonial derivada de la actuación policial.
La LRJSP tiene por objeto establecer y regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades (art. 1). Su ámbito subjetivo comprende todo el sector público (art. 2): la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional, integrado por los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones, las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes (sujetas a la Ley en lo que específicamente se refiera a ellas) y las Universidades públicas, que se rigen por su normativa específica y supletoriamente por esta Ley. Su Título Preliminar se estructura en capítulos sobre disposiciones generales y principios (arts. 1 a 4), órganos de las Administraciones Públicas (arts. 5 a 24), principios de la potestad sancionadora (arts. 25 a 31), responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas (arts. 32 a 37), funcionamiento electrónico del sector público (arts. 38 a 46) y convenios (arts. 47 a 53). Los Títulos siguientes regulan la Administración General del Estado, el sector público institucional y las relaciones interadministrativas. No debe confundirse con la Ley 39/2015 (LPAC), que regula el procedimiento administrativo común: la Ley 40/2015 se ocupa de la organización y funcionamiento; la Ley 39/2015, del procedimiento y de los actos.
Principios generales de actuación y de intervención de las Administraciones Públicas
El art. 3 LRJSP dispone que las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Deben respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: a) servicio efectivo a los ciudadanos; b) simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos; c) participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa; d) racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión; e) buena fe, confianza legítima y lealtad institucional; f) responsabilidad por la gestión pública; g) planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas; h) eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados; i) economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales; j) eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos; y k) cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. El art. 4 recoge el principio de intervención mínima: las Administraciones que establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan requisitos para una actividad deben aplicar el principio de proporcionalidad, elegir la medida menos restrictiva y motivar su necesidad para la protección del interés público, sin diferencias de trato discriminatorias. En las relaciones interadministrativas rigen, además, los principios del art. 140: lealtad institucional, respeto al ejercicio legítimo de las competencias, ponderación del interés público, deber de facilitar información y de prestar cooperación y asistencia activas.
Los órganos administrativos: concepto, creación e instrucciones
Se consideran órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo (art. 5.1). La creación de cualquier órgano administrativo requiere: a) determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica; b) delimitación de sus funciones y competencias; y c) dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. No pueden crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos (art. 5.3). Los órganos administrativos pueden dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio, cuyo incumplimiento no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir (art. 6). En la Administración Local, los Cuerpos de Policía Local son órganos jerarquizados bajo la dirección del Alcalde, que ejercen su actividad conforme a las instrucciones y órdenes de servicio de sus mandos.
La competencia: irrenunciabilidad, delegación, avocación, encomienda, delegación de firma y suplencia
La competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en la Ley (art. 8.1). La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia (art. 8.2), y la desconcentración (traslado de la titularidad y ejercicio de competencias a órganos jerárquicamente dependientes) se rige por las normas de atribución. Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio son nulos de pleno derecho (art. 47.1.b LPAC). Delegación (art. 9): los órganos de las diferentes Administraciones Públicas pueden delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aunque no sean jerárquicamente dependientes, o en los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de aquellas. No pueden delegarse los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, Cortes Generales y Asambleas legislativas de las CCAA; la adopción de disposiciones de carácter general; la resolución de asuntos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso (recursos); y las materias en que así se determine por norma con rango de ley. La delegación es revocable en cualquier momento, debe publicarse en el diario oficial que corresponda (BOP, boletín autonómico o BOE, según la Administración del órgano delegante), y las resoluciones adoptadas por delegación indican expresamente esta circunstancia y se consideran dictadas por el órgano delegante. Avocación (art. 10): los órganos superiores pueden avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente, mediante acuerdo motivado notificado a los interesados antes de la resolución final; contra el acuerdo de avocación no cabe recurso, sin perjuicio de su impugnación en el que se interponga contra la resolución del procedimiento. Encomienda de gestión (art. 11): permite encargar a otros órganos o entidades de la misma o distinta Administración la realización de actividades de carácter material o técnico de su competencia, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos; no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio. Delegación de firma (art. 12): los titulares de los órganos pueden delegar la firma de sus resoluciones y actos en los titulares de los órganos o unidades que de ellos dependan, sin alterar la competencia del delegante ni su responsabilidad; no requiere publicación, aunque en el acto debe constar la autoridad de procedencia. Suplencia (art. 13): los titulares de los órganos pueden ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, y cuando haya sido declarada su abstención o recusación; la suplencia no implica alteración de la competencia.
Los órganos colegiados
Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas (arts. 15 a 22), como el Pleno de la Corporación local, se rigen por las normas de esta Ley en lo no previsto por su normativa específica (para las Entidades Locales, la LRBRL y el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico). Rasgos comunes: están integrados por un Presidente, los miembros y un Secretario; la constitución válida requiere la presencia del Presidente y del Secretario o de quienes les suplan, y de la mitad al menos de sus miembros, salvo que se prevea otra cosa; los acuerdos se adoptan por mayoría de votos, dirimiendo los empates el voto de calidad del Presidente; las actas se aprueban en la misma o en la siguiente sesión; la convocatoria y celebración de sesiones, la adopción de acuerdos y la remisión de actas pueden realizarse a distancia, por medios electrónicos, salvo que el reglamento interno disponga otra cosa. Los miembros de los órganos colegiados no pueden atribuirse las funciones de representación reconocidas a esos órganos, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo válidamente adoptado.
Abstención y recusación
Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el art. 23.2 deben abstenerse de intervenir en el procedimiento y comunicarlo a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. Son motivos de abstención: a) tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquel; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado; b) tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato; c) tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior; d) haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate; e) tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. La actuación de autoridades y personal en los que concurran motivos de abstención no implica necesariamente la invalidez de los actos en que hayan intervenido, pero determina responsabilidad. La recusación (art. 24) es la solicitud de los interesados, en cualquier momento de la tramitación, mediante escrito en el que se exprese la causa o causas en que se funda; si el recusado niega la causa, el superior resuelve en el plazo de tres días previa las comprobaciones oportunas. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabe recurso, sin perjuicio de alegar la recusación al recurrir el acto que ponga fin al procedimiento.
Principios de la potestad sancionadora: legalidad, irretroactividad y tipicidad (arts. 25 a 27)
Principio de legalidad (art. 25): la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en la Ley y, cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad con el Título XI de la LRBRL; su ejercicio corresponde a los órganos que la tengan expresamente atribuida por disposición de rango legal o reglamentario. Irretroactividad (art. 26): son de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa, pero las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplir al entrar en vigor la nueva disposición. Tipicidad (art. 27): solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una ley; únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la ley; las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones; y las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica.
Responsabilidad y proporcionalidad en la potestad sancionadora (arts. 28 y 29)
Responsabilidad (art. 28): solo pueden ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una ley lo reconozca, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa (la Ley 30/1992 hablaba de «simple inobservancia»; el criterio actual exige dolo o culpa). Las responsabilidades administrativas son compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada a su estado originario y con la indemnización de los daños y perjuicios causados. Cuando el cumplimiento de las obligaciones incumba a varias personas conjuntamente, responden de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. Proporcionalidad (art. 29): el establecimiento de sanciones pecuniarias debe prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas; la imposición de sanciones debe observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción y su adecuación a la gravedad del hecho. La graduación de la sanción considerará especialmente: a) el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad; b) la continuidad o persistencia en la conducta infractora; c) la naturaleza de los perjuicios causados; y d) la reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se impone únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida (concurso medial); será sancionable como infracción continuada la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión.
Prescripción de infracciones y sanciones, y concurrencia de sanciones (arts. 30 y 31)
Prescripción (art. 30): las infracciones y sanciones prescriben según lo dispuesto en las leyes que las establezcan; si estas no fijan plazos, las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. El plazo de prescripción de las infracciones comienza a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido (en las infracciones continuadas o permanentes, desde que finalizó la conducta infractora). Interrumpe la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. El plazo de prescripción de las sanciones comienza a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla; se interrumpe por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor. Concurrencia de sanciones (art. 31): no podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento (non bis in idem). Si un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, el órgano competente deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la sanción, pudiendo minorarla. Cuando unos hechos puedan ser constitutivos de infracción administrativa y de delito, rige la prevalencia del orden penal: la Administración debe comunicar los hechos a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal y abstenerse de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado; los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vinculan a las Administraciones (art. 77.4 LPAC), y la sanción penal excluye la administrativa si hay identidad de sujeto, hecho y fundamento (STC 77/1983).
La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: fundamento y requisitos (arts. 32 y 34)
El art. 106.2 CE reconoce el derecho de los particulares, en los términos establecidos por la ley, a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Desarrollado por los arts. 32 y siguientes de la LRJSP, el sistema es de responsabilidad objetiva (no exige culpa o negligencia de la Administración ni de su personal: basta el funcionamiento, normal o anormal, del servicio público y el nexo causal con el daño) y directa (el particular reclama directamente a la Administración correspondiente, sin necesidad de dirigirse previamente contra el funcionario o agente causante). Requisitos (art. 32): a) lesión o daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas; b) que sea antijurídico, esto es, que el particular no tenga el deber jurídico de soportarlo de acuerdo con la ley; c) imputación a la Administración y nexo causal entre el funcionamiento del servicio público (normal o anormal, por acción u omisión) y el daño; y d) ausencia de fuerza mayor, único supuesto que exonera a la Administración. Fuerza mayor es el suceso externo al servicio, imprevisible o inevitable, que excede de lo que cabe prever; se distingue del caso fortuito (suceso interno al funcionamiento del servicio), que no exonera. Tampoco son indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos (art. 34.1). La carga de la prueba del daño y del nexo causal corresponde en principio al reclamante, y la de la fuerza mayor, a la Administración. La responsabilidad se extiende a los daños producidos por entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones cuando actúan en relaciones de esa naturaleza (art. 35) y es compatible con otras prestaciones. Cuando el daño lo causa un vehículo o un agente de la Policía Local en el ejercicio de sus funciones, la reclamación se dirige contra el Ayuntamiento correspondiente.
Indemnización y responsabilidad concurrente
La indemnización se calcula con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado; en los casos de muerte o lesiones corporales se puede tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de seguros obligatorios y de Seguridad Social (art. 34.2). La cuantía se calcula con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento y de los intereses que procedan por demora en el pago (art. 34.3). La indemnización puede sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado (art. 34.4). Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones Públicas se derive responsabilidad en los términos de la Ley, las Administraciones intervinientes responden frente al particular de forma solidaria (art. 33), y la distribución interna de la responsabilidad se fija en función de los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención.
Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones (arts. 36 y 37)
Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial, los particulares exigen directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio (art. 36.1). La Administración, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio a sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca (acción de regreso); para exigirla y determinar su alcance se ponderan el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal y su relación con la producción del resultado dañoso (art. 36.2). Asimismo, la Administración instruye el mismo procedimiento por los daños y perjuicios causados en sus bienes y derechos cuando haya concurrido dolo, o culpa o negligencia graves (art. 36.3). La exigencia de responsabilidad penal del personal no suspende los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial (art. 36.4). La responsabilidad penal y la responsabilidad civil derivada del delito del personal al servicio de las Administraciones se exigen conforme a la legislación correspondiente (art. 37), y el art. 121 del Código Penal establece la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración por los daños causados por los penalmente responsables de los delitos, dolosos o culposos, cuando sean autoridad, agentes o contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones, siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados, sin que en ningún caso pueda darse una duplicidad indemnizatoria.
Procedimiento de responsabilidad patrimonial
Se tramita conforme al procedimiento administrativo común de la LPAC, con las especialidades de los arts. 32 a 37 de la Ley 40/2015 y de la LPAC (arts. 65, 67, 81 y 91). Puede iniciarse de oficio, por acuerdo del órgano competente, siempre que no haya prescrito el derecho a reclamar del interesado (art. 65), o a instancia del interesado mediante reclamación (art. 67). El derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo; en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empieza a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas; y, en los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, prescribe al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva (art. 67.1). La reclamación se acompaña de las alegaciones, documentos e informaciones que se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios (art. 67.2). Se pide informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión (art. 81). Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros, o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en los casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, del Consejo de Estado, es preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma (art. 81.2); en Andalucía, el Consejo Consultivo (Ley 4/2005). El plazo máximo para resolver y notificar es de seis meses desde que se inició el procedimiento, transcurrido el cual la reclamación se entiende desestimada por silencio administrativo (arts. 91 y 24 LPAC). Cuando concurran los requisitos legales, puede seguirse la tramitación simplificada del art. 96 LPAC (plazo de resolución de treinta días). La resolución pone fin a la vía administrativa y es susceptible de recurso contencioso-administrativo, siendo este orden jurisdiccional el competente en todo caso, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive la responsabilidad (art. 2.e LJCA).
Responsabilidad patrimonial y actuación de la Policía Local
La actuación policial puede dar lugar a responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento cuando de ella derive un daño antijurídico: daños a bienes de particulares por intervenciones (por ejemplo, forzamiento de puertas), accidentes con vehículos oficiales, daños durante la retirada de vehículos con grúa o en el depósito municipal, lesiones en dependencias, o por el mal estado de las vías o del mobiliario urbano sin la debida señalización. No existe responsabilidad cuando concurre fuerza mayor, cuando el daño es consecuencia de la conducta de la propia víctima o de un tercero que rompe el nexo causal, o cuando el particular tiene el deber jurídico de soportar la actuación policial lícita y proporcionada (por ejemplo, una detención ajustada a Derecho). La doctrina y la jurisprudencia aplican el criterio de que la responsabilidad objetiva no convierte a la Administración en aseguradora universal de todos los riesgos. Si el agente actuó con dolo o culpa o negligencia grave, la Administración puede ejercitar la acción de regreso contra él (art. 36.2) y, además, puede incurrir en responsabilidad disciplinaria y penal. Las cuestiones de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos oficiales siguen el régimen del seguro obligatorio.
Funcionamiento electrónico, convenios y sector público institucional (visión general)
El funcionamiento electrónico del sector público (arts. 38 a 46) regula la sede electrónica (art. 38), el portal de internet, los sistemas de identificación y firma de las Administraciones (arts. 40 y 42), la actuación administrativa automatizada (art. 41) y el archivo electrónico de documentos. Los convenios (arts. 47 a 53) son acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones, organismos y entidades para un fin común; pueden ser interadministrativos, intradministrativos o con sujetos de derecho privado, deben tener vigencia determinada, que no puede exceder de cuatro años salvo que la normativa aplicable prevea un plazo superior (prorrogable por acuerdo unánime hasta otros cuatro años), y no pueden tener por objeto prestaciones propias de los contratos. El sector público institucional (Título II) comprende los organismos públicos (organismos autónomos y entidades públicas empresariales), las autoridades administrativas independientes, las sociedades mercantiles estatales, los consorcios, las fundaciones del sector público, los fondos sin personalidad jurídica y las universidades públicas, sometidos a los principios generales de actuación y de buen gobierno de la Ley. La Ley regula también las relaciones interadministrativas (Título III): los principios de cooperación y colaboración, las técnicas de cooperación (conferencias sectoriales, comisiones bilaterales, convenios) y la coordinación entre la Administración General del Estado y las Administraciones locales (arts. 140 y ss.).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La LRJSP (Ley 40/2015: organización, funcionamiento, potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial) y la LPAC (Ley 39/2015: procedimiento y actos) sustituyeron a la Ley 30/1992. No confundir su contenido en el examen.
Art. 3 LRJSP: las Administraciones sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación; art. 4: intervención mínima y proporcionalidad.
Competencia (art. 8): irrenunciable; la delegación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia no alteran la titularidad de la competencia.
Delegación (art. 9): transferencia del ejercicio de una competencia; requiere publicación en el diario oficial; es revocable; son indelegables, entre otras, la adopción de disposiciones de carácter general y la resolución de recursos contra actos del propio órgano delegante. Las resoluciones dictadas por delegación se consideran dictadas por el órgano delegante.
Avocación (art. 10): atracción puntual, mediante acuerdo motivado notificado antes de la resolución, de un asunto de un órgano inferior por el superior; contra el acuerdo no cabe recurso. Delegación de firma (art. 12): no exige publicación.
Abstención (art. 23): interés personal, parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, amistad íntima o enemistad manifiesta, intervención como perito o testigo, relación de servicio con el interesado. Recusación (art. 24): a instancia del interesado.
Principio de legalidad (art. 25): la potestad sancionadora requiere reconocimiento expreso por norma con rango de ley. Tipicidad (art. 27): sólo son infracciones las previstas por ley; prohibida la analogía. Irretroactividad (art. 26): salvo la disposición favorable.
Responsabilidad (art. 28): sólo a título de dolo o culpa (ya no «simple inobservancia»). Reincidencia (art. 29): más de una infracción de la misma naturaleza en un año, declarada por resolución firme en vía administrativa.
Prescripción supletoria (art. 30): infracciones muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 meses; sanciones muy graves 3 años, graves 2 años, leves 1 año. La prescripción de las infracciones se interrumpe con la iniciación del procedimiento; se reinicia si el expediente está paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
Non bis in idem (art. 31): identidad de sujeto, hecho y fundamento; prevalece el orden penal y los hechos probados en sentencia penal firme vinculan a la Administración.
Responsabilidad patrimonial (art. 106.2 CE; arts. 32 y ss. LRJSP): objetiva y directa; requiere daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, antijurídico, nexo causal y ausencia de fuerza mayor.
Prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial (art. 67 LPAC): un año desde el hecho o desde la manifestación de su efecto lesivo; en daños físicos o psíquicos, desde la curación o la determinación de las secuelas.
Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico: preceptivo si la cuantía reclamada es igual o superior a 50.000 euros (o la que fije la legislación autonómica). Plazo de resolución: seis meses; silencio desestimatorio.
Acción de regreso (art. 36.2): la Administración que indemniza exige de oficio al personal responsabilidad por dolo, culpa o negligencia graves.
Fuerza mayor (exonera: externa, imprevisible o inevitable) frente a caso fortuito (interno al servicio, no exonera).
Convenios (art. 49): vigencia máxima inicial de cuatro años, prorrogable por acuerdo unánime hasta otros cuatro.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿En qué plazo prescribe el derecho a reclamar responsabilidad patrimonial a la Administración?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 12 de Policía Local?
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), junto con la LPAC (ambas surgidas de la reforma de 2015, que escindió en dos leyes lo que antes regulaba conjuntamente la Ley 30/1992), regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, sus principios generales de actuación, los órganos administrativos y su competencia, los principios de la potestad sancionadora y el régimen de responsabilidad patrimonial, además de la organización y funcionamiento del sector público institucional estatal, los convenios y las relaciones interadministrativas. Este tema es de directa aplicación a la Policía Local tanto en su vertiente organizativa (como parte de la Administración Local) como en la tramitación de expedientes sancionadores derivados de sus denuncias y en los supuestos de responsabilidad patrimonial derivada de la actuación policial.
¿Qué hay que memorizar del Tema 12 para el examen?
La LRJSP (Ley 40/2015: organización, funcionamiento, potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial) y la LPAC (Ley 39/2015: procedimiento y actos) sustituyeron a la Ley 30/1992. No confundir su contenido en el examen. Art. 3 LRJSP: las Administraciones sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación; art. 4: intervención mínima y proporcionalidad. Competencia (art. 8): irrenunciable; la delegación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia no alteran la titularidad de la competencia. Delegación (art. 9): transferencia del ejercicio de una competencia; requiere publicación en el diario oficial; es revocable; son indelegables, entre otras, la adopción de disposiciones de carácter general y la resolución de recursos contra actos del propio órgano delegante. Las resoluciones dictadas por delegación se consideran dictadas por el órgano delegante. Avocación (art. 10): atracción puntual, mediante acuerdo motivado notificado antes de la resolución, de un asunto de un órgano inferior por el superior; contra el acuerdo no cabe recurso. Delegación de firma (art. 12): no exige publicación. Abstención (art. 23): interés personal, parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, amistad íntima o enemistad manifiesta, intervención como perito o testigo, relación de servicio con el interesado. Recusación (art. 24): a instancia del interesado. Principio de legalidad (art. 25): la potestad sancionadora requiere reconocimiento expreso por norma con rango de ley. Tipicidad (art. 27): sólo son infracciones las previstas por ley; prohibida la analogía. Irretroactividad (art. 26): salvo la disposición favorable. Responsabilidad (art. 28): sólo a título de dolo o culpa (ya no «simple inobservancia»). Reincidencia (art. 29): más de una infracción de la misma naturaleza en un año, declarada por resolución firme en vía administrativa. Prescripción supletoria (art. 30): infracciones muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 meses; sanciones muy graves 3 años, graves 2 años, leves 1 año. La prescripción de las infracciones se interrumpe con la iniciación del procedimiento; se reinicia si el expediente está paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. Non bis in idem (art. 31): identidad de sujeto, hecho y fundamento; prevalece el orden penal y los hechos probados en sentencia penal firme vinculan a la Administración. Responsabilidad patrimonial (art. 106.2 CE; arts. 32 y ss. LRJSP): objetiva y directa; requiere daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, antijurídico, nexo causal y ausencia de fuerza mayor. Prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial (art. 67 LPAC): un año desde el hecho o desde la manifestación de su efecto lesivo; en daños físicos o psíquicos, desde la curación o la determinación de las secuelas. Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico: preceptivo si la cuantía reclamada es igual o superior a 50.000 euros (o la que fije la legislación autonómica). Plazo de resolución: seis meses; silencio desestimatorio. Acción de regreso (art. 36.2): la Administración que indemniza exige de oficio al personal responsabilidad por dolo, culpa o negligencia graves. Fuerza mayor (exonera: externa, imprevisible o inevitable) frente a caso fortuito (interno al servicio, no exonera). Convenios (art. 49): vigencia máxima inicial de cuatro años, prorrogable por acuerdo unánime hasta otros cuatro.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía") (Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 103 y 106.2
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 1-4, 5-6, 8-13, 15-24, 25-31, 32-37, 38-46, 47-53 y 140 y ss.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 24, 65, 67, 77.4, 81, 91 y 96
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, art. 121
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 2.e)
Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía
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