Tema 4. Organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de las funciones y competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. La Administración Local: Tipología de los Entes Locales.
Policía Local no tiene una convocatoria nacional única: cada ayuntamiento de España convoca su propio proceso selectivo, y el temario depende de la Comunidad Autónoma. Este fichero recoge el temario que la Comunidad Autónoma de Andalucía fija por Decreto para el acceso por turno libre a la categoría de Policía (Escala Básica) — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas actual de esta oposición. Es el más verificable de todos los que existen: el Decreto 8/2026 no solo fija un temario común para todos los ayuntamientos andaluces, sino que unifica el propio proceso selectivo (art. 2.1 y art. 4.2: las pruebas de conocimientos "versarán sobre el temario contenido en el Anexo III del presente decreto", sin margen para que cada ayuntamiento añada materias propias en la prueba de conocimientos). NO cubre: (1) los temarios de las categorías superiores de Andalucía (Oficial, Subinspector, Inspector, Intendente), que están en otros apartados del mismo Anexo III y son distintos y más extensos; (2) los temarios de promoción interna y movilidad (Anexo III.II); (3) el temario común (u otros arreglos equivalentes) del resto de Comunidades Autónomas — Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc. — que tienen su propia normativa autonómica y NO están cubiertos por este fichero; cualquier opositor de Policía Local fuera de Andalucía debe consultar el temario de su propia Comunidad Autónoma.
El Título VIII de la Constitución configura el Estado autonómico español: reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, prevé dos vías de acceso a esta (arts. 143 y 151) y una vía transitoria (disposición transitoria segunda), exige la aprobación de un Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de cada Comunidad, y distribuye las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas mediante un doble listado (arts. 148 y 149) más una cláusula residual (art. 149.3). La Administración Local se integra por el municipio, la provincia y otras entidades, todas dotadas de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses y reguladas básicamente por la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Principios generales del Título VIII (arts. 2 y 137-139 CE)
El art. 2 CE reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España, dentro de la indisoluble unidad de la Nación española, así como la solidaridad entre todas ellas. El art. 137 organiza territorialmente el Estado en municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan, gozando todas estas entidades de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. El art. 138 obliga al Estado a garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio, sin que las diferencias entre Estatutos puedan implicar privilegios económicos o sociales. España cuenta con 17 Comunidades Autónomas y 2 ciudades autónomas (Ceuta y Melilla, cuyos Estatutos son las LO 1/1995 y LO 2/1995).
La vía ordinaria de acceso a la autonomía (art. 143 CE)
Permitía a las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica acceder al autogobierno mediante iniciativa de todas las Diputaciones interesadas u órgano interinsular y de las dos terceras partes de los municipios cuya población representara al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Alcanzaban inicialmente un techo competencial más reducido (art. 148.1), ampliable transcurridos cinco años mediante reforma del Estatuto (art. 148.2).
La vía agravada de acceso a la autonomía (art. 151 CE)
Exigía requisitos reforzados de iniciativa (acuerdo de las Diputaciones u órganos interinsulares y de las tres cuartas partes de los municipios de cada provincia afectada que representaran la mayoría del censo electoral de cada una, ratificado en referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia), pero permitía acceder desde el principio al techo competencial máximo del art. 149. Cataluña, País Vasco y Galicia, que habían plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto en el pasado, accedieron por la disposición transitoria segunda sin necesidad de seguir este procedimiento, de modo que Andalucía es la única Comunidad que ha accedido propiamente por el art. 151, mediante el referéndum de 28 de febrero de 1980 (en el que, al no alcanzarse en Almería la mayoría exigida, las Cortes resolvieron aplicando el art. 144.c CE).
Otras vías de acceso y regímenes especiales
Existen otras vías: la del art. 144 CE (las Cortes, por motivos de interés nacional, pueden autorizar la constitución de una CA cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del art. 143.1, o sustituir la iniciativa), la de la DT 4ª (Navarra, mediante Amejoramiento del Fuero) y la de la DT 5ª (Ceuta y Melilla como ciudades con Estatuto). La Disposición Adicional 1ª ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales (País Vasco y Navarra), que se actualizan en el marco de la Constitución y los Estatutos; de ahí sus regímenes de Concierto y Convenio económicos.
Los Estatutos de Autonomía: naturaleza y contenido (art. 147 CE)
Son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma, y el Estado los reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico (147.1). Deben contener necesariamente la denominación de la Comunidad, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias, y las competencias asumidas dentro del marco de la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes (147.2). Se aprueban mediante ley orgánica de las Cortes Generales (147.3), y su reforma seguirá el procedimiento que ellos mismos establezcan, con aprobación por las Cortes mediante ley orgánica (147.3). El Estatuto de Autonomía para Andalucía vigente es el aprobado por la LO 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 1981.
Distribución de competencias: el art. 148.1 CE
Enumera las materias que las Comunidades Autónomas pueden asumir en sus Estatutos: organización de sus instituciones de autogobierno; alteraciones de términos municipales y funciones de la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales cuya transferencia autorice la legislación de régimen local; ordenación del territorio, urbanismo y vivienda; obras públicas de interés de la Comunidad; agricultura y ganadería; montes y aprovechamientos forestales; gestión en materia de protección del medio ambiente; asistencia social; sanidad e higiene; y, en la regla 22ª, la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones y la coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica.
Distribución de competencias: el art. 149.1 CE
Reserva al Estado competencia exclusiva sobre determinadas materias: regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles (1ª); nacionalidad, inmigración, extranjería y derecho de asilo (2ª); relaciones internacionales (3ª); Defensa y Fuerzas Armadas (4ª); Administración de Justicia (5ª); legislación mercantil, penal y penitenciaria (6ª); legislación procesal (6ª); Hacienda general y Deuda del Estado (14ª); tráfico y circulación de vehículos a motor, régimen general de comunicaciones, correos y telecomunicaciones (21ª); bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas (18ª); y seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica (29ª), la LO 2/1986.
La cláusula residual del art. 149.3 CE
Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución pueden corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus respectivos Estatutos; la competencia sobre las materias no asumidas por los Estatutos corresponde al Estado, cuyas normas prevalecen, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la competencia exclusiva de estas, siendo el Derecho estatal, en todo caso, supletorio del Derecho de las Comunidades Autónomas.
Clases de competencias: exclusivas, compartidas y ejecutivas
Las competencias exclusivas pertenecen en su totalidad (legislación y ejecución) a un titular. En las compartidas, al Estado corresponde fijar la legislación básica y a la Comunidad Autónoma su desarrollo legislativo y la ejecución, como sucede en sanidad, educación o medio ambiente. En las ejecutivas, el Estado legisla y la Comunidad Autónoma solo ejecuta. Las bases son el mínimo común normativo que garantiza un tratamiento uniforme en todo el territorio. Las leyes estatales pueden ser infraconstitucionalmente aplicadas con carácter supletorio (art. 149.3 CE).
Ampliación competencial y otros instrumentos del art. 150 CE
Transcurridos 5 años desde la aprobación de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas pueden ampliar sucesivamente sus competencias mediante reforma estatutaria (art. 148.2). Además, el art. 150 prevé: las leyes marco (150.1), que permiten a las Cortes atribuir a todas o algunas CCAA la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal; las leyes orgánicas de transferencia o delegación (150.2), que permiten transferir o delegar facultades de titularidad estatal susceptibles de transferencia; y las leyes de armonización (150.3), que establecen principios para armonizar disposiciones autonómicas cuando lo exija el interés general, apreciado por mayoría absoluta de cada Cámara.
Organización institucional básica de las Comunidades Autónomas (art. 152.1 CE)
En los Estatutos aprobados por el procedimiento del art. 151 (modelo que de hecho siguieron todas las CCAA), la organización institucional se basa en una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal con representación proporcional que asegure también la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas; y un Presidente, elegido por la Asamblea entre sus miembros y nombrado por el Rey, que dirige el Consejo de Gobierno, ostenta la suprema representación de la Comunidad y la representación ordinaria del Estado en su territorio. Un Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad.
El Delegado del Gobierno y las relaciones de cooperación (arts. 145 y 154 CE)
Un Delegado nombrado por el Gobierno dirige la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordina, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad (art. 154); desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, preside las Juntas de Seguridad. La Constitución prohíbe la federación de CCAA (art. 145.1). Los convenios entre CCAA para la gestión y prestación de servicios propios deben comunicarse a las Cortes Generales, y los acuerdos de cooperación entre ellas necesitan la autorización de las Cortes (art. 145.2).
El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas (art. 153 CE)
Se ejerce por el Tribunal Constitucional, en materia de constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley; por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, sobre el ejercicio de las funciones delegadas del art. 150.2 CE; por la jurisdicción contencioso-administrativa, sobre la administración autónoma y sus normas reglamentarias; y por el Tribunal de Cuentas, en materia económica y presupuestaria.
La coerción estatal del art. 155 CE
Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligarla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Para ejecutar estas medidas el Gobierno puede dar instrucciones a todas las autoridades de la Comunidad Autónoma. Se aplicó por primera vez en octubre de 2017 respecto de Cataluña.
La financiación de las Comunidades Autónomas (arts. 156 a 158 CE)
Las CCAA gozan de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias, con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles (art. 156). Sus recursos incluyen impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado, sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales, transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial, rendimientos de su patrimonio y operaciones de crédito (art. 157); el Fondo de Compensación Interterritorial se destina a gastos de inversión para corregir desequilibrios económicos interterritoriales (art. 158.2). El régimen general se desarrolla en la LO 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
El principio de igualdad territorial (art. 139 CE)
Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Ninguna autoridad puede adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español, principio que limita la diversidad competencial autonómica en favor de la unidad de mercado y de derechos.
Marco constitucional de la Administración Local (arts. 137, 140 y 141 CE)
El art. 137 CE incluye a la Administración Local entre las entidades territoriales dotadas de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. El art. 140 garantiza la autonomía de los municipios, que gozan de personalidad jurídica plena; su gobierno y administración corresponde a sus Ayuntamientos, integrados por Alcaldes y Concejales; los Concejales son elegidos por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y los Alcaldes por los Concejales o por los vecinos; la ley regula el régimen del concejo abierto. El art. 141 define la provincia como entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado; cualquier alteración de sus límites exige ley orgánica; su gobierno corresponde a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo; en los archipiélagos, las islas tienen además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos (art. 141.4).
La autonomía local como garantía institucional
Concepto distinto de la autonomía política de las Comunidades Autónomas: protege un núcleo esencial de la institución local frente a su desnaturalización, pero no atribuye potestad legislativa. Municipios y provincias solo cuentan con potestad reglamentaria y ejecutiva (ordenanzas, reglamentos orgánicos), y su ámbito material depende de la legislación básica del Estado (Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local) y de la legislación sectorial. Si una norma con rango de ley lesiona la autonomía local, municipios y provincias pueden acudir al conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional (LO 7/1999). En Andalucía, la autonomía local se regula además en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
Tipología de las entidades locales (art. 3 LRBRL)
Son entidades locales territoriales el municipio, la provincia y la isla en los archipiélagos balear y canario (art. 3.1 LRBRL). Gozan asimismo de la condición de entidades locales las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios instituidas por las Comunidades Autónomas, las áreas metropolitanas y las mancomunidades de municipios (art. 3.2 LRBRL), así como las entidades de ámbito territorial inferior al municipio (en Andalucía, Entidades Locales Autónomas) que reconozcan las CCAA.
El municipio: elementos y órganos de gobierno
El municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado, cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de la correspondiente colectividad. Sus elementos son el territorio (término municipal), la población (los vecinos, residentes inscritos en el Padrón) y la organización (Ayuntamiento, integrado por el Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y, en municipios de más de 5.000 habitantes o de gran población, la Junta de Gobierno Local, que también existe en los de menos habitantes si así lo dispone su reglamento orgánico o lo acuerda el Pleno). El Alcalde preside la Corporación y ostenta la jefatura de la Policía Municipal (art. 21 LRBRL).
La provincia: fines y órganos de gobierno
Entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios, cuyos fines propios incluyen asegurar la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal en todo el territorio provincial y participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado. Sus competencias propias incluyen la coordinación de los servicios municipales y la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad. Se gobierna y administra por la Diputación Provincial (Presidente, Vicepresidentes, Pleno y Junta de Gobierno).
Las Comunidades Autónomas uniprovinciales y las islas
En las Comunidades Autónomas uniprovinciales, las competencias provinciales son asumidas por la propia Comunidad Autónoma, sin Diputación Provincial diferenciada. En los archipiélagos balear y canario, la isla es entidad local propia, gobernada respectivamente por Consejos Insulares y Cabildos Insulares.
Otras entidades locales: mancomunidades, comarcas y entidades de ámbito inferior al municipio
Las mancomunidades son asociaciones voluntarias de municipios para la ejecución en común de obras y servicios de su competencia. Las comarcas, previstas por algunos Estatutos de Autonomía, agrupan varios municipios para la gestión de intereses comunes. Las áreas metropolitanas agrupan municipios de grandes aglomeraciones urbanas con vinculaciones económicas y sociales que hacen necesaria la planificación conjunta. Las entidades de ámbito territorial inferior al municipio (entidades locales autónomas, pedanías, aldeas) gestionan intereses peculiares de un núcleo de población separado dentro del término municipal.
El régimen de los municipios de gran población
La LRBRL (Título X) prevé un régimen orgánico especial, con mayor separación entre funciones deliberantes y ejecutivas, para los municipios de gran población: los de más de 250.000 habitantes, las capitales de provincia con más de 175.000 habitantes, las capitales autonómicas o sedes de instituciones autonómicas y los de más de 75.000 habitantes con circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales, en este último caso por decisión de la Asamblea Legislativa autonómica. Incluye la creación de distritos, un Consejo Social de la ciudad y una organización específica del control económico-financiero.
La Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Reformó en profundidad la LRBRL con el objetivo de clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades, racionalizar la estructura organizativa de la Administración local y garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso, en el marco de la sostenibilidad financiera y la estabilidad presupuestaria exigidas por el art. 135 CE.
Competencias municipales propias, delegadas y servicios mínimos
Los municipios ejercen competencias propias en las materias que enumera el art. 25.2 LRBRL, entre ellas urbanismo, medio ambiente urbano, infraestructura viaria, evaluación e información de situaciones de necesidad social, policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios, y tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad; y competencias delegadas por el Estado o la Comunidad Autónoma (art. 27), que deben ir acompañadas de la correspondiente dotación de medios económicos. El art. 26 LRBRL establece servicios mínimos obligatorios según población: en todos los municipios (alumbrado, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua, alcantarillado, acceso a núcleos de población, pavimentación y control de alimentos y bebidas); en los de más de 5.000 habitantes se añaden parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos; en los de más de 20.000, protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas; y en los de más de 50.000, transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.
La autonomía financiera local (art. 142 CE)
Las Haciendas locales deben disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas, nutriéndose fundamentalmente de tributos propios (impuestos, tasas y contribuciones especiales) y de participación en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas, conforme al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
El control de legalidad de los actos de las entidades locales
La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas pueden requerir o impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa los actos y acuerdos de las entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico (arts. 65 a 67 LRBRL), con posibilidad de solicitar la suspensión cautelar cuando atenten gravemente al interés general de España. El Consejo de Ministros puede acordar mediante Real Decreto la disolución de los órganos de las Corporaciones locales en caso de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de obligaciones constitucionales (art. 61 LRBRL).
Distribución de competencias en materia de seguridad pública y Policía Local (art. 148.1.22ª CE)
El art. 148.1.22ª CE permite a las Comunidades Autónomas asumir competencia en materia de «vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones» y de coordinación y demás facultades en relación con las policías locales «en los términos que establezca una ley orgánica», remisión que se materializa en la LO 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Título V para los Cuerpos de Policía Local), y en el caso de Andalucía en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales. Los Cuerpos de Policía Local dependen funcionalmente de las autoridades municipales y la Comunidad Autónoma ejerce sobre ellos funciones de coordinación, sin que dependan jerárquicamente de ella.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 137 CE: el Estado se organiza en municipios, provincias y CCAA, todos con autonomía para gestionar sus intereses respectivos, no soberanía.
Art. 147 CE: el Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de cada CCAA y se aprueba mediante ley orgánica.
Art. 148.1.22.ª CE: las CCAA pueden asumir competencias sobre coordinación y demás facultades respecto de las policías locales, en los términos de una ley orgánica (LO 2/1986).
Art. 149.1.29.ª CE: la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de la creación de policías por las CCAA en los términos que establezcan sus Estatutos. Art. 149.1.21.ª: tráfico y circulación de vehículos a motor, competencia estatal.
Andalucía accedió a la autonomía por la vía del art. 151 CE (referéndum de 28 de febrero de 1980), con techo competencial máximo desde su primer Estatuto; Cataluña, País Vasco y Galicia lo hicieron por la DT 2.ª.
LRBRL (Ley 7/1985): entidades locales territoriales: Municipio, Provincia e Isla (en Baleares y Canarias); otras entidades locales: Comarcas, Áreas Metropolitanas, Mancomunidades y entidades de ámbito inferior al municipio.
Vía art. 143 CE (autonomía ordinaria, techo competencial inicial limitado, ampliable a los 5 años) frente a vía art. 151 CE (techo máximo desde el inicio).
El Estado y las CCAA no se relacionan por jerarquía sino por distribución de competencias (exclusivas, compartidas y ejecutivas).
Los municipios de gran población (Título X LRBRL) tienen un régimen organizativo reforzado y distinto del régimen común (más de 250.000 habitantes, entre otros supuestos).
La provincia se gobierna por la Diputación Provincial, cuyos diputados se eligen de forma indirecta (de segundo grado) por los concejales.
Art. 155 CE: coerción estatal; requerimiento previo al Presidente de la CA y aprobación por mayoría absoluta del Senado.
Art. 140 CE: los Concejales son elegidos por los vecinos mediante sufragio universal; los Alcaldes, por los Concejales o por los vecinos.
Art. 154 CE: el Delegado del Gobierno dirige la Administración del Estado en la CA y la coordina con la autonómica. Art. 145 CE: se prohíbe la federación de CCAA.
Leyes del art. 150 CE: marco (150.1), orgánicas de transferencia o delegación (150.2) y de armonización (150.3, mayoría absoluta de cada Cámara).
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Por qué vía accedió Andalucía a su autonomía?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 4 de Policía Local?
El Título VIII de la Constitución configura el Estado autonómico español: reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, prevé dos vías de acceso a esta (arts. 143 y 151) y una vía transitoria (disposición transitoria segunda), exige la aprobación de un Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de cada Comunidad, y distribuye las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas mediante un doble listado (arts. 148 y 149) más una cláusula residual (art. 149.3). La Administración Local se integra por el municipio, la provincia y otras entidades, todas dotadas de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses y reguladas básicamente por la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
¿Qué hay que memorizar del Tema 4 para el examen?
Art. 137 CE: el Estado se organiza en municipios, provincias y CCAA, todos con autonomía para gestionar sus intereses respectivos, no soberanía. Art. 147 CE: el Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de cada CCAA y se aprueba mediante ley orgánica. Art. 148.1.22.ª CE: las CCAA pueden asumir competencias sobre coordinación y demás facultades respecto de las policías locales, en los términos de una ley orgánica (LO 2/1986). Art. 149.1.29.ª CE: la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de la creación de policías por las CCAA en los términos que establezcan sus Estatutos. Art. 149.1.21.ª: tráfico y circulación de vehículos a motor, competencia estatal. Andalucía accedió a la autonomía por la vía del art. 151 CE (referéndum de 28 de febrero de 1980), con techo competencial máximo desde su primer Estatuto; Cataluña, País Vasco y Galicia lo hicieron por la DT 2.ª. LRBRL (Ley 7/1985): entidades locales territoriales: Municipio, Provincia e Isla (en Baleares y Canarias); otras entidades locales: Comarcas, Áreas Metropolitanas, Mancomunidades y entidades de ámbito inferior al municipio. Vía art. 143 CE (autonomía ordinaria, techo competencial inicial limitado, ampliable a los 5 años) frente a vía art. 151 CE (techo máximo desde el inicio). El Estado y las CCAA no se relacionan por jerarquía sino por distribución de competencias (exclusivas, compartidas y ejecutivas). Los municipios de gran población (Título X LRBRL) tienen un régimen organizativo reforzado y distinto del régimen común (más de 250.000 habitantes, entre otros supuestos). La provincia se gobierna por la Diputación Provincial, cuyos diputados se eligen de forma indirecta (de segundo grado) por los concejales. Art. 155 CE: coerción estatal; requerimiento previo al Presidente de la CA y aprobación por mayoría absoluta del Senado. Art. 140 CE: los Concejales son elegidos por los vecinos mediante sufragio universal; los Alcaldes, por los Concejales o por los vecinos. Art. 154 CE: el Delegado del Gobierno dirige la Administración del Estado en la CA y la coordina con la autonómica. Art. 145 CE: se prohíbe la federación de CCAA. Leyes del art. 150 CE: marco (150.1), orgánicas de transferencia o delegación (150.2) y de armonización (150.3, mayoría absoluta de cada Cámara).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía") (Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 2, 137-158 y disposiciones adicionales y transitorias (BOE-A-1978-31229)
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, arts. 3, 21, 25, 26, 61 y 65-67
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
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