Tema 23. Procedimientos penales. La instrucción. La denuncia y la querella. Diligencias previas del procedimiento abreviado. Sumario ordinario por delitos graves. Juicio rápido por delito. Juicio por delito leve. Procedimiento ante el tribunal del jurado.
Policía Local no tiene una convocatoria nacional única: cada ayuntamiento de España convoca su propio proceso selectivo, y el temario depende de la Comunidad Autónoma. Este fichero recoge el temario que la Comunidad Autónoma de Andalucía fija por Decreto para el acceso por turno libre a la categoría de Policía (Escala Básica) — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas actual de esta oposición. Es el más verificable de todos los que existen: el Decreto 8/2026 no solo fija un temario común para todos los ayuntamientos andaluces, sino que unifica el propio proceso selectivo (art. 2.1 y art. 4.2: las pruebas de conocimientos "versarán sobre el temario contenido en el Anexo III del presente decreto", sin margen para que cada ayuntamiento añada materias propias en la prueba de conocimientos). NO cubre: (1) los temarios de las categorías superiores de Andalucía (Oficial, Subinspector, Inspector, Intendente), que están en otros apartados del mismo Anexo III y son distintos y más extensos; (2) los temarios de promoción interna y movilidad (Anexo III.II); (3) el temario común (u otros arreglos equivalentes) del resto de Comunidades Autónomas — Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc. — que tienen su propia normativa autonómica y NO están cubiertos por este fichero; cualquier opositor de Policía Local fuera de Andalucía debe consultar el temario de su propia Comunidad Autónoma.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim, Real Decreto de 14 de septiembre de 1882), texto procesal decimonónico profundamente reformado en numerosas ocasiones, regula los distintos procedimientos penales aplicables en función de la gravedad del delito. Este tema recorre la fase de instrucción, las formas de iniciar un procedimiento penal (denuncia, querella y atestado) y los principales procedimientos: diligencias previas del procedimiento abreviado, sumario ordinario para delitos graves, juicio rápido por delito (diligencias urgentes), juicio por delito leve y procedimiento ante el Tribunal del Jurado (LO 5/1995). Todos ellos son de directa relevancia para la actividad de la Policía Local, que colabora en las funciones de Policía Judicial, y para la correcta elaboración del atestado.
La instrucción (o sumario, en sentido amplio) es la fase del proceso penal dirigida a preparar el juicio, practicando las diligencias necesarias para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos. Corresponde ordinariamente al Juez de Instrucción (con las especialidades de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en su ámbito material y del Ministerio Fiscal en el proceso de menores). Se rige por los principios de oficialidad (el Estado, a través del Ministerio Fiscal, persigue de oficio los delitos públicos), legalidad, contradicción y secreto relativo de las actuaciones respecto de terceros ajenos al proceso, sin perjuicio del derecho de defensa de las partes personadas. La Policía Judicial (art. 126 CE; arts. 282 y ss. LECrim) actúa bajo la dependencia funcional de los jueces, tribunales y del Ministerio Fiscal en la investigación de los delitos. El art. 282 LECrim establece que la Policía Judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación, practicar las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. Las Policías Locales colaboran en estas funciones conforme al art. 53.1.e) de la LO 2/1986, en la forma establecida en el art. 29.2 de la misma ley. La LO 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha reorganizado la planta judicial mediante los Tribunales de Instancia, por lo que los antiguos Juzgados de Instrucción se integran progresivamente como secciones; la competencia material y el reparto de funciones se mantienen. Los plazos de la instrucción se regulan en el art. 324 LECrim (reformado por la Ley 2/2020): doce meses desde la incoación, prorrogables por períodos de seis meses, y declaración de complejidad cuando proceda.
Formas de iniciación del proceso penal: denuncia, querella y atestado
El proceso penal puede iniciarse de oficio, por denuncia, por querella o por atestado policial. La denuncia (arts. 259 y ss. LECrim) es el acto por el cual una persona pone en conocimiento de la autoridad competente (Juzgado, Ministerio Fiscal o cualquier miembro de la Policía Judicial) la comisión de un hecho que reviste caracteres de delito. No exige abogado ni procurador, puede ser verbal o escrita y no constituye a quien la formula en parte procesal. El art. 259 LECrim impone el deber de denunciar a quien presencie la perpetración de cualquier delito público, y el art. 262 LECrim extiende ese deber, de forma reforzada, a quienes por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, que deberán denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al tribunal competente, al juez de instrucción y, en su defecto, al funcionario de policía más próximo si se tratase de un delito flagrante. Los agentes de la Policía Local, por su condición de funcionarios, están sujetos a esta obligación. El art. 261 LECrim exime del deber de denunciar, entre otros, al cónyuge del delincuente y a sus ascendientes, descendientes y colaterales hasta el segundo grado; y no están obligados quienes no puedan declarar por razón de su cargo o secreto profesional. La querella (arts. 270 y ss. LECrim) es el acto de ejercicio de la acción penal mediante el cual el querellante se constituye en parte acusadora (acusación particular, si es perjudicado u ofendido, o acusación popular, que corresponde a cualquier ciudadano español); exige abogado y procurador (art. 277), debe presentarse ante el órgano judicial competente y cumplir los requisitos formales de ese artículo. La querella por acción popular puede exigir fianza (art. 280). Por último, el atestado (arts. 292 y ss. LECrim) es el documento por el que la Policía Judicial recoge las diligencias practicadas para la comprobación del delito y la identificación de los presuntos responsables; conforme al art. 297 LECrim, los atestados y las manifestaciones que hicieren los agentes se considerarán denuncias para los efectos legales, y las declaraciones que contengan se considerarán declaraciones testificales a los efectos de su ratificación en el juicio oral.
El atestado y el papel de la Policía Local como Policía Judicial
Cuando la Policía Judicial tiene conocimiento de un hecho delictivo, por percepción propia o por denuncia recibida, debe elaborar el correspondiente atestado, recogiendo todas las diligencias practicadas, y remitirlo sin dilación a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal, dando cuenta inmediata cuando existan detenidos. La Policía Judicial en sentido estricto está integrada por las unidades específicas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, mientras que la Policía Local, que participa en las funciones de Policía Judicial en la forma establecida en el art. 29.2 de la LO 2/1986 (art. 53.1.e), desarrolla básicamente labores de colaboración y de primera intervención: aseguramiento del lugar de los hechos, atención a las víctimas, identificación de testigos, aprehensión de efectos e instrumentos del delito, detención cuando proceda y elaboración de las diligencias que integran el atestado en el ámbito de sus competencias, dando cuenta sin demora a la Policía Judicial propiamente dicha o a la autoridad judicial cuando la naturaleza o gravedad del hecho lo requiera. La detención no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para la averiguación de los hechos, con un máximo de setenta y dos horas, tras las cuales el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial (art. 17.2 CE y art. 520 LECrim). Al detenido debe informársele de forma inmediata y comprensible de los hechos que se le imputan y las razones de su privación de libertad, así como de sus derechos (guardar silencio, no declarar contra sí mismo, no confesarse culpable, asistencia letrada, comunicación a persona de su elección, asistencia de intérprete, reconocimiento médico), conforme al art. 520 LECrim, en la redacción dada por la LO 13/2015, y de la LO 5/2024, del Derecho de Defensa, que refuerza estas garantías. Los detenidos son puestos a disposición judicial a la mayor brevedad posible.
Clasificación de los procedimientos penales
La LECrim prevé distintos procedimientos según la gravedad del delito: el procedimiento ordinario por delitos graves (sumario ordinario, arts. 299 y ss.) para los delitos castigados con pena privativa de libertad superior a nueve años; el procedimiento abreviado (arts. 757 y ss.) para delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o con otras penas de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración; el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos (arts. 795 y ss.), como especialidad del abreviado; el juicio por delito leve (arts. 962 y ss.); el procedimiento ante el Tribunal del Jurado (LO 5/1995); y el proceso por aceptación de decreto (arts. 803 bis y ss.) para delitos de escasa gravedad. La competencia para el enjuiciamiento corresponde, por regla general, a los Juzgados de Instrucción (delitos leves), los Juzgados de lo Penal (delitos castigados con pena privativa de libertad de hasta cinco años, o con multa cualquiera que sea su cuantía, o con otras penas de duración no superior a diez años) y las Audiencias Provinciales (delitos con pena superior a esos límites, y delitos graves del sumario). El art. 14 LECrim fija estas reglas.
Diligencias previas del procedimiento abreviado
El procedimiento abreviado (arts. 757 y ss. LECrim) constituye el procedimiento penal más frecuente en la práctica. Se inicia con las diligencias previas (arts. 774 y ss.), fase de instrucción en la que el Juez de Instrucción practica las actuaciones encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que hayan participado en él y el órgano competente para el enjuiciamiento. La policía puede practicar diligencias previas a la intervención judicial (arts. 770 y 771). Tras la instrucción, si existen indicios racionales de criminalidad contra persona determinada, el juez dicta auto de transformación en procedimiento abreviado (art. 779.1.4.ª), que da paso a la fase intermedia, en la que el Ministerio Fiscal y las acusaciones presentan sus escritos de acusación y la defensa su escrito de defensa, y finalmente al juicio oral ante el Juzgado de lo Penal o la Audiencia Provincial, según la pena solicitada. La declaración del investigado exige previa información de los hechos y derechos y asistencia letrada. En este procedimiento es posible la conformidad del acusado, prestada con asistencia de su letrado, con la pena más grave solicitada por las acusaciones siempre que no exceda de los límites legalmente establecidos (art. 787), lo que agiliza la resolución sin celebración del juicio oral contradictorio.
Sumario ordinario por delitos graves
El procedimiento ordinario por delitos graves (arts. 299 y ss. LECrim) se reserva para los delitos castigados con pena privativa de libertad superior a nueve años, y su fase de instrucción recibe el nombre técnico de sumario. Se caracteriza por una instrucción más exhaustiva y formalizada, bajo la dirección del Juez de Instrucción, que comprende las diligencias de comprobación del delito y averiguación de los delincuentes. El sumario concluye con un auto de conclusión (art. 622), que es recurrible, y da paso, ante el órgano competente para el enjuiciamiento (normalmente la Audiencia Provincial), al trámite de calificación provisional por las partes acusadoras y la defensa, y al juicio oral y público, presidido por los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad. Cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia y, en su caso, recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Se aplica a los delitos de mayor gravedad que no estén atribuidos al Tribunal del Jurado.
Juicio rápido por delito (diligencias urgentes)
El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos (arts. 795 y ss. LECrim) es una modalidad especial del procedimiento abreviado pensada para la tramitación ágil de delitos flagrantes o de instrucción sencilla. Requisitos del art. 795: que se trate de delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza cuya duración no exceda de diez años (cualquiera que sea su cuantía, si son penas de multa); que el proceso se incoe en virtud de atestado policial y que la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia, o que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el Juzgado de guardia; y que concurra alguno de estos supuestos: 1.º que se trate de delito flagrante; 2.º que se trate de alguno de los delitos que la ley enumera, entre ellos las lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual en el ámbito familiar (art. 173.2 CP), el hurto, el robo, el hurto y robo de uso de vehículos, los delitos contra la seguridad vial, determinados delitos de daños, determinados delitos contra la salud pública y determinados delitos flagrantes contra la propiedad intelectual e industrial; o 3.º que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumiblemente sencilla. La actuación policial es decisiva: el atestado debe elaborarse con especial celeridad y se remite al Juzgado de guardia, citando a los interesados con las advertencias legales (art. 796), lo que permite la celebración del juicio oral en pocos días desde la detención y, en muchos casos, la sentencia de conformidad ante el propio Juzgado de guardia. El art. 797 y ss. regulan las diligencias urgentes ante el Juzgado de guardia, el escrito de acusación, la conformidad y el enjuiciamiento por el Juzgado de lo Penal.
Juicio por delito leve
El juicio por delito leve (arts. 962 y ss. LECrim), que sustituyó a partir de la reforma de 2015 (LO 1/2015) al antiguo juicio de faltas, es el procedimiento aplicable a los delitos leves, que son las infracciones que la ley castiga con pena leve (art. 13.3 CP). Tiene un trámite simplificado, concentrado en una sola comparecencia, sin fase de instrucción propiamente dicha, y la intervención de abogado y procurador no es preceptiva. La Policía Judicial, cuando tenga noticia de un hecho que presente los caracteres de delito leve, y siempre que la persona denunciada sea localizada o pueda ser citada, procederá sin más diligencia a citar a los interesados (ofendido o perjudicado, denunciado y testigos) para comparecer ante el Juzgado de guardia en el día y hora que se señalen, y entregará a las partes la información de sus derechos (art. 962). Cuando se trata de delitos leves flagrantes o que no requieran mayores diligencias, el Juzgado de guardia puede celebrar el juicio de forma inmediata (art. 962 y ss.). La competencia para el enjuiciamiento corresponde al Juzgado de Instrucción (o del Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción). Los delitos leves se persiguen de oficio, salvo aquellos para los que la ley exija denuncia del agraviado o su representante legal (la perseguibilidad se fija en cada tipo penal).
Procedimiento ante el Tribunal del Jurado
El procedimiento ante el Tribunal del Jurado se regula en la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, y se aplica al enjuiciamiento de los delitos que la ley atribuye a su competencia (art. 1.2), entre los que se cuentan el homicidio (arts. 138 a 140 CP, incluido el asesinato), las amenazas (art. 169.1.º CP), la omisión del deber de socorro, el allanamiento de morada, los incendios forestales y varios delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos (prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas, entre otros). El Jurado está compuesto por nueve ciudadanos legos, a los que se suman dos suplentes, presididos por un Magistrado, que se integra en la Audiencia Provincial (art. 2). El Jurado emite un veredicto sobre los hechos y la culpabilidad o inocencia del acusado, y el Magistrado-Presidente dicta la sentencia con arreglo al veredicto. El procedimiento comprende una fase de instrucción, similar a la del procedimiento abreviado, ante el Juzgado de Instrucción, una fase intermedia (audiencia preliminar, auto de apertura del juicio oral), la selección del Jurado, el juicio oral, el veredicto y la sentencia. La sentencia es recurrible en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia.
Medidas cautelares en el proceso penal
Además de la detención, el proceso penal contempla otras medidas cautelares adoptadas por el órgano judicial competente para asegurar la presencia del investigado en el proceso y, en su caso, para proteger a la víctima o evitar la reiteración delictiva: la prisión provisional (arts. 502 y ss. LECrim), que exige la existencia de un hecho con apariencia de delito y fines constitucionalmente legítimos (evitar la fuga, la destrucción de pruebas, la reiteración delictiva o riesgos para la víctima); la libertad provisional con o sin fianza; las órdenes de alejamiento o comunicación; la retirada de pasaporte; la suspensión de la conducción de vehículos a motor o de la tenencia y porte de armas; y la orden de protección de las víctimas de violencia de género y doméstica (art. 544 ter LECrim).
El Ministerio Fiscal y las partes del proceso penal
El Ministerio Fiscal, conforme a su Estatuto Orgánico (Ley 50/1981, de 30 de diciembre), tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, ejerciendo entre otras funciones la acción penal, la dirección de la investigación en el ámbito de los menores y la vigilancia de la actuación de la Policía Judicial, y es parte necesaria en todo proceso penal por delito público. Son partes acusadoras el Ministerio Fiscal, el acusador particular y el acusador popular (art. 125 CE); las partes pasivas son el investigado o encausado y, en su caso, los responsables civiles. Los principios del proceso penal acusatorio son la oralidad, la inmediación, la contradicción, la publicidad y la presunción de inocencia (art. 24 CE).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 259 LECrim: deber general de denunciar los delitos públicos presenciados; art. 262: deber reforzado para quien conoce el delito por razón de su cargo, profesión u oficio (incluidos los agentes de Policía Local).
La denuncia no exige abogado ni procurador y no hace al denunciante parte del proceso; la querella exige abogado y procurador (art. 277) y constituye al querellante en parte acusadora.
Art. 297 LECrim: los atestados policiales se consideran denuncias a efectos legales.
Procedimiento abreviado: pena privativa de libertad no superior a nueve años (o penas de distinta naturaleza, cualquier cuantía o duración). Sumario ordinario: pena superior a nueve años.
Juicio rápido (arts. 795 y ss.): prisión que no exceda de cinco años, o penas de otra naturaleza que no excedan de diez; atestado con detenido o citado; delito flagrante, delito enumerado o instrucción sencilla.
Juicio por delito leve (arts. 962 y ss.): sucesor del juicio de faltas tras la LO 1/2015; comparecencia única; no es preceptivo abogado ni procurador; los delitos leves son los castigados con pena leve (art. 13.3 CP).
Tribunal del Jurado (LO 5/1995): nueve jurados titulares y dos suplentes, más un Magistrado-Presidente; delitos tasados (homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, incendios forestales y delitos de funcionarios, entre otros).
Instrucción: 12 meses prorrogables por periodos de seis (art. 324 LECrim, Ley 2/2020).
Detención: máximo 72 horas, tiempo estrictamente necesario; información inmediata de derechos (art. 520 LECrim).
La Policía Local participa en las funciones de Policía Judicial en la forma que establece el art. 29.2 LOFCS (art. 53.1.e), principalmente en primera intervención y colaboración.
Competencia: Juzgado de lo Penal hasta cinco años de prisión (o multa, u otras penas de hasta diez años); Audiencia Provincial por encima de esos límites.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Cuántos ciudadanos legos componen el Tribunal del Jurado (titulares) conforme a la LO 5/1995?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 23 de Policía Local?
La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim, Real Decreto de 14 de septiembre de 1882), texto procesal decimonónico profundamente reformado en numerosas ocasiones, regula los distintos procedimientos penales aplicables en función de la gravedad del delito. Este tema recorre la fase de instrucción, las formas de iniciar un procedimiento penal (denuncia, querella y atestado) y los principales procedimientos: diligencias previas del procedimiento abreviado, sumario ordinario para delitos graves, juicio rápido por delito (diligencias urgentes), juicio por delito leve y procedimiento ante el Tribunal del Jurado (LO 5/1995). Todos ellos son de directa relevancia para la actividad de la Policía Local, que colabora en las funciones de Policía Judicial, y para la correcta elaboración del atestado.
¿Qué hay que memorizar del Tema 23 para el examen?
Art. 259 LECrim: deber general de denunciar los delitos públicos presenciados; art. 262: deber reforzado para quien conoce el delito por razón de su cargo, profesión u oficio (incluidos los agentes de Policía Local). La denuncia no exige abogado ni procurador y no hace al denunciante parte del proceso; la querella exige abogado y procurador (art. 277) y constituye al querellante en parte acusadora. Art. 297 LECrim: los atestados policiales se consideran denuncias a efectos legales. Procedimiento abreviado: pena privativa de libertad no superior a nueve años (o penas de distinta naturaleza, cualquier cuantía o duración). Sumario ordinario: pena superior a nueve años. Juicio rápido (arts. 795 y ss.): prisión que no exceda de cinco años, o penas de otra naturaleza que no excedan de diez; atestado con detenido o citado; delito flagrante, delito enumerado o instrucción sencilla. Juicio por delito leve (arts. 962 y ss.): sucesor del juicio de faltas tras la LO 1/2015; comparecencia única; no es preceptivo abogado ni procurador; los delitos leves son los castigados con pena leve (art. 13.3 CP). Tribunal del Jurado (LO 5/1995): nueve jurados titulares y dos suplentes, más un Magistrado-Presidente; delitos tasados (homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, incendios forestales y delitos de funcionarios, entre otros). Instrucción: 12 meses prorrogables por periodos de seis (art. 324 LECrim, Ley 2/2020). Detención: máximo 72 horas, tiempo estrictamente necesario; información inmediata de derechos (art. 520 LECrim). La Policía Local participa en las funciones de Policía Judicial en la forma que establece el art. 29.2 LOFCS (art. 53.1.e), principalmente en primera intervención y colaboración. Competencia: Juzgado de lo Penal hasta cinco años de prisión (o multa, u otras penas de hasta diez años); Audiencia Provincial por encima de esos límites.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía") (Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, arts. 14, 259-262, 270 y ss., 282 y ss., 292-297, 299 y ss., 324, 502 y ss., 520, 757 y ss., 774 y ss., 795 y ss., 962 y ss.
Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, arts. 29.2 y 53.1.e)
Ley 2/2020, de 27 de julio, por la que se modifica el art. 324 de la LECrim
Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia
Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
Constitución Española, arts. 17, 24, 125 y 126
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